En una operación masiva en Brasil denominada “Carbono Oculto”, lanzada por la Fiscalía , más de 1.400 agentes llevaron a cabo este jueves 28 de agosto una serie de allanamientos y arrestos en Sao Paulo, Espíritu Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Río de Janeiro y Santa Catarina, con el objetivo de desarticular la organización criminal Primer Comando Capital (PCC) que empleaba la evasión fiscal y la adulteración de combustibles, y se infiltró en toda la cadena de producción, desde la caña de azúcar hasta las gasolineras..El grupo criminal empleaba la adulteración de combustibles que se vendían a los consumidores, y se infiltró en toda la cadena de producción, desde la caña de azúcar hasta las gasolineras, intimidando a empresarios y agricultores para que vendieran sus propiedades a precios subvaluados. En muchos casos, las transacciones se realizaban en efectivo y se acompañaban de amenazas de muerte para quienes se negaban o denunciaban la extorsión.

La investigación del Ministerio Público descubrió que el PCC había creado un esquema para eludir impuestos por un valor de más de mil cuatrocientos millones de dólares, utilizando más de 350 personas y empresas. La operación reveló que el PCC usaba fintechs y fondos de inversión como bancos paralelos para lavar millones de dólares.

Según la Receta Federal, organismo gubernamental encargado de la administración tributaria y el control aduanero de Brasil, el PCC controlaba al menos 40 fondos de inversión con activos que superaban los 5.4 mil millones de dólares. Estos fondos se utilizaron para adquirir una terminal portuaria, cuatro plantas de etanol, 1.600 camiones cisterna, más de 100 propiedades y haciendas multimillonarias.

La Policía Federal lanzó este jueves la Operación Carbono Oculto contra el lavado de dinero vinculado al PCC en el sector combustibles , con 350 órdenes de allanamiento en 10 estados y el embargo de bienes por valor de 1.200 millones de reales (unos 220.800 millones de dólares) . La ofensiva incluyó objetivos en el mercado financiero de Faria Lima y la detención de 6 de las 14 personas investigadas, según datos de la corporación.

El gobierno calificó de “histórica” ​​la acción conjunta de la Policía Federal y el IRS, que incluyó tres operaciones simultáneas contra esquemas multimillonarios en el sector petrolero. Las investigaciones se centran en estructuras utilizadas para ocultar activos y transacciones financieras por un total de decenas de miles de millones de reales en los últimos años

También se descubrió que la red criminal se apoyaba en varias empresas para su esquema. Entre ellas, el Grupo Aster/Copape funcionaba como un formulador y distribuidor de combustibles para la organización. Además, utilizaban la fintech Banco BK, que movilizó 46 mil millones de reales en transacciones difíciles de rastrear, y el fondo de inversión Reag, que supuestamente ayudó a adquirir empresas y ocultar los activos del grupo criminal.

Por otra parte, se reveló que la red criminal usó más de 121 empresas ficticias para mover 1.400 millones de reales a una sola distribuidora de petróleo, y otra institución de pagos envió más de  400 millones de reales para ocultar el origen de los fondos.

 El megaoperativo lanzado por la Policía Federal, en colaboración con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y varias entidades gubernamentales brasileñas, atacó directamente una trama multimillonaria estructurada por facciones criminales del sector.El impacto de esta medida es monumental. 

Se estima que el sector de los combustibles pierde aproximadamente cinco mil millones de reales anuales debido al fraude sistemático, la manipulación, el lavado de dinero y la evasión fiscal, según datos del Instituto de Combustibles Legales. Este es el mayor golpe jamás asestado al crimen organizado en este sector, desmantelando estructuras que abarcaban desde el pozo hasta la bomba, involucrando a magnates que servían a facciones y corrompían la competencia leal.

 De los motines carcelarios a una potencia criminal 

El Primer Comando de la Capital (PCC) es la red criminal más grande y organizada de Brasil, con una historia que se remonta a la masacre de la prisión de Carandiru en 1992. Fundado en 1993, el grupo inicialmente buscaba justicia por las muertes y mejores condiciones carcelarias. Con el tiempo, se expandió y consolidó su poder.

A principios de los 2000, el PCC coordinó motines masivos en prisiones y, en 2006, una serie de ataques violentos fuera de las cárceles en Sao Paulo. Posteriormente,la organización aumentó su sofisticación y se expandió a nivel nacional e internacional, estableciendo operaciones de narcotráfico en países vecinos como Bolivia y Paraguay, y lavando dinero en el extranjero.

La ruptura de su tregua con el Comando Vermelho (Rojo) en 2016 provocó una ola de violencia en las prisiones y por el control de las rutas de narcotráfico. En 2017, el PCC se enfocó en su expansión, vinculándose con cargamentos de drogas internacionales que transitaban por Uruguay. También participaron en secuestros y robos en Bolivia e intentaron reclutar a exmiembros de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En 2024, el grupo entró en su mayor crisis en 30 años, cuando se filtró una grabación en la que el líder, Marcos Willians Herbas Camacho, alias “Marcola”, quien opera desde prisión, insultaba a un miembro. Esto llevó a la expulsión y sentencia de muerte de tres miembros de la banda, aunque la lealtad a Marcola sigue siendo fuerte entre su grupo.

El expresdiente de la estatal Petrobras Jean Paul Pates señaló que la megaoperación que desmanteló una trama multimillonaria de fraude y lavado de dinero en el sector de los combustibles, involucrando a más de mil gasolineras y fintechs que operaban al margen de la ley, representa más que una simple acción represiva. Es un hito simbólico en la revitalización institucional y económica del sector, que durante décadas había lidiado con desequilibrios competitivos, pérdidas de ingresos y una profunda erosión de la confianza, añadió.

Prates indicó que esta limpieza ética y estructural es el punto de partida necesario para considerar en qué deberían convertirse las gasolineras. Deben dejar de ser meros puntos de venta de combustibles fósiles y asumir el papel de centros urbanos integrados en la nueva realidad de la movilidad eléctrica, la urbanización inteligente y la diversificación de servicios.