Panorama Económico Latinoamericano – Del 8 al15 de mayo de 2024
ndígenas reafirman su protagonismo y la lucha por tierra en Brasil
Mario Osava*
Los indígenas son muy pocos en Brasil, solo 0,83 % de la población nacional, y vulnerables. Pero la fuerza creciente de su presencia y de su legitimidad como protagonistas se manifiesta todos los años en abril.
El Campamento Tierra Libre (ATL, en portugués) reunió cerca de 9000 representantes de “200 pueblos que vinieron de todos las regiones y biomas de ese territorio brasileño” del 22 al 26 de abril en Brasilia, según la “Declaración urgente de los pueblos indígenas de Brasil”, divulgado al final del encuentro.
“Nuestro marco es ancestral, estuvimos siempre acá” fue la consigna de la manifestación, en protesta contra la llamada ley del Marco Temporal, que limita la demarcación de territorios indígenas a las tierras que estaban ocupadas por los demandantes el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución nacional.
Es la “ley del genocidio”, definieron los líderes del campamento a la norma legal aprobada por el Congreso el 27 de septiembre de 2023, en contraposición al Supremo Tribunal Federal (STF) que, una semana antes, la había reconocido como inconstitucional.
La Constitución asegura a los indígenas “los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” y que son “necesarias a su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones”. Al Estado le toca demarcarlas y protegerlas.
El antagonismo entre los poderes involucra también al Ejecutivo, ya que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó las disposiciones legales que imponían el marco temporal, pero su veto resultó anulado por senadores y diputados conservadores, en gran parte de extrema derecha de la llamada “bancada ruralista”, vinculada al agronegocio de exportación.
La declaración del Campamento Tierra Libre reclama del STF una urgente confirmación de inconstitucionalidad del marco temporal, para contener la ola de violencia desatada contra los indígenas. Dice temer que “se acobarden” las autoridades, especialmente los jueces supremos.
Las mujeres conquistaron papel relevante en la lucha indígena por tierra y otros derechos reconocidos por la Constitución. Eso se refleja en el Ministerio de los Pueblos Indígenas y Fundación del Pueblo Indígena, ambas instituciones dirigidas por mujeres. Imagen: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Derechos bajo riesgo
Tras cuatro décadas de ascenso del movimiento indígena, de rescate de sus identidades y reconocimiento de su papel nacional y ambiental, los pueblos originarios enfrentan una ola adversa, impulsada por la extrema derecha, de que el marco temporal hace parte.
La afirmación étnica y de los derechos registró un empuje nacional en los años 70, cuando los pueblos indígenas sufrían el genocidio estimulado por la dictadura militar de 1964 a 1985, en su estrategia de avance económico al oeste y en la Amazonia.
Grandes proyectos hidroeléctricos, largas carreteras y la “colonización” agrícola de tierras consideradas “vacías de gente” provocaron masacres y epidemias que diezmaron numerosos grupos indígenas, también directamente asesinados por expediciones de exterminio.
Pero ya había organizaciones sociales, como el católico Consejo Misionero Indigenista, grupos de antropólogos y la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai, ahora de los Pueblos Indígenas en lugar del indio) en defensa de los pueblos originarios, que empezaban a organizarse localmente y nacionalmente.
Ese movimiento incipiente y todavía disperso logró la movilización necesaria para influir en la elaboración de la Constitución nacional de 1988, para definir y fijar derechos, especialmente los territoriales, que aseguran desde entonces las crecientes conquistas obtenidas en justicia, la salud, educación y cultura.
El orgullo de ser indígena se refleja en el crecimiento de su población en los censos. En Brasil se considera el color o la etnia declarada por el propio entrevistado en el censo.
Se declararon indígenas en el censo nacional de 2022 exactamente 1 693 535 personas en un país de 203 millones de habitantes. Eso representó un aumento de 88,8 % sobre el conteo anterior, de 2010, cuando ellos se limitaron a 896 917.
El aumento sorprende desde el primer censo en que aparecen con identidad propia, el de 1991. Eran solo 294 131, es decir casi sextuplicaron en 31 años. No se trata solo de fecundidad o reducción de la mortalidad, la mayor parte se debió a la reafirmación de las identidades indígenas por gente que antes ocultaba su condición étnica.
Uno de los fundadores de la Unión Nacional de los Indígenas de Brasil (Uni, formalizada en 1980), Marcos Terena, se presentaba como japonés en su adolescencia, como forma de eludir burlas y el racismo.
Otro fundador, Ailton Krenak, tuvo papel destacado para la inclusión de los derechos indígenas en la Constitución y se eligió en octubre de 2023 como el primer indígena miembro de la Academia Brasileña de Letras. Su libro “Ideas para aplazar el fin del mundo” obtuvo gran repercusión.
La crisis climática fortaleció la legitimidad de los pueblos originarios como guardianes de la naturaleza. Ellos suman solo 5 % de la población mundial, pero sus territorios acogen 82 % de la biodiversidad planetaria, buena parte en la Amazonia, destaca la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajara.
Declive de demarcación de tierras
La Constitución aceleró la demarcación de los territorios. Desde entonces se demarcaron 448 de las llamadas Tierras Indígenas (TI), en un total de 511 que tuvieron su proceso concluido, según el Instituto Socioambiental, organización no gubernamental que tiene un gran acervo de datos de esa población y publica sus actualizaciones periódicamente.
Esas TI ocupan 13,8 % del territorio nacional de 8,5 millones de kilómetros cuadrados.
