Panorama Económico Latinoamericano – Del 6 al 12 de enero de 2026

El potencial olvidado de las minihidroeléctricas en México

César Ernesto Hernández

México busca acelerar su transición energética con una matriz más limpia y diversificada, pero buena parte de la discusión pública se ha concentrado en proyectos solares o eólicos, dejando de lado otras opciones. Entre ellas destacan las micro y minihidroeléctricas, sistemas capaces de generar electricidad a partir de corrientes de agua sin represar ríos ni modificar de forma significativa los ecosistemas, y que podrían ser una pieza clave para la descentralización energética en comunidades rurales.

Los procesos inadecuados de implementación, la falta de una regulación clara y el cambio climático han limitado el desarrollo del potencial micro y minihidroeléctrico del país.

Esto a pesar de contar con un potencial identificado de 2800 megavatios (MW), así como la posibilidad de uso de 2916 instalaciones “no concebidas originalmente para la generación de energía eléctrica”, entre las cuales destacan los distritos de riego y sus canales de irrigación.

En México este tipo de proyectos se han topado con una regulación poco clara, limitaciones ante el cambio climático y la oposición de comunidades anteriormente afectadas por proyectos de mayor calado.

Aun así, expertos recomiendan el impulso a este tipo de proyectos destacando su papel para llevar energía a zonas rurales y comunidades con difícil acceso a la energía, impulsando la justicia energética.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las pequeñas centrales hidroeléctricas son una tecnología madura, versátil y efectiva para dar acceso a electricidad limpia y sostenible.

Esto, indica el Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña Central Hidroeléctrica 2019, las hace adecuadas para zonas rurales remotas de baja demanda, regiones donde incluso pueden convertirse en una oportunidad de empoderamiento para mujeres y niñas a través de la electrificación de la vida diaria,  la reducción de su labor y mejoras económicas.

Pero, aunque la ONU cataloga como pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) aquellas infraestructuras de hasta 10 MW de capacidad, no hay un consenso general sobre cómo catalogar a las pequeñas, mini y micro plantas hidroeléctricas.

Mientras que la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) clasifica como micro a las de hasta 50 kW, mini de entre 50 y 500 kW, y pequeñas de 500 a 5000 mil kW.La Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) clasifica como micro a las menores a 1,0 MW, mini de entre 1,0 y 5 MW y pequeñas a las de entre 5 y 30 MW, coincidiendo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Imta).

La diferencia es relevante porque las más pequeñas no requieren de grandes obras de represamiento y pueden construirse incluso en el cauce de canales de riego, como en el caso de una propuesta para una mini hidroeléctrica de 1,0 MW en el cauce del canal San Lorenzo, al sur de Culiacán, dentro del distrito de riego 10.

Grandes presas, grandes impactos

Como toda obra de infraestructura, la construcción de una presa tiene impactos en el paisaje, la naturaleza y la comunidad. Algunos de éstos son la acumulación de sedimentos, cambios en la calidad del agua y diferencia de recarga en acuíferos a nivel de presa y aguas abajo. Otros, la pérdida de riqueza arqueológica y cultural, desplazamientos de la población y cambios en el uso de suelo tras la puesta en operación del embalse.

Para la construcción de la presa Sanalona, la primera construida en el norteño estado de Sinaloa, 10 pueblos fueron desplazados y reubicados en uno solo.

En el caso de la presa Humaya, fueron 44 los poblados reducidos a una sola comunidad. También es común que, durante temporadas de sequías, al vaciarse los embalses, edificaciones y panteones vuelvan a surgir de entre las aguas. Desde la presa Sanalona, hasta la presa Santa María, entre 1948 y 2024, 201 pueblos fueron reubicados en tan solo 18 lugares.

“Se ha demostrado que las grandes presas generan más perjuicios que beneficios”, indicó  Omar Mancera. Una vida útil “corta”, de 50 años, no justifica para el antropólogo la devastación de zonas enteras de vegetación y el desplazamiento obligado de pueblos. Ante este reconocimiento, añadió, la tendencia ahora es hacer minipresas o pequeñas hidroeléctricas a lo largo de la vega de un río.

Mancera, académico de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ha estudiado los efectos socioambientales de la construcción de grandes presas en la entidad, también desde su relación con la actividad agrícola industrial y la contaminación por agroquímicos que genera está industria.

Por otro lado, el menor flujo de agua dulce hacia las costas y esteros provoca que las zonas cambien su salinidad y contenido nutricional, afectando directamente la reproducción de especies, muchas de ellas relevantes para la pesca artesanal.

“Los ríos aportan a los estuarios agua dulce y el mar aporta agua salada y el agua salobre sirve para que cientos de especies marinas nazcan ahí. Al cortarles el aporte de agua dulce a esos sistemas de estuarios, los está salando y si se salan se mueren las especies”, cuenta Mancera.

En el sur de Sinaloa, este efecto asociado a la más reciente presa, la Santa María, quitaría el sustento a 2.000 familias que dependen de los esteros de Teacapán y Huizache-Caimanero, destaca el investigador. Al mismo tiempo, indica, posibilitando el aprovechamiento de estas costas para otros usos.

Energía que “ahí está”

A nivel nacional el país cuenta con 337 sitios potenciales para mini (81) y microhidroeléctricas (256) que sumarían 162,25 MW y 42.31 MW, respectivamente, indica el Imta.

