Panorama Económico Latinoamericano – Del 9 al 16 de octubre de 2024
La nueva industria Brasil
José Dirceu *
El lanzamiento en septiembre de la nueva fase del NIB es importante porque aborda la transformación digital de la industria que es transversal a todos sus segmentos
Las metas y objetivos parecen consistentes y la actualización de la Nueva Industria Brasil (NIB), la política industrial del tercer gobierno de Lula, articulada con el nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y el Plan de Transformación Ecológica, tiene todo para recomponer y modernizar nuestra industria, aumentar su productividad y competitividad en el mercado exterior, priorizar la densificación de las cadenas productivas que traen ventajas comparativas al país e inviertan en tecnologías que reduzcan nuestra dependencia y nos formen para generar empleos más competitivos.
La gran barrera para el desarrollo de políticas que tienen todo para ser virtuosa son las altas tasas de interés que sigue practicando el Banco Central, sin ninguna causa racional que las justifique, excepto el apetito del mercado financiero que hoy ejerce un enorme poder en relación con las instituciones del Estado. Y las altas tasas de interés, como sabemos, inhiben las inversiones.
Incluso con este escenario poco emocionante, el lanzamiento en setiembre de esta nueva etapa de la Nueva Industria Brasil, que es importante porque se ocupa de la transformación digital de la industria que es transversal a todos sus segmentos, se anunciaron inversiones totales de 186.600 millones de reales.
De este total, 10.900 millones de reales serán aportados por el gobierno, a través de Finep, BNDES, BNB, Embrapii y Basa. Ya 42 .600 millones de reales están en ejecución en los años 2023/2024 y los otros 58,7 mil millones serán desembolsados en los próximos dos años.
El sector privado aportará 85.700 millones de reales en transformación digital, distribuidos de manera que las empresas de los sectores eléctrico y electrónico, semiconductores, empresas que invierten en investigación, desarrollo e innovación de sus productos y soluciones desarrolladas en el país, y la Amazon estadounidense, una de las mayores empresas de almacenamiento de datos del mundo y que opera en comercio electrónico, streaming e inteligencia artificial.
El objetivo del programa de transformación digital es que para 2026, el 25% de la industria brasileña haya adoptado al menos tres de las importantes tecnologías digitales para mejorar la productividad y la competitividad, como los servicios en la nube, big data, robots de servicio, internet de las cosas e inteligencia artificial. Para 3033, el objetivo es cubrir el 50% de la industria.
Paralelamente al trabajo de evangelización de la industria, que vienes siendo realizado por instituciones como Senai/Senac, ABDi y Embrapii, que atendió dentro del plan Brasil+Productivo, 33.500 empresas el año pasado y servirá a otro contingente similar este año, a costa de 1.500 millones de reales, fueron lanzadas para el desarrollo de proyectos de fábricas inteligentes.
Cadenas productivas
Nombrada misión 4 de la Nueva Industria Brasil, la transformación digital también se centra en fortalecer las cadenas de producción ya mapeadas y en las que el país puede tener ventajas comparativas (es reducir la dependencia externa, por la expectativa de crecimiento del mercado, oportunidades en América Latina, para el empleo de mano de obra más calificada y un aumento en el salario promedio, etc.).
Entre ellos se encuentran las industrias de semiconductores (chips y diseño en casa), robots industriales (manipuladores móviles, gemelos digitales, robots humanoides) y productos y servicios digitales avanzados (servicios de computación en la nube, plataformas digitales, industria audiovisual e industria de juegos).
Es importante señalar que la transformación digital es uno de los cuatro ejes que el Plan+ Producción se suma a la Nueva Industria Brasil, para aumentar la innovación y la digitalización de la industria en busca de una mayor competitividad y desarrollo de nuevos sectores. Los otros tres ejes son más producción (producir con más calidad y reducción de costos), más exportación (mejorar la inserción externa de la industria brasileña con un enfoque en aumentar las exportaciones de mayor valor agregado) y más ecológicas (descarbonización de la industria para aumentar la contribución de Brasil a la lucha contra la crisis climática y generar empleos de calidad).
Todavía falta una mayor articulación entre el gobierno y la industria, las entidades obreras y la sociedad civil para transformar esta y otras misiones, que benefician a todos, en causas comunes que mueven a los diversos sectores de la sociedad en defensa de sus intereses. Pero sólo construiremos consensos si el gobierno logra domar la tasa de interés.
*Fue ministro de la Casa Civil en el primer gobierno de Lula
Uruguay: Los precios de los combustibles y la campaña electoral
La variación promedio del precio de los combustibles en el período entre enero de 2021 y septiembre de 2024 fue del 4%, lo cual indica un crecimiento en ese período por encima de la inflación en todos sus componentes (ver gráfica adjunta). La menor variación se dio en el precio del gasoil (2%), con mayor incidencia en las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios, pero lo que más aumentó fue el precio del supergas, nada menos que 28%!, con fuerte repercusión en el consumo de los hogares.
