Panorama Económico Latinoamericano – Del 7 al 14 de junio de 2023
Brasil: ¿Objetivos fiscales? ¿Monetarios? ¿Y los sociales?
Paulo Nogueira Batista Jr.*
Brasil tiene metas de inflación desde 1999. Acabamos de lanzar metas para el resultado primario de las cuentas públicas. ¿Por qué no tendríamos también objetivos sociales? ¿Por qué sólo objetivos monetarios y fiscales? Aquí está la pregunta que no quieres callar.
Si dependiera del mercado financiero y de los economistas de los medios corporativos, los objetivos sociales, aceptados retóricamente como “importantes”, “relevantes”, “esenciales”, se establecerían de forma muy genérica, flexible y vaga. A diferencia de los monetarios y fiscales, especificados con cuidado, detalle y rigor, especialmente los fiscales. En ausencia de estas especificaciones, no habrá confianza en la política económica, aseguran los economistas ortodoxos, con amplia resonancia mediática. Los objetivos sociales, sin embargo, vistos en la práctica como menos relevantes, pueden permanecer en la esfera de lo meramente vago.
Necesito hacer una advertencia antes de continuar. Lejos de mí considerar irrelevantes los sagrados objetivos fiscales y monetarios. ¡Por el amor de Dios! (Incluso me persigno aquí.) Me gustaría sugerir que las metas sociales también pueden ser importantes.
El desprecio por las cuestiones sociales es típico de los brasileños privilegiados, de mente estrecha y feroz en la defensa de sus intereses inmediatos. Que el pueblo se dé la vuelta, que se contente con las sobras de la fiesta. Mientras los pobres sufren, la pequeña minoría sigue viviendo tranquilamente en el paraíso de los rentistas en que se ha convertido Brasil, el único país, repito, que ofrece a los ricos la posibilidad de invertir sus cuantiosos ahorros en bonos líquidos, sin riesgo y con alto valor real. regresa. Paraíso para los rentistas y, también, paraíso fiscal para todos los superricos, que tienen una carga fiscal superligera, y todavía se quejan, indignados, cuando intentas hacerles pagar un poco de impuesto. Una repugnante, en resumen.
Sin embargo, pequeña perturbación. Desde enero de 2023, Brasil tiene un gobierno declaradamente reformista, comprometido, según todos los indicios, con la distribución del ingreso y la lucha contra el hambre y la pobreza extrema. Una serpiente en el paraíso de los rentistas y los superricos. Gruñendo de vez en cuando, Faria Lima observa con inquietud los movimientos de cambio trazados por Brasilia. Opera en los medios, por un lado, y entre bastidores del Ejecutivo y el Congreso, por el otro, para obstruir los intentos de hacer un poco de justicia social. Voces autorizadas protestan contra los “ruidos” del Presidente de la República que supuestamente entorpecen la conducción de la política económica. Fue elegido por voto directo, sin duda, pero debe ser reducido al estatus de un rey de Inglaterra inofensivo y decorativo.
Un paréntesis
Me detengo de golpe, y vuelvo a leer lo que escribí. Siento la necesidad de abrir un breve paréntesis. Es que un texto como este, dirigido a un público no especializado, no puede limitarse a generalidades; tienes que bajar al nivel del cemento y nombrar al caballo. Es la mejor manera de retratar a las clases dominantes brasileñas, casi siempre caricaturescas y burlescas, como decía Machado de Assis.
Vamos a ver. Un buen ejemplo es el financiero Ilan Goldfajn, quien actualmente es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ahí está el bufón, cómodamente instalado en Washington. No sabe nada de desarrollo, es cierto, pero tiene el aplomo y la solemnidad que requiere el cargo. Su función, en realidad, tiene poco que ver con la financiación del desarrollo. Lo que le corresponde esencialmente es cumplir las órdenes del Tesoro de los Estados Unidos, que manda y exige en el BID. Por Hacienda fue elegido, y de Hacienda recibirá orientación e instrucciones detalladas. Pero el punto al que quiero llegar es el siguiente: el bufón en cuestión, como todos, rinde sus enfáticos homenajes a la distribución del ingreso ya la lucha contra la pobreza. Recientemente, estuvo en un congreso como orador principal.Cuando le tocó el turno, metió su generosa barriga y subió al podio para pronunciar su discurso. Dijo unas palabras introductorias, soltó varias tonterías, repasó las consignas más comunes, hasta que, en un momento dado, hinchó el pecho, alzó la voz y proclamó: “Haremos todo por el progreso social y la distribución del ingreso en ¡América Latina!” Aplausos. Satisfecho, la autoridad internacional volvió a su asiento, agitado por el esfuerzo realizado, como un tenor mediocre después de un aria difícil.
