Privatización del agua en Uruguay: aunque la vayas a beber, empiézala a vender

Nicolás Centurión

El gobierno uruguayo liderado por Luis Lacalle ha dado un paso más, abonando el camino adoptado desde el inicio de su gestión, de retraer al Estado para que los capitales privados puedan hacer negocios. En este caso, nada más y nada menos fue el agua.

El gobierno pretende instalar una planta potabilizadora de aguas del Río de la Plata en Arazatí, sobre la costa del departamento de San José, plan presentado en octubre de 2020, con el nombre de Proyecto Neptuno, por el consorcio Aguas de Montevideo, que integran las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast.

El presidente  anunció la concreción del proyecto Arazatí, mejor conocido como Neptuno, en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva en la que participaron el ministro de Ambiente, Adrián Peña, el presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Raúl Montero, y la vicepresidenta del ente público, Susana Montaner.

Lacalle destacó que la inversión va a superar los 200 millones de dólares y que puede alcanzar los 500 millones de dólares en la etapa del saneamiento. Será “una inversión que hace a la seguridad de poder tener agua potable sin perjuicio de sequía, de fallas técnicas”, y suma “la posibilidad de tener saneamiento en una gran cantidad de pueblos de nuestro país, que va a alcanzar seguramente el número de 60”, sostuvo el presidente.

Prosiguió defendiendo el proyecto, y señaló que el modelo de negocio se plantea que el privado sea “quien diseña, financia, construye y mantiene la infraestructura que queda al servicio de OSE”, y que “hasta tanto no esté construida la infraestructura y al servicio de la empresa pública nacional, para que ella se encargue de la potabilización, el Estado no pagará nada; es decir, la gente no pagará nada”.

Edgardo Ortuño, representante frenteamplista en el directorio de OSE, señaló que “hay una disminución del rol de la empresa pública con la promoción de proyectos millonarios de gestión privada con escaso contralor de OSE ni contralor de la oposición”.

Además se manifestó en redes sociales tras el anuncio y criticó que no se tuviera en cuenta la advertencia de la academia sobre el impacto ambiental de la obra. “Gobierno aprobó Neptuno con cambios sustanciales y llamado a licitación, con 24 horas para su estudio, sin informes de técnicos de OSE. La Planta de Arazatí será más chica de lo previsto y la tubería de menor calidad”, indicó.

“Se harán menos obras con gestión privada, 300 millones de dólares más cara que la gestión pública. OSE operará y pagará 40 millones de dólares por año al consorcio propietario de la planta por la disponibilidad de la infraestructura. Mal negocio, contrario al Plebiscito del Agua de 2004”, señaló.

En el año 2004 la ciudadanía se enfrentó a un plebiscito en el que tenía que decidir por la privatización del agua o no. El 64.7% del padrón electoral, decidió por la opción social antes que la mercantil y ratificó mediante la voluntad popular que: “la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico.”

Federico Kreimerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, dijo a la diaria que en la conferencia Lacalle presentó el proyecto “como lo que no es”, porque dice que no es una privatización pero sí lo es “en los hechos”. “Se va a firmar un contrato con una empresa que va a hacer el proyecto en sí, el estudio ambiental, la obra, después va a mantener la infraestructura y le va a abrir la puerta a la OSE para que la opere; no deja de ser un contrato con privados”

Ya en 2013 se generó una fuerte señal de alarma como consecuencia de elevados niveles de contaminación en la cuenca del Río Santa Lucía,uno de los principales reservorios de agua dulce del país, que abastece de agua potable a casi dos millones de personas mediante la gestión de OSE.

“La presencia de cianobacterias de gran tamaño, consecuencia del exceso de fósforo y nitrógeno, provenientes de la fertilización, además de generar episodios de mal olor y sabor en el agua potable puede llegar a producir irritación en los ojos, problemas en la piel, gastroenterocolitis.” según el informe 10 respuestas a 10 mentiras sobre la minería.

Desde 2014 se venían barajando posibilidades sobre distintos proyectos de represas, por ejemplo el proyecto de construir una sobre el arroyo Casupá, en una zona de sierras con agua mucho menos afectada por contaminación que la del resto de la cuenca del Santa Lucía.

Para esta iniciativa ya está aprobada una línea de crédito de 80 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina, cuya ejecución las actuales autoridades decidieron postergar al tiempo que resucitaban la alternativa de Arazatí, antes descartada por razones técnicas.

Un informe solicitado por la empresa estatal OSE a una consultora israelí, en el marco del Plan Neptuno considera que no es oportuno realizar el proyecto potabilizador en Arazatí. El trabajo, bajo el nombre de Mekorot, expresa entre sus conclusiones que “Se trata de un informe muy somero producto de una visita de una semana, cuyo objetivo según sus autores es “entender el abastecimiento de agua a Montevideo y analizar el proyecto Neptuno”.

Los estudios internos y externos dicen que la demanda de agua potable en 2045 va a tener un déficit. Se le dará a la empresa privada la propiedad y el mantenimiento de las obras y la infraestructura. Esto tiene un sobrecosto de 41 millones de dólares por poder operar una planta de agua potable, un costo de 1.100 millones de dólares.

“Se lo dijimos al presidente de la República: Usted va a bajar la calidad del agua del oeste de Montevideo y le va a dar mejor agua a la gente del otro lado”, expresó el presidente del sindicato de funcionarios de OSE Federico Kreimerman.

A las críticas y oposición al proyecto se sumó la intendencia de Montevideo que entiende que el directorio de OSE desconoció “el derecho fundamental de participación social” al no consultar a la sociedad civil, además de argumentar que está legitimada para reclamar que se haga efectivo este derecho.

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)