Panorama Económico Latinoamericano – Del 16 al 23 de agosto de 2023
Devaluación, ajuste y suba de tasas, el gobierno aplicó medidas que pide la derecha
Cladio Della Croce
El gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía Sergio Massa se anticipó el lunes a la apertura del mercado devaluando el peso en 20 por ciento y subiendo las tasas de interés al 118 por ciento… con respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Lo que queda en evidencia es que Massa, el ministro-candidato oficialista, escondió parte de sus planes ajustadores para aplicar después de las elecciones primarias del domingo último, en las que, además, cosechó un gran fracaso. Ahora, la suba del tipo de cambio oficial y las presiones cambiarias recalentarán los precios y las consecuencias recaerán sobre las mayorías populares.
Lo que es difícil saber es si, la decisión de una fuerte devaluación, fue consecuencia del resultado electoral o si ya estaba en carpeta del gobierno avanzar en una actualización más agresiva del tipo de cambio, tal como exige el FMI, de cuyo directorio se espera la confirmación del desembolso de 7.500 millones de dólares.
La resolución del Banco Central (BCRA) de modificar la política de miniajustes diarios del tipo de cambio mayorista, se sustituyó por una devaluación de una vez del 21,6 por ciento en la cotización oficial del dólar, esperando que la nueva cotización permanezca fija hasta octubre. El dólar maginal, el blue, se disparó un 13%, desde los 605 pesos del cierre del viernes a más de 690.
Asimismo, para mantener la atracción por el ahorro en moneda local y evitar una demanda adicional sobre la divisa extranjera, el BCRA La autoridad monetaria subió la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo en el sistema bancario de 97 al 118 por ciento anual, que regirá para las colocaciones de hasta 30 millones de pesos a un plazo mínimo de 30 días, pretendiendo.
El texto difundido por el BCRA asegura que la suba de los tipos de interés se realiza “a los efectos de anclar las expectativas cambiarias y minimizar el grado de traslado a precios, propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local y favorecer la acumulación de reservas internacionales”.
¿Sincericidio poselectoral? Lo cierto es que la economía llegó a las PASO con alta inflación, más pobreza, reservas escasas en el Banco Central y una desaceleración de la actividad económica y para colmo de males el resultado electoral agrega mayor inestabilidad por el rumbo económico.
El ministro- candidato encargado de negociar con el FMI salió debilitado y los candidatos más votados, el “libertario” Javier Milei y la derechista Patricia Bullrich, incluyen entre sus propuestas una dolarización y una salida rápida del cepo cambiario respectivamente, medidas que significan una fuerte suba del tipo de cambio oficial, que impactará en los precios y destrozará los salarios.
Milei propone la total libertad de las grandes empresas para explotar fuerza de trabajo asalariada que incluye contrarreformas laborales y privatizaciones y reivindica a Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad que estalló en 2001 en una de las peores crisis económicas en la historia argentina. Su propuesta de dolarización de la economía -con la debilidad de las reservas- puede implicar una fuerte devaluación, que pulverizaría los salarios.
Si Milei insiste con la dolarización puede darse un escenario de “profecía autocumplida” donde el precio del dólar termina aumentando más porque todos actúan esperando que suba ante una eventual devaluación para dolarizar, lo que sube la demanda del billete verde y así su cotización, y lo que empuja a los ahorristas a deshacerse de sus tenencias y depósitos en pesos.
La coalición neoliberal Juntos por el Cambio también tiene un proyecto de libertad absoluta del capital. La promesa de la lluvia de inversiones gracias a la liberalización del movimiento de capitales durante su gobierno derivó en un récord de fuga de capitales a guaridas fiscales, en mayor parte financiadas con deuda externa que hoy ahoga a las mayorías trabajadoras en la miseria.
El pulgar arriba del FMI
Tras conocerse las medidas y como si fuera una respuesta previamente coordinada, el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado por el cual anuncia que el 23 de agosto su Directorio se reunirá “para aprobar los desembolsos acordados” -de 7.500 millones de dólares-, con los que el gobierno espera cubrir los pagos de junio y julio que el gobierno canceló con DEG (la moneda del organismo internacional), yuanes, los préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y de Qatar.
Trascendió que el FMI dará luz verde a la transferencia de 10.750 millones de dólares, unos 3.250 millones más de los que previamente se había anunciado, aunque no llegaría el total antes de fin de mes. Unos 7.500 a 8.000 millones vendrían en este primer desembolso, pero ya quedaría autorizado los de los dos meses siguientes.
El equipo económico recibió el comunicado del FMI como una señal de alivio, considerando además que el compromiso de desembolsos hasta fines de octubre, despejan del horizonte el riesgo de default.
