Qué supone la orden de arresto de la Corte Internacional contra Netanyahu y su exministro de Defensa
Olga Rodríguez – elDiario.es
Juristas expertos en derecho internacional explican a elDiario.es su valoración de esta medida, la primera en la historia que afecta a un mandatario israelí, ante las amenazas desde EEUU de aplicar sanciones contra la Corte
Es la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional (CPI) emite órdenes de arresto contra un primer ministro israelí, tras la solicitud presentada en mayo por el fiscal jefe de dicho organismo, Karim Khan.
Las presiones a la Corte Penal Internacional
Han transcurrido seis meses desde aquella petición, durante los cuales la propia oficina del fiscal jefe ha denunciado presiones y amenazas: “’Esta Corte fue construida para África y para matones como Putin’, me dijo un destacado dirigente. Nosotros no lo vemos así. Este Tribunal es legado de Núremberg, esta Corte debería ser el triunfo de la ley sobre el poder y la fuerza bruta. No vamos a ser disuadidos por amenazas”, contó el propio fiscal Khan en mayo, en la CNN.
Ahora, a pesar de las presiones, la Corte señala que hay motivos razonables para considerar a Netanyahu y Gallant responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como “inanición como método de guerra”, “asesinato, persecución y otros actos inhumanos” contra la población de Gaza. Los tres jueces del panel que ha adoptado esta decisión consideran que Netanyahu y Gallant “privaron de modo intencionado y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia”.
Desde hace años Israel ha estado vigilando a altos funcionarios de la Corte y a trabajadores de derechos humanos palestinos, “como parte de una operación secreta para frustrar la investigación sobre presuntos crímenes de guerra”, según desveló el pasado mes de mayo la publicación israelí +972 Magazine.
De qué depende el cumplimiento de la orden
El ex fiscal jefe fundador de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo -en el cargo entre 2003 y 2012- contó recientemente, en una entrevista en elDiario.es, que Estados Unidos le pidió cerrar la investigación preliminar sobre Palestina en varias ocasiones, algo que detalla en su reciente libro.
Este jueves, en conversación con este medio, Moreno Ocampo subrayaba que estas órdenes de arresto “limitarán a Netanyahu, no va a poder viajar a 124 Estados”, en referencia a los países que forman parte del Estatuto de Roma.
La Corte no cuenta con policía propia ni con otros mecanismos para el cumplimiento, pero la importancia de estas órdenes es notable. Nunca antes se habían emitido mandatos de detención contra líderes israelíes.
“Hay una Corte Internacional existente que dictamina que Israel está cometiendo un crimen. Acá el tema central es qué hacemos con esa información, qué pasa con los demás líderes del mundo, qué van a hacer Trump, Biden, Alemania, España, etc”, señala Moreno Ocampo a este diario.
“Donald Trump ya sancionó a Fatu Bensouda [exfiscal jefe del Tribunal cuando Trump era presidente] como si fuera una terrorista por investigar a EEUU, ¿España y otros países van a dejar que pase eso? Este es el tema central. No es cuándo lo arrestan, sino cómo reacciona el mundo cuando el Tribunal Penal Internacional dice que esto que está haciendo Netanyahu es un crimen”, añade el exfiscal jefe fundador de esta Corte.
Reed Brody, abogado estadounidense especializado en derechos humanos -con un papel importante en los juicios contra los exdictadores de Chad o de Haití, Habré y Duvalier- indica a elDiario.es que “estas órdenes refuerzan el creciente consenso internacional en torno a la naturaleza criminal de la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza”.
“Suponen que el mundo de Netanyahu y Gallant se limita ahora a los países que no han ratificado el Tratado de la Corte Penal Internacional”, añade.
El profesor en Princeton y exdirector de Human Rights Watch, Keneth Roth, lo expone así: “Los países miembros de la CPI están obligados a detener a Netanyahu y Gallant si se atreven a poner un pie en su territorio. De repente, el mundo se ha vuelto mucho más pequeño para estos dos altos mandatarios israelíes”.
El doble rasero y los obstáculos
En Israel, tanto los partidos que integran el Gobierno como los de la mayoría de la oposición han criticado duramente las órdenes de arresto de la CPI. “La decisión antisemita de la Corte Internacional de La Haya es un moderno juicio Dreyfus y terminará de la misma manera”, afirmó el primer ministro Netanyahu en la noche de este jueves.
Además de Israel, otros cinco países han criticado el anuncio del tribunal: Austria, República Checa, Estados Unidos, la Argentina de Milei y la Hungría de Orbán.
Washington defiende una la ley internacional de quita y pon, aplicada solo para sus adversarios, y no reconoce la jurisdicción de la Corte en el caso israelí. Así lo ha vuelto a resaltar este jueves el Gobierno estadounidense, a través de varios portavoces y del propio Biden, quien ha tachado de “escandalosa” la orden de la CPI.
El pasado 30 de abril el portavoz del Secretario de Estado de EEUU afirmó que Washington no cree que esta Corte Internacional “tenga jurisdicción sobre este asunto”, pero que sí trabaja “en estrecha colaboración con dicha Corte en una serie de áreas claves: Ucrania, Sudán, Darfur”. Estados Unidos acogió con celebración la orden de arresto contra Vladimir Putin en marzo de 2023.