Aún quedan 255 áreas identificadas como indígenas, pero en distintas fases del proceso de demarcación a cargo de la Funai, que exige estudios antropológicos, debates abiertos a los afectados, fijación de los límites y trámites administrativos hasta la homologación por el presidente de la República.
La Constitución también abrió paso a conquistas como la Secretaria Especial de Salud Indígena, creada en 2010, para una asistencia más adecuada a esa población, y el Consejo Nacional de Política Indigenista, con mayoría de representantes indígenas, para formular políticas hacia esos pueblos.
En octubre de 2022 se eligieron dos diputadas indígenas. Antes solo se había elegido un diputado indígena, en 1982.
Lula, elegido presidente por el izquierdista Partido de los Trabajadores, creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas, dirigido por una lideresa indígena, Sonia Guajajara, y por primera vez la Funai es presidida también por una indígena, Joenia Wapichana.
Pero ese protagonismo político ocurre tras cuatro años del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro (2019-2022) que debilitó la Funai y otros instrumentos, incluso legales, de ejecución de políticas indigenistas. Es el único presidente desde la redemocratización del país en 1985 que no homologó ninguna TI.
Estimuló, además, la invasión de las TI existentes por la minería informal (el garimpo) y otras actividades destructivas, como la extracción de madera. El resultado es la contaminación de los ríos por el mercurio usado por los mineros, enfermedades neurológicas y epidemias de malaria.
El milenario pueblo yanomami, en el extremo norte en la frontera con Venezuela, sufrió la mortandad de mayor repercusión, especialmente de niños, por las enfermedades y el hambre generado por la destrucción de su modo de vida. Varios ríos amazónicos acumulan una peligrosa contaminación por mercurio.
Además Bolsonaro representó un ascenso de la extrema derecha que no se desmovilizó con su derrota en su intento de reelección en 2022, sino que se fortaleció en el Congreso y en los gobiernos de estados importantes, como São Paulo y Minas Gerais.
En ese contexto tuvo lugar el vigésimo Campamento Tierra Libre, con desafíos que tienden a estancar, o incluso retrotraer, el movimiento por derechos indígenas.
Durante sus anteriores ocho años de gestión (2003-2010), Lula, por ejemplo, no pudo cumplir la promesa de homologar las 14 TI que tenían todo el proceso concluido y que él prometió validar en sus primeros meses del gobierno iniciado en enero de 2023, pero solo homologó diez hasta ahora.
Dejó cuatro pendientes de negociaciones con otras autoridades, como los gobernadores de los estados involucrados.
Los líderes del Campamento indígena se reunieron con Lula y dirigentes de otros poderes en Brasilia, para presentar los 25 reclamos del movimiento, especialmente la demarcación de tierras y fortalecimiento del ministerio y órganos indigenistas. Al parecer comprendieron las limitaciones del Poder Ejecutivo en la actual coyuntura.
“El ATL reveló madurez, al cuestionar el presidente y los ministros, comprendió los límites del Ministerio de los Pueblos Indígenas y la FUNAI. Además la manifestación une los pueblos indígenas y sigue una tradición, que sirve de ejemplo a otros sectores de la sociedad”, evaluó Marcio Santilli, socio fundador del Instituto Socioambiental, para IPS por teléfono desde Brasilia.
Cuba aspira a reavivar su industria cañera más allá del azúcar
Luis Brizuela
La agroindustria azucarera en Cuba sigue sin visos de recuperación, con la persistente escasez de azúcar como uno de los síntomas evidentes y a la espera de concretar planes para modernizar los ingenios, aumentar producciones y elevar los aportes de energía renovable.
“Los privados tienen azúcar importada, pero muy cara. La de la bodega (establecimiento estatal) es poca y viene con atrasos. Trato de guardarla para el café, la leche y algún que otro jugo. Se ha vuelto muy difícil hacer dulces en casa”, comentó a IPS la jubilada Nidia Ferrera, una residente en La Habana que trabajó en el sector bancario.
La producción azucarera fue el pilar de la economía de este país caribeño durante el siglo XIX y casi la totalidad del XX.
El descenso productivo impide cubrir la demanda interna de sacarosa, mientras se ha complicado la importación ante la escasez de divisas, debido a la agudizada crisis económica.
Para distribuir a la población, satisfacer la demanda del turismo y la producción de medicamentos y manufacturas, la isla ha debido importar azúcar de Brasil, Colombia y Francia.
El azúcar es uno de los productos de la cartilla de racionamiento, a razón de cuatro libras (1,8 kilogramos) mensuales por persona. Desde 2023 se registran atrasos en la distribución y no se vende de manera liberada en mercados estatales o tiendas en divisas.
Negocios privados ofertan el kilogramo de azúcar refino importado entre 700 y 800 pesos, poco más de dos dólares según la cotización informal de la divisa estadounidense.
Algunas personas recurren al trueque o al mercado negro donde un kilogramo de azúcar crudo oscila los 1,5 dólares. Una pensión mínima en la isla equivale a unos cuatro dólares y el salario medio a poco más de 12 dólares, tomado como referencia el cambio en el mercado informal de divisas.
“Quien diría que llegaríamos a esta situación; un país gran productor de azúcar y ahora no puede autoabastecerse”, señaló a IPS Ramón Escobar, ingeniero agrónomo, jubilado y extrabajador del desmantelado ingenio Camilo Cienfuegos, en la localidad de Hershey, de la occidental provincia de Mayabeque.