Sin embargo, el recientemente anunciado Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 no toma en cuenta a la energía hidroeléctrica, pues solo se plantea entregar 16 proyectos ya iniciados por la anterior administración que ampliarán la capacidad de generación en 535 MW.

En adelante, el gobierno federal impulsará en su mayoría proyectos fotovoltaicos, de ciclo combinado o eólicos, así como también de combustión interna.

 

En Sinaloa, el director de la Facultad de Ingeniería de la UAS destaca el potencial de estas minihidroeléctricas que pueden aprovechar los afluentes no solo de los 11 ríos en la entidad, sino de toda la red de canales utilizados por los distritos de riego para la irrigación de tierras agrícolas.

El académico diseñó el procedimiento de construcción de una minihidroeléctrica en un canal de riego al sur de la capital sinaloense, en medio de grandes extensiones de tierras de cultivo.

La producción de 1,0 MW, añade, equivale a quemar 95 508 litros u 85,99 kg de petróleo cada hora, y la energía generada podría iluminar hasta mil hogares. Al día de hoy, la Facultad de Ingeniería ofrece el servicio de diseño de mini hidráulicas.

“El generar energía eléctrica a través de fuentes renovables como la energía minihidráulica para el estado de Sinaloa, México, es posible, por lo tanto, deben aprovecharse los sitios potenciales”, concluye en su estudio, el cual identifica hasta 20 sitios potenciales para la instalación de esta tecnología.

“Es energía que ahí está”, coincide al respecto Valeria Amezcuna, consultora en energía y miembro de la Alianza por la Transición Energética Justa.

“En países como el nuestro, donde hay tanta pobreza energética y tanta pobreza en general, no podemos dejar de lado estos proyectos por más chiquitos que sean. Aunque en el panorama general contribuyan 0,0001%, sin importancia podríamos decirlo para el conteo global de emisiones, pero con mucha importancia para esa comunidad porque es lo que les puede cambiar la vida”, indicó.

“Las minihidroeléctricas, que ahorita están de moda por el mundo, son bastante buenas. Al final es usar un recurso que ahí está, es agua y la usan en cantidades tan pequeñas que, si se hace de manera adecuada, puede darle energía a una comunidad con un impacto ambiental muy controlado”, añadió.

Sobre todo, enfatizó Amezcua, en un contexto donde, hasta hace poco la mayoría de las comunidades podían producir por su cuenta la energía para realizar todas sus actividades a través de la madera o el carbón.

Pero, además, la experta ve mayor posibilidad para el avance de este tipo de proyectos con las nuevas Leyes del Sector Eléctrico y de Planeación y Transición Energética, por las cuales el país ahora toma la obligación de que las actividades del sector eléctrico se realicen bajo criterios de sostenibilidad y justicia energética.

“Algo muy bueno es que ya incluye la justicia energética como algo que el sector energético tiene que atender y la accesibilidad a la energía como una característica que tiene que tener nuestro sistema eléctrico. Que sea accesible, es decir, que se pueda pagar”, adujo Amezcuna.

En este sentido, añadió, existe mucha posibilidad de que con la actual legislación y autoridades, este tipo de proyectos pueda salir adelante.

Sin embargo, en la práctica, este modelo ha enfrentado diversos retos, el principal, la negativa de las comunidades que se han sentido ajenas a los procesos de decisión sobre sus territorios.

Para el caso de Veracruz, un reciente estudio que analizó 20 proyectos presentados como minihidroeléctricas en el periodo 2008-2017, encontró que en México no existe un criterio que establezca los rangos mínimo o máximo de la superficie total de la central ni un marco normativo e institucional claro respecto a los requisitos que deben cumplir.

Una constante en los proyectos analizados fue que todos planteaban vender su energía directamente a la gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin dejar un beneficio palpable en las comunidades aledañas que, por otro lado, no han sido consultadas ni integradas a los procesos de planeación de los proyectos.

Esto “a diferencia de otros países donde la energía generada se utiliza para las comunidades que no tienen acceso a la red eléctrica pública. Para lograr una mayor aceptación, las comunidades deberían ser las directamente beneficiadas”, señala el documento.

“No han mejorado los estándares de sostenibilidad ambiental y participación social de los proyectos hidroeléctricos y tampoco han mitigado el escenario de conflictividad social… Esta forma de gestión que ignora a los grupos que habitan el territorio, promueve la desconfianza y disminuye la probabilidad de obtener la licencia social para operar los proyectos”, indica el estudio.

La sequía, el reto de la producción hidroeléctrica

En el Reporte de Avances de Energías Limpias 2024 (Rael), la Secretaría (ministerio) de Energía (Sener) señala que, en el primer semestre del 2023, la generación hidroeléctrica alcanzó 10 840,6 GWh, 6,3% de la generación total del país.

Está cifra supuso una disminución en relación con los años inmediatos anteriores que la secretaría atribuye a “los crecientes periodos de sequía que el país ha experimentado en los últimos años”.

Durante el primer semestre del 2023, indica el reporte, la producción de 78 de las 101 centrales hidroeléctricas del país disminuyó en promedio 27,7 % respecto al 2022. Ante está situación la Sener se ha enfocado en modernizar, rehabilitar y repotenciar centrales ya existentes, mas no la construcción de nuevas.

Para Sandra Guido, directora de la Asociación Civil Conselva, la variabilidad en las temporadas de lluvia ha jugado en contra de esta forma de producir energía limpia. “Lo que sí está pasando es que las lluvias se están estableciendo más tarde”, comentó. Esto ha generado que durante temporadas de mayor calor haya menos agua disponible para la generación eléctrica en las grandes presas, resultando en mayor demanda durante periodos de menor capacidad de generación.

