Política agraria: ¿ficción o realidad?
Eduardo Viloria Daboín-15yUltimo
Pasó la euforia de la reconversión monetaria y su espejismo de recuperación del poder adquisitivo del salario de las familias venezolanas. Pasó la ráfaga de la fiscalización pueblo/gobierno a los precios acordados. Pasó una breve ola de acaparamiento de productos con precios acordados, que desaparecieron un par de semanas de los expendios, pero nuevamente han venido apareciendo a precios estratosféricos.
Hoy en Caracas la carne está entre los 1200 y los 1400 soberanos, el cartón de huevos a 800 y el kilo de pollo entero a 850. Mientras, el salario sigue en 1800. La dinámica que se instala es la misma anterior al anuncio de las nuevas medidas económicas, pero ahora con la hiperinflación tasada en miles de soberanos y no en millones de bolívares. Y con dos variantes: 
1) la dolarización de facto es más evidente y más flagrantemente asumida, luego de que el cambio paralelo fuera legitimado en la fórmula de anclaje del bolívar soberano al petro
2) la gasolina pasó a ser gratis o a tener el precio que cada comprador(a) decida pagar.
Basta, por ejemplo, con asomarse al sitio web Cauchos Ya o darse una vuelta por el C.C. City Market en Sabana Grande, para ver cómo los precios son dados a los clientes en dólares y éstos, sin mayores miramentos, pagan no en soberanos al cambio paralelo, sino en dolares contantes y sonantes, en billetes que son pasados impunemente por la maquinita verificadora y guardados en la caja registradora de los locales.
En las vitrinas de estas tiendas nada tiene señalado el precio, pero en todas unos cartelitos ponen: “Vitrina en elaboración”. Así no más, como el peso en Apure, Táchira, Mérida, Zulia y Barinas, el dólar pasa a ser la moneda de circulación en Caracas.
A fin de cuentas, si el precio de todos los productos es determinado a partir del cambio paralelo del dólar, ¿para qué tomarse la molestia de cambiar los dólares a bolívares soberanos? Todo esto es ilegal, claro está, ¿pero hay Estado para evitarlo? ¿hay autoridad para hacer cumplir la ley?
Estas dificultades se complejizan porque, entre otras cosas, el conjunto de medidas económicas anunciadas y parcialmente aplicadas por el gobierno nacional se quedan únicamente en el ámbito monetario y cambiario, pero no parecen avanzar hacia el aspecto clave que puede garantizar la estabilización mínima de la economía: la recuperación, aumento y diversificación de la producción nacional, principalmente de alimentos, para lo cual solo bastaría la aplicación (adaptándola a las actuales condiciones de asedio internacional y crisis económica) de la política agraria definida en la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario:
Una política específica para la democratización de la tierra que se traduzca en un plan concreto, con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; una política de democratización de los medios de producción agrarios; una política de financiamiento orientado hacia las mayorías de los actores productivos del campo; una política en materia de dotación e insumos, y otra en materia de acopio, almacenamiento, distribución y comercialización de la producción.
La ausencia de información pública al respecto hace difícil asegurar nada, pero no se sabe que estas políticas existan. Si las hay, no se conocen, pues el Ministerio de Agricultura y Tierras no tienen página web oficial y no lo publican tampoco ni la página del Minci ni las de medios como El Correo del Orinoco o la Agencia Venezolana de Noticias.
El 18 de octubre el presidente Maduro presentó el Plan Venezuela Cultiva 2018-2025, lo cual fue reseñado en la página web del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno:
“El presidente líder del socialismo bolivariano, Nicolás Maduro, presentó el Plan Venezuela Cultiva 2018-2025, donde están los detalles rubro por rubro, superficie cultivable, hectáreas, estados de la planificación agrícola del país en los próximos siete años”, dice la nota. Después de ese día dicho plan no se ha mencionado más, y los detalles a que se refiere esa nota tampoco se conocen. Al menos en internet el plan no está y tampoco declaraciones o notas en los que se dé información detallada del mismo. “Propongo al equipo económico a una sesión especial para explicar el Plan Venezuela Cultiva 2018-2025, invitemos a los gobernadores claves”, dijo el presidente, pero a la fecha esto no ha ocurrido.
Si vamos a otra fuente directa, es decir, al ministro Castro Soteldo, sólo encontraremos anuncios genéricos en torno a reuniones con delegaciones turcas, rusas o chinas para tratar ideas y propuestas de inversión de las cuales no se detalla mayor cosa: ¿cuáles son esas ideas y cuáles las propuestas? ¿de qué sectores productivos se trata? ¿de cuánto estamos hablando? ¿hacia quiénes se dirigirán esos recursos? También hay anuncios, por ejemplo, de reuniones con vocerías del sector azúcar, para decir, también genéricamente, que se impulsará la producción:
Vamos a un proceso de industrialización de los subproductos de la caña de azúcar, procurando la exportación de melaza y destinar esos recursos directo al productor”, dice un twit del 12 de noviembre, pero en ninguna parte se informa en detalle en qué consiste ese “vamos a un proceso”.
Pero, ¿en qué consiste? ¿se adquirirá maquinaria? ¿a quién se entregará? ¿será de propiedad estatal, comunal, social, privada o mixta? ¿cuántos recursos hay para esto y cuándo estarán disponibles? ¿cuáles son las metas de producción, procesamiento y exportación? ¿quiénes son los(as) responsables de esos proyectos?