A juicio de Escobar, desmantelar una mayoría de los centrales “fue el tiro de gracia a una industria que es parte de nuestra cultura e identidad. Se perdieron profesionales, fuerza de trabajo, saberes y recuperarse será muy difícil”.
Factores adversos
Con la desaparición de la Unión Soviética, a inicios de la década de los 90, Cuba perdió su principal mercado para el azúcar y el suministrador del combustible para un sector que incorporó un elevado porcentaje de mecanización.
A partir de 2002 inició la llamada Tarea Álvaro Reynoso -un notable científico cubano del siglo XIX, estudioso de la caña de azúcar- dirigida a un redimensionamiento y reestructuración del sector azucarero, debido a los bajos precios del edulcorante en el mercado internacional.
La estrategia buscaba asimismo reducir costos y producir no más de cuatro millones de toneladas de azúcar anuales.
Entre 2002 y 2004 el país redujo sus centrales de 156 a 61, -en la actualidad quedan 56- eliminó más de 100 000 puestos de trabajo y disminuyó la superficie de cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum).
El sector azucarero dispone de 1 400 000 hectáreas de tierras, de las cuales 60 % se dedican al consumo de la caña, precisó en diciembre Julio García, director del Grupo Empresarial Azucarero (Azcuba), entidad estatal que sustituyó en 2011 al otrora Ministerio del Azúcar.
Pero “hay un por ciento de esas tierras que están vacías por las dificultades con la preparación de los suelos”, acotó el directivo durante una comparecencia televisiva.
A inicios de 2023 se registraban unas 350 000 hectáreas de tierras ociosas sin cultivar dentro de agricultura cañera, alertaban entonces expertos.
La Tarea Álvaro Reynoso generó efectos sociales desfavorables como la paralización de la vida económica de bateyes y comunidades aledañas, lo cual exacerbó la emigración a ciudades de no pocas personas, en busca de empleo. También se perdió parte del capital humano formado durante décadas en instituciones científicas y técnicas del país, además de prácticas identitarias.
Tales factores, entre otros, afectaron el estímulo e interés por la producción cañera, pilar de una agroindustria con efecto transversal y sistémico en la economía cubana.
Estadísticas indican que más de 180 000 personas -unas 700 000 contando las familias- se vinculan directa o indirectamente con el sector azucarero en este país de 11 millones de habitantes.
Producción azucarera en declive
Las más recientes zafras no sobrepasan el medio millón de toneladas de azúcar.
La de 2021-2022 aportó 473 000 toneladas métricas y la 2022-2023 quedó en alrededor de 350 000 toneladas, la cota más baja en más de un siglo, y apenas 4,3 % de los 8,1 millones de toneladas obtenidas en 1989. Tales producciones no alcanzan siquiera a completar el consumo interno, estimado en unas 600 000 toneladas.
Para la molienda 2023-2024 (de diciembre a mayo, aproximadamente) se contemplaron 25 ingenios activos en distintas etapas, aunque no se divulgó de manera pública el plan de producción. “Esperamos una zafra superior a la precedente, con capacidad para asegurar la demanda de la economía y destinar una parte a la exportación. Será una zafra corta pero eficiente”, aseguró García a fines del año pasado.
Sin embargo, al cierre del primer trimestre muestran incumplimientos actividades económicas clave como las principales producciones agropecuarias, de azúcar y otros derivados, reconoció el 28 de abril el titular de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros.
Informes gubernamentales señalan al embargo estadounidense como un obstáculo para el acceso a créditos, combustibles, fertilizantes, herbicidas y piezas de repuesto de trasporte y maquinarias.
Plagas, ciclones tropicales, lluvias intensas o sequías afectaron las plantaciones cañeras en la última década.
Asimismo, terrenos degradados, siembras deficientes, escasas áreas bajo riego, junto con la obsolescencia tecnológica de los ingenios –algunos con más de un siglo en explotación- y la maquinaria conspiran contra los rendimientos agrícolas e industriales.
Al reunirse en diciembre la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento cubano, se informó que durante 2022 se sembraron en el país 63 400 hectáreas de caña, 42 % del plan; y que al término de 2023 se plantaron solo 40 689 (32 %), debido principalmente a la falta de combustible.
La ansiada transformación del sector azucarero tampoco parece posible de mantener el actual volumen de inversiones.
En 2023 esa esfera recibió capitales por 369,1 millones de pesos (tres millones de dólares), apenas 0,4 % del total; cifra inferior a los 410,1 millones de pesos (3,4 millones de dólares) del año precedente, según la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).
Potencial energético
En diciembre de 2021, a partir de indicaciones del expresidente Raúl Castro (2008-2018), el Comité Central Partido Comunista (único legal) aprobó un paquete de 93 medidas dirigidas a “salvar” la industria azucarera cubana, sus derivados y la generación de energía.
La estrategia en marcha contempla un nuevo modelo económico para obtener divisas y financiar la mayoría de los gastos de la zafra, pagar deudas con productores, compensar resultados de actividades irrentables, así como dedicar financiamiento a proyectos de ciencia e innovación.
El modelo de negocio “se basa en la diversificación de la producción, el encadenamiento productivo y la participación de las cadenas de valor de los productos hasta el cliente final”, explicó el 24 de abril Carlos González, director de derivados de Azcuba, durante una conferencia de prensa en La Habana a la cual asistió IPS.