Pero esta cifra estampada es una entre mil. Tenemos una verdadera legión de economistas y financieros de este tipo, fieles servidores del statu quo y de la burguesía. Como ejecutores o voceros de los intereses de los beneficiarios de la injusticia reinante, contribuyen incesantemente a que la distribución del ingreso y la lucha contra la pobreza queden solo en el plano de la retórica y los discursos magistrales .
La determinación de Lula
Es lo mismo, lector o lectora. El subdesarrollo no se improvisa, decía Nelson Rodrigues, es obra de siglos. Esta vez, sin embargo, tenemos a Lula. Está claro que no se dio por vencido. Quiere poner a los pobres en el presupuesto y, además, a los ricos en el impuesto sobre la renta. Esta insistencia es natural. Brasil, como sabemos, es uno de los países con la renta y la riqueza más concentrada del mundo. Gran parte de la población vive en la pobreza, pasa hambre, no tiene acceso adecuado a servicios básicos como educación, salud y saneamiento. Mientras tanto, los multimillonarios se embolsan intereses pornográficos y eluden los impuestos.
Esta es nuestra miseria nacional estructural. ¡Responsabilidad social ante todo, por lo tanto! Si Lula no lucha a muerte para superar esta situación de pobreza e injusticia, habrá patrocinado uno de los mayores desfalcos de la historia.
Pero lo digo con total tranquilidad, lector: es claro que el presidente Lula está decidido a cumplir con sus compromisos de campaña. No solo las promesas de 2022, sino la historia de toda una vida. Lula debe ser, si no el único, uno de los pocos líderes políticos que vivió en carne propia la pobreza y el desamparo. “Todos somos cínicos”, dijo Delfim Netto, “solo Lula sabe de la vida de la gente”. Políticos e intelectuales despotrican o teorizan sobre la pobreza y la injusticia. Lula, en cambio, vivió esta realidad, tiene la memoria del sufrimiento del pueblo inscrita en su trayectoria desde la más tierna infancia.
Y tiene prisa, porque sabe, como político experimentado, que el tiempo corre en contra del gobierno ya favor de las fuerzas de la inercia y del statu quo.
Objetivos sociales: bazucas en la única guerra que vale la pena
Vuelvo a la pregunta que no se va. Las metas sociales serían, en mi opinión, útiles para orientar la acción del gobierno. En un país como Brasil, son tan o más importantes que los objetivos monetarios y fiscales, considerados sacrosantos por el mercado financiero y su compinche, los medios corporativos.
No faltan datos del área social en Brasil. Es factible, creo, usar estadísticas conocidas y confiables para construir objetivos cuantitativos específicos, que deben lograrse dentro de plazos predeterminados.
El ministro Wellington Dias, de Desarrollo Social, anunció recientemente que alrededor de 20 millones de brasileños saldrán de la pobreza a finales de este año, reflejando la reanudación de Bolsa Família y los nuevos beneficios previstos en el programa. Hoy, la estimación del gobierno es que 62 millones de brasileños viven por debajo del umbral de la pobreza.
La búsqueda de la responsabilidad social ya ha comenzado. Desde enero, el gobierno ha tomado medidas específicas para distribuir la renta: el retorno de la política de apreciación del salario mínimo, el aumento del límite de exención de retención del impuesto a la renta, la mencionada reanudación de la Bolsa Família, entre otras.
¿No se beneficiaría este esfuerzo de definir y anunciar objetivos sociales cuantitativos? ¿Metas que el gobierno se propondría cumplir a lo largo de su mandato, año a año, de 2023 a 2026? Esta es un área donde los partidos de izquierda y el gobierno de Lula tienen cuadros experimentados. No habría mayor dificultad en movilizar a estos especialistas para seleccionar cuidadosamente un conjunto de indicadores que orientarían las metas sociales anuales del gobierno. Por ejemplo, el número de personas o familias con ingresos por debajo de las líneas de pobreza y miseria, el número de hogares que padecen insuficiencia alimentaria, las tasas de escolaridad y alfabetización, indicadores de acceso a salud y saneamiento básico, indicadores de distribución del ingreso, entre otros.
Estos objetivos no serían para un ministerio, sino para el gobierno en su conjunto. Como mínimo, recibirían la misma prominencia y atención que los objetivos macroeconómicos. El anuncio de las metas sociales, previa discusión cuidadosa, pública y abierta, debe hacerse por el propio Presidente de la República, con la pompa y circunstancia que el asunto amerita.
¿Cuál es la ventaja de seguir procedimientos como estos? Es una cuestión de sentido común. El anuncio, al más alto nivel, de un conjunto de metas previamente discutidas y elaboradas con la ayuda de los mejores especialistas ayudará a todos los sectores relevantes del gobierno, en colaboración con las entidades de la sociedad, a involucrarse en esta guerra contra el hambre, la pobreza y la injusticia. .