Las presiones y este doble rasero afectan a la credibilidad de Washington en el escenario global y generan preocupación ante los intentos de debilitar la imagen de la Corte Penal. El mundo presencia un pulso entre la defensa del derecho internacional y el ataque de EEUU al papel de los tribunales de La Haya.
Ya en mayo, cuando el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitó estas órdenes de detención, el presidente Joe Biden calificó de “indignante” esa petición, y el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, planteó la posibilidad de sancionar al Tribunal de la Haya.
Michael Waltz, futuro asesor de Trump en Seguridad Nacional, anunció este jueves “una fuerte respuesta en enero [cuando Trump asuma la presidencia] al sesgo antisemita de la Corte Penal Internacional y de Naciones Unidas”, en referencia a posibles sanciones contra ese tribunal.
Además de las medidas contra Netanyahu y Gallant, la CPI también ha emitido una orden contra el comandante de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Deif, cuya muerte fue anunciada por Tel Aviv pero no ha podido ser comprobada por el tribunal. La solicitud de órdenes de arresto contra otros dos líderes de Hamás, Ismail Haniya y Yahia Sinwar, no ha prosperado, porque ambos fueron asesinados por el Ejército israelí.
El abogado Joan Garcés, impulsor del juicio contra el dictador chileno Augusto Pinochet, explica a este diario que los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma tienen el deber de cumplir la orden del Tribunal si el primer ministro israelí o su exministro de Defensa pisan el territorio de alguno de ellos.
A su vez, Garcés reconoce las dificultades de la aplicación “frente a presuntos infractores que controlan los recursos de un Estado, que desafían la credibilidad de los tribunales nacionales e internacionales,”.
En sus veintidós años de existencia -con órdenes de arresto contra 59 personas-, la Corte Penal Internacional nunca había acusado a un líder aliado de la comunidad occidental. “De hecho, ningún tribunal internacional lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Es un hito en la historia de la justicia internacional, tan inédito como justificado y tardío”, señala Reed Brody.
Con ello, el abogado hace referencia al uso de los instrumentos de la justicia internacional usados casi exclusivamente “para abordar crímenes de enemigos derrotados, como en los tribunales de Núremberg y Tokio, parias sin poder, especialmente de África, u opositores a Occidente como Putin o Milošević.”
En conversación con elDiario.es, la abogada especializada en derecho internacional Almudena Bernabeu, destaca la importancia “de la legitimidad de la Corte Internacional” y señala que, “para ejercer la jurisdicción del Tribunal, no hace falta ni la autorización, ni el permiso, ni el visto bueno de Israel”.
Los dos tribunales de La Haya están dando herramientas a los Estados de la ONU para que apliquen el derecho internacional, en un momento en el que el Comité Especial de Naciones Unidas acaba de concluir que los métodos de Israel en Gaza son compatibles con las características de genocidio.
Las órdenes de arresto de la CPI refuerzan a su vez el marco de la otra Corte Internacional, la de Justicia, que en enero ordenó a Israel que no bloqueara la entrada a Gaza de la ayuda humanitaria necesaria, algo que Tel Aviv ha incumplido, como confirman ahora los jueces de la Corte Penal.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, destacan que las órdenes de arresto de la Corte de La Haya representan “un avance histórico para la justicia y deben señalar el comienzo del fin de la impunidad persistente y generalizada que está en el corazón de la crisis de derechos humanos en Israel y el territorio palestino ocupado”.
“Estas órdenes rompen con la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley”, ha subrayado la organización internacional Human Rights Watch.
A última hora de este jueves, el propio fiscal jefe de la Corte Internacional, Karim Khan, emitió un comunicado en el que anuncia que su oficina está impulsando “líneas de investigación adicionales en zonas bajo la jurisdicción del Tribunal, que incluyen Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este”, territorios todos ellos afectados por la ocupación ilegal israelí.
“He subrayado que la ley existe para todos, que su función es reivindicar los derechos de todas las personas”, resalta Khan en su declaración, en línea con su postura de estos meses de atrás. “Nadie está por encima de la ley, ningún pueblo”, señalaba en mayo.
El pasado mes de julio el máximo tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, emitió un dictamen en el que resalta el carácter ilegal de la ocupación de esos territorios y en el que pide a los Estados miembros de la ONU la suspensión del comercio e inversiones que puedan contribuir de algún modo a esa ocupación.
Al hilo de ese dictamen, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en septiembre -por 124 votos a favor, incluido el de España- una resolución que exige el fin de la ocupación ilegal israelí en un plazo de doce meses y pide el fin del comercio o las inversiones que puedan contribuir a la misma.
Desde octubre de 2023 más de 44.000 palestinos han muerto en Gaza por ataques israelíes, según cifras aportadas por las autoridades sanitarias. Israel está aplicando una operación de expulsión contra el norte de la Franja, forzando nuevos desplazamientos y bombardeando espacios donde se cobijan las personas refugiadas. Además, el bloqueo a la entrada de la ayuda necesaria ha provocado hambre y enfermedades que están causando un número indeterminado de muertes.