“Vamos a un proceso de industrialización de los subproductos de la caña de azúcar, procurando la exportación de melaza y destinar esos recursos directo al productor”, dice un twitt del 12 de noviembre, pero en ninguna parte se informa en detalle en qué consiste ese “vamos a un proceso”. Pero, ¿en qué consiste? ¿se adquirirá maquinaria? ¿a quién se entregará? ¿será de propiedad estatal, comunal, social, privada o mixta? ¿cuántos recursos hay para esto y cuándo estarán disponibles? ¿cuáles son las metas de producción, procesamiento y exportación? ¿quiénes son los(as) responsables de esos proyectos?
La página web y las redes sociales del Inti, las personales de su presidente, Luis Soteldo y del ministro Castro Soteldo, y revistas institucionales como Sembrando Noticias, publican con regularidad notas en las que se anuncian entregas de instrumentos agrarios y adjudicaciones de tierras en distintos estados del país, pero no hay en ninguno de estos espacios mediáticos información precisa y detallada sobre estos anuncios: ¿en cuáles municipios están esos predios y cómo se llaman? ¿a qué consejos campesinos fueron entregados?
No se informa nada de esto, pero sí dice en las notas reflexiones como ésta: “El título de adjudicación es el instrumento más poderoso que nos legó el Comandante Hugo Chávez, esto es un mandato de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA), detrás de estos títulos hay sangre de Zamora, de Chávez y de los campesinos caídos”. Pero, de cifras totales de tierra recuperada, tierra ociosa, tierra adjudicada, tierra en manos del Estados en situación de producción o de ociosidad, bajo procesos administrativos de rescate, no se dice nada.
El blog Prensa MinAgricultura publica noticias como la entrega de cauchos a 12 productores falconianos, a razón de 2 cauchos por unidad de producción, pero en ningún sitio web se encuentra información sobre un plan de dotación, cantidades, estados, municipios y lapsos de entrega. También tiene noticias con titulares como “Sector cañicultor trabaja para duplicar su producción”, pero en el texto de la nota se lee que la producción pasará de “900 mil a seis millones de toneladas”.
Una nota señala que “El gobierno Bolivariano a través del Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras, entregará los agroinsumos, biocontroladores y biofertilizantes para lograr la meta de incrementar la producción de caña de azúcar a seis millones de toneladas”, pero no dice exactamente qué insumos son, cuándo se entregarán, cuánto será ni a quiénes. Y otra nota informa que en Apure se están criando 300 cerdos en un proyecto impulsado por el gobernador Carrizales, pero no hay forma de saber cuántos se crían en todo el país en experiencias similares ni cuál es el destino de esa carne porcina una vez beneficiada.
A este tipo de informaciones se reduce lo que podemos conocer como ciudadanos(as) sobre 
un tema tan crucial para la vida del país. Los vacíos informativos con los que debemos vivir el común de las personas, y más aún, quienes están directamente vinculados(as) al tema, es decir, campesinos(as), pequeños(as) y medianos(as) productores, agricultores(as), nos dejan desarmados(as) a la hora de hacer seguimiento, exigir derechos, interpelar a quienes ejercen cargos públicos, hacer contraloría social, es decir, nos deja sin posibilidad de ejercer en alguna medida la democracia participativa y protagónica consagrada en nuestra Constitución y en cuya conquista y profundización el pueblo venezolano se ha venido jugando su vida a lo largo de, al menos, dos décadas.
Mientras tanto, en las zonas agrícolas, donde la realidad de la crisis económica y de servicios se sufre con mayor intensidad, los campesinos y las campesinas continúan luchando contra viento y marea por producir alimentos, prácticamente sin semilla, sin insumos, sin herramientas y casi siempre sin tierra.
En su mayoría, la organización para la lucha se da en torno a la democratización de la tierra, es decir, lo que vendría a ser el punto de partida, el primer paso de un proceso que apunte a la elevación y diversificación de la producción de alimentos. Pero vienen surgiendo otras formas organizativas novedosas, como la Alianza Nacional Productiva, para articular la lucha y movilización en torno a necesidades como las semillas, los insumos y el combustible. Así estamos, sin que desde las instituciones del gobierno bolivariano den señales de que se avanza en alguna política concreta dirigida en esa dirección.
Organizaciones sociales y movimientos campesinos como la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora, la Plataforma de Lucha Campesina, los partidos Tupamaro y PCV, vienen haciendo propuestas, planteamientos, construyendo experiencias concretas que podrían ser ejemplo y modelo. Sin ambargo, hasta ahora no parecen haber sido escuchados por el gobierno nacional.
Ha habido reuniones, se han dado algunos avances resultado de la presión, la movilización y la lucha, pero nada apunta a que de lo planteado en esos espacios esté siendo articulado en una política cohesionada y coherente. Con una organización se acuerda la entrega de ciertos predios, cierta cantidad de semilla e insumos, con otra algo más, a alguna se le entrega alguna maquinaria, algún financiamiento. Pero hasta allí. Nada más.
La gente sigue resistiendo. El pueblo campesino sigue luchando para producir. El sicariato de los terratenientes no se detiene. La agresión imperialista contra Venezuela arrecia cada día. El peso de las sanciones económicas recae cada vez con mayor fuerza sobre nuestra gente. La independencia y la soberanía dependen en gran medida de que esta política agraria se formule y se aplique. El gobierno bolivariano cuenta con todo un país para impulsarla y echarla andar. ¿Por qué esperar más?