“Empieza mayo con mucho calor y mucha demanda en energía eléctrica, pero no hay agua. Eso ya pasó, en el centro del país tuvimos un apagón hace un año porque estábamos en sequía. Ahí las lluvias empiezan antes, en mayo. Pero empezaron hasta mediados de junio y las presas llegaron a estar al 4%”, explicó Guido.

 

Pero a pesar de este y otros retos, la minihidroeléctrica no está descartada ni siquiera por las autoridades. En una reciente edición de una revista de la CFE se destaca cómo un proyecto microhidroeléctrico de cinco mini turbinas de 1,5 kW, alimentado por un arroyo, dará energía a una cooperativa de café en la comunidad de Salvador Díaz Mirón, en Misantla Veracruz.

La microhidroeléctrica puede representar allí la oportunidad de una transición justa para una comunidad rural de poco más de mil habitantes. Con la energía del pequeño arroyo que la alimenta, esperan mayores rendimientos económicos para una actividad que hasta hace poco aún realizaban a mano.

 

Panorama económico de Chile

El Panorama económico ofrece un resumen conciso de las tendencias y perspectivas económicas de Chile, basándose en publicaciones de la OCDE, que ofrecen análisis en profundidad de las tendencias económicas, sugerencias de recomendaciones políticas y una visión general de las políticas estructurales.

Se prevé que  Chile se prevé que el PIB crezca un 2,4% en 2025 y un 2,2% en 2026 y 2027. El crecimiento del consumo se moderará, pero seguirá respaldado por el aumento de los ingresos reales y el empleo. Se espera que la inversión se desacelere, pero se mantenga en niveles sólidos.

Las exportaciones netas contribuirán positivamente al crecimiento durante 2026-2027. La inflación general sigue disminuyendo y se prevé que se acerque al 3% en 2026 y se estabilice a partir de entonces. Es fundamental proseguir con la consolidación fiscal para que la deuda pública se mantenga por debajo del techo de endeudamiento.

A pesar de los recientes esfuerzos, para cumplir la regla fiscal, Chile debe reforzar los ingresos y mejorar aún más la eficiencia del gasto público, entre otras actuaciones mediante la revisión del gasto, la limitación del crecimiento del gasto corriente y la ampliación de la base imponible.

La reforma recientemente aprobada para acelerar los permisos de inversión y mejorar la previsibilidad regulatoria favorecerá la inversión. La implantación con éxito de herramientas de gobierno digital también puede ayudar a reducir los costos empresariales, atraer la inversión privada y aumentar la productividad. Un fuerte impulso del crecimiento El PIB real creció un 1,6% en el tercer trimestre de 2025, respaldado por la demanda interna, que registró un crecimiento interanual del 5,8%.

La inversión se vio impulsada por el componente de maquinaria y equipos, mientras que el consumo privado se benefició del fuerte crecimiento de los salarios reales. La confianza empresarial y del consumidor sigue siendo relativamente alta, y las condiciones de financiamiento se han relajado recientemente.

La inflación bajó a 3,4% en octubre, acercándose a la meta del 3% del Banco Central. Las condiciones financieras mundiales se han relajado durante el último año, lo que ha favorecido al entorno exterior de Chile. Los términos de intercambio han mejorado, impulsados por el aumento de los precios del cobre, que se espera que se mantengan altos durante 2026-27.

Al mismo tiempo, los costos de importación de energía han disminuido, lo que ha aliviado aún más las presiones existentes. Se prevé que los efectos macroeconómicos directos de los aranceles del 10% impuestos por Estados Unidos a las importaciones procedentes de Chile sean limitados.

Las exportaciones a Estados Unidos representan el 15% del total de las exportaciones chilenas, y existe una exención arancelaria para las exportaciones primarias de cobre y madera de Chile a Estados Unidos, que representan alrededor del 45% del valor de las exportaciones de mercancías a este país.

Dado que se prevé que la inflación se acerque al 3% en 2026, se espera una relajación gradual de la política monetaria, actualmente ligeramente restrictiva, incluidos tres recortes adicionales de tasas que situarán la tasa de interés oficial dentro de su rango neutral estimado, en torno al 4% en 2027. Estas perspectivas reflejan la desinflación en curso y unas expectativas de inflación firmemente ancladas.

El crecimiento se mantiene cerca de su potencial a medida que continúa la desinflación Se prevé que el crecimiento del PIB real sea del 2,4% en 2025 y del 2,2% en 2026 y 2027, impulsado por la resiliencia de la demanda interna, gracias a la relajación de las condiciones financieras, a la consolidación fiscal gradual y al aumento de los salarios reales que respaldan el consumo.

La reactivación de la inversión, sobre todo en minería, energía y bienes de capital relacionados, también favorecerá el crecimiento. Las exportaciones netas contribuirán moderadamente al crecimiento, en un contexto en el que las exportaciones seguirán creciendo —aunque se moderarán en 2026— al tiempo que el crecimiento de las importaciones se ralentizará con fuerza. Se prevé que el déficit por cuenta corriente se reduzca ligeramente para 2027.

Por su parte, se espera que la inflación general siga disminuyendo y converja hacia el objetivo del 3% en 2026. Por el lado positivo, el crecimiento podría superar las expectativas si se aceleraran los proyectos de inversión gracias a la reforma de los permisos, se normalizaran los volúmenes de exportación de cobre y aumentaran los precios del cobre.

