Rechazo de la nueva Constitución, duro golpe para el proceso de cambio en Chile
Cecilia Vergara Mattei
El domingo 4 de setiembre los chilenos decidieron rechazar la propuesta de Nueva Constitución, elaborada durante un año, desde el 4 de julio de 2021 por una Convención Constituyente elegida por la ciudadanía que le ponía fin a la Carta Magna decidida por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980.
El triunfo del rechazo, con el 63% de votos, se ubicó muy por sobre las proyecciones de las encuestas, que habían adelantado que la opción de rechazo al cambio constitucional se impondría pero no con este nivel de diferencia. Una mayoría no quiso dejar atrás la herencia de Pinochet. La participación fue récord, porque se trataba de una elección obligatoria. 13 millones de electores, más del 80 por ciento de los inscriptos.
El triunfo del Rechazo representa, en primer lugar, un duro golpe para el presidente Gabriel Boric. Analistas lo apuntan como el mayor fracaso político desde que asumió el gobierno en marzo último. Para el gobierno de Boric, la apuesta por el proceso constituyente fue uno de los ejes de su campaña y un compromiso de su administración.
La derecha más radical, excitada por el resultado, pidió la cabeza del presidente.
Los primeros análisis de la amplia victoria del rechazo apuntan a un voto traslado, un voto castigo de parte de la población que normalmente no va a las urnas electorales, a una situación socio económica que va más allá de la gestión del actual gobierno, pero que no ha mejorado con éste.
En un mensaje posterior al resultado, el presidente Boric reconoció que el pueblo no quedó satisfecho con la propuesta y por eso la rechazó. Dijo que es necesario más diálogo para tener una propuesta que intérprete a todos y que el maximalismo y la violencia deben quedar de lado.
Boric convocó a los presidentes de partidos, con representación parlamentaria, a participar ya en la tarde de este lunes de “un espacio de diálogo transversal sobre los desafíos que debemos enfrentar como país para dar continuidad al proceso Constituyente”.
Además se comprometió a construir un nuevo itinerario para una nueva constitución. Un recorrido que es incierto, ya que deberá partir de un acuerdo en el Congreso, donde se concentran, en diferentes expresiones políticas, los sectores que más adversaron un proyecto de Constitución inclusivo y moderno, que ahora quedará en el olvido.
El proceso de cambio profundo que comenzó en las revueltas de 2019 y logró primero la Convención Constituyente, y en el mismo impulso la expectativa con la llegada de Gabriel Boric al gobierno, naufraga ahora por vacilaciones, mensajes poco claros y negociaciones de altos funcionarios, mientras fue torpedeado a diario por enemigos que se mueven a sus anchas amparados en lo viejo, y avalados por los medios hegemónicos. Pero las causas que llevaron al estallido siguen ahí, intactas.
¿Y ahora?
A la luz de los resultados en el plebiscito, la cuestión ahora es si este gobierno posee la fortaleza política para sostenerse, para cumplir su programa, para terminar su período presidencial. Sin una nueva constitución, y con un senado adverso, muchas de las medidas y promesas del presidente Gabriel Boric se desvanecen.
La convocatoria a las urnas fue atravesada por una situación económica crítica, generada por el mayor incremento de la inflación en tres décadas –13% anual contra un promedio de 3% en los últimos años– y una caída de los precios internacionales del cobre, el principal producto de exportación del país.
En ese marco, el referéndum parece transformarse en un juicio del gobierno de Gabriel Boric, dejando de lado el verdadero origen de la consulta, ligado a las transformaciones exigidas por la sociedad chilena, planteadas desde octubre de 2019 cuando se inició la revuelta popular.
Seguirá rigiendo en el país la Constitución que se estableció en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet y que durante cuatro décadas ha estado vigente, a pesar de que fue reformada en numerosas ocasiones durante la denominada transición a la democracia. Así lo ha querido el pueblo.
El triunfo de la opción Rechazo es un portazo en las narices a cualquier pretensión de cambio constitucional y cierra, en lo inmediato, una salida política a la crisis que se vive en Chile. Clausurar lo político en medio de la actual grave crisis es una idea peligrosa de imprevisibles consecuencias.
