Plebiscito constitucional en Chile: Cuatro años después, un retorno al punto de partida
Paul Walder
“El país se polarizó, se dividió, y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada para todos», afirmó el presidente Gabriel Boric. El proceso constitucional chileno iniciado en noviembre del 2019 en plena revuelta popular ha tenido un frustrado cierre y deja la percepción de un largo período lleno de obstáculos y discontinuidades.
Los chilenos rechazaron de forma amplia la propuesta de constitución redactada por un consejo de neoliberales conservadores, que el mismo electorado había elegido en mayo pasado. El 55,7 por ciento del electorado votó en contra de una propuesta de constitución que quitaba derechos a la ciudadanía y consolidaba los privilegios de inversionistas y las elites. Aquí no hubo triunfo alguno, pero sí una sensación de alivio.
Aunque sigue y seguirá vigente y por un tiempo indefinido la constitución de 1980, las numerosas reformas aplicadas desde el gobierno del expresidente Ricardo Lagos en adelante la convierten en un texto conocido aunque base de todas las desigualdades e injusticias. Como en su momento dijo la expresidenta Michelle Bachelet, había que elegir entre lo malo y lo peor. Las demandas levantadas en 2019 siguen ahí.
Un proceso circular para llegar al punto de partida. Cuatro años intensos iniciados con la revuelta, las decenas de asesinados y los miles de mutilados, una pandemia con más de 60 mil muertes y 4,5 millones de casos, una caída del PIB de 5,8 por ciento en 2020 y posteriores tasas mínimas de crecimiento y una inflación de más de dos dígitos a partir de 2021.
Junto a este catálogo de calamidades la agenda pública agrega el aumento de la delincuencia, la consolidación del crimen organizado y la llegada de centenares de miles de inmigrantes sin trabajo, que suman en la actualidad más de 1,4 millones de personas. El 7,5 por ciento de la población del país.
Durante estos años se cristalizan aquellas distorsiones estructurales tan propias de los países latinoamericanos. Aparece una derecha soberbia y fundamentalista que no tiene vergüenza en plantear una constitución que borra derechos, principalmente aquellos que favorecen a las mujeres logrados por el movimiento feminista, y consolida las desigualdades. Es la misma derecha, también con mayoría en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, que ha bloqueado las reformas tributaria y previsional, los dos ejes del programa de gobierno de Gabriel Boric, además de otras reformas en salud y educación.
Toda la derecha apoyó la campaña A Favor de la propuesta constitucional. Desde el Partido Republicano de José Antonio Kast, la derecha tradicional de Chile Vamos, algunos escindidos de la crepuscular democracia cristiana más el abierto favoritismo de los grandes medios de comunicación.
Pero el mayor y más entusiasta apoyo vino desde las elites y de las patronales, quienes serían los grandes beneficiados por la propuesta. Datos del Servicio Electoral revelaron que el 98 por ciento de los aportes financieros a las campañas estuvieron dirigidos al voto A Favor.
Al día siguiente variadas interpretaciones rebasaban los medios. El progresismo interpretó la votación como un rechazo a los extremos en tanto la derecha como un apoyo a la constitución actual, al statu quo neoliberal. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, calificó el resultado como una derrota: “Perdió Chile, porque tuvimos la oportunidad de tener una buena Constitución escrita en democracia y no lo aprovechamos”.
Pero culpó del fracaso a la derecha y en especial al Partido Republicano: “Quienes perdieron fueron ellos al querer imponer sus términos, creo que tienen que hacer un mea culpa de la farra (…) No hubo posibilidad de llegar a acuerdos, el texto era malo, pusieron un programa de gobierno en una Constitución”.
El exministro de gobierno de la Concertación Francisco Vidal hizo un optimista análisis en una columna publicada en El Mercurio. “Este triunfo, siendo parte del Gobierno, se dio en un contexto con un crecimiento cero de la economía este año, con un desempleo del 8,9%, con una inflación reducida, pero que terminará el año en 4,5%, con una percepción de inseguridad ciudadana que la siente más del 90% de los chilenos. A pesar de todo lo anterior, las fuerzas de izquierda y centroizquierda lograron triunfar”.
El economista y miembro del Partido Socialista, Gonzalo Martner, también quiere ver el resultado como un apoyo a las ideas progresistas. En un hilo en la red X escribió: “Cabe ahora ampliar las energías en la segunda mitad del gobierno de Gabriel Boric, y lograr las reformas de salud, de pensiones y tributaria, lo que depende de él, de su coalición y de la movilización ciudadana contra el bloqueo parlamentario y mediático de la oposición”.
En marzo el gobierno cumplirá la mitad de su mandato sin haber logrado impulsar las reformas prometidas. Esta elección podría interpretarse como un apoyo al presidente Boric así como un rechazo a la pérdida de derechos sociales y a las posiciones más conservadoras de la derecha. Pero ni el domingo por la noche ni durante la jornada del lunes este sector ha dado señales de apertura hacia una negociación. No solo no asume el resultado como derrota, sino llama abiertamente a mantener el bloqueo legislativo a los proyectos del gobierno.
Como si nada hubiera pasado, el presidente del senado, el pinochetista Juan Antonio Coloma, impone desde esa cámara la agenda del empresariado y las elites. “A partir de ahora hay que hacerse cargo de los temas urgentes de seguridad, donde hemos impulsado una agenda en este Congreso y en medidas para que Chile vuelva a crecer”. Ni una palabra a las demandas por mejores pensiones, salud y educación. Ni pensar en una reforma tributaria.
*Periodista y escritor chileno, licenciado en la Universidad Autónoma de Barcelona, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)