Pese a todo ese paquete de anuncios y el guiño recibido desde Washington, el golpe de escena que significó el resultado de las PASO terminó reflejándose en un violento salto en el precio del dólar blue o marginal, que de 605 pesos se disparó a más de 690, y en la cotización de los bonos de la deuda y las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior, con caídas que oscilaron entre el 10 y el 14 por ciento.
Lo que se preguntan los analistas económicos de la City es si el FMI aprobará el acuerdo luego de los resultados electorales -donde el oficialismo salió tercero- o si querrá incorporar a la mesa de negociación a los grupos de Bullrich o Milei para anticiparse a una posible transición.
Los “mercados” -un eufemismo para denominar a fondos de inversión, bancos, empresas, a capitalistas, en general, y al capital financiero- se anticipan a los planes de una mayor devaluación y siguieron las presiones cambiarias. El dólar blue subió a $685 (+13%), las acciones de empresas argentinas en Wall Street abrieron la jornada del lunes con caídas de 15%, y los bonos cedieron hasta 10%. No se puede descartar que sigan las turbulencias financieras.
Se estima que la inflación alcanzará dos dígitos en agosto y en septiembre por efecto de la devaluación. La devaluación genera beneficios extraordinarios para unos pocos y significa una transferencia de ingresos hacia el gran capital. Entre los principales ganadores están los bancos, fondos de inversión, las grandes empresas que fugan dólares. También los exportadores (los sojeros, la minería, el campo) y el gran empresariado se benefician con la devaluación del salario.
Tras la devaluación del lunes, el salario mínimo, vital y móvil rinde un 18% menos.
Con la devaluación y la suba de tasas de interés, que lleva el rendimiento mensual de los depósitos a plazo fijo al 9,83 por ciento mensual, y el rendimiento efectivo anual por arriba del 200 por ciento, este mes el gobierno podrá cumplir con el compromiso exigido por el FMI de mantener la tasa de devaluación por encima de la inflación, y a su vez la tasa de interés por encima de la devaluación, señala Raúl Dellatorre.
Desde la visión monetarista, de ese modo se alientan las exportaciones y se desalienta la fuga de divisas, lo que en la práctica parecería lejos de cumplirse, con más contraindicaciones que beneficios, añade.
*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Cuba incentiva pagos digitales en incierto contexto económico
Cuba inició un proceso para aumentar los canales electrónicos en las operaciones bancarias y financieras, pero existen interrogantes sobre su inmediato impacto social debido a la deficiente infraestructura, escasez de divisas y riesgo de mayor desabastecimiento y mercado informal.
La denominada “bancarización” busca que todos los pagos de servicios, productos y demás operaciones comerciales y financieras se efectúen, preferiblemente, mediante instrumentos de pago y canales electrónicos, en lugar de utilizar dinero en efectivo.
Así pauta la resolución No. 111 del Banco Central de Cuba (BCC), publicada el 2 de agosto, a tono con tendencias globales donde la digitalización y uso de teléfonos inteligentes incentivan el comercio electrónico y las billeteras digitales, mientras más personas usan tarjetas de débito o de crédito para compras o pedidos en línea.
Autoridades bancarias insisten en que el pago electrónico aporta seguridad, eficiencia y ahorro, transparencia, inmediatez y capacidad de pago.
“Hay que reconocer que la bancarización anunciada es positiva en teoría. Pero sucede que en la economía las medidas deben estar alineadas para que cumplan su rol”, afirmó en diálogo con IPS el economista cubano Omar Everleny Pérez Villanueva.
En este país insular caribeño, pese a la expansión del acceso a internet en los últimos años, persiste una conectividad deficiente, cortes eléctricos y se verifican largas filas para acceder a entidades bancarias donde muchas veces la falta de personal dilata los tiempos de gestión.
“Las cadenas de tiendas en divisas tienen problemas con los TPV (Terminal de Punto de Venta), porque se cae el sistema o las redes, o hay falta de electricidad. No creo que se pueda garantizar que con el resto de los actores de la economía la cosa será distinta, es difícil de creer”, razonó Pérez Villanueva.
Contexto
Modernizar la banca, aumentar la fiscalización de las operaciones financieras y evitar la subdeclaración en el pago de impuestos, parecen ser algunos de los objetivos de la medida.
Ocurre en un momento de sostenido incremento del precio del dólar y el euro en el mercado informal, en paralelo a la depreciación del peso cubano (CUP) lo cual, a juicio de algunos expertos, debe contenerse para evitar que sea leído como un fracaso en materia de política macroeconómica.