Boric reconoció la derrota del Apruebo en la crucial elección de este domingo y, citando al cantante venezolano José Luis “Puma” Rodríguez, manifestó: “Hay que escuchar la voz del Pueblo”. Pero no solo este día, dijo, “sino de todo lo acontecido hasta aquí”. De acuerdo al jefe de Estado, no se deben olvidar las razones por las que se llegó a esta elección. “Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo”, agregó,
La opción del Apruebo se impuso solamente en el extranjero. El Rechazo, en tanto, se impuso en regiones como Magallanes, con un porcentaje cercano al 60% frente a 40% del 
Apruebo, región ligada al presidente Gabriel Boric, y en otras zonas que eran bastiones del Apruebo. De hecho, los datos le otorgan triunfo en todas las regiones.
Cuando hoy se clausura la posibilidad de una nueva constitución… ¿se está aboliendo, también, toda posibilidad de paz social?, preguntó el analista Álvaro Cuadra.
Un triunfo, en fin, que solo ofrece una calma aparente antes de la tormenta. Entre lo poco que se puede rescatar de este fallido proceso constituyente es que han caído las máscaras de toda la clase política. Personajes y personajillos han mostrado su faz ante el dilema propuesto, así, muchos que posaban de “demócratas” optaron por el Rechazo, uniendo su destino a lo peor de nuestro pasado, añadió
Reacciones
Dispares reacciones tuvieron los exconstituyentes que redactaron la propuesta de nueva Constitución. Mientras el coordinador del Apruebo, Vlado Mirosevich, manifestó que: “Aceptamos con humildad el resultado y su contenido. Como país merecemos tener una nueva Constitución que contenga el sentir del pueblo de Chile”. La diputada Karol Cariola, señaló que “como fuerzas sociales y políticas nos comprometemos a encausar la voluntad popular para dotarnos de una Nueva Constitución”
Las encuestas, costeadas en forma mayoritaria por los partidos políticos de derecha y sus financistas empresarios, alentaron una derrota del proyecto, luego de haber desatado una campaña de intimidación mediática basada en la amplificación de los errores cometidos por los convencionales y la multiplicación de falsedades difundidas a través de los medios hegemónicos de comunicación y las redes sociales.
La Carta Magna actual se redactó en 1980 durante la dictadura criminal de Augusto Pinochet. Aunque fue modificada en algunos artículos, el espíritu neoliberal con el que fue concebida mantiene los rasgos autoritarios que llevaron a su cuestionamiento.
La negativa de las derechas a desmontar –aunque sea parcialmente– el entramado 
legislativo que los protege, los llevó a repudiar e impedir cualquier forma de democratización. Una vez que estos sectores fueron derrotados en la elección de los convencionales, a mediados de mayo de 2021 –alcanzaron sólo un tercio de las bancas–, iniciaron el proceso de descalificación del debate: catalogaron a las iniciativas impulsadas por los distintos bloques como destructoras de la unidad nacional.
Los ejes centrales de la propuesta constitucional que fue rechazada incluyen el reconocimiento de la plurinacionalidad como mecanismo para superar la conflictividad entre el Estado y los pueblos originarios, cuyos integrantes alcanzan el 15% de la población total del país e instituía como mandato estatal el respeto para las identidades ancestrales, sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones y el reconocimiento de su valorización en la historia nacional, invisibilizada durante más de cinco siglos.
Esta revaloración del aporte –entre otros– del pueblo mapuche fue uno de los justificativos de la derecha para impulsar campañas de tergiversaciones orientadas a sugerir el peligro de la balcanización del país. Esta diseminación de versiones ajenas al articulado real de la propuesta constitucional se sirvió de advertencias sobre la posible futura convivencia entre los pueblos originarios y el narcotráfico, y el potencial ingreso libre de cientos de miles de inmigrantes que apelarían al delito para sobrevivir.
Pero, en la semana del plebiscito, el gobierno detuvo y envió a prisión a Héctor Llaitul, líder de la comunidad mapuche en Chile y cabeza central de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), acusandolo de cinco delitos. La defensa de Llaitul rechazó las acusaciones y dijo que la fiscalía está siendo “arrastrada por una operación política” y los analistas hablaron de una provocación que podría tener consecuencias en las urnas.
* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)