Como ha repetido el presidente Lula, esta es la única guerra en la que estamos interesados en participar. Hay que combatirlo con garra, determinación incansable, sangre en los ojos. Los objetivos sociales ayudarán a vencerlo.
*Economista, exvicepresidente del Nuevo Banco de Desarrollo, establecido por los BRICS en Shanghái, de 2015 a 2017, y director ejecutivo del FMI para Brasil y otros
El déficit comercial argentino con China, en su pico máximo
Enrique de la Calle
El Gobierno argentino negoció renovar y ampliar el swap con China por 19 mil millones de dólares, lo que le permite acceso a divisas – pagando una tasa correspondiente – para financiar importaciones. El swap funciona como deuda, que China le concede a la Argentina para financiar compras que el país le hace al gigante chino.
Según datos oficiales, el déficit comercial con ese país está en su pico máximo. En 2022, fue de 9500 millones de dólares. Este año sería de un monto similar.
China se consolida como uno de los principales socios comerciales de Argentina, solo superado por el bloque Mercosur. En 2022, Argentina le vendió productos y servicios a China por 8 mil millones dólares – máximo histórico – y compró por 17 mil millones. Representa casi el 20% del comercio total argentino y no para de crecer desde mediados de los años 90 (en 1995, China le vendía a Argentina productos por 500 millones de dólares).
Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), los dos principales productos que China le vendió a la Argentina (en 2021) fueron ordenadores y equipos de transmisión. En el caso argentino, sus principales rubros fueron soja y carne vacuna.
La relación con China no se reduce al comercio internacional ni a mecanismos tipo swap. El gigante asiático mantiene inversiones directas en varias áreas y abrió líneas de financiamiento para obras de infraestructuras claves en el país, como las represas hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia o una nueva central nuclear.
En general, en ese tipo de inversiones participan empresas constructoras chinas, que articulan con socios y proveedores locales (la empresa nacional Electroingeniería, en el caso de las represas). Esos proyectos estaban aprobados en 2015 pero luego fueron frenados por el gobierno de Mauricio Macri y la situación no se termina de revertir con la gestión de Alberto Fernández.
Méxkico: Remesas superan 60 mil millones de dólares anuales
Braulio Carbajal y Julio Gutiérrez
Por primera vez en la historia los ingresos por remesas de México superaron 60 mil millones de dólares en un periodo de 12 meses consecutivos; al tiempo que marcaron un nuevo récord para los primeros cuatro meses de un año, reveló información del Banco de México (BdeM) publicada este jueves.
De acuerdo con el banco central, de mayo de 2022 a abril de 2023 el flujo acumulado de los ingresos por remesas a México se ubicó en 60 mil 254 millones de dólares, monto mayor al nivel reportado en marzo previo de 59 mil 958 millones (abril 2022–marzo 2023).
Sólo en abril de 2023 la entrada de estas divisas ascendió a 5 mil 3 millones de dólares, lo que implicó un incremento anual de 6.3 por ciento en comparación con los 4 mil 707 millones de dólares del mismo mes de 2022.
En el acumulado del año, es decir, de enero a abril, los ingresos registraron una cifra sin precedente para un mismo periodo, de 18 mil 974 millones de dólares, superior al de 17 mil 230 millones observado en igual lapso de 2022 y que significó una expansión anual de 10.1 por ciento.
La entrada de divisas por remesas supera las exportaciones agroalimentarias, que de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en los primeros cuatro meses del año se ubicaron en 17 mil 163 millones de dólares.
Se acuerdo con información del BdeM, las exportaciones petroleras durante el primer cuatrimestre sumaron 10 mil 182 millones de dólares; más abajo se encuentra la entrada de divisas por turismo extranjero, que al cierre del primer trimestre ascendió a 7 mil 700 millones de dólares.
Destacan menor crecimiento
En un reporte, BBVA señaló que si bien las remesas acumulan una racha de 36 meses con un crecimiento ininterrumpido, que empezó en mayo de 2020 hasta abril pasado, en este último mes los hogares receptores percibieron menos recursos.
Pese a los incrementos observados en los flujos de remesas durante este año, los hogares en México han recibido 9.7 por ciento menores recursos en términos reales, por dos factores: la apreciación del peso frente al dólar que entre abril de 2022 y abril de 2023 el tipo de cambio disminuye en 9.8 por ciento, y la inflación que fue de 6.3 por ciento durante este mismo periodo.
Agregó que si bien se prevé que las remesas a México continuarán con su senda de crecimiento, éste será a un ritmo más moderado a lo reportado en los dos años previos.