En los últimos meses aumentaron las dificultades de la ciudadanía para extraer efectivo a través de cajeros automáticos, incluidos la intermitencia en la disponibilidad, límites para su extracción y presencia de billetes de baja denominación.
Además de una inflación que parece no encontrar un techo, persiste un abultado déficit fiscal.
Junto con la insuficiente producción de alimentos y de las industrias nacionales escalan los precios que contraen cada vez más el poder adquisitivo de asalariados y pensionados.
El salario medio mensual en Cuba equivale a unos 17,60 dólares, el salario mínimo nueve dólares y las pensiones mínimas 6,5 dólares, teniendo en cuenta la actual tasa del mercado informal.
Siguen mermadas las principales fuentes de ingresos en divisas; mientras el embargo estadounidense y su política de sanciones añaden obstáculos para la compra de alimentos, combustibles y otros insumos e impiden el acceso a préstamos de organismos financieros internacionales.
El BCC apuntó como causas de la medida, además del incremento del uso de efectivo en las transacciones económicas y financieras, “los elevados costos asociados a su emisión, transportación, procesamiento y almacenaje, así como la demanda creciente en el número de cajeros automáticos para la extracción”.
“Me pregunto si no era también factible introducir billetes de más alta denominación, para que a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) les resultara más fácil tener el efectivo resultado de sus ventas”, analizó Pérez Villanueva.
Algunos economistas sugirieron imprimir billetes de 5000 y 10 000 CUP para facilitar las operaciones. Actualmente, el billete de más alta denominación es de 1000 CUP, unos 4,25 dólares.
La resolución del BCC pauta que las operaciones de cobros y pagos de los diferentes actores económicos que superen la cifra de 5000 CUP deben efectuarse sin utilizar el efectivo.
Autoridades del sector reconocen que, sin embargo, no están dadas todas las condiciones de infraestructura en las sucursales bancarias para implementar la norma.
En 100 de los 168 municipios cubanos –casi 60 %- no existen cajeros automáticos, al tiempo que un número significativo de los equipos permanecen fuera de servicio por falta de piezas de repuesto.
Puntualizan que el proceso avanzará acorde con las condiciones económicas y tecnológicas que se creen en cada localidad, mientras insisten en que el efectivo seguirá utilizándose.
También señalan como un pendiente la mayor educación financiera de la ciudadanía y de entes estatales, privados, cooperativos y de asociaciones, que dispondrán de hasta seis meses para la paulatina incorporación a esta modalidad.
Más pagos digitales
En Cuba ha crecido el acceso a los canales y medios electrónicos de pago, mediante aplicaciones digitales, código QR y tarjetas magnéticas.
“Desde hace par de años pago el agua, electricidad, gas manufacturado y teléfono a través de la aplicación informática Transfermóvil. No tengo que salir de casa y es relativamente rápido y sencillo”, refirió a IPS la profesora Zeyda Carbonell, residente en La Habana.
Estadísticas muestran que en este país caribeño de 11 millones de habitantes operan más de 15 millones de tarjetas y por medios electrónicos transitaron el pasado año 200 millones de operaciones bancarias.
Algunas alertas se refieren a personas sin la posibilidad de acceder a dispositivos adecuados para efectuar pagos u otros servicios electrónicos, debido a sus ínfimos ingresos. Los precios de los equipos terminales por lo general sobrepasan los 150 dólares.
A ello se suma el acelerado envejecimiento demográfico y 22,3 % de la población de la isla con 60 años y más, grupo en el cual no pocas personas encuentran barreras y se resisten al uso de las tecnologías informáticas.
No obstante, sobre la ampliación de los canales digitales de pago, las principales preocupaciones ciudadanas y de especialistas se centran en las consecuencias sobre las ofertas de bienes por parte de mipymes, unas 8300 en todo el país, en su mayoría privadas.
Un porcentaje significativo de estas empresas son señaladas por importar productos finales, sin valor agregado. Pese a numerosas críticas comercializan insumos deficitarios, en algunos casos con mejores precios que los establecimientos estatales, y han aliviado la escasez de productos como aceite, carne de ave, detergente, bebidas y confituras.
Aunque las mipymes venden en CUP, necesitan divisas para importar a través de empresas estatales y reabastecerse. Permanece irresuelta la posibilidad de que puedan adquirir en las entidades bancarias la cantidad de euros o dólares que necesitan, por lo cual deben acudir al mercado negro, uno de los factores que encarece las cotizaciones de las monedas extranjeras.
En el alza de dicha cotización influye además la elevada demanda de personas que quieren emigrar del país, y de quienes deben satisfacer necesidades de consumo en las tiendas estatales que ofertan productos a través de tarjetas respaldadas por divisas.