El directivo subrayó que Cuba aspira a sacar provecho de la modernización de la industria azucarera para, además de sacarosa, aumentar los volúmenes de alcoholes, aguardientes, rones y licores; tableros de bagazo, glucosa, sorbitol, biofertilizantes, levadura torula y mieles proteicas de alimento animal, así como bioproductos e insumos especiales para investigaciones biológicas y tecnologías de avanzada.
Cuba tiene en la biomasa cañera, incluido el bagazo, una fuente fundamental para producir energía térmica y electricidad, así como respaldar los planes para que del 5 % actual alrededor de 30 % de la matriz energética en 2030 descanse en fuentes renovables.
A una pregunta de IPS sobre el peso de la industria azucarera en ese proceso, González convino en que en la actualidad “no es mucho”, debido a las bajas producciones de caña, azúcar y derivados.
No obstante, acotó, “estamos con varios proyectos para buscar financiamiento en varias fábricas, para ampliar la cantidad de biodigestores”.
El Atlas de Bioenergía de Cuba en 2022 apunta que la destilación de alcohol en la industria azucarera –mediante el procesamiento de la vinaza- es la actividad productiva con mayor potencial de producción de biogás del país.
A ello se suma la cachaza, residuo resultante del filtrado del jugo durante la clarificación del jugo de caña, también con alto contenido de sustancias orgánicas biodegradables.
El texto refiere que el potencial de producción de biogás industrial asciende a más de 71 millones de metros cúbicos al año.
Ese volumen representa 69 676 toneladas equivalentes de petróleo anuales o 27 720 megavatios hora (MWh) al año, cifras determinadas por el potencial de la industria azucarera, compara.
La inflación en Brasil cerró 2023 en 4,62% dentro de la meta prevista
La inflación en Brasil cerró el 2023 dentro de la meta establecida, algo que no ocurría desde 2020. El Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), publicado el pasado jueves 11 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), registró una variación del 4,62% en el primer año de gobierno del presidente Lula da Silva (Partido de los Trabajadores). La meta prevista era del 4,75%.
En 2021, el IPCA cerró con un aumento del 10,06%. En 2022, el 5,79%. Ambos fueron los últimos años de la gestión del expresidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal).
A lo largo de 2023, la inflación fue más baja debido principalmente a un menor aumento en el precio de alimentos y bebidas. En 2022, estos productos habían aumentado un 11,64% y contribuyeron con 2,41 puntos porcentuales al índice general del 5,79%. Esto significa que aproximadamente el 40% de toda la inflación de ese año fue causada por aumentos de alimentos.
En 2023, los alimentos subieron un 1,03%. Esto impactó la inflación en 0,23 puntos. Es decir, los alimentos fueron responsables de menos del 5% del índice final. El precio de los artículos de transporte aumentó un 7,14%, empujando al alza la inflación. Del 4,62%, 1,46 puntos porcentuales tienen que ver con el transporte.
El incremento está relacionado con el aumento del 12,09% de la nafta durante 2023. Este aumento se produjo, en parte, porque el gobiero federal volvió a cobrar impuestos sobre el combustible. Bolsonaro había reducido a cero los impuestos en vísperas de las elecciones de 2022. Debido a la reducción del impuesto sobre los combustibles, el precio de los artículos de transporte cayó el año pasado un 1,29%.
Según el IBGE, los artículos de salud aumentaron un 6,58% en 2023 debido a un aumento de hasta un 9,63% en los planes de salud. Los rubros de vivienda subieron un 5,06%, presionados por el alza del 9,52% de la energía eléctrica residencial. En índices regionales, Brasilia (DF) fue la zona con más inflación en 2023: 5.50%. El resultado más bajo fue en São Luís (Maranhão): 1,70%, impulsado por la caída del 13,52% en los precios de la carne.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), a su vez, cerró el año en 3,71%. También estuvo por debajo del 5,93% registrado en 2022.El INPC es el índice utilizado en Brasil para calcular el aumento del salario mínimo. A finales de 2024, este índice se sumará al porcentaje de crecimiento económico de 2023 para definir el valor del piso salarial nacional a partir de 2025.
Nuevo acuerdo con el FMI, vieja receta
Stalin Vargas M.
El ¨FMI y Ecuador alcanzan un Acuerdo a nivel de personal técnico sobre un nuevo Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 48 Meses, por un monto en derechos especiales de giro (DEG) de 3.000 millones (aproximadamente US $4.000 millones y 430 por ciento de la cuota). Este acuerdo, que está sujeto a la aprobación de la Gerencia y el directorio ejecutivo del FMI, proporcionaría apoyo a las políticas económicas de Ecuador durante los próximos cuatro años¨[1].
Según el FMI, es para ¨fortalecer la sostenibilidad fiscal, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fomentar un crecimiento fuerte e inclusivo, al tiempo que protege a los más vulnerables¨[2].
Al anunciar el nuevo acuerdo, el FMI el 25 de abril dijo que ¨personal técnico del FMI acoge con agrado los esfuerzos de reforma realizados por las autoridades «para ayudar a fortalecer la sostenibilidad fiscal, salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fomentar una economía más fuerte e inclusiva»[3].
En concreto el FMI, saluda la aprobación de las leyes económico-urgentes: Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, Ley Orgánica de Competitividad Energética, que incluyen las zonas francas, las alianzas público-privadas, el perdón de las deudas con el SRI, la elevación del IVA al 15%, la privatización del sector eléctrico. Estas leyes fueron aprobadas en la Asamblea Nacional por parte de una mayoría legislativa conformada por ADN-RC5-PSC, a la que se sumaron Construye, Avanza, PSP y los denominados independientes.