Por su parte, Monex señaló que aunque en términos absolutos el monto es fuerte, el desempeño de las remesas continúa perdiendo brillo frente a las espectaculares cifras de 2021 y 2022, lo que se materializó en una variación anual de 6.28 por ciento, la primera de un solo dígito en lo que va de este año
Uruguay: La Política de Vivienda y una nueva Rendición de cuentas
Economia Politica
El próximo mes se presentará al parlamento un nuevo proyecto de Rendición de Cuentas por parte del gobierno. La discusión del mismo se presenta como una oportunidad para evaluar el camino tomado por la política pública de vivienda de este gobierno.
Desde la aprobación del Presupuesto Nacional y el Plan Quinquenal de Vivienda en 2020 para este período se visualizaron algunos grandes problemas que persistieron. Por una parte, el recorte de recursos para aplicar a los programas públicos, su correlato en la disminución de las soluciones habitacionales proyectadas, el papel central que ocupa en la nueva política de vivienda la generación de espacios que privilegian las oportunidades de negocios del sector privado. Estos problemas resultan en el debilitamiento de la visión de la política habitacional con vocación universalista, con programas de amplia cobertura y soluciones de calidad no segmentadas por nivel de ingreso, que se fue afirmando durante los gobiernos del Frente Amplio.
En relación al recorte de recursos públicos, en el Presupuesto se previó una caída en las inversiones a partir del 2021. Si bien el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanismo (FONAVI) ajusta los montos asignados presupuestalmente por la indexación al Índice Medio de Salarios, el aporte patronal del 1% de la masa salarial nominal de los funcionarios públicos y por el propio recupero de los préstamos otorgados en sus distintos programas, los recursos asignados a inversiones fueron disminuidos por el Decreto 90/2020 como parte de la política general de ajuste fiscal, suponiendo un recorte de aproximadamente 1587 millones de pesos que debieron aplicarse a la política de vivienda. Si bien en 2021 hubo un aumento en las inversiones respecto a 2020, no llegan a compensar el recorte inicial. Así comenzó a desarrollarse esta política de vivienda, recortando recursos o reprogramando obras.
Esta caída en términos reales de la asignación presupuestal para programas de vivienda muestra cómo partiendo de un objetivo compartible en el propio PQV:
“Se promoverá el acceso y permanencia en la vivienda de los sectores de ingresos medios, medios-bajos y más vulnerables de la población a través de diferentes programas que contemplen la heterogeneidad de los hogares destinatarios, en el marco del desarrollo de ciudades accesibles, sostenibles y sustentables, mediante una gestión eficaz y eficiente”
se vislumbra una política de menor alcance y con mayor esperanza en el sector privado como financiador de la política de vivienda.
El propio PQV plantea que el quinquenio tendrá terminadas 3.805 nuevas soluciones habitacionales menos de las que se terminaron en el último período de gobierno del Frente Amplio (en cooperativas eso significará aproximadamente 1857 menos, en el programa de autoconstrucción asistida 1799 menos y en relocalizaciones a la población que vive en zonas contaminadas o inundables otras 2037 menos). Sin duda que la proyección de soluciones a través de la política pública del gobierno de coalición se torna preocupante en cuanto al retroceso.
Esto se comenzó a ver en los proyectos de Rendición de Cuentas, donde en prácticamente todos los programas hubo una caída respecto a lo que estaba en ejecución en 2019. Lo cual va confirmando la desaceleración que posiblemente rompa con la tendencia incremental en el desarrollo de los programas.
Del enlentecimiento en las soluciones habitacionales previstas da cuenta el propio Presupuesto Nacional que implicó la readecuación de las partidas presupuestales que implicaron que el proyecto 717 “Nuevas soluciones urbano habitacionales” disminuyera nada menos que un 59% hacia 2024. Ese proyecto lo conforman los programas que son el núcleo duro de la producción en vivienda nueva: cooperativas, autoconstrucción, obras por licitación para activos y pasivos y relocalizaciones.
La contraparte de ello, muestra además el cambio de paradigma en la política de vivienda generando escenarios para oportunidades de negocios del sector privado. Se creó entonces el proyecto 701 “Créditos para vivienda con garantía subsidiaria del Estado”, con 1.000 millones de pesos en 2023 y 2.800 millones en 2024, de cara a la creación y participación del MVOT en fideicomisos, apalancando la inversión privada en viviendas promovidas a través de la ley No. 18795, que desde abril del 2020 ya no tienen tope de precio de venta ni porcentajes de comercialización a través del MVOT para su población objetivo.
Todo esto fue justificado en la ampliación de los recursos, que en realidad es la sustitución de recursos públicos por la eventual participación de privados, tornándose centrales en el desarrollo de la política de vivienda.
La generación de esa estructura fiduciaria también se justificó en la provisión de viviendas hacia los hogares pertenecientes a los deciles de ingresos medios y medio-bajos. Precios bajos de viviendas y garantizar rentabilidades de privados al mismo tiempo no parece tener otra salida que soluciones de vivienda de baja calidad y/o en localizaciones sin servicios.