La adhesión de Chile al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) y los aranceles efectivos relativamente bajos de Estados Unidos podrían respaldar el crecimiento de las exportaciones hacia otros mercados si las tensiones comerciales con Estados Unidos aumentan.

Entre los riesgos a la baja figuran una demanda mundial de metales más débil de lo previsto, una ralentización en la ejecución de los proyectos de inversión en minería, un endurecimiento de las condiciones financieras mundiales que debiliten el peso y aumenten los costes de financiamiento, así como un incremento de los precios de la energía que puedan afectar a las exportaciones y a la inflación. Preservar la estabilidad mediante la consolidación y acelerar las reformas regulatorias El Gobierno ha definido un plan de consolidación fiscal para 2025-27.

Tras la desviación registrada en 2024 con respecto al objetivo estructural debido a menores ingresos que los esperados, el cumplimiento de la regla fiscal requerirá la aplicación firme de medidas de restricción del gasto y de aumento de los ingresos. Se espera que las recientes reformas de los permisos favorezcan la inversión y agilicen los procedimientos al tiempo que reduzcan los costos, los plazos y la incertidumbre.

La rápida implantación del gobierno digital en Chile puede aprovecharse para prestar servicios con mayor rapidez. La integración de plataformas en una estrategia más amplia con alcance al conjunto del gobierno, como la plataforma digital única, reduciría aún más la burocracia, disminuiría los costos de cumplimiento y atraería la innovación y la inversión privadas.

La adopción de iniciativas complementarias para reforzar las competencias de la fuerza laboral y adaptar la formación a las necesidades emergentes de la industria — sobre todo de cara a aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y la adaptación de las industrias al cambio climático— impulsarían la productividad y sostendrían el crecimiento a medio plazo.

Está previsto que la política fiscal se endurezca gradualmente hasta 2027, en consonancia con la regla fiscal y el plan fiscal a medio plazo del Gobierno. Se espera una consolidación sostenida de alrededor del 1% del PIB durante este período, mediante un crecimiento moderado del gasto corriente

Los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante la pandemia se han resuelto en gran medida. La economía chilena ha vuelto a su tendencia de crecimiento y la inflación ha caído gracias a unas políticas macroeconómicas adecuadas. Garantizar la sostenibilidad fiscal debe seguir siendo una prioridad para mantener la deuda pública por debajo del techo de deuda y hacer frente a las crecientes necesidades de gasto asociadas a las transiciones ecológica y digital, y al envejecimiento de la población.

El crecimiento potencial de Chile se ha debilitado y aumentarlo dependerá de su capacidad para eliminar las barreras estructurales para elevar la productividad. Ampliar el acceso a servicios de cuidado de niños y ancianos de alta calidad y reducir las brechas de género en la educación puede ayudar a liberar todo el potencial de la fuerza laboral de Chile y mejorar la igualdad.

Facilitar la adopción de herramientas digitales por parte de las PYME e impulsar la innovación mediante un acceso más fácil al apoyo público a la I+D son pasos fundamentales para la transformación digital. Para cumplir sus objetivos climáticos y aprovechar sus abundantes reservas de litio y cobre y su elevado potencial de energías renovables,

Chile debe reforzar las políticas medioambientales, mejorar las infraestructuras, simplificar la regulación empresarial y preparar a su mano de obra, protegiendo al mismo tiempo el agua, la biodiversidad y las poblaciones vulnerables.

 

Nuevo mercado cambiario da esperanzas al sector privado de Cuba

Dariel Pradas *

Una nueva tasa de cambio oficial entró en vigor el 18 de diciembre en Cuba, en un intento de reordenar el mercado interno, hasta ahora a merced de compraventas informales, que dificultan la limpieza y la estabilidad financiera de las privadas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

“Es positivo que el Banco Central de Cuba (BCC) intente retomar su rol como autoridad monetaria del país, ocupando un espacio que había dejado vacío y que lo habían ocupado mecanismos informales y sin institucionalidad en el mercado cambiario”, dijo a IPS el economista Daniel Torralbas.

Según explicó el 17 de diciembre la ministra-presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, esta nueva tasa “flotante”, modificada a diario según oferta y demanda, está enfocada a que empresas exportadoras o que manejen divisas –privadas o estatales–, puedan comprar dólares u otros rubros al Estado a “precios competitivos”.

Esa opción estaba parcialmente paralizada desde hace cinco años mediante casas de cambio estatales, las únicas permitidas por ley, así que muchas empresas privadas y personas naturales recurrían al mercado informal.

Dos resoluciones del BCC, publicadas el día 18, establecieron las nuevas reglas del mercado cambiario y agregaron una tercera tasa flotante a las dos ya existentes de un dólar por 24 pesos, que utilizan las empresas estatales, y de un dólar por 120 pesos, válida para algunas empresas privadas y estatales.

“Es positivo que el Banco Central de Cuba intente retomar su rol como autoridad monetaria del país, ocupando un espacio que había dejado vacío y que lo habían ocupado mecanismos informales y sin institucionalidad en el mercado cambiario, señaló  Daniel Torralbas.

Según Torralbas, crear tres segmentaciones es una alternativa del gobierno para evitar los efectos inflacionarios de establecer de golpe una tasa unificada, lo cual encarecería el precio de muchos productos subsidiados que hoy se guían por la tasa de un dólar por 24 pesos o por 120 pesos, y afectaría, en consecuencia, a la población.