El presidente Noboa hizo los primeros deberes para que el FMI le apruebe y decida un nuevo acuerdo para los próximos 4 años. Tiempo en el cual el gobierno debe continuar con el ajuste neoliberal, cumplir con los puntos pendientes con ese organismo:
Eliminar los subsidios a los combustibles
Concesionar (privatizar) las empresas más rentables del Estado
Achicar el tamaño del Estado (despidos), particularmente en el sector público
Reforma de la seguridad social (incrementar la edad para la jubilación, incrementar los aportes mensuales, reducir la pensión jubilar).
El nuevo préstamo del FMI no es para el desarrollo del país, es para pagar la deuda que mantiene el Estado ecuatoriano con el FMI. Veamos cuáles son los vencimientos de la deuda que debe pagar el país:
| AÑO | MONTO Millones de dólares |
| 2024 | 542,54 |
| 2025 | 1148,44 |
| 2026 | 1070,09 |
| 2027 | 1261,04 |
| 2028 | 1261,04 |
| 2029 | 1188,17 |
| 2030 | 1034,31 |
| 2031 | 270,51 |
| 2032 | 190,95 |
| TOTAL | 7967,09 |
Adicional a esto los préstamos que vienen del FMI, deben ir a las cuentas de la reserva monetaria internacional, para garantizar el pago de la deuda al propio FMI y a los tenedores de los bonos de la deuda. Vale señalar que ¨El bono ecuatoriano emitido en Wall Street con vencimiento a 2030 subió 50% este año, para ubicarse actualmente en un precio que está por encima de los US$70¨. Los tenedores de los bonos de la deuda externa están felices.
Para seguir cumpliendo con el FMI, el gobierno del presidente Noboa, emitió el Decreto 254 en el que conformó el Comité de Optimización Energética, para ¨Diseñar una propuesta de política pública para establecer un esquema de distribución y estabilización de precios de los combustibles fósiles que proteja la población y a la economía de las fluctuaciones de los precios internacionales de los hidrocarburos y sus derivados. Diseñar una propuesta de política pública que garantice la priorización de la dimensión distributiva en el esquema de estabilización de precios¨[4].
En concreto, el Comité de Optimización Energética es para eliminar el subsidio a los combustibles y poner el precio del galón de gasolina y diésel a nivel internacional. Ya se anuncia que el incremento a partir del segundo semestre será de 10 centavos de dólar mensuales durante 6 meses, es decir la elevación será de 60 centavos, con lo cual el galón de gasolina extra y Ecopaís costará 3,053 dólares.
Se viene un nuevo enfrentamiento con el gobierno neoliberal.
Notas
[1] https://www.imf.org/es/News/Articles/2024/04/25/pr-24127-ecuador-new-48-month-eff-arrangement
[2] Ibid.
[3] FMI y Ecuador llegan a un acuerdo técnico para nuevo crédito por USD 4.000 millones (primicias.ec)
[4] ¿Qué alcance tiene el comité que planteará revisión de precios de los combustibles? (primicias.ec)
* Expresidente de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador
Revisión del salario mínimo coincide con caos de Boluarte
Aumentos del salario mínimo han coincidido con episodios de baja aprobación presidencial. Fortalecer el mecanismo de ajuste del salario mínimo reduciría su uso político, según informe del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú.
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, indicó que un eventual aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) es “uno de los mayores deseos del Ejecutivo de Dina Boluarte”.
Sin embargo, hay dos aspectos que el Banco Central de Reserva (BCR) resaltó en su último Reporte de Inflación sobre las revisiones al salario mínimo que se han dado en las dos últimas décadas y que es crucial tomarlas en cuenta para lograr un adecuado balance entre sostener el bienestar de los trabajadores y minimizar las distorsiones sobre el mercado laboral.
En primer lugar, el BCR ha expuesto una práctica en el Perú que no debería repetirse: a pesar de tener una metodología para actualizar la RMV, los aumentos han estado más ligados a factores políticos que a consideraciones técnicas.
Argumentó que una investigación realizada por los economistas del BCR, Renzo Castellares, Omar Ghurra y Hiroshi Toma, concluyó que, entre 2002 y 2023, 11 de los 13 aumentos del salario mínimo ocurrieron durante períodos electorales o de baja aprobación presidencial.
Este hallazgo adquiere una relevancia significativa en el actual panorama político, especialmente a la luz del anuncio de revisión realizado por Maurate y el creciente descontento hacia la gestión de la presidenta.
Este último aspecto se ve alimentado por diversas controversias, como las incongruencias en torno a los Rolex, el papel de su hermano en su mandato y la polémica con el ministro de Economía sobre la percepción de debilidad de su gobierno. Según Ipsos Perú, en abril, el 86% de la población desaprueba la gestión de Boluarte.
Sin definir
Otro aspecto por considerar, según el informe del BCR, es que la metodología de actualización de la RMV, aprobada por el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) en 2007, aún carece de una definición operativa precisa de las variables económicas a utilizar.
Según la autoridad monetaria, fortalecer dicho mecanismo proporcionaría mayor predictibilidad en los ajustes futuros y reduciría el uso político de la RMV.
Para César Puntriano, socio principal del Estudio Muñiz, aunque la metodología proporciona un respaldo técnico, su aplicación ha sido descuidada debido al enfoque político predominante en torno a la RMV.
El especialista señaló que uno de los criterios contemplados en la propuesta del CNT se relaciona con la productividad, y se ha mencionado con frecuencia que esta no es uniforme entre los distintos sectores ni en todas las regiones.