Riesgos
No pocas personas opinan que la medida contraerá la oferta de bienes, agudizará la escasez y disparará los precios. De hecho, han comenzado a aparecer en redes sociales anuncios de personas que “venden” efectivo por una comisión.
Otros analistas estiman que pudiera acelerar el cierre de mipymes, provocar desempleo e incentivar más la emigración.
Para Pérez Villanueva, la medida no necesariamente incentivará los depósitos bancarios y, por el contrario, pudiera abrir puertas a una “mayor informalidad de los mercados, más riesgos, y eso podría llevar a incrementar la cotización de las divisas en el mercado negro, porque sería más seguro hacer depósitos en el exterior y las mipymes que tienen que importar seguirán demandando esa moneda”.
En una de varias reflexiones sobre el tema, publicadas en su perfil de redes sociales, el economista cubano Pedro Monreal comentó sobre la importancia de considerar las dimensiones sociales, éticas y políticas en los análisis económicos relacionados con la “bancarización”.
Convino en que no se han hecho explícitas las eventuales desventajas que una marcha forzada hacia la digitalización financiera pudiera tener para los sectores pobres en Cuba, ni la capacidad de estos para la “inclusión digital”.
Monreal consideró clave una pregunta: “¿Mejoran su situación los ciudadanos cuando participan en la digitalización financiera o los ciudadanos la usan porque están en una mejor situación?”
Sobre una posible instauración a futuro de sistemas biométricos de acceso y la adopción de una moneda digital centralizada, como parte de la digitalización financiera, advirtió que pudiera entrañar riesgos para el derecho a la privacidad de los ciudadanos y facilitaría el control estatal sobre ellos.
“Es un tema ético y político”, subrayó el economista.
Venezuela: Cuatro “zonas económicas especiales” para el desarrollo pospetrolero
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la puesta en marcha de cuatro “zonas económicas especiales” (ZEE) en diferentes regiones del país, con el objetivo de diversificar la economía y atraer inversiones nacionales e internacionales. Las ZEE son áreas delimitadas que ofrecen incentivos fiscales, aduaneros y regulatorios para fomentar el desarrollo de sectores estratégicos, como el turismo, la pesca, la industria y la tecnología.
Maduro firmó los decretos de activación de las ZEE durante un acto transmitido por el canal estatal VTV, al que asistieron empresarios privados y diplomáticos. El mandatario aseguró que estas zonas permitirán “integrar, perfectamente, las potencialidades económicas, productivas, tecnológicas de las distintas regiones del país, con nuevas fuentes de inversión nacionales (…) e internacionales”.
“Estoy seguro (de que esto) nos va a permitir (…) seguir avanzando, con mucho empeño, con mucha perseverancia, en la construcción de un nuevo modelo económico que permita integrar, perfectamente, las potencialidades económicas, productivas, tecnológicas de las distintas regiones del país, con nuevas fuentes de inversión nacionales (…) e internacionales”, dijo Maduro.
Las ZEE se basan en la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales, aprobada por la Asamblea Nacional (AN) en junio del año pasado y promulgada en julio de 2022. Maduro consideró que esta ley es un “instrumento de primer orden” para “avanzar en un ensayo” que ha sido “exitoso en muchos lugares del mundo”.
Las cuatro zonas
Una de las ZEE es la isla La Tortuga, donde se desarrollará “uno de los proyectos (turísticos) más importantes” en el Caribe, “elaborado” por “una empresa italiana”, destacó Maduro.
Otra zona es la Península de Paraguaná, el punto más septentrional del territorio continental venezolano, ubicado en el estado Falcón, frente al mar Caribe. Allí se impulsarán actividades relacionadas con el turismo, la pesca y la industria.
La tercera zona es el estado costero La Guaira, donde se potenciarán sectores como el turismo, la pesca y la industria.
La cuarta zona es una “zona económica especial militar” en el estado Aragua para el “desarrollo de toda la potencialidad científica, tecnológica e industrial” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
Los incentivos
La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, explicó que la Ley de las ZEE establece una serie de incentivos para los inversionistas que participen en estas zonas. Entre ellos se encuentran:
- La reducción del 50% de los servicios portuarios y aduaneros para la exportación.
- El reintegro del Impuesto Sobre la Renta (Islr), que puede alcanzar, en los primeros seis años, hasta un 100%, dependiendo de la actividad exportadora.
Rodríguez indicó que estas medidas buscan generar empleo y riqueza para el país. Asimismo, invitó a los empresarios privados a sumarse a este proyecto y a aprovechar las oportunidades que ofrecen las ZEE.