“Pero esta situación de los segmentos no se puede mantener eternamente. Tiene que haber un cronograma en la política cuyo objetivo final sea la unificación de todas las tasas cambiarias, de los tres segmentos, para que la economía opere con las mismas reglas de juego y con más eficiencia”, agregó.Collage de billetes de diferentes denominaciones de pesos cubanos y varias divisas, junto a tarjetas bancarias. La nueva tasa oficial cubana comenzó sus transacciones con una tasa ligeramente inferior a la tasa del mercado negro de divisas. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Tasa formal versus informal

El 18 de diciembre, cuando el BCC fijó la nueva tasa en su primera jornada en 410 pesos por dólar, empezó a hacer frente a los 440 pesos por dólar del mercado negro, mientras ha recibido críticas en redes sociales por la población debido a la cercanía con el precio.

La nueva tasa oficial se sustenta en operaciones reales y no en intenciones de compra y venta –en grupos de Telegram y otras redes–, como ocurre en el mercado informal, dijo a un medio local el director de Políticas Macroeconómicas del BCC, Ian Pedro Carbonell.

Según Carbonell, es una tasa objetiva, que responde a las malas condiciones de la economía, con caída de las exportaciones y del producto interno bruto (PIB), así como una emisión monetaria para reducir el déficit fiscal, además de las presiones externas que ejerce Estados Unidos sobre el sistema financiero cubano.

“Esto a la población le puede resultar contradictorio, pero es que esa es la tasa de referencia aproximada a la que realmente está operando hoy el mercado,  porque simplemente la economía cubana no tiene dólares. Bajar mucho el tipo de cambio implica tener un respaldo de dólares para ese mercado cambiario”, dijo Torralbas.

La economía cubana marca un decrecimiento de 4 % del PIB, registrado hasta el tercer trimestre de 2025, según datos revelados durante la última sesión del unicameral parlamento de esta nación insular caribeña, celebrada también el 18 de diciembre por videoconferencia.

Mientras, para el próximo año el gobierno proyecta un crecimiento de 1 %, aunque Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé un aumento de apenas 0,1 %.

Para Torralbas, el reto está, precisamente, en poder respaldar este nuevo mercado cambiario con las divisas, de forma que permita satisfacer la demanda de dólares de la economía cubana.

¿Una relevancia frenada?

Desde que se permitió la creación de mipymes privadas en 2021, el actor económico no estatal ha crecido exponencialmente y adquirido relevancia notable.

Las 9713 mipymes privadas que se encuentran actualmente activas –según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei)– manejan 20 % del intercambio comercial de Cuba, con 2200 millones de dólares en productos importados hasta noviembre de 2025, según datos de la reciente sesión parlamentaria.

Asimismo, 26 % de las producciones registradas por el Ministerio de la Industria Alimentaria son realizadas por alianzas entre el sector público y privado.

Sin embargo, pese a su impacto en la economía, en 2025 se han aprobado solamente 816 nuevas mipymes privadas, en contraste con las casi 5000 de 2022 y las 3700 de 2023.

La razón no recae en falta de interés de los emprendedores, sino en trabas administrativas en el proceso de aprobación de las empresas, desde que en septiembre de 2024 entraron en vigor dos decretos-leyes, el 88 y 90,

Ambas normas establecen la descentralización del proceso aprobatorio al traspasar la función de autorizar la creación de mipymes a los consejos de la administración municipales –gobiernos locales–, que antes desempeñaba el Ministerio de Economía y Planificación (MEP).

Actualmente, solo 65 de 168 municipios están aprobando autónomamente nuevas mipymes, cuando desde marzo debería ser una práctica generalizada.

“A pesar de que aumentaron los municipios en experimento (se empezó con apenas 15), la velocidad es muy lenta. O sea, los casos de personas esperando años, porque ya son dos años por la aprobación de su mipyme, suman ya miles, miles. Es lamentable. Triste. Es contraproducente para la economía nacional”, dijo Oniel Díaz, gerente general de Auge, empresa privada especializada en servicios para emprendimientos.

Oniel Díaz, cofundador de Auge, conversa con un grupo de empresarios durante la celebración en La Habana de la segunda edición de “El Brake”, un espacio para el intercambio entre emprendedores privados. Para el especialista, “ninguna medida hoy que pueda aplicarse en Cuba en materia económica son panaceas de por sí, porque la crisis es estructural”. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Comercializar en dólares

El 11 de diciembre, una semana antes de que entrara en vigor la nueva tasa cambiaria, la Gaceta Oficial de la República publicó un nuevo paquete normativo que regula el uso corriente de divisas y las transacciones en moneda extranjera dentro del país.

“¿Qué puerta realmente se abrió? ¿Qué permite (norma) para el sector privado? Lo primero es que la norma no regala divisas. Nadie nos va a regalar los dólares, porque no hay”, dijo Díaz, durante “El Brake”, un encuentro organizado por Auge el viernes 12, que reunió a múltiples emprendimientos privados.

Si bien las nuevas normas legalizan por más vías las operaciones en divisas para el sector privado, una oportunidad muy demandada y hasta entonces prácticamente prohibida para las empresas, sigue funcionando bajo el visto bueno del MEP.

También se podrán poseer cuentas operativas en divisas dentro del sistema bancario nacional, pero estarán destinadas a entidades exportadoras, modalidades de inversión extranjeras y otras personas jurídicas que cuenten con la autorización de ese ministerio.

