Perú: la justicia fallida

La Línea

En un mundo donde los proyectos colectivos se encuentran cada vez más asediados por el neoliberalismo, Perú es un viaje al futuro. Al nivel económico, el ex presidente Alberto Fujimori, construyó un “paraíso libertario”. Si los argentinos quieren conocer lo que será su país luego de dos mandatos de Javier Milei, basta con visitar al país inca. Durante 25 años, Perú ha mantenido una tasa de crecimiento que oscila entre 3% y 5%. El valor del sol también se ha mantenido estable en un ámbito regional donde las monedades fluctúan constantemente. El Estado ha sido reducido a su mínima expresión y las exoneraciones tributarias son corrientes para las empresas que prometen “crear empleos”.

Hoy se pueden ver las consecuencias de este modelo y los libertarios del mundo, pueden venir a constatar el fracaso de su utopía. A pesar de registrar cifras récord en producción de pescado, hortalizas, frutas, carne y pollo, 52% de los peruanos viven en inseguridad alimentaria (FAO), el 43% de los niños de 0 años sufren de anemia (Unicef), 40% del territorio está concesionado al sector privado nacional e internacional, el 75% de la economia es informal y por lo tanto los trabajadores no gozan de ningún derecho. Un sistema profundamente desigual y antipatriota. Un legado de la colonia sumado al saqueo neoliberal.

También, Perú es un laboratorio para la represión y el perfeccionamiento de las técnicas de judicialización de la política. La represión silenciosa operada por un aparato judicial propiedad de las clases dominantes que se han adueñado del país, se ha perfeccionado declarando a los oponentes como “terroristas”, con las consecuencias penales, policiales y militares que eso trae.

Recordamos que durante el estallido social provocado por el golpe contra el presidente Pedro Castillo, la mandataria designada de aquel entonces autorizó a la policía y a los militares a tratar a los manifestantes como “terroristas”. Esta orden ejecutiva elaborada durante un consejo de ministros había sido ratificada por el congreso el 13 de diciembre de 2022. Dos días después, en la ciudad de Huamanga, el ejercito disparó contra una marcha pacífica, abatiendo a 10 manifestantes e hiriendo a 70. Esta masacre no fue la última sumando a más de 50 los peruanos masacrados solo por mostrar su indignación ante un régimen golpista. Siguiendo el modus operandi del régimen peruano, los chalecos amarillos franceses hubiesen podido ser fusilados por el ejército galo, dando por sentado que pertenecían a una “organización terrorista”. Días despues de la masacre de Ayacucho, los dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho (Fredepa), historica organizacion social de la región, han sido arrestado y llevado a juicio por «terrorismo». Aunque la sentencia no ha sido emitida, se enfrentan a una amenaza de 15 años de carcel, sin que ninguna prueba los vincule a un acto terrorista.

Meses después, la justicia peruana condenó a varios integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) a penas de 15 a 20 años por afiliación a una organización terrorista. El MOVADEF era un intento de pasar la página del conflicto armado, legalizando un partido con un ideario cercano a Sendero Luminoso, pero abandonando la lucha armada. Muchos países en el mundo han logrado pacificar su sociedad integrando a los antiguos beligerantes a la vida política. En Perú, condenaron a la cúpula de Movadef por “afiliación a una organización terrorista”, a pesar de que Sendero Luminoso ha desaparecido desde hace 30 años luego del acuerdo de paz entre Alberto Fujimori y Abimael Guzmán.  Poco importa que los condenados no hayan cometido ningún acto terrorista. Con la jurisprudencia que nació del caso Perseo, cualquier oponente puede ser condenado por “pertenencia a una organización terrorista”. No solamente se trata de “terruquear”, es decir desacreditar a los oponentes acusándolos verbalmente de una continuidad con las antiguas organizaciones subversivas, ahora también se condena judicialmente una imaginaria pertenencia a organizaciones inexistentes. Si la justicia de Colombia o Uruguay hubiesen aplicado la jurisprudencia peruana, Gustavo Petro o José “Pepe” Mujica nunca hubiesen llegado a la presidencia de su país.

El congresista y candidato presidencial de izquierda, Guillermo Bermejo, es una de las primeras víctimas de la jurisprudencia del caso Perseo. Después de pasar cuatro años sentado en el hemiciclo del Congreso, la justicia peruana decidió reabrir un proceso judicial del cual ya había sido dos veces absuelto y esta vez logró condenarlo por “afiliación a una organización terrorista”. Al igual que los condenados en el caso Perseo, Bermejo nunca cometió un acto terrorista. Pero la justicia, sin prueba alguna, lo declaró culpable y lo sentencio a 15 años de cárcel con detención inmediata. Hoy en día, en Perú, la justicia puede decidir de forma totalmente arbitraria si eres o no un terrorista, con las consecuencias penales que se imponen.

Quienes quieren ver como los defensores de la “libertad” tratan a sus oponentes políticos, deberían enfocarse en lo que está ocurriendo en el “paraíso libertario” peruano. Lejos de las cameras y de los editoriales de las grandes corporaciones mediáticas, se delineando una forma extrema de represión judicial que atenta contra los que quieren proponer una salida a un sistema injusto y en decadencia.

Frente a esta descarada politización de la justicia peruana, la ex primera ministra Bettsy Chavez, enjuiciada con Pedro Castillo y Aníbal Torres por el supuesto delito de rebelión, decidió pedir asilo a México. No olvidemos que Betssy Chavez pasó dos años en “prisión preventiva” y tuvo que realizar una huelga de hambre para denunciar el trato vejatorio e irregular logrando llevar su proceso en libertad. Ante una condena inminente, Chavez, decidió no someterse a la arbitrariedad de la facción judicial del régimen mafioso. Por su parte, la juez que lleva el caso decidió no declararle reo contumaz y dictará sentencia en su ausencia. Eso permitirá a la justicia peruana inventar otros delitos, y profundizar la “tiranía de la jurisprudencia terrorista”.