Prórroga de sanciones: qué busca la Unión Europea
Leopoldo Puchi
En consonancia con la estrategia trazada desde la Casa Blanca, la Unión Europea también adoptó medidas sancionatorias contra Venezuela en 2017
El Consejo de la Unión Europea (UE) ha anunciado la prolongación de las sanciones contra Venezuela, que incluyen un embargo a la compra de equipos para defensa nacional y la prohibición de viaje a 54 ciudadanos, junto con el congelamiento de posibles activos que posean en Europa. En su comunicado, la UE indica que ha decidido aligerar temporalmente las restricciones impuestas a cuatro funcionarios relacionados con la autoridad electoral venezolana, entre ellos Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), y tres exmiembros del mismo organismo, acusados de haber participado en la organización de las elecciones parlamentarias de 2020.
Aunque se esperaba que se concretaría una revisión de la política de la UE hacia Venezuela por medio del levantamiento de las sanciones, la decisión de mantenerlas indica una persistencia del enfoque adoptado durante la administración Trump.
Misión Electoral
La ratificación de la política de sanciones por parte de la Unión Europea ha introducido un nuevo obstáculo, posiblemente insuperable, en el camino hacia el envío de una misión de observación electoral a Venezuela. Más allá de lo que ocurra finalmente, esto plantea la interrogante de cuál ha sido el objetivo de quienes en la UE se pronunciaron a favor de mantener estas medidas.
Por el momento, solo se tiene conocimiento de la declaración general del Consejo Europeo. No sabemos exactamente qué países presionaron para que se mantuvieran las sanciones, pero parece razonable pensar que se trata de líderes políticos que no tienen interés en garantizar el envío de una misión y que ya, en varias ocasiones, han calificado estas elecciones como fraudulentas.
La Unión Europea estaba plenamente consciente, desde noviembre pasado, de que al mantener las sanciones estaba arriesgando la autorización para enviar una misión de observación electoral. La decisión fue tomada con plena comprensión de las implicaciones. La solicitud de la Asamblea Nacional al CNE de retirar la invitación a la UE para enviar una misión simplemente formalizó lo que ya se sabía que podía suceder.
Es probable que la renuncia implícita a enviar una misión de observación tenga como objetivo deslegitimar el proceso y evitar compromisos que pudieran llevar a la Unión Europea a reconocer los resultados electorales. Al abstenerse de estar presentes durante el proceso electoral, se allana el camino para pronunciamientos basados únicamente en argumentos políticos. Esto evita la necesidad de considerar informes técnicos sobre el terreno que podrían surgir de una misión de observación.
La política de Trump
En 2017, Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos y se diseña una política dirigida a provocar un “cambio de gobierno”, alineada con los parámetros establecidos en la orden ejecutiva 2015 que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
En el marco de la política de “máxima presión”, Estados Unidos implementó una serie de sanciones adicionales a Venezuela. Estas medidas incluían sanciones financieras que impedían el acceso a cartas de crédito y prohibían el refinanciamiento de las deudas existentes. Además, Washington impuso sanciones contra altos funcionarios del gobierno venezolano. Estas acciones crearon un clima económico desfavorable para las inversiones y obstaculizaron la posibilidad de acuerdos comerciales, ya que requerían negociaciones con funcionarios con los que estaba prohibido entablar conversaciones.
Papel de la UE
En consonancia con la estrategia trazada desde la Casa Blanca, la Unión Europea también adoptó medidas sancionatorias contra Venezuela en 2017. Posteriormente, respaldó las acciones de bloqueo petrolero y financiero impuestas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y las implementó en su propio territorio. Esto incluyó el bloqueo de fondos depositados en instituciones financieras europeas y la prohibición de importar petróleo venezolano.
La mayoría de los países miembros de la UE se alinean con la estrategia de la Casa Blanca de buscar un cambio de gobierno en Venezuela y respaldan el anuncio de un gobierno paralelo, conforme a la política diseñada por el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.