En el caso de las mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia, el Estado podrá retener hasta 20 % de sus ingresos en divisas, obligándolos a vender esa cantidad al BCC al tipo de cambio oficial.

“Ninguna medida hoy que pueda aplicarse en Cuba en materia económica son panaceas de por sí, porque la crisis es estructural y por lo tanto las soluciones tienen que ser integrales, comprensivas… Las medidas tienen que ser totales y abarcadoras”, dijo Díaz a IPS en una entrevista posterior al encuentro.

Según Díaz, lo más positivo del paquete normativo es que trata de crear un canal legal para que se puedan recibir, guardar y usar una parte de las divisas que se ingresan, “algo que venía ocurriendo desde hace tiempo en la total ilegalidad; ahora muchos negocios podrán al menos transparentar ese flujo de dinero y dormir con más tranquilidad”.

El estudio “Clima Empresarial 2025”, una herramienta de diagnóstico elaborada por Auge, para entender las condiciones en las que operan las mipymes, arrojaron las principales inquietudes de los directivos de empresas privadas a partir de una muestra  175 encuestados.

Según el informe, la inflación, el acceso a divisas y una infraestructura deficiente fueron los tres problemas que más afectaron a sus empresas durante 2025, mientras que la inestabilidad económica representa la mayor preocupación:

“Por lo tanto, volver a equivocarse en ese renglón tan importante que es basal para cualquier economía, es echarle más leña al fuego”, sentenció Díaz.

En Uruguay se crearon 26.000 puestos de trabajo en 2025

“El 2025 ha tenido en materia de empleo, a pesar de las dificultades y de los varios cierres de empresa que tuvo que afrontar el gobierno, números relativamente buenos. Tenemos, aproximadamente, 26.000 personas más ocupadas en comparación con 2024 y una tasa de empleo que llegó al 60% de la población en edad de trabajar”, destacó el Director Nacional de Empleo, Federico Araya.

Sin embargo, el director de Empleo admitió que, a pesar de haber sido un buen año, ha habido ciertas heterogeneidades respecto a las diferencias de porcentajes a nivel de territorio, género y edades. “En el caso de los departamentos de frontera, hay una problemática diferente respecto a los que son con Argentina y Brasil”, comentó en diálogo con Radio Montecarlo.

“El principal problema de los departamentos con la frontera con Brasil, como Rivera, Artigas y Cerro Largo, más allá de las tasas de desempleo, con las altísimas tasas de informalidad que rondan el 40%. Ese es un grave problema que vamos a tratar de atacar”, aseguró.

Respecto a los departamentos que limitan con Argentina (como Salto, Paysandú y Río Negro), el jerarca comentó que la diferencia cambiaria y la poca estabilidad de los precios en la economía del país vecino influyen en el empleo que el gobierno ha estado tratando de combatir y adelantó que “seguirán en esa línea”.

Desocupación e informalidad en el norte

Los departamentos de la región norte del país concentraron los peores indicadores tanto de desempleo como de informalidad laboral. Paysandú, Salto, Rivera, Artigas y Cerro Largo exhibieron tasas de desocupación superiores al promedio nacional, acompañadas de niveles de informalidad que superaron el 35% en la mayoría de los casos.

Sin embargo, el departamento de mayor desempleo fue Treinta y Tres con una tasa de 13,13%, que casi duplicó el promedio nacional. De las 23.900 personas activas en el departamento, solo 20.700 estaban empleadas, dejando 3.200 desocupadas. En segundo lugar, se encontró Paysandú con un porcentaje de desocupación del 9,22%, seguido por Rivera con el 8,3%, Salto en cuarto lugar con el 8,02% y Artigas con el 7,06%.

Respecto a los niveles de informalidad, a nivel nacional fue de 21,6%, siendo Cerro Largo el de mayor porcentaje con un 43,8%. A este le sigue Rivera con el 39,7% y Artigas en tercer lugar con el 39,3%. En tanto, Flores es el de menor tasa de informalidad con el 10,7%, seguido por Montevideo con el 15%, San José con el 15,2% y Colonia con el 15,4%.

Colombia: importaciones al alza y exportaciones rezagadas

Las importaciones se aceleran con un salto de 14,9 % frente al año anterior, mientras las exportaciones no logran mantener el ritmo. El país volvió a acelerar las importaciones, mientras las exportaciones no logran mantener el ritmo. El déficit comercial, reticente a ceder, profundiza aún más la distancia frente al anhelado superávit.

Según el más reciente informe del DANE, en octubre el país importó USD$6.583 millones CIF (costo, seguro y flete), un 14,9 % más que en el mismo mes de 2024. El déficit comercial de Colombia se profundizó en el último corte del año, como resultado del acelerado crecimiento de las importaciones, que superaron ampliamente el ritmo de las exportaciones nacionales, según datos económicos actualizados que ubican al país ante un desafío creciente en su balanza comercial.

De acuerdo con el más reciente informe del DANE, las importaciones durante octubre alcanzaron  6.583 millones de dólares CIF, lo que representa un aumento del 14,9 % frente al mismo mes de 2024, mientras que las exportaciones no lograron mantener un ritmo equivalente de crecimiento. Este desequilibrio ha ampliado la brecha comercial, ampliando la distancia entre lo que Colombia compra en el exterior y lo que vende al mundo.

La dinámica comercial

El incremento de compras externas refleja la mayor demanda interna de bienes importados, especialmente en sectores que dependen de maquinaria, insumos y productos manufacturados extranjeros. En contraste, las exportaciones han enfrent dificultades para escalar al mismo ritmo, afectadas por factores como la caída de precios internacionales de algunos commodities y la lenta recuperación de ciertos mercados externos para productos tradicionales de exportación.

