Pedro Castillo, preso, piensa en las próximas elecciones en Perú

Mariana Álvarez Orellana

El encarcelado expresidente  Pedro Castillo enfrenta el rechazo del Poder Judicial de anular su juicio por presunto golpe de Estado,  tras la negativa del tribunal a suspender su juicio actual, pero continúa activo políticamente con su partido Todo con el Pueblo. Su coalición “Juntos con el Pueblo” busca consolidar apoyo en sectores clave para las elecciones presidenciales de 2026.

Castillo usó la sesión 52 de su juicio —relacionado con el fallido golpe de Estado de 2022— como plataforma para pronunciarse sobre temas que exceden el ámbito judicial y penetran la agenda política regional. Asimismo recalcó  que el juicio continúa sin pruebas en su contra.

Desde el penal de Barbadillo, donde permanece bajo prisión preventiva, Castillo  sorprendió al invocar a mandatarios de países vecinos, entre ellos el colombiano Gustavo Petro, a ir a una guerra. En el contexto de la reciente disputa entre Perú y Colombia por la soberanía de la amazónica isla Chinería, Castillo defendió al mandatario colombiano, al cuestionar que lo juzguen “cuando en el Perú hay autoridades a las que no las reciben en ninguna plaza”.

“Desde acá invoco no solo al presidente Petro, también al presidente de Chile, de Bolivia, de Brasil: De una vez vamos a la guerra, pero a aquella guerra que termine con la delincuencia, con la corrupción, con el saqueo, con todo lo que tenemos que hacer”, declaró, haciendo caso omiso a la jueza Norma Carbajal, quien intentó que el exmandatario limitara su exposición a los puntos del proceso.

El maestro Castillo ha denunciado persecución política y cuestionado la imparcialidad del tribunal durante las sesiones anteriores de su juicio. En julio de este año, el Poder Judicial decidió extender por 18 meses la prisión preventiva de Pedro Castillo, quien enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

“El día de hoy han salido falsos patriotas con mapa en mano a decir ‘esto tenemos que hacer sin autoridad moral’. Entre ellos, algunos líderes políticos que en otro momento -como Alb erto Fujimori- vendieron las propias armas a la FARC de Colombia. [Incluso] encontraron droga en el avión presidencial”, expresó.

En la última sesión de su juicio por los hechos del 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo pidió una alianza regional contra la corrupción y ratificó que sigue preso sin pruebas en su contra.  Durante la audiencia del juicio por rebelión, el depuesto mandagtario denunció un intento por silenciarlo, acusó a la magistrada de contaminar el proceso y dijo ser víctima de una persecución política por el intento fallido de golpe de Estado de diciembre de 2022.

Durante la audiencia del juicio oral por presunto delito de rebelión y abuso de autoridad por el intento fallido de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022, mantuvo un fuerte cruce con los magistrados de la Corte Suprema.El momento más intenso se vivió cuando el exmandatario cuestionó directamente a la jueza Norma Carbajal por intentar silenciarlo al interrumpirlo durante sus palabras en el momento que tenía para acreditarse ante los magistrados. «Me quiere cortar el micro, doctora? Usted puede cortarme el micro, pero jamás podrá callar mi voz… soy un presidente de la República secuestrado en este juicio», protestó.

Esta intervención ocurrió luego de que Castillo denunciara que, a pesar de indicaciones médicas para reducir el tiempo sentado, permanece hasta cuatro horas diarias en la sala, lo que él calificó como una forma de tortura. «Ustedes saben la situación de mi estado de salud. El médico dice que haga todo lo posible por permanecer el menor tiempo sentado, pero permanezco aquí casi cuatro horas diarias. ¿Si eso no es tortura, dígame qué es?»

Además, aseguro que el Ministerio Público no ha podido probar, según él, el delito por el que se le imputa. «El 4 de marzo hice de conocimiento que rechazaba este juicio. Han transcurrido casi 50 sesiones y el tiempo me ha dado la razón. Así como el delito de rebelión no ha encajado en el marco del artículo 346. Mis coimputados no tienen nada que ver acá», señaló.

Asimismo, acusó a quienes considera que están siendo protegidos por la justicia mientras se encuentran en ‘balnearios’. Cabe recordar que en las sesiones pasadas, habría señalado indirectamente a  Vladimir C errón de coludirse con el fujimorismo mientras sigue prófugo. Incluso señaló al juez supremo César San Martín de ‘injusto’. «Si fuera cuello blanco estaría en otro lugar, en algún búnker o en algún balneario planificando qué portada vamos a sacar y cuáles son los titulares de la semana. Acá estoy por asumir la causa de los que nunca fueron escuchados. Rechazo este juicio. Lo dije: el señor César San Martín encarna la injusticia en el Perú».

Amnistía para represores

Desacatando una resolución de la Corte interamericana de Derechos Humanos, la presidenta peruana Dina Boluarte promulgó este miércoles una ley de amnistía a favor de militares, policías y miembros de las autodefensa civiles acusados de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno que enfrentó al Estado contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000.

La norma anula todos los procesos judiciales en marcha contra los criminales y dispone que sean liberados los que están sentenciados que hayan cumplido 70 años.

Lo hizo en Palacio de Gobierno acompañada por militares, policías, ministros de su gabinete y congresistas de la mayoría de derecha y extrema derecha que respalda su gobierno y aprobó esta ley de impunidad. Cerca de mil represores acusados de matanzas de comunidades campesinas, secuestros, desparaciones, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y otros crímenes, se beneficiarán con esta amnistía. El conflicto armado interno dejó cerca de 70 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos, la mayoría  pobladores andinos quechuahablantes.

La Corte IDH le había ordenado al gobierno peruano que se abstenga de promulgar esta ley por ir en contra del las normas intrernacionales en derechos humanos, obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas y generar impunidad. Pero el gobierno igual la promulgó. Este desacato a la Corte IDH se da en el contexto de una ofensiva de ataques contra este tribunal internacional desde el Ejecutivo y sus aliados de la mayoría parlamentaria, ofensiva que promueve el retiro del Perú del sistema interamericano de derechos humanos.

Siguiendo la narrativa impuesta por sus aliados de la extrema derecha capitaneada por el fujimorismo, que pretende negar la historia y borrar la memoria de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, al promulgar la amnistía Boluarte habló de “acciones contra el terrorismo” que justificó en referencia a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, defendió a los represores, a quienes llamó “defensores del estado de derecho”.

Asimismo,  calificó los procesos judiciales por derechos humanos y las demandas de justicia de las víctimas como “persecusión política”. La presidenta que debe responder por medio centenar de muertes por la represión a las protestas en su contra, acusó a las víctimas de violaciones a los derechos humanos de ser los victimarios, y puso a los victimarios como víctimas.

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la