Otro cambio relevante en la política de vivienda, fue la modificación a la Ley Nacional de Vivienda del año 68 bajando el mínimo de superficie habitable por vivienda desde 35 metros cuadrados a 25, categorizándolos como mono-ambientes. La anterior modificación de la ley del 68 había sido en 2017, pero en sentido contrario la superficie habitable mínima había aumentado de 32 metros cuadrados a 35. Ahora no sólo se determina un nuevo mínimo, sino que se faculta al Poder Ejecutivo a excluir de los parámetros del mínimo habitable y metrajes mínimos por dormitorios a los programas que “requieran una regulación específica”. Bajar la superficie habitable y habilitar que no se respeten las superficies establecidas en la ley de vivienda afecta indudablemente la calidad de las soluciones habitacionales.
Se continúa perforando la política de vivienda, pero no se visualiza desarrollo alguno. El desarrollo del fideicomiso como programa aún resta por presentarse. El año pasado se planteó la creación de otro fideicomiso para financiar la regularización de asentamientos, de manera bastante imprecisa suponiendo el financiamiento de programas de integración social y urbana de los barrios en situación de vulnerabilidad con especial énfasis en el acceso a la vivienda digna de personas en contexto crítico. De ello, solo se han visto obras que ya contaban con financiamiento.
Entre las prioridades establecidas por el gobierno para la Rendición de Cuentas próxima a presentarse, vivienda no aparece; es difícil esperar entonces recursos incrementales. Hasta hoy lo cierto es que se recortaron recursos públicos para los programas de vivienda a través de las asignaciones presupuestales del FONAVI y sus ajustes legales en pos del abatimiento del déficit fiscal; se proyectaron menos soluciones habitacionales y se generaron espacios para oportunidades de negocio del sector privado con el fin de aumentar los recursos recortados.
Se instaló el riesgo de que la política pública de vivienda y hábitat vuelva a recaer en soluciones de baja calidad o en localizaciones que refuercen los procesos de segregación territorial; todo esto en una clara oposición a la vocación universalista que se fue desarrollando desde los gobiernos del Frente Amplio.
Ecuador: un balance de la política laboral de Lasso
Jonathan Báez Valencia*
Segundo año de Lasso, segundo año de precarización
En el ámbito laboral los indicadores clásicos son útiles, sin embargo, pueden ocultar elementos importantes que son vitales al momento de hacer un balance de la gestión de un gobierno. Por ejemplo, si se observa los niveles de subempleo existe una tendencia hacia la disminución: pasa del 23,2% en mayo 2021 al 22,1% en 2022 del mismo y en abril 2023, el último registro disponible, alcanza un 19,9%. Esto daría lugar a una errónea conclusión: el gobierno ha realizado una adecuada política en materia laboral. Nada más alejado de la realidad. En efecto el subempleo, tal como está planteado, no mide la calidad del empleo; mide el número de horas trabajadas como menor a la jornada legal e ingresos inferiores al mínimo. Por tanto, para medir la gestión en la calidad del empleo es necesario implementar un análisis que incorpore estas dimensiones. Por lo tanto, se postula a la precarización como una medida más adecuada del pulso del mercado laboral. El resultado, al realizar esta estimación es claro: La precarización ha aumentado desde que el presidente Lasso asumió el mandato.
La precarización, desde la perspectiva planteada por Oliveira y Mora-Salas (2009), no solo incorpora el ingreso al análisis de la calidad de empleo, le incorpora dos dimensiones más. Por un lado, la existencia de un contrato que permite observar la estabilidad de una persona en el campo laboral. Por otro lado, también considera la afiliación a la seguridad social. Este último elemento no solo como una protección en materia de salud y riesgos del trabajo, también como la posibilidad de en un futuro optar por una jubilación digna. Es así que, una estimación del índice de precarización permite observar con mayor detalle la calidad del empleo en un país. En el caso de Ecuador, a través de la misma Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de la que se mencionaron los datos antes expuestos, se realiza la estimación de este índice que va de 0 a 1, mientras más se acerque a 1 existe más precarización y viceversa [1].
Los resultados muestran un aumento de la precarización desde que el presidente Lasso asumió el mandato. De tal manera que el índice de precarización pasa de un 0,465 en mayo 2021 a un 0,486 en mayo 2022 -en su primer año de mandato- y, en abril de 2023 -último año disponible-, este índice se mantiene constante con un 0,485 (Gráfico 1). Con estos resultados es posible mencionar que el gobierno del presidente Lasso se caracteriza, en el campo laboral, por convertir al Ecuador en una sociedad profundamente precarizada. Esto, sin embargo, no es sorpresa, considerando que la precarización es un mecanismo que permite a las élites económicas empresariales mantener el excedente económico en sus bolsillos [2] a costa de la degradación de la vida de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras ecuatorianas.