Uruguay: el gasto educativo en el período de ajuste
En este artículo mostramos una aproximación al gasto en educación a partir del presupuesto ejecutado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Universidad de la República (Udelar) y Universidad Tecnológica (UTEC).
Estos datos provienen de las rendiciones de cuentas 2022 y 2019 a los efectos de comparar la asignación y ejecución presupuestal en política educativa considerando estas tres instituciones en lo que va del período del gobierno multicolor del Presidente Lacalle Pou. Al tomar los datos de las rendiciones de cuentas de cada año observamos lo efectivamente ejecutado, es decir, el gasto efectivo por cada institución y en cada rubro.
Por lo tanto, si se considerara el gasto en educación como el ejecutado por estas tres instituciones, se observa que la distribución total entre ellas apenas sufrió variaciones. Mientras en 2019 el gasto en ANEP era del 79% del total, en 2022 fue de 79,4%; la Udelar pasó de 19,6% a 19,4% y UTEC de 1,3% a 1,2%.
El gráfico 1 muestra, según cada una de las instituciones, la ejecución total según gastos en funcionamiento e inversiones. El gasto en funcionamiento incluye remuneraciones y otros gastos que se muestran de forma desagregada.
Con relación a 2019, se observa que en 2022 las inversiones totales en las tres principales instituciones educativas cayeron -3,7%, donde las más afectadas fueron Udelar (-25%) y UTEC (-66%) ya que en ANEP se muestra un incremento del 20,5%.
Respecto al gasto en remuneraciones, las mismas cayeron en total en -5,4%, donde las más afectadas fueron ANEP (-6,1%) y Udelar (-3,6%). Mientras tanto, el gasto de remuneraciones en la UTEC incrementó en 43% en 2022, respecto a 2019.
En resumen, a partir de las rendiciones de cuentas que muestran la ejecución presupuestal a acorde a la asignación realizada por los gobiernos, entre 2019 y 2022, se observa un claro deterioro entorno al gasto educativo, coherente con el ajuste fiscal de este período de gobierno. Adicionalmente, si se compara el nivel de gasto destinado a estas instituciones sobre el Producto Interno Bruto (PIB), mientras en 2019 la relación del gasto era del 4,1%, en 2022 fue del 3,8% del PIB.
(*) EconomiaPolitica.uy es un Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Politica, dirigido por el Mag. Hector Tajam.
Superan la pobreza 8.9 millones de mexicanos
Carolina Gómez Mena-LaJornada
Entre 2020 y 2022 la cifra de personas en situación de pobreza se redujo 8.9 millones, es decir casi la población de la Ciudad de México. Al comienzo de la década había 55.7 millones en esa condición, para el año pasado se ubicaban en 46.8 millones, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Destacó que, en ese lapso, el porcentaje de población del país con carencias sociales pasó de 43.9 a 36.3 por ciento.
Al dar a conocer los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2022, el organismo añadió que, en el mismo periodo mencionado, también la pobreza extrema disminuyó de 8.5 a 7.1 por ciento. Esto significa que dejaron de estar en esa clasificación 1.7 millones de personas, debido a que en 2020 eran 10.8 millones y el año pasado fueron 9.1 millones.
Sin embargo, al medir el cuatrienio (2018-2022), la pobreza extrema permaneció en niveles similares, pues pasó de 8.7 a 9.1 millones, es decir, transitó de 7 a 7.1 por ciento.
José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, expuso que entre los factores que influyeron para que se diera este proceso de reducción de los niveles de pobreza entre 2020 y 2022 están: el tema (alza) del salario mínimo, el incremento en general de los ingresos laborales y también las poco más de 11 mil intervenciones o programas sociales en los tres niveles de gobierno en el país y entre ellos los 121 programas sociales del gobierno federal.
El consejero John Scott sostuvo que la Pensión para Personas Adultas Mayores ha tenido un impacto positivo en el sector. Se observa una mejora muy importante en las condiciones de la población de 65 años y más, que no tienen seguridad social, pero que sí disponen de este apoyo. Precisó que la pobreza por ingresos en esta población ha disminuido.
El informe establece también que la población no pobre y no vulnerable aumentó 3.6 puntos porcentuales en el intervalo referido; pasó de 23.5 por ciento a 27.1, lo que indica que, en esos dos años, 5.1 millones de personas mejoraron sus ingresos y no experimentaron ninguna de las seis carencias que mide el Coneval.
Las carencias evaluadas en este ejercicio son: rezago educativo, ausencia de acceso a servicios de salud, falta de seguridad social, no tener posibilidad de vivienda y en caso de tenerla que ésta carezca de calidad y espacios adecuados y no se cuente a una alimentación nutritiva y de calidad.
De igual forma, el reporte indica una marcada disminución en la pobreza moderada, que de encontrarse en 35.4 por ciento en 2022 pasó a 29.3.
En conferencia de prensa, el titular del Coneval advirtió que “los indicadores de pobreza multidimensional no significan a priori una calificación para la gestión de un gobierno, sea federal, estatal o municipal”, pero ciertamente sí nos permite ver algunas tendencias en cuanto a la evolución no sólo de los indicadores que tomamos en la estimación, sino también algunos macroeconómicos.
Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, celebró la disminución de la pobreza y consideró que es resultado de la aplicación de los programas de Bienestar, del incremento salarial y de las remesas. Remarcó que las transferencias monetarias directas y sin intermediarios generan un ingreso básico para las familias, llevando justicia social.
No obstante la disminución de la cantidad de pobres, el Coneval alertó sobre el alza de dos carencias: el acceso a la salud y a la seguridad social. “Las personas que presentaron carencia por acceso a los servicios de salud pasaron de 16.2 a 39.1 por ciento entre 2018 y 2022, es decir, de 20.1 aumentaron a 50.4 millones de personas.
Scott expresó estar preocupado porque hubo en ese cuatrienio 30 millones más de personas sin acceso a la salud, y muchos de ellos están concentrados en la parte baja del ingreso. Los expertos sostuvieron que esto se debió a los cambios en el sistema de salud, al dejar sin efecto el Seguro Popular, pasar al Instituto de Salud para el Bienestar y ahora al IMSS-Bienestar.
Sobre el rezago educativo en esos años, el porcentaje de la población en esta condición pasó de 19 a 19.4 por ciento, lo que equivale a 23.5 millones de personas en 2018 y a 25.1 millones en 2022, esto es, 1.6 millones de personas más.
¿Legítima preocupación por Petroperú?
Carlos Bessombes
En las últimas semanas, un sector manifiesta una profunda preocupación por la situación económica de Petroperú. Señalan que la débil situación financiera de la primera empresa del Estado, transitoria pero innegable, por cierto, le impide ingresar a otras actividades del circuito petrolero. También esgrimen forzados argumentos legales.
Lo que no se dice es que en el ámbito de los hidrocarburos el eslabón más importante, y que redime mayores ingresos, es la explotación de hidrocarburos, que no es lo mismo que exploración, que sí supone inversiones de riesgo.
Pero este no es el caso, pues la decisión del Estado –como ha reconfirmado el ministro del sector a este medio– es que Petroperú ingrese a lotes de explotación de Talara cuando sus contratos expiren (¿estatización?), lo cual será dentro de pocas semanas. Esto, además, ha sido recomendado por la consultora internacional Arthur D’ Little, a quien hasta la fecha nadie se ha atrevido a rebatir.
Tener el manejo de unos 20.000 barriles de petróleo diarios le permitirá a la empresa de todos los peruanos extraer su propio petróleo a costo de producción, pues ingresará a un negocio en marcha. En buen cristiano: del mismo cuero, saldrán las correas.
Hasta la fecha, Petroperú compra todo el petróleo que se produce alrededor de su refinería en Talara, pero también importa petróleo y combustibles hasta por 100.000 barriles, pagando el precio internacional.
Por ello, resulta extraño cuando se afirma que Petroperú está al borde del abismo financiero, pero se está a favor de que la estatal siga gastando una millonada comprando toda la producción local a precio internacional. Qué curiosa preocupación de estos “analistas”.
Panorama Internacional
La inseguridad laboral, la repetición del capitalismo o la retórica del eterno retorno
Eduardo Camin*
La reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20, de la que India fue anfitriona y que tuvo lugar en Indore los días 20 y 21 de julio, se centró en tres temas principales: abordar las carencias mundiales de cualificaciones, ampliar la protección social a los trabajadores de las plataformas y de la “gig economy”, y financiar de forma sostenible los sistemas nacionales de protección social.
Dos mil millones de trabajadores en todo el mundo se ganan la vida en la economía informal, con derechos y protecciones limitados (cuando los tienen). Además, la informalidad entre los trabajadores autónomos ha ido en aumento. La economía informal tiene consecuencias negativas para el desarrollo de empresas sostenibles, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes), los ingresos públicos y el ámbito de actuación de los gobiernos.
La protección de los trabajadores sigue siendo un desafío para muchos trabajadores autónomos, inclusive en la economía formal, esta cuestión se ha abordado infinidad de veces en los pulcros salones de un sinfín de organismos internacionales … pero seguimos colapsados en el eterno retorno.
Los ministros acordaron en Indore prioridades políticas específicas para acelerar el progreso en los dos primeros de estos desafíos y en un conjunto de opciones políticas con respecto al tercero.
Mientras tanto, el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, hizo un llamado a los ministros para que aborden las brechas de competencias, inviertan en sistemas de protección social para todos y adopten mecanismos de financiamiento sostenible para las políticas de empleo y protección social, con el fin de cerrar las crecientes fracturas en el mercado laboral mundial y reducir las desigualdades.
Houngbo señaló que “En la actualidad, la brecha mundial del empleo se está profundizando frente a los choques y riesgos mundiales, y los países de bajos ingresos se están quedando cada vez más atrás. Para hacer frente a esta situación y promover la justicia social, deben movilizarse más recursos mundiales. Iniciativas como el Acelerador Mundial de las Naciones Unidas para el Empleo y la Protección Social para Transiciones Justas desempeñan un papel fundamental a la hora de generar el apoyo técnico y financiero necesario.
“Tales esfuerzos deben formar parte de una reforma más amplia de la arquitectura financiera internacional para que haya más recursos disponibles para alcanzar los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible)”, dijo el Director General de la OIT.
En relación con el Objetivo de Antalya para la Juventud -de reducir en un 15% para 2025 la proporción de jóvenes que corren un mayor riesgo de quedar permanentemente rezagados en el mercado laboral-, Houngbo dijo que la tasa NEET (jóvenes de entre 15 y 29 años que no tienen empleo, educación o formación) había vuelto a su nivel anterior a la pandemia o estaba por debajo de él, y que 12 miembros del G20 estaban en vías de alcanzar el objetivo.
Pero para seguir avanzando, y para abordar la desigualdad de género en particular -añadió-, la acción debe centrarse en promover más y mejor empleo para los jóvenes, invirtiendo en sectores económicos con alto potencial de empleo juvenil y mejorando la calidad del empleo para incentivar la participación en el mercado laboral. Las inversiones en Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) y en aprendizaje de calidad, así como la combinación de políticas activas del mercado laboral con ayudas a la renta, son también muy importantes para llegar a los jóvenes más desfavorecidos, añadió.
Los ministros debatieron sobre las formas de abordar las carencias de cualificaciones para aumentar la productividad y los salarios, pero también sobre los medios para disminuir la rotación de la mano de obra y aumentar la capacidad de las empresas para innovar o desplegar nuevas tecnologías. “Las regiones en las que las carencias de cualificaciones son generalizadas también tienen más probabilidades de experimentar un elevado desempleo”, afirmó Richard Samans, sherpa de la OIT ante el G20 y Director del Departamento de Investigación de la OIT.
“En una época turbulenta, la ‘inversión en las personas’ restablece la confianza en las instituciones y ayuda a construir un nuevo contrato social. Por lo tanto, la inversión masiva en competencias es más necesaria que nunca, ya que nos enfrentamos a la necesidad de lograr transiciones verdes y digitales socialmente justas”, añadió.
La OIT abogó por un lenguaje común en materia de competencias y cualificaciones para facilitar la comparabilidad entre países y el reconocimiento mutuo de las competencias, destacando que junto con la OCDE, pondrá en marcha un estudio de viabilidad para una taxonomía mundial de competencias que estará disponible a finales de 2026.
El eterno retorno de las injusticias en el sistema capitalista
La historia de los pueblos conlleva un sueño: el del progreso, que surge precisamente de confrontarse una y otra vez a lo mismo, en una especie de repetición continua. La compulsión de repetición o, simplemente, la repetición per se es un concepto que Sigmund Freud definió para intentar dar un fundamento al impulso de los seres humanos a repetir actos, pensamientos, sueños, juegos, escenas o situaciones desagradables o incluso dolorosas.
Los discursos actuales con su retórica parecieran formar parte de este estado de cosas. Vivimos en el eterno retorno de una época marcada por la conjunción de múltiples crisis, donde cada una de ellas revela deficiencias arraigadas desde hace mucho tiempo en nuestros sistemas y políticas imperantes. Detrás de esas fallas se esconden desigualdades estructurales que, con cada perturbación, llevan a millones de personas a quedarse aún más rezagados.
Todos estos elementos generan la percepción de que algo en la sociedad es profundamente injusto y el malestar social que evoca es una de las causas más importantes de la inestabilidad social en la actualidad. La informalidad sigue siendo un obstáculo importante y una de las causas profundas que impiden lograr una protección inclusiva, adecuada y eficaz de todos los trabajadores.
Dos mil millones de trabajadores en todo el mundo se ganan la vida en la economía informal, con derechos y protecciones limitados. A finales de 2022 había 685 millones de personas viviendo en la pobreza extrema, la mayoría de ellas en África subsahariana y en economías frágiles y afectadas por conflictos, incapaces de procurarse recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de agua potable salubre, alimentación, saneamiento, salud y vivienda.
Estas carencias son una afrenta a la dignidad humana y, por lo general, están interrelacionadas con otras tantas injusticias, como el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Se calcula que, en todo el mundo, había 160 millones de niños afectados por el trabajo infantil en 2020 y cerca de 50 millones de personas viviendo en situación de esclavitud moderna en 2021, cifras que crecen año tras año.
Los aumentos registrados desde 2016 en el número absoluto de personas viviendo en situaciones de trabajo infantil y esclavitud moderna (ocho millones y 2,7 millones, respectivamente) son la antítesis de la justicia social, pero esta es la realidad que nos antecede y precede, en la retórica actual. A estas injusticias se suma el hecho de que cada día millones de personas realizan trabajos peligrosos o insalubres para ganarse la vida.
Se estima que dos millones de trabajadores mueren cada año como consecuencia de enfermedades y accidentes laborales, y cientos de millones de trabajadores sufren alguna lesión o accidente en el trabajo. A su vez, la tragedia humana que ello supone, junto con la pérdida de rendimiento económico y productividad, generan más injusticia.
El empleo decente sigue siendo el principal medio para garantizar el bienestar material y la mejora del nivel de vida, ya que permite a las personas trabajar con dignidad y fomenta la inclusión social. Sin embargo, el status quo es de rigor si en el 2022 había 207 millones de personas desempleadas en todo el mundo, a finales de este año serán posiblemente diez millones más, según la OIT.
La imposibilidad de acceder al empleo tiene consecuencias importantes para las perspectivas de los jóvenes de insertarse satisfactoriamente en el mundo del trabajo después de terminar los estudios. Llevamos años escuchando y creando diferentes jurisprudencias en la materia, no obstante, en cada conferencia se escucha más de los mismo.
Uno de cada cinco jóvenes (de 15 a 24 años) no estudia, ni trabaja ni recibe formación. La realidad es que más del 60 por ciento de la población mundial empleada trabaja en la economía informal, con el doble de probabilidades de vivir en la pobreza que los de la economía formal. Están suficientemente reconocidos en la legislación y a menudo desprotegidos en la práctica, y se enfrentan a riesgos mucho mayores en caso de conmociones externas y fluctuaciones de los ciclos económicos.
El trabajo ocasional está muy extendido en los países en desarrollo e incluso está cobrando relevancia en los países de ingresos altos, en particular el trabajo por llamada, en el que los trabajadores se presentan a trabajar acudiendo a una llamada y cobran sólo cuando se los necesita. La intermitencia y la escasez de horas que caracterizan a este tipo de trabajo suelen ser involuntarias y están asociadas con frecuencia al subempleo por insuficiencia de horas.
Esta situación de inseguridad se solapa con la informalidad cuando los umbrales mínimos de horas de trabajo impiden el acceso a las prestaciones de la seguridad social. Se calcula que en 2019 había 165 millones de trabajadores en busca de más horas remuneradas, muchos de ellos en países de ingresos bajos.
Por otra parte, el aumento de los riesgos relacionados con el clima y los fenómenos extremos ha erosionado aún más la seguridad económica. El cambio climático representa un peligro para los empleos, los medios de vida y las empresas, y produce efectos dispares en las distintas partes del mundo. Los países de ingresos bajos y medianos sufren (y sufrirán) un impacto mayor a consecuencia del cambio climático que los países de ingresos más altos en cuanto a la volatilidad de las temperaturas, la exposición a enfermedades tropicales y de transmisión hídrica y la exposición al aumento del nivel del mar, entre otros muchos factores.
Cuanto más empeore el cambio climático, más personas se verán obligadas a abandonar sus hogares para pasar formar parte del creciente número de «refugiados climáticos». Esta mayor inseguridad económica se ve agravada por unos programas de políticas que han dejado a más de cuatro mil millones de personas excluidas de toda forma de protección social, según la OIT.
Estas personas no tienen acceso a la atención de salud o a las prestaciones de enfermedad, ni a ayudas para alimentar, vestir y cuidar a sus hijos, ni a un ingreso en la vejez durante períodos de desempleo o en caso de fallecimiento del principal generador de ingresos. La retórica sin fin de la mediocridad predomina: Fiedrich Nietzsche, otro pensador de la repetición, escribía en Así habla Zaratustra que “Todo se quiebra, todo se reúne de nuevo; eternamente se edifica el mismo edificio de existencias” . ¿Eternas contradicciones o el fin del capitalismo?
*Periodista uruguayo residente en Ginebra exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)