Dijo que, sin embargo, establecer aumentos diferenciados del salario mínimo no es una medida popular, ya que es posible que las regiones menos productivas sean las que cuenten con más votantes, lo cual podría no ser conveniente para el gobierno en funciones.
Mexicanos trabajan más horas, pero no se refleja en su aporte al PIB
Clara Zepeda
México es líder en horas trabajadas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero eso no se refleja en su productividad, pues con 2 mil 137 horas anuales por trabajador, casi duplica el número que se registra en potencias mundiales como Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, la aportación al producto interno bruto (PIB) por cada hora trabajada es muy baja, sólo 22.2 dólares por hora aportados a la economía, un promedio muy por debajo de países con menor número de horas laborales, como Estados Unidos que promedia 77.1 dólares, e Irlanda, con sólo mil 772 horas laboradas al año, pero que aporta 109.5 dólares por hora a su economía por cada trabajador.
Sabemos que el número de horas trabajadas no necesariamente está relacionada con la productividad laboral ya que ésta es mucho más compleja. Tener empleados productivos implica una excelente cultura laboral, cuidado y atención de riesgos sicosociales y atención a la salud mental de los colaboradores, entre otras acciones, sostuvo Yunue Cárdenas, coordinadora del HUB de psicología de Affor Health, empresa especializada en gestionar y mejorar la salud sicosocial de las personas en las organizaciones.
Sin embargo, el fenómeno de presentismo laboral se ha vuelto una problemática creciente que afecta tanto a los empleados como a las empresas. El presentismo se refiere a la situación en la que el trabajador asiste a su puesto de trabajo, cumple con su jornada y algunas tareas, pero su rendimiento es bajo.
Affor Health, consultora especializada en gestión preventiva sicosocial, sostiene que si bien no se trata de un fenómeno nuevo, el presentismo laboral está afectando la productividad de las empresas.
Sus causas pueden ser cargas de trabajo excesivas, estrés, ansiedad, depresión, burnout e incluso un ambiente laboral negativo.
Ante el regreso a las oficinas después del covid, muchas empresas están revaluando sus procesos y están entendiendo que responder un mail o un mensaje no necesariamente es sinónimo de productividad laboral y que ésta se relaciona más con el cuidado a la salud mental y clima organizacional.
Si bien el presentismo laboral es multifactorial, la falta de atención a los riesgos sicosociales del espacio laboral suelen ser sus principales detonadores. De ahí, la importancia de que las empresas analicen sus riesgos y pongan en práctica acciones para cuidar la salud mental de sus empleados.
Panorama internacional
1.- Salud mental en el trabajo y el lucro privado de una minoría
Eduardo Camin*
Las enfermedades mentales han sido reconocidas desde tiempo primitivos. Antiguos escritos griegos y egipcios mencionan síntomas que hoy podrían ser considerados y avalados como evidencia subjetiva de las enfermedades mentales. De aquella información disponible, podemos asumir que en aquellos tiempos se pensaba que la mayoría de las enfermedades físicas y mentales eran causadas por espíritus endemoniados. Sin embargo, a diferencia de una enfermedad somática, la cual tiene a menudo una serie de causas probadas una enfermedad mental, puede tener variedad de causas.
No obstante, el abordaje de los trastornos mentales no es la única forma de entender la salud mental, sobre todo si consideramos que la mayoría de la población no padece ningún trastorno mental y por lo tanto no tiene un diagnóstico psiquiátrico: no necesita tomar psicofármacos, no necesita internamiento, ni amerita atención psiquiátrica especializada, pero puede llegar a tener problemas de salud mental con afectaciones en su salud emocional que implicará la necesidad de buscar alternativas terapéuticas como algún tipo de psicoterapia, sin necesidad de tomar psicofármacos, pero si hay factores determinantes.
En 2011, la Organización Mundial de la Salud publicaba un estudio titulado “Impact of economic crises on mental health”, en el que se analizaba el impacto en la salud mental de la crisis económica iniciada en 2007, donde se comprobaba la relación entre el cambio en la tasa de suicidios con respecto al cambio en la desigualdad según los valores del coeficiente de Gini en determinados países europeos.
A su vez, se comprobaba igualmente el riesgo de padecer enfermedades mentales en personas que veían incrementadas sus deudas económicas. En ambos casos se encontró una relación entre esos factores económicos y el incremento de enfermedades mentales y suicidios.
Estudios posteriores, entre la OMS y la OIT sobre salud mental en el trabajo no hicieron más que avalar esta tendencia. Se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial casi mil millones de dólares. Por lo tanto, es evidente que la situación económica es un factor determinante en la salud mental de las personas.
Empobrecimiento y salud mental
La situación de empobrecimiento generalizado que la clase trabajadora sufre cada día más en el capitalismo que genera numerosos problemas de salud, desde el estrés hasta la ansiedad y la depresión, que en ocasiones se convierten en suicidios.
El silencio generalizado sobre los suicidios en los medios, de (des) información lejos del temor al posible ‘efecto llamado’, está más relacionado con la incapacidad de encontrar factores que expliquen estos casos sin apuntar a la raíz de la gran mayoría de problemas que llevan a una persona a padecer problemas mentales que puedan acabar en suicidio, el propio sistema capitalista.
Las directrices mundiales de la OMS sobre la salud mental en el trabajo recomiendan medidas para hacer frente a los riesgos para la salud mental, como la gran carga de trabajo, los comportamientos negativos y otros factores que generan angustia en el trabajo. Por primera vez, la OMS recomienda la formación de los directivos para que puedan prevenir los entornos laborales estresantes y responder a los trabajadores que sufren.