Con estos resultados, se comprende la desazón de que un gobierno hecho a la medida de las élites económicas, fiel a su ideal libertario: que el mercado y su lógica de ganancia sin control continúe decidiendo el destino de las familias. Por lo tanto, considerando estos dos años es fundamental que cualquier pretensión de continuar precarizando las condiciones de vida, bajo cualquier disfraz como la flexibilización o la “modernización” sean limitadas. En su lugar, se necesita fomentar la presencia del Estado para vigilar, regular y controlar al mercado y sus agentes, mismos que pretenden seguir cargando a la población trabajadora el costo de sus lujos y privilegios. Solo de esa manera va a ser posible un verdadero bienestar social, mismo que en largo plazo será de beneficio para las grandes mayorías.
Un capítulo aparte es el tema de la seguridad social, mismo que ahora se encuentra al asedio de los buitres libertarios, que tratan de privatizarla. Una situación que no debe ser tolerada, como una consigna de interpelación de la clase obrera a aquellos que tratan de subordinarla a las ganancias, mismas que en lugar de ser invertidas en el país, van a engrosar las fortunas escondidas en paraísos fiscales. En algún momento el presidente Lasso ¿Rendirá cuentas de estas offshore?
Gráfico 1. Índice de precarización 2021-2023 en Ecuador*
Notas:
[1] Para profundizar en la metodología ver: https://coyunturauceiie.wordpress.com/2021/02/10/ecuador-una-sociedad-precarizada-indice-aumenta-15-en-2020/
[2] https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CONTEXTOS/article/view/3330
*Unidad de análisis y estudios de coyuntura de la Universidad Central de Ecuador
¿Fracasó el Mercosur?
Jorge Notaro*
Fracasó el enfoque liberal, que suponía que si se bajaban los impuestos al comercio entre los integrantes, los mercados implementarían la integración regional.
Cuando se firmó el tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991, los cuatro países firmantes se comprometieron a iniciar un proceso de eliminación de los impuestos a las importaciones así como otro tipo de trabas, para estimular el comercio en la región. También se pondrían de acuerdo sobre un “arancel externo común”, es decir, sobre los impuestos que se cobrarían a las importaciones procedentes de países no firmantes del acuerdo. El proceso desembocaría en un mercado común con libre circulación de personas, mercancías y capitales entre los países de la región.
Los parlamentarios uruguayos ratificaron el tratado casi por unanimidad, ya que los dos diputados del MPP no dieron su voto. Los demás legisladores del Frente Amplio dejaron constancia que apoyaban la iniciativa por considerarla positiva pero insuficiente, dado que el proceso de integración exigía la participación de los gobiernos para promover la complementación productiva.
Como es notorio, el proceso de integración logró constituir una “Unión aduanera imperfecta” y se estancó, evidenciando los límites del enfoque liberal, con el cual no se logrará nunca constituir un mercado común entre los países firmantes; los liberales como Macri y Lacalle Pou no hacen autocrítica y por el contrario, sabotean el proceso con intentos de “flexibilización”.
Las relaciones económicas internacionales deben enfocarse como proyecto político, aprendiendo de la experiencia de los países europeos que pusieron en marcha su integración para mejorar las relaciones de poder con el imperialismo norteamericano y la Unión Soviética. Para los países del MERCOSUR implica trascender el proyecto que lo limita a “hacer buenos negocios”, a una “integración fenicia” como señala el ex presidente Mujica en su carta a Lula:
“Hasta ahora, cuando hablamos de integración hemos sido puramente fenicios, cuánto te vendo y cuánto me vendes tú; y los fenicios, que fueron unos mercaderes formidables, no crearon ninguna civilización.” (las negritas son del original).
Los países de América Latina, excepto Cuba, son dependientes, condicionados por el imperialismo norteamericano, sometidos por el capital extranjero que limita las soberanías nacionales, deforma las economías y se apropia de parte de la riqueza generada. Los cambios en la inserción internacional tienen que incluir las dimensiones económica, política, militar y cultural.
Varios equipos económicos de los gobiernos de la región se refieren a esta situación con eufemismos cuando rechazan algunas medidas de política económica “por qué sería una mala señal para los mercados”. Los mercados no resuelven, resuelven los dueños del capital financiero, implica que hay que hacer lo que estos imponen porque de lo contrario pueden generar graves consecuencias económicas. Estas condiciones son incompatibles con la mejora en las condiciones materiales de vida de la población y es necesario que la acumulación de capital aumente la autonomía de las decisiones, reduciendo la subordinación y la explotación; asumiendo que es un proceso complejo pero que no hay otro camino, priorizando la dimensión política, el papel del gobierno como negociador, el fortalecimiento de las organizaciones populares participando de las luchas por la implementación de medidas antiimperialistas.
