Quito y Montevideo, tan lejos y a la vez tan cerca 

Nicolás Centurión

El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio expone de manera insoslayable la escalada de violencia del crimen organizado en Ecuador y por ende en América Latina y el Caribe.

El 9 de agosto, a la salida de un acto político, Fernando Villavicencio murió víctima de varios disparos, mientras que otras nueve personas resultaron heridas, entre ellas una aspirante a diputada y tres agentes responsables de la seguridad del candidato presidencial. El hecho conmocionó a toda la sociedad del país andino y trascendió fronteras, sumando así otro ítem a la extensa lista de violencia política del continente.

El periodista de 59 años que encabezaba la fórmula de la fuerza Movimiento Construye había recibido amenazas que se materializaron cuando salía del Colegio Anderson en Quito, la capital. Una banda narco local, Los Lobos, se adjudicó el ataque en un video pero casi de inmediato otro grupo del mismo origen la desmintió. Los primeros aparecieron ocultos con pasamontañas y los segundos – para diferenciarse – a cara lavada. El ministro del interior, Juan Zapata, definió el caso como “un crimen político con carácter terrorista”.

Villavicencio había denunciado a otra organización criminal local, Los Choneros, como responsable de las amenazas de muerte a que era sometido. Aliados del Cártel de Sinaloa, estos rivalizan por el control de territorios para el narcotráfico con Los Lobos, que son socios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía de Ecuador presentó cargos contra los seis hombres detenidos por su presunta participación en el asesinato del político, entendiendo que el crimen ha generado “conmoción social” y un “alto riesgo de fuga” por parte de los sospechosos, que tienen nacionalidad colombiana.

El gobierno del banquero Guillermo Lasso declaró un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna. La declaratoria se da con motivo del incremento de la actividad criminal a nivel nacional, argumenta el decreto ejecutivo. El estado de excepción estará vigente por 60 días.

El aumento de la violencia, el crimen y los homicidios en Ecuador tiene directa relación con el rol que juega dicho país en el concierto internacional de la cocaína.De 2021 a 2022 los homicidios subieron de 2.464 a 4.450. Y las estadísticas de este año son peores: entre el 1 de enero y el 2 de julio de 2023, ya hubo otros 3.568.

En 1990 Ecuador era un país de tránsito; en 2013 pasó a ser un centro de acopio y ya en 2014/2017 se transformó en lugar de procesamiento de drogas, sin ser país productor. La presencia de los cárteles mexicanos más poderosos y también de la mafia albanesa –el cártel de los Balcanes– contribuyó a aumentar la exportación hacia Europa, hoy más rentable como mercado que hasta el propio Estados Unidos. En países europeos un kilo de cocaína puede duplicar el valor a que se vende en EEUU.

La droga sale desde varios puertos del Pacífico. El más importante es el de Guayaquil, la segunda ciudad más importante del Ecuador.

¿Y por Uruguay cómo estamos?

Hace menos de 15 años se gestó este diálogo: “¿Cómo llegaron a esa situación tan violenta con policías y gobernantes asesinados?”, le preguntó una vez Julio Guarteche Jefe Nacional de Policía de Uruguay a su par colombiano. Este le contestó con otra pregunta: “¿Y como es acá (Uruguay)?”

“Bueno -respondió Guarteche- no es aún tan grave, algunos alijos quedan, otros siguen, hay algún que otro enfrentamiento entre bandas (esto fue antes del estallido del sicariato en Uruguay), en fin, complicado pero manejable”, concluyó Guarteche.

“Bueno -le respondió el colombiano-, precisamente así comenzamos nosotros.” Este diálogo se encuentra en el libro del periodista Gabriel Pereyra, “Matar al mormón. La inseguridad pública, el narcotráfico y el magnicidio que impidió la DEA”.

Este impactante diálogo deja en evidencia el camino por el que Uruguay está transitando. El tiempo y los procesos no son lineales ni mecánicos, pero observar lo que sucede en países de nuestra región y aprovechando lo tardío de ciertos procesos cuando llegan a Uruguay, pueden ser ventaja en este contexto.

Pero el libro no solo da cuenta de las crónicas de Pereyra desde principios de los 90, haciendo una pincelada de la escalada de violencia en los barrios periféricos de Montevideo, sino también que en el segundo título del libro da cuenta un magnicidio impedido por la DEA. (Drug Enforcement Agency, por sus siglas en inglés).

Es difícil mensurar un hecho cuando se impide algo. Cuando se captura un ladrón luego de cometer un delito, la percepción de éxito y combate al delito es mayor que cuando se impide o se evita un hecho. Pero lo que sucedió con Guarteche o más bien, lo que no sucedió con Guarteche, hubiera sido -sin dudas- un parteaguas en la historia uruguaya.

“En agosto se inició la investigación y ahí se concluyó que en mayo de 2009 los sicarios habían estado en Uruguay haciendo un relevamiento de domicilio y todo eso, para después venir en agosto a llevar a cabo el atentado.” El magnicidio estaba a cargo de mercenarios serbios, marroquíes y holandeses.

Cualquiera que lea estas líneas pensará que es el trailer de una película de Netflix y que poco tiene que ver con la realidad uruguay. Menos que menos en el Uruguay del 2009. Pero casi sucedió. ¿Qué nos hace pensar que lo que casi sucede en 2009 no pueda pasar en 2023 a la luz de los sucesos acontecidos en Ecuador y la región?

Recientemente, Uruguay alcanzó la cifra de 15.000 reclusos en un país que apenas supera los tres millones de habitantes. Es decir, que cuatro de cada mil uruguayos están presos en unas condiciones de hacinamiento denunciadas una y otra vez por el comisionado parlamentario de cárceles Juan Miguel Petit.

Uruguay triplica su cantidad de presos en 20 años. De acuerdo con los datos oficiales, en 2002 Uruguay tenía aproximadamente 5.000 personas privadas de libertad. En 2022, eran casi 14.500. En el país hay 26 establecimientos penitenciarios, con un promedio de ocupación del 123% (123 personas cada 100 plazas). Con estas cifras ostenta el puesto número 1 en Sudamérica y el número 12 a nivel mundial.

En junio de 2023 visitó Uruguay Eric Geelan, consejero de la embajada de Estados Unidos y dejó unas frases que con el magnicidio de Villavicencio cobran mayor envergadura: “He notado aquí cierta tendencia a pensar que, por alguna razón, lo que sucede en toda América Latina no pasará en Uruguay. Lamento avisarles que no es así.”

“En el Puerto de Montevideo se trafican grandes cantidades de drogas. Y también es un hecho que en los barrios hay asesinatos, en cantidades alarmantes. Las organizaciones criminales que trafican droga desde Uruguay tienen que lavar. Lo lava y lo reinvierten en sus crímenes”, dijo.

Y agregó Geelan: “Uruguay es un país estupendo, democrático y abierto. Pero hay muchos sitios así en América Latina que han sido destruidos por el tráfico de drogas. Lo que está pasando en Guayaquil, en Ecuador, es espantoso. Y Montevideo no debería pensar que ese sitio es Marte”.

A ley de juego, todo dicho. Estamos a tiempo. ¿Estamos a tiempo?

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)