Este comportamiento se suma a otros retos de la economía colombiana, como la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno para enfrentar un déficit fiscal que amenaza la ejecución del presupuesto de 2026 tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso.

El profundo déficit comercial tiene varias consecuencias:

• Presión sobre la demanda de divisas, lo cual influye en la estabilidad cambiaria y puede afectar la posición del peso frente al dólar, aunque la divisa ha mostrado estabilidad cercana al cierre del año.
• Impacto en la producción local, ya que una demanda sostenida por productos importados puede reducir la participación de industrias nacionales en ciertos segmentos del mercado.
• Mayor vulnerabilidad a choques externos, dado que un desequilibrio prolongado en la balanza comercial puede limitar la capacidad de respuesta ante fluctuaciones globales de precios o demanda internacional.

Este escenario plantea un dilema estructural para la economía colombiana: mientras se observa un crecimiento interno de la demanda que impulsa las importaciones, el rezago de las exportaciones sugiere la necesidad de fortalecer la competitividad internacional y diversificar los mercados externos. En un año en que se esperan tensiones fiscales y ajustes presupuestales, el sector productivo y las políticas públicas deberán trabajar de la mano para equilibrar la balanza y generar oportunidades para sectores exportadores.

Los uruguayos rechazan prospecciones sísmicas de petróleo

Organizaciones ambientalistas denuncian las consecuencias de la autorización ambiental para la prospección sísmica a cuatro empresas petroleras. Uruguay es un país que tiene más mar que tierra. La costa uruguaya es conocida por ser lugar de rutas migratorias de fauna marina, siendo lugar de avistamiento de ballenas. También tiene una fuerte actividad pesquera. Por esto y mucho más, la posibilidad de realizar prospecciones sísmicas en busca de petróleo en el océano ha levantado al pueblo uruguayo.

El lunes 15 de diciembre, la organización Mar libre de petroleras convocó numerosas concentraciones en distintas localidades uruguayas como Montevideo, Rocha, Maldonado, Canelones y Colonia para entregar las más de 20 mil firmas recogidas hasta el momento en rechazo a los proyectos de exploración sísmica para la extracción de petróleo en el mar uruguayo. Para la organización, estas convocatorias han supuesto la evidencia de “un rechazo amplio y transversal a la exploración sísmica aprobada por el Ministerio de Ambiente el pasado 5 de diciembre”.

El Ministerio de Ambiente ha autorizado que cuatro empresas realicen exploración sísmica en aguas uruguayas: Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS.

El Ministerio de Ambiente uruguayo ha otorgado la autorización para que cuatro empresas extranjeras realicen exploración sísmica en aguas uruguayas en busca de petróleo. Los estudios sísmicos en océanos buscan yacimientos de petróleo y gas, lugares potenciales de almacenamiento de petróleo y de instalación de plataformas petroleras. Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS ya habían firmado un contrato con Ancap, empresa pública uruguaya Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, que les habilitaba a realizar la prospección en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Uruguay.

Cada una de estas empresas tiene asignada una serie de km² de exploración (Searcher Geodata, 16.450 km²; CGG Services, 12.900 km²; APA Exploration, 15.876 km², y PGS, 13.873 km²). Para realizar las exploraciones se usan cañones de aire comprimido que emiten impulsos sonoros bajo el agua para obtener imágenes de las capas geológicas que posteriormente perforar y detectar dónde podrían almacenarse hidrocarburos. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, declaró en el periódico la diaria, que “por los beneficios económicos y sociales que generaría su descubrimiento para el país, la búsqueda de petróleo con sísmica no es lo nuevo, viene comprometida de muy atrás”. Alejandro Stipanicic, expresidente de Ancap que inició los contratos hace dos legislaturas, defiende que se cuenta con grandes garantías de protección.

La autorización se firma hoy, pero es resultado de una política de estado sostenida por distintos gobiernos. Ya en 2023, Ancap firmó acuerdos de exploración con YPF, Shell y APA Corporation, asignando áreas específicas en la plataforma marina uruguaya para la búsqueda de crudo y gas. Aunque estos acuerdos pueden remontarse dos legislaturas atrás, la autorización actual no inaugura la exploración sino que la habilita formalmente.

La prospección se hará a una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de la costa y a una profundidad de entre 50 y 5.000 metros. En un inicio se había planteado una prospección de siete bloques offshore y finalmente se autorizó la explotación en los bloques uno y cuatro. Los ”siete bloques offshore“ se refieren a las siete áreas de exploración de petróleo y gas adjudicadas por Uruguay a empresas internacionales (YPF, Shell, APA y Challenger Energy) en su plataforma continental, bajo la iniciativa Ronda Uruguay Abierta, para buscar hidrocarburos.

Los proyectos de prospección sísmica están catalogados en la categoría “C” lo que obliga a tener un informe del impacto ambiental completo ya que se tratan de “actividades, construcciones u obras cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. Y es que parte de las áreas autorizadas son áreas prioritarias para la conservación marina como el “Talud Continental” y el “Área de Cría Permanente de Merluza” (Acpm).