El ex presidente Mujica en su carta a Lula se refiere diplomáticamente a la dependencia pero es explícito al señalar la necesidad de unidad en la región para aumentar su poder y de cambios en el proceso de integración cuando dice:
“Las grandes decisiones que mueven al mundo se toman en otras partes, lejos de nuestra mesa. Es necesario construir cercanía en nuestra región para hacernos oír a nivel internacional. Los desafíos que tenemos como humanidad necesitan más que nunca esfuerzos colectivos y propuestas innovadoras.” (las negritas son del original)
Exhortar a superar diferencias y fortalecer la integración se puede considerar una autocrítica implícita si se tiene en cuenta que durante los quince años de gobierno del FA se sabotearon las iniciativas de Argentina considerando que no se correspondían con la religión del mercado que oficiaban como sacerdotes Lorenzo, Bergara, Polgar y Masoller, entre otros.
Mujica también señala:“Debemos ser capaces de construir un consenso progresivo que no nos paralice y que permita avanzar a quienes estén en condiciones y sumar luego a quienes así lo decidan”.
¿Qué países pueden alcanzar consensos y avanzar juntos, sin pretender la unanimidad? Los que tienen afinidad política y en particular, con relación al proceso de integración, están dispuestos a superar el enfoque liberal que llevó a la parálisis y al fracaso.
A la lista de propuestas de Mujica se pueden agregar algunas que apuntan a los mismos objetivos como considerar imprescindible que los países de la región se pongan de acuerdo en la regulación del movimiento internacional de capital así como la complementación de actividades económicas. La absoluta libertad de entrada y salida de capitales implementada cuando Vegh Villegas era Ministro de la dictadura en 1975, permanece sin cambios hasta hoy y es uno de los principales factores de vulnerabilidad de la economía uruguaya.
Es necesario retomar los acuerdos de la reunión de Presidentes de países de la UNASUR en Buenos Aires en agosto de 2011. Se destacan tres líneas de trabajo:
- i) la expansión del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) para potenciarlo como instrumento de toda la región. Su fortalecimiento para préstamos de corto plazo a países con dificultades de pagos externos o problemas en el mercado cambiario daría a la región mayor independencia del Fondo Monetario Internacional y evitaría las políticas recesivas y antipopulares que este exige.
- ii) impulsar el uso de monedas de la región para el intercambio intrarregional como incentivo para profundizar la integración y analizar sistemas de compensación y unidad de cuenta regional. Diseñar mecanismos de financiamiento del comercio atendiendo a las asimetrías.
iii) el Banco del Sur. Uruguay fue el sexto país en ratificar el convenio de creación y se sumó a Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Dará mayor independencia del Banco Mundial y del BID, accediendo a préstamos sin las condiciones que estas instituciones imponen. Entre las experiencias a promover se pueden priorizar las empresas estatales binacionales y las cooperativas con acuerdos de complementación entre dos países o más.
El país que puede financiar estos fondos es China que tiene un exceso de reservas en dólares y ya ha hecho préstamos de mediano y largo plazo a varios países (Argentina, Brasil, Venezuela y Chile). Para el Banco del Sur sería una fuente de recursos de bajo costo teniendo en cuenta el nivel de las tasas de interés y a China le daría la oportunidad de colocar sus excedentes en monedas diferentes al dólar que se devalúa.
El interés político de China de aumentar su presencia converge con la necesidad de financiación de los países de la región, al margen de los mercados dominados por el capital financiero. Abandonando el proyecto inviable de un acuerdo de libre comercio de Uruguay con China, es posible promover un acuerdo de cooperación de los países de la región con China. Con dos objetivos principales: i) modificar las características actuales del comercio que consiste en que la región exporta productos primarios e importa industriales, reproduciendo el carácter del comercio con Inglaterra de principio del siglo veinte; ii) lograr el compromiso de China de hacer un aporte importante, complementario del que hacen los países de la región, para aumentar los recursos del Banco del Sur y del Fondo Latinoamericano de Reservas.
Los gobiernos de los países de la región tienen que asumir el protagonismo pasando de la competencia a la cooperación y construyendo poder para enfrentar la dominación imperialista en sus múltiples manifestaciones.
*Economista, investigador de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.
Panorama internacional
BRICS: necesidad de una moneda única en medio de la desdolarización
Los Estados miembros del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) fueron informados sobre el posible uso de monedas alternativas para proteger al Nuevo Banco de Desarrollo del grupo del impacto de las sanciones.
La cuestión encabezó el orden del día de la reunión ministerial de los BRICS celebrada el 1 de junio en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), en la que los participantes debatieron cómo el bloque podría ganar mayor influencia mundial y desafiar a EEUU.
Los ministros de Exteriores de los cinco países también debatieron planes sobre la admisión de nuevos miembros en el bloque. La jefa de la diplomacia sudafricana, Naledi Pandor, subrayó la necesidad de seguir trabajando para hacerlo posible, y expresó su esperanza de que el informe correspondiente esté listo para agosto, cuando se celebre una nueva cumbre de los BRICS.
A su vez, el viceministro de Exteriores chino, Ma Zhaoxu, dejó claro que su país se alegra de la posible adhesión de más Estados al BRICS, ya que ampliaría la influencia del bloque y le daría más poder para servir a los intereses de los países en desarrollo. Este organismo, según él, es inclusivo en agudo contraste con el pequeño círculo de algunos países, por ello “su ampliación será beneficiosa” para todos los miembros.
Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró que el grupo “aún se está configurando y evolucionando”.
“El BRICS es una nueva organización basada en los principios de igualdad, respeto mutuo, consenso, no intervención y estricta adhesión a la Carta de la ONU en todos sus principios y en todas sus relaciones. El BRICS no elige qué principio le gusta para una situación concreta y luego no hace lo contrario”, subrayó.
El alto funcionario añadió que el bloque “simboliza la evolución del mundo multipolar, del que se habla cada vez más a menudo”, en medio del interés por unirse al BRICS de una serie de países.
Estas declaraciones se produjeron después de que el enviado de Sudáfrica a los BRICS, Anil Sooklal, afirmara en mayo que un total de 19 Estados están interesados en convertirse en miembros del grupo y que Arabia Saudita e Irán se encuentran entre los que ya solicitaron formalmente su adhesión.
Otros países que expresaron su interés por entrar son Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Egipto, Baréin e Indonesia, junto con dos naciones de África Oriental y una de África Occidental, que Sooklal no identificó. Desde su creación en 2006, el grupo solo incorporó un miembro, Sudáfrica, en 2010.
Los BRICS impulsan la desdolarización
La reunión ministerial de los BRICS se celebró después de que Naledi Pandor indicara a principios de mes que, en medio de un creciente coro de voces que alzan la necesidad de utilizar alternativas al dólar en el comercio mundial, los Estados miembros del bloque seguirán debatiendo la introducción de una moneda común.
Pandor se hizo eco de las palabras del vicepresidente de la Duma Estatal rusa, Alexandr Babakov, quien no descartó la posibilidad de que surgiera una moneda única en el BRICS. En sus palabras, ella podría estar garantizada no solo por el oro, sino también por otros grupos de comodidades, como los elementos de tierras raras.
“Creo que en la cumbre de líderes de los BRICS [en agosto] se anunciará la disposición a realizar este proyecto”, señaló Babakov.
En el mismo tono se expresó Lavrov, quien comentó en mayo que los países BRICS “llevan tiempo trabajando en medidas para reducir la parte del dólar en los pagos mutuos y pasar a los pagos en monedas nacionales”.
Añadió asimismo que “recientemente, el presidente brasileño [Luiz Inacio] Lula da Silva sugirió que consideráramos la posibilidad de avanzar hacia una moneda colectiva” dentro del organismo. “Participaremos con interés en este debate”, expresó.
El mandatario de Brasil instó a las naciones del BRICS a idear una alternativa para sustituir al dólar en el comercio exterior.
“¿Por qué una institución como el banco de los BRICS no puede tener una moneda para financiar las relaciones comerciales entre Brasil y China, entre Brasil y todos los demás países BRICS? ¿Quién decidió que el dólar fuera la moneda [comercial] tras el fin de la paridad del oro?”, preguntó Lula durante una visita al Nuevo Banco de Desarrollo.
Esto fue precedido por Lavrov afirmando que los Estados miembros del BRICS ya están trabajando activamente en el aumento de los pagos en monedas nacionales en el comercio mutuo y las operaciones financieras debido a la falta de fiabilidad del dólar estadounidense.
“La proporción de monedas nacionales en las liquidaciones entre los países BRICS ya está creciendo rápidamente. Los países del foro tienen iniciativas que abordan la necesidad de trabajar en la creación de su propia moneda. La razón es muy sencilla: no podemos confiar en mecanismos que están en manos de quienes pueden hacer trampas en cualquier momento y negarse a cumplir sus obligaciones”, precisó.
En esta línea, el economista ruso Mijaíl Jazin comunicó a Sputnik que el “inevitable” proceso de desdolarización se había visto facilitado por las amplias sanciones de Washington contra los principales actores mundiales, entre ellos Rusia, y el uso del dólar como mecanismo de “castigo”. Al congelar los activos del Banco Central ruso, excluir al país del sistema de pagos SWIFT y prohibir las exportaciones de billetes denominados en dólares estadounidenses a Moscú, Washington envió una señal ominosa a otros actores mundiales, resumió el experto.