El Informe Mundial de Salud Mental de la OMS, publicado en junio de 2022, mostró que de los mil millones de personas que viven con un trastorno mental en 2019, el 15% de los adultos en edad de trabajar experimentaron uno.. El trabajo amplifica problemas sociales más amplios que afectan negativamente a la salud mental, como la discriminación y la desigualdad. La intimidación y la violencia psicológica (también conocida como «mobbing» o acoso psicológico) son las quejas clave de acoso laboral que tienen un impacto negativo en la salud mental. Sin embargo, hablar o revelar la salud mental sigue siendo un tabú en los entornos laborales de todo el mundo.
Las directrices también recomiendan mejores formas de atender las necesidades de los trabajadores con problemas de salud mental, proponen intervenciones que apoyen su reincorporación al trabajo y, en el caso de los que padecen problemas graves de salud mental, ofrecen intervenciones que facilitan la incorporación al empleo remunerado. Es importante destacar que las directrices piden intervenciones dirigidas a la protección de los trabajadores sanitarios, humanitarios y de emergencias.
«El bienestar del individuo es razón suficiente para actuar, pero una mala salud mental también puede tener un impacto debilitante en el rendimiento y la productividad de una persona. Estas nuevas directrices pueden ayudar a prevenir situaciones y culturas laborales negativas y ofrecer una protección y un apoyo a la salud mental muy necesarios para los trabajadores.» ha dicho el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS
En otro documento de la OMS/OIT se explican las directrices de la OMS en términos de estrategias prácticas para los gobiernos, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones, en los sectores público y privado. El objetivo es apoyar la prevención de los riesgos para la salud mental, proteger y promover la salud mental en el trabajo, y apoyar a las personas con problemas de salud mental para que puedan participar y prosperar en el mundo del trabajo. Inversión y liderazgo serán fundamentales para la aplicación de las estrategias.
El Convenio de la OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (N°155) y la Recomendación N° 164) proporcionan un marco legal para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el Atlas de Salud Mental de la OMS descubrió que sólo el 35% de los países aseguraron contar con programas nacionales de promoción y prevención de la salud mental relacionada con el trabajo.
Por su parte la Covid-19 provoco un aumento del 25% en la ansiedad y la depresión en todo el mundo, lo que puso de manifiesto la falta de preparación de los gobiernos para lidiar con su impacto en la salud mental y reveló una escasez crónica de recursos de salud mental a nivel mundial. En 2020, los gobiernos de todo el mundo gastaron una media de sólo el 2% de los presupuestos sanitarios en salud mental, y los países de renta media-baja invirtieron menos del 1%.
El capitalismo principal causante
Sabemos de antemano que derivamos en un Waterloo en perspectivas: nada de lo que digamos perturbara las conciencias, pero, aunque lo enseñe Maquiavelo no es cierto que “el fin justifique los medios”. Ya que el fin no puede considerarse excelente cuando los medios son detestables, y es condenarse a todos los enojos el subordinar la moral, que es la única soberana.
Pero en un contexto social en el que la respuesta política brilla por su ausencia, se nos propone como modelo a seguir la figura del emprendedor, el «hombre hecho a sí mismo», la representación legítima del éxito en nuestra época. De igual manera, el sistema nos ofrece su particular solución para facilitar la pesada digestión de nuestros fracasos y frustraciones: la interiorización individual del desempleo, la precariedad o la frenética flexibilidad laboral generan niveles de estrés y sufrimiento que son tratados como trastornos mentales a base de ansiolíticos y otros psicofármacos, para consuelo de los grandes laboratorios.
Más de la mitad de la fuerza laboral mundial trabaja en la economía informal , más de 2500 millones de trabajadores, para los cuales no hay protección regulatoria en materia de salud y seguridad. Con frecuencia, estos trabajadores operan en entornos laborales inseguros, durante largas horas, con escaso o nulo acceso a protecciones sociales o financieras, y se enfrentan a la discriminación, todo lo cual puede redundar en detrimento de la salud mental. En 2019 se estimó que el 15% de los adultos en edad de trabajar tenía un trastorno menta. Se estima que cada año se pierden 12 000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, a un costo de mil millones de dólares por año en pérdida de productividad.
Aunque pueden los riesgos psicosociales pueden encontrarse en todos los sectores, algunos trabajadores tienen más probabilidades de estar expuestos a ellos, por la labor que realizan o los entornos en que se desempeñan y la manera de hacerlo. Los trabajadores de la salud, humanitarios o en situaciones de emergencia a menudo tienen que realizar tareas que conllevan riesgos elevados de exposición a eventos adversos, lo que puede afectar negativamente a su salud mental.
Las recesiones económicas o las emergencias humanitarias y de salud pública provocan riesgos como la pérdida de empleos, la inestabilidad financiera, la reducción de las oportunidades de empleo o el aumento del desempleo. Sin duda, el lugar de trabajo puede constituir un entorno que amplifique problemas generales que afectan negativamente a la salud mental, incluidas la discriminación y la desigualdad, basadas en factores como la raza, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la discapacidad, el origen social, la condición de migrante, la religión o la edad.
Lo veamos como lo veamo,s dentro del capitalismo la clase trabajadora no puede aspirar a un bienestar mental. La única forma de lograr reducir los factores que incrementan estos problemas es armonizar las relaciones de producción, superar todas las contradicciones del capitalismo, construir un sistema en el que la producción de bienes materiales se rija por criterios sociales, no por el afán de lucro privado de una minoría.