Javier Sánchez Tellechea, biólogo especializado en bioacústica e investigador del Instituto de Ciencias Oceánicas de la Universidad de la República, escribió en la diaria los efectos de las prospecciones sísmicas en los ecosistemas marinos. Las prospecciones sísmicas usan ondas sonoras de alta intensidad y baja frecuencia (entre 10 y 300 Hz) que producen niveles de ruido bajo el agua de alrededor de 230 decibeles. La baja frecuencia en el agua puede propagarse grandes distancias por los canales naturales, como el canal Sofar. Sánchez Tellechea explica que el canal Sofar o de sonido profundo es “una capa del océano con unos niveles de temperatura, presión y salinidad ideales para la propagación de sonidos”, razón por la que las ballenas, entre otros cetáceos, usan este canal para su comunicación.

Concretamente la costa uruguaya es zona de avistamiento de la ballena franca austral (Eubalaena australis), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), ballena minke antártica (Balaenoptera bonaerensis), ballena de aleta (Balaenoptera physalus) y la ballena azul (Balaenoptera musculus).

También afectaría a otros animales marinos como los odontocetos (delfines y cachalotes) a pesar de que usen frecuencias más altas para comunicarse, sobretodo en el caso del delfín nariz de botella (Tursiops truncatus gephyreus), la franciscana (Pontoporia blainvillei), el cachalote (Physeter macrocephalus), los calderones (Globicephala melas), el delfín común (Delphinus delphis), el delfín de Risso (Grampus griseus) y las especies de cachalotes pigmeo y enano (Kogia breviceps y Kogia sima).

Impacto en ecosistemas enteros

No se trata solamente de especies marinas concretas, sino de ecosistemas enteros que se verían afectados como “la franja costera de Rocha, Maldonado y Canelones, el talud continental frente a Punta del Este, La Paloma y Cabo Polonio y el Río de la Plata exterior”, en palabras de Sánchez Tellechea. Además, también se verían afectados los peces, especialmente los de importancia comercial como recursos pesqueros del país como la merluza (Merluccius hubbsi), la pescadilla (Cynoscion guatucupa) y la corvina (Micropogonias furnieri). Según Sánchez Tellechea, los grandes olvidados que también se verían afectados son los invertebrados marinos, que suponen el 90% de la biodiversidad oceánica. Por todo esto, Sánchez Tellechea defiende que se debe “investigar las áreas de nuestro mar, comprender su dinámica y su biodiversidad, y sólo entonces decidir si vale la pena intervenir”.

Los movimientos socioambientales afirman que se están “organizando frente a un proceso que consideramos profundamente antidemocrático y riesgoso”.

Otros investigadores, como Andrés Milessi, biólogo marino y doctor en oceanografía, confirman estas consecuencias. “Vamos a hacer pelota nuestro ecosistema marino y quizás no haya petróleo”, denuncia Milessi. El Instituto de Ciencias Oceánicas (ICO) está investigando los ecosistemas, el clima y las visiones alternativas de desarrollo, en conjunto con las organizaciones sociales, frente a las exploraciones de petróleo, la construcción sobre la costa y proyectos como Neptuno.

Los movimientos socioambientales afirman que se están “organizando, informando y movilizando a la población frente a un proceso que consideramos profundamente antidemocrático y riesgoso” por ello recolectan firmas, impulsan concentraciones en todo el país, se articulan con investigadoras e investigadores y denuncian públicamente “la inconsistencia entre el discurso oficial de transición energética y la persistencia de una matriz extractivista”.

La agrupación Amigos del Océano, la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) y Mar Libre de Petroleras son algunas de las organizaciones que están recogiendo firmas contrarias a las prospecciones y organizando concentraciones y manifestaciones en todo el país para que las autoridades “dejen sin efecto estos proyectos que ponen en riesgo la vida, la biodiversidad marina y las comunidades”. Mar libre de petroleras se define como “una organización nacida desde el pueblo uruguayo que una vez más dice no a las prospecciones sísmicas, no a las petroleras en Uruguay”. Esta es una de las organizaciones que denuncia que el Ministerio está siendo un “garante del extractivismo petrolero” así como señalan la incoherencia entre los planes de transición energética y la búsqueda de hidrocarburos que “reinstala la lógica fósil”. En su manifiesto, la organización Mar libre de Petroleras afirma que los contratos son “son nulos de pleno derecho por vulnerar el artículo 47 de la Constitución, la Ley de Protección del Medio Ambiente, la Ley 19.128 que declara la Zona Económica Exclusiva como Santuario de Ballenas y Delfines, y principios del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y participación pública”.

“Aunque no haya perforación aún en esta etapa, el daño acústico ya es significativo para toda la fauna, trayendo graves problemas para el ecosistema de Uruguay, afectando no solo a los animales sino también a los trabajadores que se dedican a la pesca”, declaró una manifestante tras la recogida de firmas del pasado lunes 15 de diciembre, además de afirmar que “la acción colectiva no se detiene en la protesta, también construye conocimiento, alternativas y defensa activa de los bienes comunes”.

Además de la recogida de firmas, a lo largo de 2025 han habido instancias previas de movilización como audiencias públicas y manifestaciones donde no se recibieron respuestas del gobierno. Todavía quedan pasos por dar. Las empresas que realizarán las prospecciones deben presentar un plan de gestión ambiental y este plan debe ser aprobado por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.

Las próximas acciones de las organizaciones sociales, ecologistas y ambientalistas “buscan fortalecer la articulación entre organizaciones, ciencia y ciudadanía, exigiendo participación real, transparencia y el respeto a la vida marina, a las comunidades costeras ya los compromisos ambientales del país, continuando la lucha para que este suceso no manche el país de petróleo”.

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