La variación promedio del precio de los combustibles en el período entre enero de 2021 y septiembre de 2024 fue del 4%, lo cual indica un crecimiento en ese período por encima de la inflación en todos sus componentes (ver gráfica adjunta). La menor variación se dio en el precio del gasoil (2%), con mayor incidencia en las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios, pero lo que más aumentó fue el precio del supergas, nada menos que 28%!, con fuerte repercusión en el consumo de los hogares.
Al inicio del período, se observó un crecimiento constante en los precios de los combustibles, con incrementos particularmente fuertes en los meses de junio y julio de 2021. La variación de los precios en este año fue del 10%, con un máximo en julio de 2021 (promedio $67,09) frente al valor inicial de enero ($59,73). Durante la primera mitad de 2022, los precios siguieron aumentando, alcanzando un máximo del período de 72,72/litro en junio.
Durante 2023, los precios se mantuvieron relativamente estables, fluctuando en torno a los 65-67 $/lt. Se observó una caída paulatina en el primer semestre del año, alcanzando un mínimo de 61,63 en junio de 2023. En 2024, el comportamiento de los precios fue nuevamente estable, con ligeras variaciones al alza y a la baja, manteniéndose alrededor de 62 pesos en promedio. En términos generales, el precio promedio de los combustibles mostró tres fases claras: un crecimiento inicial pronunciado en 2021, seguido de un máximo en el primer semestre de 2022 y una posterior y ligera disminución en 2023 y 2024.
Si bien el aumento promedio del precio de los combustibles durante el período fue del 4%, los mayores incrementos se registraron en el precio de las naftas y el supergas, en particular desde febrero de 2023. El crecimiento del precio de la nafta (s95) fue del 5% entre enero de 2021 y setiembre de 2024, mientras que el supergas registró un aumento del 28% en igual período. Estos dos tipos de combustibles, fundamentales tanto para el transporte como para el uso doméstico, mostraron un crecimiento significativo en comparación con otros productos, lo que impacta de manera directa en los hogares y la movilidad de las personas. El gas oíl en cambio, si bien tuvo un mayor incremento en 2022, como se observa en el gráfico 1, entre enero de 2021 y setiembre de 2024 aumentó 2,7%.
En definitiva, la reducción del precio de los combustibles fue otra promesa incumplida. El ajuste mensual implementado por el actual gobierno, lejos de aliviar la carga para los consumidores, ha contribuido a encarecer el costo de vida de los hogares. Si bien en los últimos meses se ha observado una disminución gradual en los precios, esta tendencia parece estar más relacionada con la proximidad del período electoral, al igual que sucede con otras variables.
(*) EconomiaPolitica.uy, es un Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Política, dirigido por el Mag. Hector Tajam.
Argentina puso en peligro sus reservas de oro: las reclaman los fondos buitre
Por Claudio della Croce *
El holdout Bainbridge Fund, considerado un fondo “buitre”, solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska, del distrito sur de Manhattan, que le pida a la Argentina brindar información del destino y el uso del oro de las reservas del Banco Central (BCRA) que el gobierno libertario argentino de Javier Milei envió a envió a Europa.
Bainbridge reclama 95,6 millones de dólares, pero se teme que otros fondos buitres quieren participar del botín
El mismo fondo buitre que semanas atrás pidió que la Argentina entregue su participación accionaria en la paraestatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) como garantía de pago de la deuda en firme que el Tesoro Nacional tiene a su favor, ahora presentó un recurso judicial denominado discovery ante el mismo tribunal de Nueva York para que se reclame al Banco Central que informe sobre el volumen y valor del oro que tiene en sus reservas internacionales, y cuál ha sido se destino físico al sacarlo del país.
Este recurso debe interpretarse como un paso previo al pedido de embargo de esos activos. El gobierno libertario argentino ordenó el traslado de oro de las reservas al exterior, en cinco envíos por un valor estimado de 1.400 a 1.500 millones de dólares. Se señaló extraoficialmente que su destino inicial fue Londres, pero se estima que podría haber sido una escala para llegar luego a Suiza. Más precisamente, al Banco de Ajustes de Basilea.
«Si parte del oro quedó en Londres, el riesgo de embargo es muy alto, porque hay precedentes horribles en esa materia», indicó el diario Página/12. Se han embargado fondos oficiales en Londres no sólo de Venezuela y de Rusia, que alguien podría explicar por el fuerte peso de la confrontación política con esos países; pero también se embargaron reservas de Islandia en 2008, por demandas privadas de depósitos no devueltos en el marco de la crisis financiera de ese año.
El 2 de setiembre el Banco Centra (BCRA) confirmó que terminó de enviar al exterior el oro de las reservas por la decisión de Caputo. El ministro ignoró todas las advertencias sobre los riegos que implicaba mandar 4.800 millones de dólares en lingotes de oro a Londres y Basilea.
“Es una movida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno. Y la realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos”, dijo Caputo. Voces del mercado alertaron que esta era una jugada riesgosa porque se corría riesgo de embargo, sobre todo dado que la reputación de Argentina como deudor es mala.
BlackRock, el fondo de inversiones que lidera Larry Fink emitió el 27 de setiembre su informe con los datos consolidados de mitad de año vinculado a los mercados de América latina. Las perspectivas para la Argentina no son buenas. “Vemos el riesgo de otra devaluación del tipo de cambio”, puede leerse en el reporte que lleva las firmas de Christoph Brinkmann y Sam Vecht, quienes también vaticinan un salto inflacionario.
Un fallo anterior de la misma jueza Prieska –conocida como la jueza de Wall Street- les habilitó el recurso de discovery, por el cual se abre una instancia de detección de activos de propiedad del deudor en el mundo para su posible embargo, en caso de que no se abone la deuda.
En un nuevo revés contra la Argentina, en agosto último la jueza le ordenó al país pagar 142 millones de dólares a un grupo de bonistas, beneficiando a aquellos acreedores que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país.
Históricamente, Argentina defendió el criterio de independencia del Banco Central con respecto al Tesoro Nacional, el deudor por la emisión de los títulos impagos. Incluso en el año 2015, con Cristina Fernández de Kichner como presidenta, Argentina ganó en segunda instancia de los tribunales de Nueva York un juicio al fondo Elliot, que reconocía esa independencia entre ambas instituciones públicas.
El año pasado, la jueza Preska había ordenado el embargo de activos argentinos por el monto de 95,8 millones de dólares para afrontar el pago al fondo Bainbridge Fund, que había ganado el litio por los bonos defaulteados de 2001. El dinero embargado pertenecía a una cuenta que tiene el Banco Central argentino en la Reserva Federal (Fed), con fondos que se utilizaron en su momento como colateral para garantizar el pago de los bonos Brady.
Estos títulos, emitidos en la década de 1990, fueron parte del programa de reestructuración que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, para descomprimir la deuda de los países de la región. Ese monto aún no fue cobrado y es por eso que Baindbridge Fund mantiene el interés sobre los activos argentinos. Sobre esa base, todo indica que el acreedor busca saber qué hace el país con sus reservas para garantizarse el pago de lo que le debe.
El robo del oro venezolano
Un reportaje de Desclassified UK reveló que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña gastó 80 mil 697 libras esterlinas de fondos públicos para apoyar la cruzada del exdiputado venezolano Juan Guaidó cuyo propósito era incautar aproximadamente dos mil millones dólares en oro (31 toneladas) en el Banco de Inglaterra.
Todo empezó en 2018 cuando el Banco de Inglaterra –supuestamente una entidad apolítica- se negó por primera vez a liberar el oro de Venezuela, amparado en supuestas dudas sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue reelecto ese año.
A principios de 2019, basado en la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, el Banco de Inglaterra consiguió la justificación necesaria para seguir congelando el oro venezolano: asumió el discurso del «vacío absoluto de poder» supuestamente dejado por Maduro.
El gobierno de Estados Unidos actuó rápidamente para reconocer a Guaidó y apuntalar el golpe contra el país al que se sumó el gobierno del Reino Unido y que le proporcionó al Banco de Inglaterra una «cobertura aérea política».
La mecánica de robo imperial
En enero de este año, la jueza de Nueva York rechazó un pedido formulado por el Gobierno argentino para evitar presentar garantías en el juicio que se sustancia en EEUU por la nacionalización de YPF, por lo que el país podría comenzar a sufrir embargos de sus activos en el exterior.
La decisión fue tomada por la jueza Prezka, en el marco de la causa en la causa iniciada por el fondo Buefoird Capital en la que la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.100 millones de dólares.
En febrero, el gobierno argentino, representado en EEUU por el estudio Sullivan & Cromwell y en consonancia con la estrategia planteada por la Procuración del Tesoro conducida por Rodolfo Barra, plantearon ante la Corte de Apelaciones que la jueza podría haber cometió un error al ejercer jurisdicción sobre casos “que involucran las demandas de accionistas de una empresa argentina bajo la ley argentina contra la República Argentina». Además, cuestionaron el monto que la magistrada ordenó pagar.
El argumento de Argentina que se mantuvo durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández- fue que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue irregular y que la jurisdicción en donde se debía resolver el conflicto es la Argentina, pues es allí donde se radica YPF.
*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Setiembre de récord en la industria automotriz mexicana
Alejandro Alegría
La producción de automóviles en México alcanzó 378 mil vehículos, mientras la exportación de unidades fue mayor a 315 mil, datos que colocaron a septiembre como el mejor noveno mes para la industria automotriz desde que se tienen registro, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El sector industrial que genera más divisas fabricó 39 mil 684 unidades más que en septiembre de 2023, lo que significó un aumento anual de 11.71 por ciento.
El dato más reciente de la producción de autos en el país observó un crecimiento de 25 mil 968 vehículos ligeros frente a agosto, lo cual se tradujo en un avance de 7.36 por ciento mensual.
Entre enero y agosto, el sector ha ensamblado 3 millones 30 mil vehículos, un aumento de 175 mil 90 frente a igual lapso del año pasado o bien un crecimiento de 6.13 por ciento.
General Motors produjo 97 mil unidades, dato que se tradujo en un avance de 44.9 por ciento frente a igual lapso del año pasado, mientras Mercedes Benz fabricó 3 mil unidades, lo que representó una caída de 43.4 por ciento.
En septiembre México exportó 315 mil 706 vehículos, un incremento de 14 mil 365 unidades o 4.77 por ciento frente al mismo lapso del año pasado.
En comparación con agosto, la industria exportó 23 mil 36 unidades más, lo que significó un aumento de 7.87 por ciento.
En los primeros nueve meses del año las empresas automotrices que exportan, comercializaron al exterior 2 millones 591 mil vehículos ligeros, dato que mostró un avance de 7.05 por ciento.
La firma que lidera las exportaciones es Nissan, pues crecieron 96.7 por ciento frente a septiembre del año pasado, mientras Mazda sólo comercializó 7 mil unidades, lo que representó una caída de 46.3 por ciento.
Los resultados de los tres primeros trimestres de 2024 confirman el inicio de una nueva etapa de expansión de la industria automotriz mexicana. Si este ritmo se mantiene, hay una fuerte posibilidad de que al cierre de 2024 alcancemos nuevos récords de producción y exportación, señaló el organismo.
El Inegi también dio a conocer que hasta el noveno mes del año la venta de vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos fue de 10 mil 601 unidades, dato que se tradujo en un aumento de 9.1 por ciento del total de ventas.
Escasez de combustible y otros insumos diezma la pesca en Cuba
Dariel Pradas *
La escasez de implementos, combustible, embarcaciones modernas e incluso hielo afectan la productividad de la ya deprimida industria pesquera de Cuba, dificultando a su vez que los productos marinos lleguen a las mesas de la población.
“En mi dieta rara vez incluyo el pescado. Primero, porque no es tan fácil encontrarlo, y segundo, es muy caro”, dijo a IPS Camila Hernández, de 55 años, residente en La Habana.
En las pescaderías estatales de la capital puede encontrarse el kilogramo de claria o pez gato a un valor de 6, 4 dólares, mientras que en negocios privados, el medio kilo de pargo y otros pescados marinos, a 9, 2 dólares, según la tasa de cambio oficial de 120 pesos por un dólar.
Como el salario medio en la isla equivale a unos 39 dólares mensuales, y el salario mínimo, a unos 17,5, se vuelve complicado para la mayoría de los cubanos adquirir dichos alimentos que no se encuentran, salvo excepciones circunstanciales, entre los racionados y subsidiados por el Estado..
Funcionarios del Ministerio de la Industria Alimentaria revelaron que el consumo de pescado en Cuba cayó de 18 kilogramos al año por habitante hace décadas, a 3, 8 kilogramos al cierre de 2021.
“En la década de 1980 se comió más pescado, pero así y todo no creo que este haya estado al nivel de demanda de la leche, el huevo o el pollo. La gente no lo tiene incorporado a su cultura culinaria. Claro, la oferta es cada vez menor”, afirmó el residente habanero Mario Pérez, de 62 años.
Una industria en decadencia
El que es el mayor país insular del Caribe cuenta con más de 20 000 pescadores, 7000 embarcaciones privadas registradas y 360 barcos estatales escameros, como se llaman localmente a los que se dedican específicamente a la captura de peces.
La captura en 2022, el último año del que existen registros, sumó unas 30 000 toneladas de mariscos y pescados , según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei). Los pescados totalizaron las 22 435 toneladas, incluida también la acuicultura.
La cifra es significativamente menor a las 40 716 toneladas de pescados y mariscos de 2021 y bastante similar a las 30 500 toneladas de 1960, cuando apenas empezaba a desarrollarse la industria pesquera en Cuba.
La cúspide productiva ocurrió entre las décadas de los años 70 y 90, cuando las capturas representaban más de 100 000 toneladas de pescado anuales, afirmó a medios oficiales Armando Posada Loriga, presidente del estatal Grupo Empresarial de la Industria Pesquera.
Sin embargo, con la caída del campo socialista de la Unión Soviética y el surgimiento de una persistente crisis económica, prácticamente desaparecieron las flotas atuneras, arrastreras y la del golfo de México, que faenaban fuera de la plataforma marina del archipiélago.
Para colmo, la plataforma cubana se sobreexplotó como consecuencia de prácticas pesqueras inadecuadas, sin tener en cuenta los ciclos biológicos de las especies, además de los efectos del cambio climático y el impacto negativo de los huracanes.
El Estado ha intentado en el último lustro recuperar algún vestigio del otrora esplendor de la industria con la implementación de algunas medidas, pero no ha logrado hasta ahora un crecimiento notorio.
En el primer semestre de 2024 se han capturado 15 620 toneladas de pescados y mariscos, solo 53 % del plan previsto sumando la pesca marina y la acuicultura, informó en septiembre Posada, en el espacio televisivo Mesa Redonda.
De ese volumen, se destinan 15 % a las demandas del turismo, 14 % a la exportación y 71 % al consumo de la población.
Aún así, muchos cubanos se hacen la misma pregunta de los últimos años: ¿por qué no hay pescado en una tierra rodeada de mar?
Necesidades de los pescadores
En Manzanillo, un municipio costero de la oriental provincia de Granma y ubicado a 753 kilómetros de La Habana, el pescado representa 14 % de la dieta de la población, sobre todo la liseta (Liseta Leporinus muyscorum), típica de esas aguas, dijo a IPS Víctor Remón, director del Departamento de Desarrollo Territorial del gobierno local.
En todo el municipio, existen 232 embarcaciones pesqueras; de estas, 84 están asociadas a una de las seis bases pesqueras en el Puerto Pesquero de Interés Local GeoCuba, que dirige Roberto David Rosales, un antiguo policía que, al retirarse, se compró un pequeño barco en 2021 y cambió de oficio.
Esta suerte de gremio de pescadores –quienes operan legalmente como trabajadores por cuenta propia–, vende sus capturas al estatal Combinado Pesquero de la zona (fábrica de procesamiento de los productos marinos), a negocios gastronómicos, o directamente a la población a través de un puesto de ventas.
Rosales comentó a IPS durante una visita a Manzanillo que antes ofertaban sus capturas a la población al equivalente de 1, 5 dólares el kilogramo, pero luego tuvieron que aumentar el precio a 2, 75 dólares, debido al aumento de los costos.
Supuestamente, el Combinado Pesquero del gobierno local debían facilitar la compra de combustible y otros insumos necesarios para embarcarse al mar a los pescadores, pero ante la escasez de estos, los últimos tenían que conseguirlos en el mercado informal, a precios excesivos y especulativos.
“La principal dificultad que tenemos es que no nos venden hielo, combustible ni artes de pesca (cordeles, anzuelos y otros utensilios). Tenemos que conseguirlos bien caros por ‘la izquierda’ (en e mercado informal)”, confesó a IPS el pescador Juan Jiménez, de 58 años, cuyo padre se dedicó al mismo oficio, al igual que ya hacen sus hijos.
Por otra parte, Jiménez consideró que las condiciones de los pescadores son “infrahumanas”, debido al peligro que afrontan la mayoría por no tener embarcaciones óptimas.
El propósito de revitalizar la pesca
Para obtener mayores niveles de captura, se necesita modernizar las embarcaciones, disponer de artes de pesca, equipamientos tecnológicos y de refrigeración suficientes y, por supuesto, combustible, admitió Posada, el presidente del grupo empresarial.
La insuficiencia de liquidez externa y las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba dificultan la inversión en esas áreas.
De acuerdo a Posada, en el período de la pandemia de covid (2020-2022), el país no realizó importaciones para el sector pesquero. En 2023 se importó un estimado de 1, 9 millones de dólares y, para 2024, se destinaron cinco millones de dólares.
Las capturas en la plataforma insular están limitadas para no sobrexplotar la fauna marina, con un tope de 22 000 toneladas anuales entre pescados y mariscos, al menos hasta que se recuperen las especies en ella.
Por ello, la mejor solución encontrada por el gobierno reside en incentivar la acuicultura, con mucha mayor disponibilidad.
La capacidad en la isla de estanques para la crianza de especies acuáticas es de 12,5 kilómetros cuadrados, de los cuales se encuentran en uso 7,5 kilómetros cuadrados.
Muchos especialistas coinciden en que la acuicultura es un sistema muy eficiente, pues en cultivo intensivo, solo deben emplearse dos kilogramos de alimentos para lograr un kilogramo de pescado.
En la cría porcina, por ejemplo, un kilogramo de carne de cerdo requiere de 10 a 12 kilogramos de alimentos.
Según la Onei, de las 22 435 toneladas de pescados obtenidos en 2022, 14 058 toneladas (62, 7%) procedieron de la acuicultura, específicamente de especies de carpa (Cyprinus carpio), tenca (Tinca tinca), tilapia y claria o pez gato (Claridae).
Ese interés en pescar lo que se “siembra”, no significa que el gobierno haya desestimado la actividad en la plataforma marina de la isla.
En 2019, lanzó una ley con el objetivo de flexibilizar la actividad pesquera, así como otras normativas que permitieron que se pudiera ejercer bajo formas de gestión no estatal y se facilitara la obtención de las licencias correspondientes.
Luego, en 2024, con la Resolución 16 del Ministerio de la Industria Alimentaria, se consintió que los pescadores pudieran comercializar sus capturas sin la intervención de entidades estatales.
Más allá de las leyes, todavía falta para que, en la práctica, se logren mejores resultados productivos y que estos incidan en una mejor dieta de la ciudadanía.
Gracias a Venezuela, Colombia ha fortalecido la economía
Alfonso Insuasty Rodríguez
Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, Colombia ha experimentado un cambio trascendental en sus relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela generando importantes beneficios para ambos países, particularmente para el país cafetero.
Después de largos años de tensión y enfrentamientos políticos, la reactivación de los lazos bilaterales ha generado importantes beneficios para ambos países, particularmente para Colombia, donde la economía ha visto mejoras significativas en áreas clave como la agricultura y la seguridad alimentaria.
Uno de los recientes logros más destacados del gobierno de Gustavo Petro, ha sido la reducción de la inflación, a cuál alcanzó el 0% en agosto de 2024, un hito que ha permitido frenar el crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema en el país.
Durante un evento en el marco de la entrega de tierras a las víctimas del proyecto de la Hidroeléctrica del Quimbo, el presidente Petro destacó un factor clave en este importante e histórico logro: la importación de urea a precios accesibles desde Venezuela.
«Un éxito de este gobierno que no lo reconocen, pero uno de los factores fundamentales fue la rebaja del precio de los fertilizantes. Y hay que decirlo, es porque nos vendieron urea barata de Venezuela. Esto nos ayudó a detener el crecimiento de la pobreza en Colombia”, afirmó el mandatario.
Este es un vivo ejemplo de cómo las relaciones Colombia-Venezuela sin duda entraron a un nuevo capítulo de colaboración y prosperidad en América Latina, un proceso que aún falta por potenciar y dinamizar, pero que se espera no se detenga y por el contrario se logre ampliar y potenciar hacia escenarios de unidad regional más amplios.
Algunos datos
El comercio entre Colombia y Venezuela ha mostrado un incremento notable. En los primeros siete meses de 2024, el intercambio comercial creció un 36,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 607,3 millones de dólares, según informe de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol).
Las exportaciones de Colombia hacia Venezuela crecieron 46,3% durante el período enero-julio de 2024, alcanzando un valor total de 525,4 millones de USD, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiano (DANE). En contracara las exportaciones desde Venezuela hacia Colombia se redujeron un 4,5% en los primeros 7 meses de 2024.
Las fronteras terrestres, especialmente los pasos entre Táchira y Norte de Santander, y Paraguachón y Maicao, concentraron la mayor parte del intercambio, con un 71,2% del total.
Esta dinámica de colaboración ha permitido no solo el flujo de bienes y servicios, sino también el fortalecimiento de sectores estratégicos como el agrícola en Colombia, impulsado por la importación de fertilizantes venezolanos.
Los productores colombianos, al tener acceso a insumos más baratos, han podido reducir costos de producción, lo que se ha convertido en una disminución de los precios de los alimentos y en un aumento de la oferta agrícola.
No obstante, esta reactivación de relaciones no ha estado exenta de críticas. Sectores oligarcas de Colombia, quienes históricamente han mantenido una postura confrontativa hacia el gobierno venezolano, han expresado su disconformidad con esta renovada colaboración.
En el ámbito energético, en especial, está la disputa
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la falta de información en los medios masivos hegemónicos de Colombia, sobre la importación de gas a altos precios, comparado con el costo menor que implicaría adquirirlo de Venezuela.
Durante el Sexto Encuentro y Feria de Energías Renovables en Barranquilla de 2023, Petro ya había criticado las elevadas tarifas de las termoeléctricas frente a las hidroeléctricas y afirmó que, aunque el país lleva años importando gas más caro desde otros lugares, los medios no lo mencionan debido a los intereses empresariales de figuras influyentes en el sector energético, como Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Un año después, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en una rueda de prensa anuncio:
“Hemos avanzado con (la petrolera estatal venezolana) PDVSA Gas SAS y Cenit (compañía transportadora), nuestra filial, en hacer un recorrido físico por toda la instalación en el tramo de Colombia (del gasoducto Antonio Ricaurte), que son cerca de 98 kilómetros, y se ha identificado que en una ventana de tiempo de entre 10 y 14 meses podría estar el gasoducto en disposición”
Las cifras hablan por sí mismas: el fortalecimiento de las relaciones bilaterales ha logrado ventajas económicas tangibles, que difícilmente pueden ser ignoradas.
Una Llamada a la Colaboración Regional y el Futuro en los BRICS+
El éxito de esta nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Venezuela subraya la importancia abierta de mantener un diálogo y constructivo entre las naciones de América Latina.
A través de la cooperación en sectores clave como la energía y la agricultura, ambos países pueden no solo resolver problemas internos, sino también fortalecer su posición en la región y en el escenario global.
En este contexto, sería ideal que tanto Colombia como Venezuela consideren unirse en bloque a los BRICS+, lo que les permitiría ampliar sus lazos comerciales y diplomáticos más allá de la región, consolidándose como actores clave en la construcción de un futuro de paz y prosperidad para América Latina.
En última instancia, la colaboración mutua y la integración económica son pasos esenciales hacia la consolidación de América Latina como una región de paz y desarrollo sostenible.
Si duda, el gobierno de Gustavo Petro ha demostrado que una relación fortalecida con Venezuela no solo es posible, sino que es muy necesaria en todos los ámbitos pues además de fortalecer los lazos económicos se torna beneficiosa en materia de seguridad, dialogo entre los pueblos, en asuntos de política de paz, en temas de ciencia, tecnología, innovación, entre otras.
Ahora, el desafío es seguir construyendo sobre esta base alcanzada para que ambas naciones continúen avanzando juntas hacia un futuro más autónomo, soberano, en paz, próspero y equitativo, tanto para sus ciudadanos como para la región en su conjunto.
Panorama internacional
1.- Un tercio de los alimentos se pierde o desperdicia en el mundo
En un mundo donde más de 700 millones de personas pasan hambre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llamó de nuevo este viernes 27 a frenar la pérdida y el desperdicio de alimentos, la tercera parte de lo que se produce en sembrados, granjas y pesquerías.
Qu Dongyu, director general de la FAO, expuso que “al reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, los países y las comunidades pueden beneficiarse de una mayor seguridad alimentaria, el acceso a dietas saludables y una menor malnutrición, al tiempo que disminuyen su huella de gases de efecto invernadero en el mundo”.
Más de 13 % de los alimentos se pierden a nivel mundial en la cadena de suministro después de la cosecha en las granjas y antes de la etapa de venta minorista.
Luego, el desperdicio de alimentos, que se produce en los niveles minorista, de servicios de alimentación y en los hogares, asciende a 19 %, según estadísticas compiladas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente (Pnuma).
Por otra parte, se calcula que la pérdida y el desperdicio de alimentos representan entre el ocho y 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, que calientan la atmósfera y contribuyen a la crisis climática.
El gas metano producido por la pérdida de alimentos en descomposición también tiene un potencial mucho mayor para atrapar el calor que el dióxido de carbono (CO2), todo lo cual incide negativamente en el medio ambiente.
La pérdida de alimentos después de que se recolectan y antes de llegar a las tiendas, por fallas en su manejo, transporte o almacenaje, se estima mundialmente en más de 400 000 millones de dólares anuales, y el desperdicio en la venta al por menor, restaurantes u hogares puede ser una vez y media esa cifra.
Un estudio del Pnuma indicó que solo en el año 2022 se generaron 1050 millones de toneladas de residuos alimenticios, incluidas las partes no comestibles, lo que supone 132 kilogramos per cápita y casi una quinta parte de todos los alimentos disponibles para los consumidores.
De esos alimentos desechados en 2022, 60 % se tiró en casas particulares, 28 % en los servicios de alimentación y 12 % en el comercio minorista.
Un estudio de perspectivas agrícolas de la FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde, de naciones industriales y emergentes) para el período 2024-2033 proyectó que reducir a la mitad la pérdida y el desperdicio de alimentos reduciría cuatro por ciento las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la agricultura.
Al mismo tiempo, con esa reducción a la mitad en pérdidas y desperdicio el número de personas desnutridas se reduciría en 153 millones para el año 2030.
Qu dijo que para lograr esos objetivos es muy necesario aumentar las inversiones en materia de clima y rediseñar y ampliar los sistemas de almacenamiento, para reducir las pérdidas de alimentos en las fases iniciales de la cadena de suministro, en particular en las economías de bajos ingresos.
También es fundamental aumentar la concienciación pública y la educación de los consumidores a nivel de los hogares, y aplicar esas medidas a nivel mundial.
La FAO desarrolla entretanto tecnologías para cuantificar la pérdida de alimentos en los cultivos a nivel micro, y facilitar los esfuerzos para lograr el objetivo de cero emisiones netas. Una aplicación en ese sentido se instrumenta por ejemplo entre los productores de arroz en la República Dominicana.
En otros países la organización impulsa la capacitación sobre mejores prácticas de manipulación, clasificación y envasado, que por ejemplo permitió reducir en 38 % las pérdidas para los productores de tomates en Filipinas, y en cinco por ciento para los de dasheen (papa u ocumo chino) en Trinidad y Tobago.
Para renovar sus mensajes con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, este 29 de septiembre, la FAO y el Pnuma invitaron a sumarse a figuras destacadas de la culinaria internacional.
Entre ellos Douglas McMaster, fundador del primer restaurante cero residuos Silo en el Reino Unido, y Fatmata Binta, la primera africana en recibir el Basque Culinary World Prize en 2022, que apoya a las mujeres agricultoras en su cultivo de fonio, un mijo resistente al clima y nutritivo,.
También al chef David Hertz, cofundador de la escuela de cocina brasileña Gastromotiva, donde incorpora soluciones sustentables en la gastronomía y promueve la inclusión social, y Leyla Fathalla, una destacada chef del Medio Oriente que trabaja por la eliminación de la pérdida y el desperdicio de alimentos.
Además se prepara un videoclip con miembros del mundialmente famoso equipo de baloncesto Harlem Globetrotters, en el que hablan con jóvenes estudiantes sobre la importancia de una dieta saludable y las medidas que pueden adoptar para minimizar el desperdicio de alimentos.
2.-China: 263.000 millones de euros de deuda para frenar la crisis
Este año China emitirá 263.000 millones de euros de deuda para frenar la crisis económica. El estímulo tiene como objetivo luchar contra la deflación y el débil crecimiento económico.
El Ministerio de Economía planea emitir 132.000.000lones de euros principalmente para impulsar el consumo. La preocupación por la crisis económica posterior a la pandemia ha impulsado esta iniciativa del gobierno. Parte de los fondos se destinarán a subvenciones para el mercado y la renovación de bienes de consumo, así como a la modernización de equipos comerciales a gran escala.
Además, el Ministerio tiene la intención de proporcionar una asignación mensual de alrededor de poco más de 100 euros por niño a los hogares con dos o más hijos (excluido el mayor). Esta medida pretende impulsar el gasto de los hogares, que actualmente representa menos del 40 por ciento del PIB, significativamente por debajo del promedio mundial.
Por otra parte, China pretende recaudar otro billón de yuanes mediante otra emisión especial de deuda soberana. Los fondos se utilizarán para abordar los problemas de deuda de las administraciones locales, una preocupación creciente dado que históricamente la mayor parte de los estímulos se han canalizado hacia la inversión, lo que ha llevado a rendimientos decrecientes y una acumulación sustancial de deuda.
Los dirigentes chinos quieren un crecimiento económico de alrededor del 5 por ciento fijado para este año y estabilizar el mercado inmobiliario. Se han comprometido a utilizar bonos soberanos especiales y asegurar el gasto presupuestario necesario.
Esta expansión se produce tras el anuncio del banco central de medidas de estímulo monetario y de apoyo al mercado inmobiliario mayores de lo esperado, destinadas a restablecer la confianza. Estas medidas incluyen inyecciones de liquidez y menores costos de endeudamiento, lo que ha aliviado una situación que empezaba a ser dramática.
Las medidas de estímulo destinadas a reactivar la economía incluyen planes para fortalecer el apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas a través de subsidios al empleo, desgravaciones fiscales y reducciones de tarifas para aliviar sus cargas operativas.
Las previsiones añaden un apoyo fiscal adicional para el gasto en vivienda y bienestar social en los próximos meses. Según Bloomberg, el gobierno de Pekin estudia inyectar hasta un billón de yuanes en sus bancos públicos más grandes para salir de la crisis económica, mediante la emisión de nuevos bonos, es decir, de deuda.
China ha desempeñado un papel central en el aumento de la deuda mundial en las últimas décadas. Las deudas crecen más que la economía. La deuda china aumentó más de 7 puntos hasta alcanzar el 272 por cien del PIB en 2022. La deuda pública siguió aumentando hasta alcanzar el 77 por cien del PIB.
Por el lado de la deuda privada, la tendencia es similar ya que el año pasado se acercaron al 200 por cien del PIB. En general, la deuda en 2022 aumentó 25 puntos con respecto a su nivel anterior a la pandemia.