Como lo señalaba Karl Marx en «El Manifiesto Comunista “No ha dejado otro (…) vínculo entre hombre y hombre que el interés desnudo , que el frio “pago” en efectivo”(…) Ha disuelto la dignidad humana en valor de cambio.
* Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
2.- ¿Le importa la inflación?
León Bendesky *
¿Por qué a la gente le disgusta la inflación? Así se titulaba un largo estudio publicado en 1997 por Robert Shiller, profesor de finanzas de la Universidad de Yale. El asunto viene a cuento por la observación que recoge un reciente artículo de la revista The Economist acerca de que desde hace muchos meses y, en especial, ante las próximas elecciones en Estados Unidos, la gente está inconforme con la inflación que se registra en ese país y que acumula 19 por ciento desde que se inició el gobierno del presidente Biden.
Esto contrasta con el argumento de un conjunto de economistas de que las condiciones de relativa saturación del mercado de trabajo, que incide en el crecimiento de los precios por el aumento de la demanda y, al mismo tiempo, en el alza de los salarios reales (descontado el efecto de la inflación) son un factor positivo del desempeño de esa economía. El proceso se asocia con la política fiscal e industrial que ha impulsado el gobierno. El análisis económico y la percepción de la gente son divergentes en este punto relativo al valor del dinero y su impacto en el presupuesto familiar.
La consideración directa sobre el disgusto con la inflación es que provoca el aumento en el así llamado costo de la vida. Aun cuando haya ajustes en los ingresos nominales, como son los salarios, éstos no son siempre automáticos ni necesariamente suficientes. Si esto trata de compensarse con la indexación (vincular el cambio de una variable –el ingreso– a la evolución de un índice, es decir, de precios) el efecto resultante puede ser una aceleración del proceso inflacionario. Según Shiller, si la inflación se duplicara el año siguiente, ¿cuánto tiempo se necesitaría para que el ingreso de una familia alcanzara para comprar lo que compra hoy? O sea, ¿cuánto dura la corrección que se tiene que hacer por efecto del alza del índice de los precios? Es muy difícil estimarlo.
Por definición, la inflación equivale a la depreciación de la moneda frente a una canasta de consumo medida a precios del mercado. Si la inflación es muy alta influye también en el valor de la moneda nacional con respecto a otras divisas, se deprecia, y el efecto se propaga en los precios internos. Si la moneda nacional se aprecia favorece las importaciones y castiga las exportaciones, incidiendo también en los precios internos. Esto ha provocado un sentimiento de prestigio nacional, aunque no necesariamente mejore el ingreso real de la población en un entorno de inflación persistente.
En el caso del dólar, el artículo de The Economist recoge los resultados de una encuesta aplicada por la profesora Stephanie Stantcheva (de Harvard), que pregunta: ¿Por qué le disgusta la inflación? Para ello inquiere a los encuestados: a) ¿cómo afecta el alza de los precios a sus ahorros? y b) ¿cómo define la inflación en sus propias palabras? Los que responden señalan que la inflación hace menos asequibles las necesidades básicas y, por tanto, reduce los ingresos reales. Además, mayoritariamente opinaron que no advierten que la economía pueda estar en auge en condiciones de inflación, sino que esta indica que es precario el estado de la economía. Señalaron, también, que reducir la inflación es más relevante que la estabilidad financiera, o la reducción del desempleo, o conseguir un mayor crecimiento económico.
Entre las principales conclusiones del estudio de Stantcheva destaca el hecho de que la gente piensa que los incrementos de precios son esencialmente injustos, ensanchan la brecha entre los ricos y los pobres y que las empresas dejan subir los precios por avidez. Por otro lado, los consultados creen que los empleadores tienen mucho poder y discreción para fijar los salarios. Hay, así, poco espacio para considerar el funcionamiento de los mercados y, también, las regulaciones públicas en materia laboral y la relación que existe entre el nivel del desempleo y la inflación. Esto se conjunta con la idea de que la política pública es menos relevante para la expansión del empleo y, además, hay la creencia de que las alzas en los salarios son la responsabilidad individual de los trabajadores, asociada con su esfuerzo y no sólo un producto del crecimiento productivo y de la inflación.
El impacto de la inflación sobre los ingresos tiene que ver con las diferencias en el crecimiento de distintos tipos de bienes y servicios, incluyendo los salarios. Si todos los precios se ajustaran en la misma proporción no habría efectos relevantes de la inflación. No es lo mismo una inflación alta, aunque sea sostenida, que la hiperinflación, es decir, el rápido aumento de los precios que literalmente llega a desvalorizar por completo el dinero. En Alemania en 1923 la inflación diaria era de 21 por ciento, lo que duplicaba los precios casi cada cuatro días. En Zimbabue, en 2008, los precios crecían 98 por ciento por día y se duplicaban cada 25 horas, y en Venezuela en 2016 aumentaban 219 por ciento mensual y se duplicaban cada 18 días; hay otros casos relevantes. No obstante, no debe pensarse que la inflación que se ha registrado en México entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, que alcanzó un valor acumulado de 30 por ciento, es inocua. No es así. La inflación repercute en el presente, exigiendo ajustes en el flujo de ingresos y gastos de los hogares y se extiende en el tiempo, incidiendo en el valor del patrimonio familiar.
*Analista económico mexicano de La Jornada. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó sus estudios de doctorado en Cornell University en Nueva York y por la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña.