Panorama Económico Latinoamericano – Del 17 al 24 de diciembre de 2025
Panorama Económico Latinoamericano – Del 17 al 24 de diciembre de 2025
Perú: Macroeconomía robusta y profunda fragilidad
Alejandro Narváez Liceras (*)
El Perú exhibe una de las paradojas más persistentes y desconcertantes de América Latina: una macroeconomía robusta coexistiendo con una profunda fragilidad social. Mientras las autoridades económicas resaltan la baja deuda pública, la estabilidad monetaria y la solvencia externa, millones de peruanos padecen de inseguridad alimentaria grave o moderada, empleos precarios y servicios públicos insuficientes. Esta dualidad, lejos de ser un fenómeno reciente, ha alcanzado un punto crítico en el periodo 2024 – 2025, revelando los límites de un modelo económico concentrado en estabilidad, pero muy débil en redistribución, institucionalidad e inclusión social.
En este artículo intentaré analizar esta paradoja mostrando algunas evidencias y cómo la política económica debería recuperar su esencia, su razón de ser: el bienestar de la gente.
Política económica y su fin supremo
La política económica —en teoría y en práctica— debería orientarse a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la atención y el debate se ha desplazado hacia temas estrictamente técnicos: equilibrio fiscal, metas de inflación, disciplina monetaria o estabilidad macroeconómica. Aunque estos elementos son importantes, pierden sentido cuando no se traducen en bienestar concreto para la población. Adam Smith (1776) advertía que la riqueza de una nación no radica únicamente en la acumulación de capital, sino en la capacidad de mejorar la vida de sus habitantes. De igual forma, Keynes (1936) señalaba que la economía debía estar al servicio de las necesidades humanas y no al revés.
Fortaleza macroeconómica: un espejismo estadístico
Desde la perspectiva estrictamente macroeconómica, el Perú mantiene indicadores que, en apariencia, son mejores que los de sus pares en la región. El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) reportó que la inflación retornó al rango meta en 2024, ubicándose en 1.4% al 3T2025, una cifra significativamente inferior al promedio regional. Asimismo, las reservas internacionales netas superan los 90 mil millones de dólares en noviembre de 2025 (26% del PBI), otorgando un colchón importante frente a episodios de volatilidad externa.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (2025) ha insistido en que la deuda pública se mantendrá en torno al 31.3% del PBI para el 2025, una de las más bajas de América Latina, lo que preserva grados de libertad de la política fiscal. Cabe destacar que el Perú cuenta con un reducido déficit fiscal de 2.4% al 3T2025 (BCR: RI3T25), solo superado por Chile. Además, el sistema bancario peruano exhibe una ratio de solvencia o capital global (RCG) a septiembre de 2025 de 17.2%, nivel mayor al mínimo regulatorio exigido de 10%.
No obstante, este conjunto de cifras genera una ilusión de estabilidad que no captura la precariedad social subyacente. La macroeconomía peruana parece diseñada para ofrecer una imagen de fortaleza que no se traduce en mejoras sustanciales para la mayoría de la población. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve la estabilidad fiscal si no logra revertir la desigualdad ni cerrar brechas históricas en salud, educación o infraestructura?
El rostro oculto: pobreza, desigualdad y hambre
La pobreza monetaria (ingresos) se elevó a 27.6 % en 2024 (INEI, 2025), lo que significa que cerca de uno de cada tres peruanos no logra cubrir una canasta básica de consumo. Más alarmante aún, la pobreza extrema volvió a crecer (5.5%) por primera vez en una década. Consecuencia de este panorama y según el informe del MINSA (2025) 33,000 peruanos padecían tuberculosis en el 2024, y de acuerdo a la OMS la cifra real podría estar en 59,000 casos. Perú está entre los países con mayor aumento de esta enfermedad en América Latina.
Por otro lado, el 41% de la población peruana experimentó inseguridad alimentaria grave o moderada (falta de acceso continuo y suficiente a alimentos) entre 2022 y 2024, la cifra más alta de América del Sur (FAO, 2025). La anemia en niños menores de tres años subió a 45.3% y la desnutrición crónica en menores de cinco años alcanzó al 12.6% (ENDES 2025-I). El país de la mejor cocina del mundo golpeada por la falta de comida, ¡vaya paradoja! La precariedad laboral sigue siendo la norma: más del 70 % de la población ocupada trabaja en la informalidad, con ingresos inestables y sin protección social, y un 42.3% de la PEA es subempleada (INEI, 3T25), es decir, trabajadores sin derecho a nada.
La fragilidad social no es solo una consecuencia económica, es también el reflejo de un Estado ineficiente e indolente, cuya presencia fuera de Lima es débil, fragmentada y, en muchos casos, inexistente. Esta ausencia institucional, combinada con décadas de baja inversión pública en infraestructura, educación, salud, etc., explica por qué amplios sectores de la población siguen en el abandono del Estado pese a los buenos indicadores macroeconómicos que tanto se propalan.
Estabilidad arriba, colapso abajo
El contraste entre estabilidad macro y deterioro social evidencia la naturaleza incompleta del modelo económico peruano de más mercado y menos Estado. Como señala el FMI (2024), economías con fundamentos sólidos pueden fracasar si carecen de instituciones capaces de traducir el crecimiento en bienestar. El Perú es un ejemplo paradigmático: sólido en cuentas fiscales, muy débil en cohesión social, eficiente en estabilidad monetaria, ineficiente en provisión de servicios públicos. Simplemente, no hay correlación entre ambos.
El problema no es únicamente distributivo, sino estructural: el crecimiento peruano ha dependido excesivamente de ciclos de precios de materias primas y de un sector privado dinámico que opera al margen de un Estado rezagado. Esta desconexión genera una economía primaria exportador que coexiste con una sociedad vulnerable, lo que explica la crisis social permanente y la desconfianza hacia las instituciones del Estado.
En términos concretos, la fragilidad social no es un accidente: es el resultado acumulado de un Estado débil e ineficiente, una élite económica egoísta y desconectada del Perú real y una “clase política” más centrada en disputas internas por pequeñas cuotas de poder que en diseñar un proyecto nacional.
¿Para quién crece la economía? La pregunta que incomoda
La economía no crece en abstracto, crece para alguien. La pregunta clave, planteada por clásicos y contemporáneos, es quién se beneficia de ese crecimiento. Según Amartya Sen (1999), el desarrollo debe medirse por la expansión de capacidades reales de las personas, no por la magnitud del PBI. Si el empleo es informal, los salarios son bajos y los servicios públicos son deficientes, entonces un crecimiento elevado carece de sentido moral y político.
El bienestar colectivo no es una consecuencia automática del crecimiento económico, es la resultante de políticas públicas deliberadas. Cuando el Estado deja que el mercado resuelva por sí solo problemas como pobreza, desigualdad o exclusión, lo que en realidad hace es perpetuar las brechas estructurales que afectan a los sectores más vulnerables.
La responsabilidad del Estado: más allá de la retórica económica
El Estado es el principal arquitecto de la política económica, y por tanto el primer responsable de que sus objetivos estén alineados con el bienestar social. Keynes (1936) advertía que una economía abandonada a la “mano invisible del mercado” podía generar más inestabilidad que prosperidad, precisamente porque el mercado no garantiza pleno empleo ni protección social. En este sentido, la intervención del Estado no es una anomalía, sino una necesidad para ordenar el sistema económico.
Sin embargo, en países con débil institucionalidad, la política económica se ha vuelto un ejercicio elemental tecnocrático desconectado de la realidad social. Se celebran metas fiscales mientras aumentan la informalidad, la pobreza, el hambre. Se aplaude la estabilidad monetaria mientras se deterioran los servicios de salud, educación y seguridad. Esta desconexión erosiona la legitimidad del Estado y, en última instancia, mina la cohesión social que luego explotará. Sin justicia social no habrá paz social duradera y genuina en el Perú.
Conclusión
El Perú vive atrapado en una paradoja profunda: presume de estabilidad macroeconómica sólida mientras su tejido social se deshace lentamente. Los logros monetarios y fiscales, aunque importantes, no compensan la fragilidad social que amenaza con socavar la cohesión nacional. El verdadero desafío no es mantener el orden macroeconómico, sino construir un Estado capaz de transformar tales cifras en bienestar, estabilidad en desarrollo y crecimiento para todos.
La política económica debe recuperar su esencia: mejorar la vida de las personas. Reducirla a un mero ejercicio de equilibrios macroeconómicos es vaciarla de contenido ético y social. El progreso genuino requiere un Estado capaz de
combinar estabilidad monetaria y fiscal con políticas públicas que generen oportunidades reales para todos los peruanos. El desafío no es solo técnico, sino moral: recordar que los números sólo tienen valor en economía cuando se traducen en bienestar humano.
(*) Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y actualmente profesor Principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del IIEE.
En Argentina, todo dado para la evasión y la fuga
Horacio Rovelli *
Mediante el Decreto 865/2025, el Poder Ejecutivo dispuso que el Congreso de la Nación sesionará en forma extraordinaria desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025. En el anexo del decreto se establece que se tratarán los siguientes seis temas: a) presupuesto nacional 2026; b) compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria; c) flexibilidad laboral y de despido; d) reforma del Código Penal; e) modificación de la ley de glaciares para que cada provincia determine la distancia mínima para desarrollar proyectos mineros en zonas periglaciares, y f) inocencia fiscal. Obviamente, pueden ampliarse los temas e incluirse una nueva y regresiva reforma tributaria o dejar su tratamiento para las ordinarias de 2026.
Los seis proyectos benefician básicamente al capital más concentrado del país y propician la inversión extranjera, avanzan sobre los derechos laborales y desfinancian al sistema previsional. A la vez se relajan los controles de ingresos y egresos de capitales, inclusive reduciendo y hasta eliminando medidas de prevención en la contaminación y el impacto ambiental.
Todo en procura de ingresos de divisas. Lo que, por una parte, se hace para cumplir con una deuda que se toma desenfrenadamente desde el gobierno de Cambiemos y que nunca se investigó a dónde se invirtió y en qué. Tampoco hay auditorías del FMI, que por su carta constitutiva obliga al organismo a fiscalizar la utilización del crédito. Y, por otra parte, se facilita la fuga, como lo demuestra el balance cambiario del BCRA, que revela que en diez meses transcurridos del año 2025, personas físicas compraron 34.420 millones de dólares.
En un circuito perverso de destrucción de la demanda interna por descenso del poder adquisitivo del grueso de la población, del cierre de establecimientos productivos de todo tipo, del aumento de las importaciones de bienes de consumo, paralelamente la demanda de dólares para compras y viajes al exterior alcanza cifras récord, como es récord la fuga de capitales. En este contexto, se eliminó para el corriente año 2025 el impuesto PAIS que gravaba la compra de divisas.
En ese marco de redistribución regresiva del ingreso al estilo “Hood Robin”, el Poder Ejecutivo llama a sesiones extraordinarias para consolidar el modelo extractivista primario exportador.
El presupuesto de la Administración nacional 2026, que fue presentado en setiembre y obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, plantea en su art. 1°: “El Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario, priorizando el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante a partir de la cual se subordinan recursos y gastos y a libre ejecución del Poder Ejecutivo”.
Además propone modificar la Ley 11.672 (Complementaria de Presupuesto) para eliminar la referencia al artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera. Actualmente, esa normativa exige que cualquier canje o reestructuración de deuda implique una mejora objetiva para el Estado, a través del cumplimiento de dos de estas tres condiciones: reducción de capital, extensión de plazos y/o baja de tasas de interés. De aprobarse la modificación, el Ejecutivo podría realizar canjes con objetivos de “ordenamiento financiero” aun cuando impliquen condiciones menos favorables.
Mediante el Mensaje 29 del proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que fue presentado en setiembre junto a la Ley de Presupuesto 2026, se establece la obligación de que el presupuesto proyecte un resultado equilibrado o superavitario, prohibiendo déficits financieros, con el mismo objetivo de darle facultades legislativas al gobierno, quien debe priorizar el pago de los servicios de la deuda.
Inocencia fiscal
El proyecto fue presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, y por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, el 5 de junio de 2025 en el Ministerio de Economía de la Nación, frente a sus autoridades encabezadas por Luis Caputo, con el objetivo manifiesto de “blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los obtuvieron” y el no dicho de no investigar la compra de divisas y su fuga.
Una Argentina donde en diez meses personas físicas (ahorristas argentinos los denomina el gobierno) compraron 34.420 millones de dólares y no pagaron el Impuesto PAIS [1], que supo tener una tasa del 25%, hubiera recaudado en ese lapso un ingreso neto para el fisco de 8.605 millones de dólares.
Y la administración nacional debe arrodillarse ante los Estados Unidos para firmar un swap del que utilizó 2.600 millones de dólares y debió devolver a los pocos días (y nunca se informó qué tasa pagó por ello y se trata de dinero público). Ahora rezan para que les vuelva a prestar, cuando debió colocar un título en el mercado local (Bonar 2029N) por 910 millones de dólares a una tasa de 9,26% anual, para poder pagar los vencimientos de fin de año y de los primeros días de enero de 2026, que superan los 6.100 millones de dólares (de los cuales vencen bonos Bonar y Global por 4.500 millones) y restituir los 1.006 millones de dólares con que pagaron los Bopreales que vencieron en los primeros días de diciembre de 2025 y que, detrajeron del encaje de los depósitos en dólares, que los bancos tienen en el BCRA para abonarlos.
En este marco, el Poder Ejecutivo pide tratar el proyecto de Inocencia Fiscal que presenta dos esquemas: a) cambia el paradigma en el régimen general e invierte la carga de la prueba. “Todo contribuyente es inocente hasta que el ARCA demuestre lo contrario” [2]; y b) genera el blindaje del nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, abonando el impuesto solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial, por lo que el contribuyente (persona física y empresas) calculará su monto a pagar solo por lo facturado sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio ni su consumo durante ese periodo (y obviamente tampoco la compra que realizaron de divisas y su fuga).
Ese día Juan Pazo sostuvo: “Además, con esta ley estamos garantizando que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada. Ninguna administración de otro signo político que busque continuar con su adicción a la persecución podrá volver a tratar a todos los argentinos como delincuentes”.
Por su parte, José Luis Espert destacó que “durante décadas, la combinación de un sistema impositivo asfixiante, controles de cambios e inflación alta empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión impositiva”. En este sentido, señaló que con el proyecto presentado habrá un cambio de sistema en materia tributaria en el que se abandonará “el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex AFIP presuponían que todos éramos culpables, y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario”. Y agregó: “Para nosotros tiene que regir un régimen de inocencia fiscal”.
El proyecto eleva la calificación del mínimo de evasión simple de 1,5 millones de pesos a 100 millones, y el de evasión agravada de 15 millones de pesos a 1.000 millones. De esa manera, de 7.000 causas abiertas en el fuero tributario solo quedarán abiertas 200. Es más, pueden saldar las deudas antes del juicio pagándolas, y si el juicio está en curso, pagan un 50% más de la multa que les corresponde y quedan libres de culpa y cargo; total, es plata del fisco que teóricamente la ARCA debería fiscalizar y cobrar.
Juan Pazo explicó que la prioridad de su gestión es “cambiar el enfoque tributario en la Argentina para dejar de tener una matriz persecutoria” y de esta forma va a crecer la recaudación. En ese sentido, admitió que la evasión tributaria por IVA en el 2024 fue mayor al 37% (“un nivel de evasión similar a la postcrisis del 2001”) y que se registra un 40% de informalidad en el mercado laboral.
Pero como si todo eso no importara, por medio del Decreto 353/2025, publicado en el B.O. del 23 de mayo de 2015, y en el marco de la modificación de las normas monetarias y cambiarias, se establece que se simplifican y desregulan todos los trámites relacionados en la inversión y en la adquisición de bienes, y que quienes se adscriban al Régimen Simplificado de Ganancias quedan exceptuados de declarar los bienes y las deudas en el país o en el exterior (obviamente las medidas impuestas obstaculizan la investigación de los auto préstamos, las triangulaciones de las exportaciones, y los precios de transferencias de las importaciones).
También instrumenta las resoluciones RG 5697, que deja sin efecto el régimen de información sobre negociación, oferta y transferencia de inmueble (COTI), y RG 5696, de secreto fiscal, que limita el requerimiento por parte de los sujetos obligados de informar a la UIF (Unidad de Información Financiera) del pedido de declaraciones impositivas a los clientes: a) cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI); b) operaciones de intermediación y/o compraventa de vehículos automotores y/o motovehículos usados; c) préstamos con garantía hipotecaria y transferencias de dominio de bienes inmuebles, cesiones de derecho y actos simultáneos; d) expensas y gastos comunes para countries, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, barrios privados, edificios de propiedad horizontal y otros; e) empresas que presten el servicio de suministro de energía eléctrica, agua, gas, telefonía fija y telefonía móvil (celular).
La ARCA
El Gobierno de Javier Milei el 21 de octubre de 2024 disolvió la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para reemplazarlo por la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Esto esencialmente modificó las misiones y funciones y le confirió mayor poder a la dirección política, y no exige la firma del personal de planta en sus resoluciones y procedimientos.
En un principio continuó como titular Florencia Misrahi, del Estudio Lisicki & Litvin, y fue reemplazada el 9 de diciembre de 2024 por Juan José Pazo, quien fuera CEO de las empresas textiles de Francisco De Narváez. Además, se desempeñó como director ejecutivo en firmas offshore relacionadas con Rapsodia Argentina[3], empresa cofundada por su esposa. En 2020 fundó Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y chips para trazabilidad de las vacas, en sociedad con un hermano de Luis Caputo.
En el sector público fue director de la UIF (Unidad de Información Financiera) en el inicio del gobierno de Mauricio Macri y luego superintendente de Seguros de la Nación desde enero de 2017 hasta diciembre de 2019. No bien asumió como ministro, Luis Caputo lo nombró secretario coordinador del Ministerio y siempre lo acompañó en las reuniones con los empresarios locales.
A Andrés Gerardo Vázquez, un experimentado profesional con más de tres décadas de carrera en la Dirección General Impositiva, que fue estrecho colaborador de Ricardo Echegaray, ex jefe de la AFIP, se lo nombró titular de la DGI (Dirección General Impositiva), y fue, en ese momento, denunciado ante la Oficina Anticorrupción por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su patrimonio [4], y anteriormente, en el año 2011, el fiscal federal Federico Delgado solicitó su indagatoria en una causa en la que se investigaba la transferencia de 461.000 dólares a cuentas en Suiza y Luxemburgo a través de una “cueva financiera” del BNP Paribas sin declarar.
Podríamos seguir refiriéndonos al resto de los funcionarios de la ARCA, pero basta con señalar que el jefe de la División Investigaciones de ARCA de la provincia de Tucumán, Mario Martínez Salazar Pérez, fue denunciado y la Justicia intervino e hizo allanar las oficinas de la calle Maipú 50, en pleno centro de la ciudad de Tucumán, que son de su propiedad, el jueves 4 de diciembre de 2025, por ser una “cueva” financiera dedicada al cambio de dólares en negro, descuento de cheques, operaciones con criptomonedas, préstamos usurarios y presunto lavado de activos. Su hijo, Jerónimo Martínez Parada, está directamente vinculado a la estructura de RT Inversiones, una financiera piramidal que estafó a más de 60.000 personas en Catamarca y fue detenido en noviembre de 2022.
Como director general de Aduanas se nombró a José Andrés Velis, impulsor de sistemas informáticos para la gestión aduanera, entre ellos el sistema Malvina, que conforma el ineficiente control y seguimiento de operaciones de comercio exterior. El gobierno afirma que la experiencia en tecnología aplicada a la administración aduanera de Velis es vital para los objetivos de modernización que se persiguen para el nuevo organismo recaudador. Veliz estaba jubilado y vivía en Paraguay.
En síntesis
Funcionarios venales favorecen el endeudamiento y la reducción de impuestos a los sectores más ricos de la sociedad, quienes fugan divisas y hacen retornar una parte como deuda. Y la ARCA y la legislación vigente y la que propician llevan al colapso de la deuda con el único fin de que el país remate a precio vil su rico patrimonio natural y construido. Y la amplia mayoría de la población sin siquiera comprender los hechos evidentes.
Notas
[1] El impuesto PAIS dejó de cobrarse el 23 de diciembre de 2024, luego de que venciera el plazo de cinco años por el que fue creado, y la actual gestión decidiera no prorrogarlo. Se trataba de un tributo que gravaba las compras de bienes y servicios en el exterior con tarjetas de crédito y débito, la adquisición de divisas para ahorro y la importación de productos. En 2024, este impuesto representó el 6,54% del PIB (unos 36.000 millones de dólares).
[2] La lectura entre líneas: para ser inocentes, deben pasar por la oficina del ARCA.
[3] Rapsodia es una marca argentina de ropa femenina, fundada en 1999 por Sol Acuña, Josefina Helguera y Francisco de Narváez.
[4] El caso surge de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reveló que Vázquez compró tres departamentos en Estados Unidos, entre 2013 y 2015, valuados en más de 2 millones de dólares a través de una sociedad offshore.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Uruguay: La inflación y la desconfianza del consumidor
Héctor Tajam *
Desde marzo 2025, cuando asumió la presidencia del país Yamandú Orsi, la inflación se ha reducido, esto quiere decir que los aumentos de precios son menores desde esa fecha. En febrero, el aumento de precios promedio anual relevado en los bienes y servicios que componen la canasta de consumo del consumidor fue de 5,1%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar el registro a noviembre: 4,1%. Una reducción significativa, 20%, que no es ajena al contexto económico general como veremos más adelante. Sin embargo, lo que a primera vista debería impactar positivamente en lo que se denomina “confianza del consumidor” no se dio, como graficamos a continuación.
Este indicador, construido por Equipos Consultores y la Universidad Católica del Uruguay (UCU) cayó nuevamente en noviembre, y se ubica apenas por encima del nivel 50, o de neutralidad, que separa el optimismo del pesimismo. Sucede que los menores aumentos de los precios han sido determinados fundamentalmente por la baja sostenida del dólar y el lento crecimiento económico y de los ingresos.
Si analizamos los componentes de la canasta de consumo del Índice de Precios del Consumidor (IPC), los principales determinantes de la reducción de la inflación a noviembre 2025 se concentran en “Hortalizas, Tubérculos y Legumbres”, con baja incidencia en el gasto familiar[i], y en los bienes duraderos importados tales como electrodomésticos, equipos informáticos y de comunicación, vestimenta y calzado, automóviles. Sin duda son estos últimos los bienes asociados a la caída del dólar con respecto a la moneda nacional, y abaratados por esa razón. En lo que va del año 2025 el dólar se ha depreciado un 11%, acercándose al piso de los $ 39.
Desde hace tres años esta es la causa principal de la caída de la inflación, que se continuó con una decidida política del Banco Central del Uruguay (BCU) desde marzo, a través de aumentos en la Tasa de Política Monetaria (TPM)[ii], disminuida ahora que el dólar se debilita por la situación internacional. La sostenibilidad de políticas antiinflacionarias en base a un dólar subvaluado (o peso sobrevaluado) ha conducido a situaciones traumáticas en el pasado. Hasta el propio BCU reconoce que el efecto dólar sobre los precios de los bienes transables (generalmente importados) es la determinante principal de la baja inflación, y su preocupación es que la inflación de los bienes no transables se mantiene en el techo de la meta inflacionaria, 6%.
El cálculo del indicador sobre la confianza del consumidor se realiza sobre varias apreciaciones de las personas en torno al contexto de gasto personal, del económico general y las perspectivas personales y nacionales. Justamente la única variable que recoge apreciaciones positivas (o menos negativas) por parte de los encuestados es el consumo de bienes duraderos. Ahí si hay una correspondencia entre inflación y conducta. Si observamos la evolución de los bienes importados, encontramos el resultado: una acentuada importación de bienes de consumo duraderos, entre ellos los automóviles, mientras que la importación de bienes de capital e intermedios, signos de inversión y producción se mantienen estancados. Es lo que muestra el cuadro siguiente.
Donde más pesimistas se mostraron los “consumidores encuestados” fue en relación a la marcha de la economía, “la situación del país”, con un descenso en la puntuación del 14%. Por otro lado, la situación personal, que tiene que ver con la perspectiva de ingresos futuros, también cayó (-5%). Cuando lo que prevalece es la estabilidad, la falta de oleaje, es lógico que las expectativas se reduzcan. El BCU publicará la evolución de la economía nacional, medida por la variación de la producción nacional (PIB) y de sus componentes el 15 de diciembre próximo, pero dispone de un indicador adelantado, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).
En junio pasado la actividad económica medida por la variación del IMAE se había alineado en el entorno de las proyecciones de los analistas especializados, 2,6% anual. De allí en adelante, este indicador disminuyó de tal forma que para setiembre el crecimiento previsto era de solamente 1,1%, con una tendencia que no augura nada bueno para el cierre de 2025. A su vez, y obviamente relacionado con esta tendencia, la variación anual del salario real promedio de los trabajadores públicos y privados, ha oscilado en torno a un registro poco estimulante: 1%.
Un país caro que importa barato no es un buen estímulo para la producción, la exportación y el turismo, y no parece acoplarse al planteo del Ministro de Economía Gabriel Odonne para que el país retome una senda de crecimiento amigable con el desarrollo y la distribución del ingreso. El presupuesto quinquenal fue aprobado, liberando márgenes de política económica para superar esta situación. Lo que sigue no es solo ejecutar el presupuesto aprobado, sino asegurar la sostenibilidad necesaria para que se cumplan las bases económicas sobre las cuales fue construido.
Notas
[i] Cuando el cálculo del IPC los excluye, lo que se denomina Inflación Subyacente, el índice es superior, 4,4%.
[ii] La TPM es una tasa de interés de referencia en moneda nacional que fija el BCU, y a través de la cual influye sobre la tasa de interés del sistema financiero, del costo del crédito y el interés de los depósitos y otros instrumentos financieros. Con la restricción del gasto de personas y familias y el aumento del ahorro (depósitos bancarios), se busca reducir la demanda y con ello las presiones inflacionarias. Cuando se venden dólares para colocar a una tasa en moneda nacional superior, se presiona al dólar a la baja.
*Economista, Director del Programa EconomiaPolitica.uy y Columnista de Mate Amargo. Fue Diputado (2005/10) y Senador (2010/15) por el MPP – Frente Amplio. Miembro del Capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (RedH)
Moderada recuperación del empleo en América Latina
América Latina y el Caribe experimenta una recuperación moderada del empleo, según el más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que a la vez advierte sobre la persistencia de la informalidad y la desigualdad.
Según el “Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe”, en la primera mitad del año la tasa de participación laboral promedio en la región fue de 63 %, la de ocupación alcanzó casi 60 %, y la de desocupación sigue descendiendo y se ubicó en seis por ciento, una de las más bajas de los últimos 15 años.
Esto significa que la cantidad de personas que están activamente trabajando o buscando empleo se mantiene estable, en relación con el año anterior, y que una mayor proporción ha logrado insertarse en el mercado laboral.
La fuerza laboral de la región se cifra en aproximadamente 350 millones de personas, según la Comisión Económica de para América Latina y el Caribe (Cepal).
En ella, la tasa de participación expresa el porcentaje de la población en edad de trabajar que está activa en el mercado laboral, es decir, que está empleada o buscando activamente empleo, mostrando la oferta de mano de obra disponible.
La tasa de ocupación laboral es el porcentaje de personas en edad de trabajar que tienen un empleo, y la de desocupación el de las personas que no tienen empleo, pero están disponibles y buscando activamente uno.
La OIT señala, en paralelo, que la informalidad, aunque se redujo ligeramente en el primer semestre de 2025 (46,7 %), sigue siendo uno de los rasgos más persistentes en la región, alcanzando a casi una de cada dos personas ocupadas.
Pero “la región no puede conformarse con cifras que parecen positivas en promedio”, advirtió la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira Gomes.
“Necesitamos políticas activas que promuevan el trabajo decente, con igualdad y protección”, dijo Moreira Gomes, y apuntó que “la OIT sigue comprometida con acompañar a los países en este camino, en un mundo laboral que cambia rápidamente”.
Los desafíos para mujeres y jóvenes también persisten en la región. Pese a que el desempeño de las mujeres en el mercado laboral ha sido más positivo que el de los hombres en los últimos años, este avance sigue siendo insuficiente.
Los hombres, con 75 %, tienen una tasa de participación 22 puntos porcentuales mayor a la de las mujeres (53 %), al igual que en la tasa de ocupación (71 y 49 %, respectivamente). La desocupación en las mujeres supera en dos puntos porcentuales la de los hombres.
Las personas jóvenes (15 a 24 años) registran una tasa de desocupación casi tres veces la de los adultos. La incidencia de la informalidad entre jóvenes (56 %) es mayor que entre adultos (43 %).
Recuerda el informe de la OIT que “detrás de estos porcentajes hay millones de historias reales. Cada punto en los indicadores laborales representa a personas que trabajan, buscan empleo o quedan al margen del mercado laboral”.
“El acceso a un empleo decente no solo determina ingresos: impacta en la salud, la educación, el bienestar y las posibilidades de desarrollo de toda la población”, subraya el documento.
El informe también destaca marcadas disparidades entre países. Por ejemplo, la tasa de desocupación supera el promedio regional en Colombia (aunque descendió de 11,1 a 9,7 % entre 2024 y 2025), al igual que en Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay, dentro de una decena de países seleccionados para el estudio.
Las mujeres y las personas jóvenes siguen siendo las más afectadas por la informalidad, el desempleo y el trabajo precario.
El informe también analiza cómo está cambiando el mundo del trabajo, con especial atención al trabajo en plataformas digitales. Uno de los hallazgos muestra que, entre quienes trabajan en estas plataformas, a mayor nivel educativo corresponden mayores ingresos.
“El empleo se está transformando: aunque hay avances en los indicadores generales, hay que mirar debajo de la superficie. Los datos muestran grandes disparidades entre países y grupos”, apuntó el economista Gerson Martínez, autor principal del informe.
El Panorama se produce poco después de la 20.ª Reunión Regional Americana de la OIT, celebrada en octubre de 2025, en la cual las autoridades de la región reafirmaron -a través de la Declaración de Punta Cana- su compromiso con el trabajo decente, la formalización y la reducción de desigualdades estructurales.
México compra más a Asia que a sus socios del T-MEC juntos
Braulio Carvajal
México importa más mercancías de países de Asia que de sus dos socios del T-MEC, Estados Unidos y Canadá, combinados, de acuerdo con datos oficiales.
El Congreso mexicano aprobó la semana pasada la aplicación de aranceles hasta de 50 por ciento a productos de 11 naciones, casi todas asiáticas, entre ellas China, con el fin, según han dicho diversos funcionarios, de frenar el ingreso masivo de bienes y proteger a la planta productiva nacional.
Entre enero y octubre, de acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), México importó desde Estados Unidos y Canadá mercancías por un valor combinado de 220 mil 37 millones de dólares; en el mismo periodo las compras desde Asia ascendieron a 243 mil 733 millones de dólares, monto sin precedente.
En el último año, dichas importaciones desde Asia aumentaron 15 por ciento, comparadas con los 211 mil 120 millones de dólares del mismo periodo de 2024; en tanto, las de los socios del T-MEC cayeron 4.8 por ciento; en los primeros nueve meses del año pasado se ubicaban en 231 mil 235 millones de dólares.
Del total de las compras desde Asia, casi la mitad provienen de China. Según datos del banco central, entre enero y octubre México compró al gigante asiático mercancías por 109 mil 394 millones de dólares, 1.4 por ciento más que los 107 mil 820 millones de dólares del mismo lapso del año pasado.
En los primeros 10 meses del año en curso, las importaciones mexicanas ascendieron a 550 mil 96 millones de dólares; esto significa que 20 por ciento provienen de China.
Este país es el segundo mayor proveedor de México, sólo detrás de Estados Unidos, que en el mismo periodo vendió al país bienes por 209 mil 545 millones de dólares, que representan 38 por ciento del total de las exportaciones mexicanas.
Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, entre enero y septiembre (último dato disponible), las importaciones de México desde ese país ascendieron a 253 mil 600 millones de dólares (https://bit.ly/44upL2F); no obstante, dicha cifra incluye mercancías y servicios, y la del BdeM sólo mercancías.
El miércoles el Senado aprobó la reforma que a partir de enero de 2026 impondrá cuotas de entre 5 y 50 por ciento a mil 463 productos provenientes de países sin tratado de libre comercio con México. Entre estos países se encuentran China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.
La medida, que busca fortalecer la industria nacional y mejorar la posición de México rumbo a la revisión del T-MEC, fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Aunque el Senado avaló el decreto sin cambios, la versión final sí incorporó modificaciones relevantes de la Cámara de Diputados, que ajustó alrededor de 60 por ciento de la propuesta original del Ejecutivo.
Esta medida, señalaron analistas de Monex, implica retos y oportunidades, dado que por un lado afectará principalmente a China, al tiempo que los insumos para diversas industrias del país se encarecerán.
Detallaron que de los 10 capítulos con mayor peso en las exportaciones mexicanas, China suministra 24.6 por ciento de los insumos a seis de ellos, lo que podría elevar los costos de producción a las compañías mexicanas que integran productos chinos en sus cadenas de valor. El efecto dependerá de qué tanto absorban las empresas chinas los aranceles a sus exportaciones.
Sin embargo, los analistas destacaron que esta medida también es una oportunidad para que la industria nacional recupere parte de la participación de mercado que actualmente tiene el gigante asiático.
Además, destacaron que en la revisión del T-MEC el paquete arancelario podría ser bien recibido por Estados Unidos, que ha manifestado su preocupación por la creciente presencia china en la región. “Esto abriría la puerta a obtener condiciones favorables en dicha revisión y a una eventual eliminación de los aranceles que enfrenta México”.
Brasil: empresas de comunicaciones se embolsaron activos públicos
Glauco Faría
La quiebra de Oi podría arrojar luz sobre un proceso que los grandes medios de comunicación han ocultado. Un acuerdo entre las telefónicas y Anatel, no impugnado por el Ejecutivo, está transfiriendo activos multimillonarios a manos privadas, que volverían a manos de la Unión en 2025.
El 10 de noviembre, el tribunal declaró la quiebra del operador de telecomunicaciones Oi, mediante una orden emitida por el juez Simone Gastesi Chevrand, del 7.º Juzgado Comercial de Río de Janeiro. Esta decisión pondría fin a su segundo período de reorganización judicial, un proceso que permite a las empresas con dificultades financieras renegociar sus deudas y evitar el cierre.
Sin embargo, tres días después del anuncio, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJ-RJ) suspendió la decisión y reinstauró la reorganización judicial. La sentencia respondió a una solicitud de acreedores como Bradesco e Itaú, y la jueza Mônica Maria Costa Di Piero también tomó nota de la opinión del Ministerio Público, señalando que la empresa emplea a miles de trabajadores, «cuya protección se sustenta en el principio de la dignidad humana y el deber de la Administración Pública de garantizar la preservación del empleo y la estabilidad social».
Este es otro capítulo de una historia que, en el lenguaje popular, representa una especie de «jugo brasileño» de las últimas décadas. Combina el viejo problema de la relación entre los intereses públicos y privados —en referencia a los fracasos originados por la privatización de la telefonía brasileña en la década de 1990— con una concepción frágil de la regulación de los servicios públicos, las acciones de los organismos del sector y las políticas desacertadas de diferentes gobiernos
Sin embargo , hay una cuestión que involucra miles de millones de reales y la integridad del patrimonio público, relacionada con la contabilidad y el destino de los llamados activos reversibles, que actualmente están en el centro de controversias regulatorias y sospechas de vaciamiento de activos, en el caso específico de Oi.
Un activo (público) de mil millones de dólares
Junto con entidades que forman parte de la Coalición Derechos en la Red —un colectivo de más de cincuenta entidades del tercer sector que trabajan en la defensa de los derechos humanos, el derecho a la comunicación y los derechos del consumidor—, la abogada Flávia Lefèvre, miembro del Instituto Nupef, interpuso dos demandas civiles públicas relacionadas con bienes reversibles. Se trata de bienes como inmuebles, equipos e infraestructura que una empresa privada concesionaria de un servicio público puede utilizar durante la vigencia del contrato, pero que, al finalizar este, deben retornar al patrimonio del Estado, como titular del servicio.
La primera demanda, interpuesta en 2011, logró obligar al Gobierno Federal y a Anatel (el organismo regulador brasileño de las telecomunicaciones) a presentar una lista de activos reversibles relacionados con los contratos de concesión de telefonía fija firmados en junio de 1998 y diciembre de 2005. La segunda acción civil pública se interpuso en junio de 2020, impugnando lo que las entidades identificaron como fallas en la metodología económica definida por el organismo. Esta metodología permitiría la transferencia de activos reversibles a la propiedad privada de empresas que migran del sector público al privado, con base en una evaluación del valor de las concesiones «revertidas en compromisos de inversión, priorizando la implementación de infraestructura de redes de comunicación de datos de alta capacidad en zonas sin competencia adecuada y la reducción de las desigualdades».
Esta segunda acción se encuentra pendiente de apelación debido a que, en una medida inusual, tras tres años y diez meses desde la admisión e inicio del proceso judicial, el mismo juez del Tercer Juzgado Federal del Tribunal Federal Regional de la Primera Región, sin haber sido solicitado, desestimó el caso sin pronunciarse sobre el fondo, alegando que la decisión se tomó «tras una mayor reflexión». Las entidades interpusieron un recurso de apelación para anular la decisión, y el Ministerio Público Federal avaló la solicitud. Según el Fiscal Regional, Marcus da Penha Souza Lima, el magistrado no pudo invalidar su propia decisión, lo que constituiría «preclusión pro judicato «, una especie de salvaguardia que impide a un juez retractarse, reconsiderar o modificar una decisión que él mismo ya ha tomado en el mismo caso.
Para el Ministerio Público Federal, la acción civil pública es el instrumento adecuado para abordar el caso, que busca garantizar la transparencia en el cálculo de los activos reversibles y el correcto uso de los fondos en la implementación de políticas de inclusión digital. La audiencia de apelación está programada para el 3 de diciembre.
Para dar una idea de la magnitud de lo que se impugna en los tribunales, la Sentencia 516/2023 del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) indica que, según los cálculos de Anatel, de un total de 2.900.121 activos reversibles asociados a concesiones de telefonía fija —que corresponden a más de 10.000 propiedades, miles de kilómetros de redes de telecomunicaciones y sus conductos—, 1.426.414, o el 49,18% del total, tuvieron sus valores considerados nulos. Esto incluye el backhaul , la red que soporta la conectividad a internet.
“Anatel afirma que los cables coaxiales de cobre y fibra óptica y sus conductos no tienen valor residual bajo la falsa justificación de que el costo de estos activos es superior a su valor real, por lo que les ha asignado un valor cero. Sin embargo, existen evaluaciones de LME Maxi Ligas que indican que, por ejemplo, si solo se considera el cobre, el valor del metal tiene un precio promedio de US$8.831 por tonelada”, ilustra el abogado, señalando que el total de activos estimados, según la propia Anatel, en 2019 podría alcanzar los R$101.000 millones.
Hasta la fecha, se han adaptado los contratos de Oi, Vivo, Algar y Claro, y Sercomtel aún está pendiente. Sin embargo, los montos utilizados por Anatel para canjear concesiones de telefonía fija por compromisos de inversión se consideran muy bajos en comparación con el valor total de los activos reversibles involucrados. Estos ascienden a R$ 5.800 millones para Oi; R$ 4.500 millones para Vivo; R$ 2.410 millones para Claro; y R$ 240 millones para Algar. Tras una solicitud de reconsideración por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión en 2016, Anatel calculó que el total había aumentado de R$ 99.500 millones en 2005 a R$ 121.600 millones en 2015.
El papel desempeñado por Anatel (el organismo regulador brasileño de las telecomunicaciones) con respecto a este patrimonio público ha sido duramente criticado no solo por las entidades, sino también por el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión). En una sentencia emitida en 2020, el Tribunal destaca la contribución del organismo —creado para ayudar a regular el sector, supervisar el cumplimiento de las regulaciones y sancionar cualquier abuso— a la situación actual.
«Tras veinte años de negligencia por parte de Anatel en el cumplimiento de sus obligaciones legales, contractuales y regulatorias, ya no es factible obtener información sobre todas las operaciones de desinversión, gravamen o sustitución realizadas desde 1998 con activos vinculados a los servicios de telefonía fija, siendo la única forma segura de evitar compensaciones indebidas y la disipación de activos reversibles; lo máximo a lo que aún se puede aspirar es a mitigar la posibilidad de daños», afirma el TCU.
La sentencia destaca algunas de las obligaciones de Anatel, como la necesidad de su aprobación previa en caso de venta, gravamen o sustitución de activos. Dado que el Contrato de Concesión se modificó en 2011 para definir los activos reversibles como «la infraestructura y los equipos instalados en virtud de las obligaciones de servicio universal previstas en el Plan General de Metas del Servicio Universal», Anatel argumentó ante el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) que su función sería únicamente la de supervisar y controlar los activos reversibles para garantizar la prestación de un servicio público adecuado, y que no tendría que supervisar la evolución de los mismos desde la perspectiva de mantener el valor patrimonial de la concesión.
Para justificar aún más su falta de realización de este seguimiento, la agencia utiliza un argumento bastante irrazonable, al afirmar que «los recursos obtenidos de las ventas se reinvirtieron en la concesión, aunque las ventas de activos reversibles no fueron identificadas individualmente; y como no hubo interrupción en la prestación del servicio de concesión, se puede afirmar, a pesar de la falta de demostración exhaustiva de cada venta ocurrida, que el procedimiento de seguimiento y control de los activos reversibles adoptado por Anatel fue adecuado».
En otras palabras, Anatel alega que no supervisó el proceso de venta de activos pertenecientes a la Unión y, dado que los servicios continuaron prestándose, esto implicaría que hubo reinversión; los recursos se «reinvirtieron en la concesión». Al parecer, la agencia no comprende la posibilidad de que esto haya sido absorbido como beneficio por una empresa privada que busca… lucro.
“(…) es evidente que todas las acciones del organismo regulador se guiaron por la premisa de que los activos reversibles solo deben controlarse para garantizar la prestación de un servicio adecuado. En consecuencia, se descuidaron las cuestiones de carácter patrimonial, que, como se explicó anteriormente, deberían tener la misma prioridad debido a los altos valores involucrados”, afirma el TCU en la sentencia. “Como resultado de esta interpretación errónea, Anatel incumplió las obligaciones que le impone la LGT [Ley General de Telecomunicaciones], los contratos celebrados y su propia normativa, ya que instituyó tardíamente un procedimiento absolutamente ineficaz para el control de los activos reversibles. Esto condujo a la situación en la que nos encontramos”.
Debido a esta y otras discrepancias, las entidades buscan la anulación de un acuerdo firmado con Anatel (la agencia reguladora de telecomunicaciones brasileña), la Procuraduría General de la República (AGU) y el Tribunal de Cuentas de la Unión, que rescindió la concesión de telefonía de la empresa y suspendió la transferencia de la red de fibra óptica a V.tal, que supuestamente ya se está apropiando de los activos antes de la formalización del acuerdo. Paralelamente, Oi sigue buscando, por la vía legal, recibir no menos de R$ 60 mil millones de la Unión, alegando que se vio perjudicada por los cambios en las reglas de concesión en la década de 2000, que supuestamente afectaron la sostenibilidad de su servicio de telefonía fija. Y, en el acuerdo propuesto, se compromete a retirar esta reclamación.
Problema de origen
En el caso de Oi, la conclusión de su proceso involucra no solo a sus trabajadores —aproximadamente 3.000 vinculados directamente a la empresa y otros 10.800 en empresas de mantenimiento de red y centros de llamadas— . También cuenta con una estructura que presta servicios ejecutados en virtud de más de 4.664 contratos firmados con el Sector Público en todo Brasil y en todos los niveles, abarcando organismos públicos, ministerios, universidades, empresas públicas y las Fuerzas Armadas, incluido el Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo, una unidad de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) responsable de garantizar la seguridad y la gestión del espacio aéreo. También presta servicios al Poder Judicial y es responsable de 5.968 teléfonos públicos y de atender a 7.475 localidades donde es el único operador.
La historia del operador se remonta a la era de la privatización, intensificada y adoptada como política estatal durante los dos mandatos del expresidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). En 1997, se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, responsable de flexibilizar el monopolio estatal en el sector, lo que permitió, al año siguiente, la privatización del Sistema Telebrás. Se realizaron 12 subastas consecutivas para la venta del control de tres holdings de telefonía fija , un holding de larga distancia y ocho holdings de telefonía móvil.
“A pesar de ser las telecomunicaciones un servicio público, como se establece en la Constitución Federal, artículo 21, inciso XI, se separaron dos regímenes. Dejaron la telefonía fija bajo el régimen público y todos los demás servicios bajo el régimen privado, sin ninguna obligación de inversión ni servicio universal. Y peor aún: sin posibilidad de subsidios cruzados”, explica la abogada Flávia Lefèvre, del Centro de Investigación, Estudios y Capacitación Coletivo Digital (Nupef), quien en su momento siguió el proceso en su trabajo, centrándose en la protección del consumidor, especialmente porque las empresas privatizadas promovieron aumentos abusivos de tarifas en varias ocasiones.
En cuanto a los subsidios cruzados, cuando el sistema era público, Telebrás, un holding , podía, por ejemplo, utilizar los recursos de una empresa más rentable para compensar las tarifas más bajas y la necesidad de mayores inversiones de una menos rentable. La Ley General de Telecomunicaciones lo prohíbe expresamente, con una disposición que solo permite el uso de recursos del Fondo Universal del Servicio de Telecomunicaciones (FUST), que no se utilizó durante más de 20 años por ser contingente y desviarse a otros fines, principalmente debido al cumplimiento de objetivos presupuestarios basados en los principios de austeridad fiscal.
Si se hubieran permitido los subsidios cruzados, argumenta Lefèvre, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) podría haber impuesto obligaciones, como la inversión de un porcentaje de los ingresos del sector privado dentro de un plazo específico en zonas periféricas o regiones sin fibra óptica. En la práctica, la prohibición privó al organismo regulador de un mecanismo esencial para promover la inclusión digital. El abogado recuerda que el crecimiento de internet en Brasil coincidió con el año de la privatización, en 1998, y destaca que la separación de regímenes permitió que el área de mayor interés y potencial de crecimiento (internet y datos) quedara libre de las obligaciones del sector público, lo que resultó en un modelo que, incluso hoy, impacta la universalización y la calidad de los servicios en el país.
Por cierto, los planes de servicio universal propuestos por Anatel, asociados a los contratos de concesión de telefonía fija, eran rígidos, lo que significa que imponían la misma obligación a todos los concesionarios, independientemente de las particularidades regionales. La obligación de instalar teléfonos públicos en São Paulo, por ejemplo, era idéntica a la impuesta al concesionario en la Amazonia. Esto, en un país de dimensiones continentales y profundas disparidades sociales y económicas como Brasil, ignora la complejidad logística y la necesidad de inversiones diferenciadas, lo que contribuye a la persistencia de deficiencias en la infraestructura de telecomunicaciones. Esto perjudicó especialmente a Telemar, que precedió a Oi y operaba en una vasta área de Brasil, abarcando 16 estados del Norte, Nordeste y partes del Sudeste y Centro-Oeste.
En un artículo, el editor del sitio web Teletime, Samuel Possebon, analiza los problemas de gestión que surgieron desde la misma formación del consorcio. «Cuando surgió Oi, aún como Telemar, había un grupo de inversores con una característica común. Ninguno provenía del sector de las telecomunicaciones ni estaba dispuesto a realizar inversiones estratégicas a largo plazo en el sector. Eran empresas que se unieron en un consorcio con múltiples intereses para aprovechar el proceso de privatización de Telebrás, sin mucha claridad sobre su destino y bajo la sospecha del propio gobierno (que, entre bastidores, había bautizado al grupo como ‘Telegangue’, según escuchas telefónicas ilegales filtradas en aquel momento)», relata.
Estos empresarios prefirieron estructurar el negocio priorizando la financiación del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y los fondos de pensiones estatales en lugar de realizar sus propias inversiones. Para adaptarse a las diferentes agendas comerciales, las direcciones estratégicas de Telemar se dividieron entre diferentes accionistas, y las decisiones a menudo se orientaban a intereses específicos. Cada accionista tenía su feudo en Telemar, y todos se beneficiaban de la empresa —afirma—. A lo largo de su historia, Telemar adquirió empresas controladas por sus accionistas, algunas completamente ajenas a sus objetivos estratégicos. Cada una de estas operaciones (desde el portal de internet iG, pasando por la empresa de servicios corporativos Pegasus, la empresa de centros de llamadas Contax, y culminando en TNL/PCS, el operador móvil que daría origen a Oi Móvel) implicó un aumento de la deuda. La operación móvil por sí sola ascendía a R$ 10 mil millones en ese momento.
En 2008, como parte de la política de «campeones nacionales», destinada a fortalecer a las empresas que pudieran competir internacionalmente, se creó la llamada «supertelecom» nacional, como pasó a conocerse a Oi tras su fusión con Brasil Telecom, proceso que se inició en 2008 y se concretó en 2009, durante el segundo mandato del presidente Lula, con el apoyo financiero del BNDES.
Flávia Lefèvre relata que en aquel momento formaba parte del Consejo Asesor de Anatel y fue la única de los doce votos en contra de la idea. Todas las disposiciones que perjudicaban a la antigua Telemar, ahora Oi, seguían vigentes. «En aquel momento, era más importante adoptar medidas como reformar algunos artículos de la Ley General de Telecomunicaciones para presionar a Anatel a modificar aspectos de la regulación, pero nada de eso se hizo», afirma.
Possebon también señala, en su artículo, la frustración de las expectativas con respecto a la fusión. «Al final, fue una unión de dos empresas que, individualmente, ya tenían muchos problemas y que…»Sólo agravaron sus propios problemas: tanto Telemar como Brasil Telecom eran dos concesionarias gigantes.casos, con enormes responsabilidades y obligaciones regulatorias superpuestas. Además, Brasil Telecom…Tengo numerosos esqueletos en el armario, entre ellos demandas judiciales.Miles de millones relacionados con planes de expansión (muchos orquestados por el propio grupo Opportunity, que controlaba la empresa). Al final, el coste de la fusión con Brasil Telecom resultó ser mucho mayor de lo imaginado, describe.
“Y entonces Oi se vio sometida a estos hechos atroces que han estado sucediendo con la ayuda de Anatel, como la posibilidad de varios movimientos autorizados por la agencia para que Oi transfiriera activos a V.tal [una empresa controlada por los fondos de inversión BTG Pactual, resultante de la escisión de Oi]”, ejemplifica Lefèvre. El abogado se refiere a lo que el juez Simone Gastesi Chevrand identificó como “vaciamiento de activos”, uno de los hechos que justificarían la previsión de quiebra.
¿Qué hacer?
También es importante destacar que, en el camino que condujo a la caída de la empresa, se produjo la fusión en 2013 entre Oi y Portugal Telecom, que fracasó aproximadamente un año después cuando la empresa portuguesa compró bonos por valor de casi 900 millones de euros a Banco Espírito Santo, uno de sus mayores accionistas. La entidad financiera incumplió el pago y terminó en quiebra. Como en cualquier gran tragedia, no es un solo factor el que contribuye a una caída de esta magnitud.
Sin embargo, aún hay tiempo para preservar el interés público y los bienes, y es necesario seguir el desarrollo del caso en los tribunales. «El sindicato debe conservar estos bienes y respetar los derechos de los trabajadores sin sueldo y de los miles de proveedores», señala Flávia Lefèvre. «Tiene que embargar los bienes, porque los hay. Si se dijera: «Oh, no, la empresa está en quiebra…», no: no está en quiebra. La están robando para beneficio de los plutócratas». Es necesario prestar atención a la trayectoria de los tribunales y trabajar en mecanismos dentro del ámbito legislativo que puedan prevenir futuras pérdidas.
Panorama internacional
¿En qué pueden ponerse de acuerdo los economistas hoy en día?
John Cassidy *
Un nuevo libro, «The London Consensus», ofrece un marco para replantearse la política económica en una época fracturada por la desigualdad, el populismo y la crisis política.
«La era de Larry Summers ha terminado», proclamó Politico , después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicara la correspondencia del patrimonio de Jeffrey Epstein atribuida al veterano economista de Harvard Lawrence Summers. Esa afirmación parecía un poco exagerada. Sin embargo, es cierto que, en los más de treinta años que llevo escribiendo sobre economía y política económica, Summers ha sido una presencia casi constante. Su repentina caída me hizo pensar en lo que ha cambiado en la economía desde que apareció por primera vez en la escena pública y hacia dónde se dirige a partir de ahora.
Una colección de ensayos publicada recientemente, «The London Consensus», con el ambicioso subtítulo «Principios económicos para el siglo XXI», ofrece un punto de partida útil. El libro, que surgió de una conferencia celebrada en la London School of Economics and Political Science hace un par de años, aborda una serie de cuestiones globales, entre ellas el comercio, el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y la desigualdad.
Ha sido editado por tres economistas de la LSE: Tim Besley, especialista en desarrollo económico; Irene Bucelli, investigadora sobre pobreza y desigualdad; y Andrés Velasco, macroeconomista que entre 2006 y 2010 ocupó el cargo de ministro de Hacienda de Chile. Cuando me reuní con Velasco la semana pasada, acababa de regresar a Londres tras una etapa de su gira promocional del libro que le llevó a Buenos Aires y Montevideo. «La pregunta que te hacen es: ¿qué piensan ustedes, los economistas, que podría ser útil aquí?», me dijo.
En la década de los noventa, había una respuesta fácil, aunque controvertida, a esta pregunta: «el Consenso de Washington», un término que el difunto economista británico John Williamson acuñó en 1989 para describir diez recetas políticas que las agencias económicas mundiales, como el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial, con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, imponían a los países en desarrollo como condición para recibir ayuda o alivio de la deuda. Las soluciones de Washington incluían la reducción del déficit, la desregulación, la privatización y la eliminación de las barreras a los flujos internacionales de bienes y capital financiero. Los aranceles protectores, los controles de precios y otras intervenciones gubernamentales eran mal vistos.
Summers fue economista jefe del Banco Mundial a principios de los noventa y, posteriormente, durante la Administración Clinton, alto funcionario del Departamento del Tesoro, antes de convertirse finalmente en secretario del Tesoro. Era la época en la que China, India y otras naciones en desarrollo estaban integrando rápidamente sus economías y su mano de obra en el sistema capitalista mundial. La Administración Clinton era una firme defensora de la reducción de las barreras comerciales y la globalización, lo que, como señaló Summers, sacó de la pobreza extrema a cientos de millones de personas en los países pobres.
Por supuesto, la globalización y la liberalización del comercio también tuvieron sus desventajas, entre ellas la inestabilidad financiera —que se manifestó en la crisis financiera asiática de 1997-98 y la crisis financiera mundial de 2007-09— y la deslocalización, que alimentó el auge del populismo económico, lo que, en los años de Trump, ha llevado a un giro brusco alejándose del libre comercio y los mercados abiertos. Durante este período turbulento, también se produjeron cambios significativos dentro de la profesión económica, recordó Velasco. Los estudios empíricos cobraron importancia y algunos economistas, al menos, reconocieron la necesidad de ser menos dogmáticos y estar más dispuestos a aprovechar los conocimientos de otros campos, como la psicología y las ciencias políticas.
«The London Consensus» traza esta evolución. Incluye contribuciones de docenas de economistas que han enseñado o estudiado en la L.S.E., pero, como dice Velasco, «no encontrarás diez mandamientos que sean universalmente aplicables». En lugar de hacer declaraciones políticas generales, él y Besley esbozan varios principios económicos generales en un extenso ensayo introductorio y luego los aplican a diversos ámbitos políticos, al tiempo que destacan el valor de la «precaución y el gradualismo» y el «pragmatismo».
Tal y como lo definen Besley y Velasco, el Consenso de Londres no descarta por completo el Consenso de Washington. Al igual que su predecesor, da prioridad a la prudencia fiscal y a la baja inflación. Pero también hace hincapié en la importancia de regular eficazmente el sistema financiero para evitar auges y caídas, y afirma que los responsables políticos no deben rehuir el uso ocasional de controles cambiarios para «evitar flujos de capital a corto plazo desestabilizadores».
En consonancia con el Consenso de Washington, la versión de Londres afirma que el comercio mundial genera, en general, importantes beneficios económicos. Sin embargo, en un ensayo en el que se detallan las pruebas que respaldan esta afirmación, el economista del M.I.T. Dave Donaldson señala que la liberalización del comercio no solo crea ganadores, sino también perdedores, y que los efectos negativos sobre el empleo y los ingresos pueden tener un impacto negativo prolongado en regiones enteras e incluso en países enteros. «Lo vemos en lugares donde las crisis comerciales negativas han dejado a las poblaciones atrapadas en un nivel bajo, que persiste a lo largo de varias generaciones, y en aquellos países que no han logrado establecer nuevas industrias que sean competitivas a nivel internacional», escribe Anthony Venables, de Oxford, en un comentario sobre el ensayo de Donaldson.
Uno de los principios generales del Consenso de Londres es «El crecimiento importa, pero también lo hace el lugar». Para amortiguar las crisis comerciales, se pide que se compense económicamente a los perdedores y que los gobiernos inviertan en infraestructura y educación para que las regiones económicamente deprimidas resulten más atractivas para las empresas externas. Durante los años noventa, algunos funcionarios de la Administración Clinton abogaron por políticas de ajuste comercial de esta naturaleza, pero no lograron grandes avances. Ahora se les ha dado la razón. «Los cambios estructurales necesarios para aprovechar al máximo las oportunidades comerciales y adaptarse a las crisis comerciales suelen requerir una intervención política sistemática», argumenta Venables.
Hace treinta años, muchos economistas convencionales veían la política industrial con profundo recelo. El Consenso de Londres la abraza, aunque bajo un nombre diferente: «políticas de desarrollo productivo», que abarca desde la inversión en competencias e infraestructura hasta la garantía del acceso a materias primas clave y el establecimiento de una estructura reguladora que fomente la innovación y castigue la depredación corporativa. «El crecimiento económico requiere un entorno propicio, cuya mayor parte es creada por la acción deliberada del gobierno», escriben Besley y Velasco.
¿Qué hay de los aranceles? Un elemento central del Consenso de Washington era su compromiso con un comercio más libre. Observando el giro hacia el proteccionismo en los últimos años y la aceleración de esta tendencia desde el inicio del segundo mandato de Trump, Besley y Velasco afirman: «Nuestros principios no descartan categóricamente todas las medidas de protección». A continuación, añaden: «Esto no significa, desde luego, que cualquier política proteccionista antigua esté justificada».
Cuando presioné a Velasco sobre esta ambigüedad, dijo que los aranceles no deberían utilizarse para prolongar la vida de las industrias maduras, pero que, en determinadas circunstancias, podrían utilizarse, junto con otras políticas, para ayudar a desarrollar las industrias del futuro. Este razonamiento no respaldaría, desde luego, el arancel del 50 % que Trump impone a las importaciones de acero, ni sus aranceles generales a los productos de más de cien países, pero ¿podría justificar los elevados aranceles a los vehículos eléctricos chinos que la Administración Biden introdujo como parte de su esfuerzo por estimular la fabricación ecológica? El Consenso de Londres respalda el crecimiento ecológico como objetivo.
Sin embargo, Velasco no parecía muy entusiasmado con la idea de utilizar medidas proteccionistas para promoverlo. «Si pensamos en la lista de herramientas que los gobiernos pueden utilizar para estimular el crecimiento y el desarrollo, los aranceles ocupan un lugar bastante secundario», me dijo.
Otro colaborador de «El consenso de Londres» es Philippe Aghion, el economista francés que compartió el Nobel de Economía de este año por su trabajo teórico sobre cómo la «destrucción creativa» impulsa el crecimiento económico. Citando esta investigación, el consenso de Londres aboga por políticas que estimulen la innovación. Algunas de las recomendaciones, como el apoyo a la investigación científica, son obvias. Otras no lo son tanto. En un ensayo escrito en colaboración con John Van Reenen, de la L.S.E., Aghion aboga por una política antimonopolio más estricta, especialmente en lo que respecta a las fusiones empresariales.
La cuestión es que los gigantes tecnológicos consolidados, como Alphabet y Meta, tienen un fuerte incentivo para monopolizar sus mercados y adquirir innovadores incipientes a los que consideran una amenaza. Los gobiernos pueden «hacer que nuestras economías sean más innovadoras e inclusivas, favoreciendo constantemente la entrada de nuevas empresas innovadoras y la aparición de nuevos talentos», escriben Aghion y Van Reenen.
Proteger los intereses de las pequeñas empresas innovadoras se ajusta al compromiso del Consenso de Londres con el «empoderamiento», que incluye el apoyo a los sindicatos y a las políticas que promueven la igualdad de género en el lugar de trabajo, como los permisos parentales y el cuidado de los hijos. Otra diferencia significativa con respecto al Consenso de Washington es la comprensión de que la desigualdad no puede ignorarse, no solo por el efecto perjudicial que puede tener en la vida de las personas, sino también por sus consecuencias más amplias para el desarrollo económico y los sistemas políticos. Francisco H. G. Ferreira, ex economista del Banco Mundial que imparte clases en la L.S.E., nos recuerda que la idea de que los altos niveles de desigualdad de riqueza pueden llevar a la captura del Estado por parte de una élite interesada se remonta a La República de Platón. El hecho de que los economistas la hayan redescubierto tardíamente es sin duda un avance positivo.
También lo es el reconocimiento de que «no hay buena economía sin buena política», otro principio general que esbozan Besley y Velasco. Velasco me recordó que, durante los años noventa, «existía la creencia implícita de que, si se acertaba en la economía, la política se resolvería por sí sola». Las deficiencias de este enfoque quedaron patentes con el retroceso de la globalización y la crisis financiera mundial. «Aprendimos del destino del Consenso de Washington que, si se impone una política a la fuerza, no va a durar mucho», afirmó Velasco.
Esta es, en esencia, la misma idea que Karl Polanyi, economista político austrohúngaro, tuvo hace casi un siglo, cuando fue testigo de los desastres del periodo de entreguerras, que atribuyó a un esfuerzo equivocado por recrear el sistema liberal de finales del siglo XIX. Polanyi argumentó que la economía está integrada en un conjunto preexistente de estructuras sociales y subordinada a ellas, y que los esfuerzos por revertir esta cadena de autoridad conducen inevitablemente a poderosas reacciones contrarias, que pueden ser tan pacíficas o violentas como lo dicten las circunstancias.
A principios de la década de 1930, Polanyi consideraba que el fascismo o el socialismo eran los dos resultados más probables de esta dinámica. Sin embargo, tras el New Deal y la Segunda Guerra Mundial, se volvió algo más optimista sobre la socialdemocracia y su potencial para restablecer el equilibrio entre los mercados y la sociedad.
Aunque Besley y Velasco no mencionan explícitamente a Polanyi, el Consenso de Londres deja clara la necesidad de mantener el equilibrio entre la economía y la política: «A medida que las sociedades hacen frente a las consecuencias de la globalización, los cambios tecnológicos y el cambio climático, y se enfrentan a la realidad del populismo y la polarización, existe un riesgo cada vez mayor de que la política sea la fuente de las crisis económicas». Para ayudar a prevenir este peligro, los responsables políticos deben «ser conscientes de si una determinada política ayuda o dificulta la construcción de la cohesión social, una consideración que no se tiene en cuenta en un enfoque puramente económico».
La perspectiva de una revolución de la inteligencia artificial acompañada de una mayor desestabilización económica y social llegó demasiado tarde para que los economistas de la LSE la consideraran detenidamente, pero los riesgos potenciales no hacen sino aumentar la urgencia de su tarea. Cabe preguntarse hasta qué punto los puntos de vista del Consenso de Londres trascienden la LSE —incluso dentro del volumen hay diferencias de opinión significativas entre sus colaboradores— y si representa una ruptura lo suficientemente grande con el pasado. (En algunos ámbitos, lo dudo bastante). Sin embargo, su intento general de ampliar la perspectiva económica es encomiable. Como dijo Velasco: «Lo que buscamos no es solo un consenso económico, sino un consenso político-económico».
*Redactor de The New Yorker desde 1995. Columnista de The Financial Page
2.- Glifosato: fraude científico, ganancia multimillonaria y demandas
Emir Olivares y Jared Laureles
El retiro del “estudio de investigación” que desde 2000 negaba los riesgos del glifosato para la salud ha cimbrado a la poderosa agroindustria global. El 28 de noviembre, la revista científica Regulatory Toxicology and Pharmacology anunció la eliminación de ese artículo de sus archivos, debido a “varios problemas críticos que se considera socavan la integridad académica” del texto y de sus conclusiones.
El documento fue publicado en abril de 2000 y concluía que el herbicida “era seguro”. Fue uno de los textos más influyentes utilizados por la gigante Monsanto –creadora del herbicida y adquirida en 2018 por la trasnacional alemana Bayer– para defender el producto frente al debate sobre los daños que puede causar a la salud y a la biodiversidad. Fue uno de los pilares para que muchas naciones basaran su política pública en torno a los plaguicidas.
Expertos en el tema consultados por La Jornada destacan que, tras la retractación del artículo, los gobiernos del mundo deben revaluar de inmediato el uso de este herbicida que, si bien es eficaz para el combate de malezas en los cultivos, fue clasificado en 2015 por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud como posible cancerígeno para los humanos.
Peter Clausing, miembro de la alemana Red de Acción contra los Plaguicidas, enfatiza: “debería estar prohibido desde hace mucho”.
En el mismo sentido se pronuncia Silvia Ribeiro, responsable en México de programas del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, quien afirma que, si bien el retiro del texto se dio “tarde”, resulta relevante que la revista científica lo haya hecho.
Debido a los riesgos para la salud, varios países han prohibido o restringido parcialmente el uso de herbicidas que contienen glifosato. Vietnam es la única nación que lo ha proscrito totalmente, mientras Países Bajos, Bélgica y Francia lo han restringido en el uso doméstico.
En Alemania e Italia se impide su empleo en espacios públicos. Asimismo, existen regulaciones para limitarlo en ciertas condiciones en Bermudas, San Vicente y las Granadinas y Sri Lanka.
En el continente americano, Colombia y El Salvador contaron con prohibiciones totales, que posteriormente fueron revocadas. En Argentina existen restricciones en determinadas provincias.
El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo. Fue introducido al mercado en 1974 por Monsanto bajo el nombre de Roundup. Su uso se globalizó en la década de 1990 y, a partir de 1996, se incrementó mil 500 por ciento debido a la siembra de maíz, algodón y soya genéticamente modificados.
Ha sido un pilar de las millonarias ganancias del sector. En 2023 alcanzó 6.21 mil millones de dólares, y se estima que la tasa de crecimiento anual compuesto sea superior a 4.5 por ciento entre 2024 y 2032.
El herbicida controla las plantas y malezas no deseadas. Su costo varía entre cuatro y 20 dólares por galón, de acuerdo con marca, concentración de la sustancia activa y región.
Su patente se liberó en 2002, por lo que actualmente puede ser fabricado por cualquier laboratorio; sin embargo, Bayer-Monsanto ha monopolizado su comercialización.
Frente al debate sobre los daños a la salud –con miles de casos documentados en diferentes países que han derivado en demandas millonarias– se han buscado alternativas para sustituirlo. No obstante, hasta ahora no existe una opción que ofrezca los mismos efectos con un costo económico similar.
Se ha demostrado que el estudio retractado fue firmado por autores fantasma, contratados y pagados por Monsanto. La empresa, ahora parte de Bayer, se ha caracterizado, entre otras prácticas, por este tipo de conductas.
Ribeiro destaca que la firma agroindustrial “se ha encargado de construir supuesta evidencia a partir de argumentos falsos”.
Hace varios años, derivado de los más de 100 mil juicios que enfrenta la corporación en Estados Unidos por graves daños a la salud de miles de personas, se ordenó la desclasificación de un conjunto de documentos internos conocidos como los Monsanto Papers, en los que se revelan sus tácticas para influir en la publicación de estudios científicos relacionados con la seguridad del herbicida.
A ello se suma que, en septiembre de este año, los científicos Alexander A. Kaurov y Naomi Oreskes publicaron un artículo en el que evidencian que el texto de 2000 –firmado por Gary M. Williams, Robert Kroes e Ian C. Munro– fue en realidad elaborado por Monsanto para respaldar las afirmaciones sobre la seguridad del glifosato.
Tras un minucioso análisis del citado estudio –que durante años fue una especie de biblia para los defensores del herbicida– Kaurov y Oreskes concluyen que la redacción fantasma corporativa “es una forma de fraude científico. Cuando estos artículos circulan, socavan la integridad de la investigación científica y las decisiones políticas basadas total o parcialmente en dicha indagación”.
La directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Ana de Ita, señala que Monsanto –y ahora Bayer– “es una empresa muy tramposa que sólo ve por sus intereses de lucro”, sin importar poner en riesgo la salud de la población y el equilibrio de la biodiversidad. Apunta que el estudio retractado fue la referencia sobre la cual muchos países del mundo basaron su política de seguridad en torno a los plaguicidas.
Clausing, por su parte, afirma: “el abuso más grave y complejo es el rechazo injustificado de numerosos estudios académicos que respaldan que el glifosato es neurotóxico, genotóxico y carcinógeno. Los artículos escritos por autores fantasma, como el de Williams, forman parte de los instrumentos utilizados para descartar investigaciones que ‘perturban’ la evaluación de las autoridades”.
El mundo entero bajo amenaza
En contraparte a la defensa de Bayer-Monsanto, estudios de institutos de investigación y universidades han señalado que el glifosato es un químico altamente tóxico y nocivo no sólo para la salud humana, sino también para el ambiente, el equilibrio ecológico y el suelo.
Un análisis realizado en México por el Colegio de Posgraduados detectó residuos de glifosato en zopilotes, codornices, palomas y algunos mamíferos. Por su parte, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires investigó sus efectos en las abejas y halló alteraciones en el desarrollo de las larvas y en la flora intestinal de los ejemplares adultos.
En humanos, diversos estudios científicos han mostrado que puede causar irritaciones dérmicas y oculares, mareos, náuseas, problemas respiratorios y aumento de la presión sanguínea.
Bayer ha negado que el producto sea cancerígeno. Sin embargo, frente a las miles de demandas que enfrenta en Estados Unidos por personas que aseguran que su uso les causó cáncer u otros trastornos, la firma reservó 4 mil millones de dólares para enfrentar futuras indemnizaciones.
“En Estados Unidos se han presentado 167 mil juicios contra Monsanto, ahora Bayer, que ha pagado más de 12 mil millones de dólares en acuerdos extrajudiciales en unos 100 mil casos y aún tiene 67 mil pendientes”, detalla Ribeiro.
El 2 de diciembre –cuatro días después de la retractación del artículo favorable al glifosato– el gobierno de Donald Trump dio un espaldarazo a la trasnacional alemana al solicitar a la Corte Suprema que aceptara sus impugnaciones a los veredictos negativos sobre el herbicida.
La Casa Blanca respaldó los argumentos de la empresa para anteponer la ley federal estadunidense sobre herbicidas a las normas estatales. Con el apoyo de la administración del magnate, las acciones del grupo químico y farmacéutico alemán se dispararon 12 por ciento en la Bolsa de Fráncfort, al cerrar en 34.14 euros, lo que representó su mejor jornada en 17 años, de acuerdo con reportes económicos.