Panorama Económico Latinoamericano – del 15 al 22 de noviembre de 2023
Responsabilidad compartida: erradicar el hambre en la región
Mario Lubetkin*
Las cifras publicadas por el último informe Panorama de la seguridad alimentaria y la nutrición 2023 son motivo de gran preocupación. El documento es claro: el hambre todavía afecta significativamente a América Latina y el Caribe. La prevalencia del hambre afectó en 2022 a 6,5 % de la población, equivalente a 43,2 millones de personas.
Las razones son múltiples: las consecuencias postpandemia, los conflictos armados, la crisis climática, la desaceleración económica, el aumento de la inflación alimentaria y la desigualdad de ingresos han generado un escenario difícil, que requiere medidas inmediatas.
Nuestra región tiene una oportunidad que no debemos desaprovechar. Solo con estabilidad y paz es posible lograr el desarrollo y resolver los actuales desafíos de inseguridad alimentaria.
De acuerdo al Panorama 2023, aunque América Latina y el Caribe registra una ligera mejora de 0,5 % en comparación con mediciones anteriores, es esencial recordar que, a pesar de este avance, todavía estamos 0,9 puntos porcentuales por encima de los registros de 2019, previo a la llegada de la covid-19.
Estas cifras, además, no representan una situación uniforme en toda la región.
En Sudamérica, hemos observado una reducción de 3,5 millones de personas que padecen hambre entre 2021 y 2022, pero aún hay seis millones de personas subalimentadas adicionales en comparación con el período precovid-19. En Mesoamérica, la prevalencia del hambre apenas ha variado, afectando a 9,1 millones de personas en 2022, lo que representa 5,1 %.
La situación es preocupante en el Caribe, donde 7,2 millones de personas experimentaron hambre en 2022, con una alarmante prevalencia de 16,3 %. Entre 2021 y 2022, el número aumentó en 700 000 personas, y en comparación con 2019, el incremento fue de un millón de personas, siendo Haití uno de los países más afectados.
Mientras las cifras de hambre continúan preocupándonos, el sobrepeso en niños y niñas menores de cinco años continúa en aumento, superando la estimación a nivel mundial y un cuarto de la población adulta vive con obesidad.
La FAO reconoce la urgencia de abordar esta problemática y se encuentra comprometida en la actualización del Plan SAN Celac para la seguridad alimentaria y nutricional. La reciente Declaración de Buenos Aires de la VII Cumbre de la Celac reafirmó el compromiso de los 33 Estados miembros con la seguridad alimentaria, la agricultura y el desarrollo sostenible.
Esta declaración puso un énfasis especial en la importancia de actualizar el plan de acuerdo al nuevo contexto internacional y los desafíos que enfrenta la región con la asistencia técnica de organismos globales como la FAO y regionales, como la Cepal, IICA y Aladi, para lograr una solución integral.
La actualización del plan alimentario tiene en cuenta los compromisos nacionales relacionados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, políticas basadas en evidencia y buenas prácticas en la región, representando un mecanismo que contribuye a la erradicación de la pobreza, el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
La erradicación del hambre es una responsabilidad compartida, y juntos debemos redoblar nuestros esfuerzos para garantizar que ningún ciudadano de América Latina y el Caribe pase hambre. La seguridad alimentaria es esencial para el bienestar de nuestras comunidades y el desarrollo sostenible de la región y debemos continuar trabajando unidos, sin dejar a nadie atrás. La FAO está comprometida en este desafío.
* Subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
Perú: tormenta en las alturas
Nilo Meza M.
Aguda crisis política e institucional sacude los cimientos de la democracia peruana. Una presidenta que “no sabe nada” y un experto que “sabe mucho”.
La inestabilidad política con Dina Boluarte en la presidencia del Perú, con 8% de aprobación ciudadana, se constata diariamente. El 6 de noviembre, luego de que se puso al descubierto la falacia de la “reunión bilateral Biden-Boluarte”, la Canciller Cecilia Gervasi renunció al cargo abrumada por sus fracasos en el cargo. Como nuevo Canciller juramentó Javier Olaechea, un ultraconservador enemigo del Acuerdo de Escazú y terruqueador profesional, a la medida de Dina Boluarte. Esta crisis en el Ministerio de Relaciones Exteriores no parece ser “una más”, sino podría estar revelando el inicio de una etapa de crisis estructural en las alturas del poder político con final de difícil pronóstico.
Por su parte, el Congreso de la República, con su 6% de aprobación, estaba a punto de cometer un atropello más en contra de la institucionalidad del país al pretender destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) considerada como uno de los pocos “bastiones democráticos” que aún quedan en pie frente a la trituradora ultraderechista. Sin embargo, cuando nada hacía suponer una reacción propia de una Estado de Derecho, apareció el Poder Judicial otorgándole la “medida cautelar” solicitada por la JNJ, dejando sin efecto los actuados del Congreso de la República.
Como reclamando lugar en la “fiesta”, la Fiscalía de la Nación, demostrando sin ningún escrúpulo su sometimiento al Congreso de la República, abre investigación express a los miembros del Poder Judicial que se atrevieron a enmendarle la plana al Congreso de la República. Es un escenario que califica como tormenta perfecta en la política peruana. La participación de las FFAA y FFPP en esa “fiesta de petardos legales y legalistas”, parece cuestión de horas o días.
Es evidente que “algo se pudre” en el régimen dictatorial que lidera la señora Dina Boluarte. De la misma manera, el poder omnímodo del que presumía el Congreso de la República ha recibido un duro golpe que podría generar una escalada crítica en la confrontación de los poderes involucrados.
La presidenta que “no sabe nada”
Según Waldo Mendoza, exministro de Economía con Francisco Sagasti de presidente, Dina Boluarte es una presidenta que “no sabe nada y no opina sobre nada importante en el Perú”. Comparado con Sagasti, efectivamente, la Boluarte es una persona huérfana de conocimientos básicos de política y economía. Por tanto, pedirle que opine sobre algo “importante” es poco menos que hacer escarnio de la cultura de la señora presidenta.
Si Boluarte “no sabe nada”, Mendoza si “sabe mucho”, incluso puede surfear con pericia el “sí pero no” tan apelado en nuestros “expertos”. La facilidad con que afirma cosas en un momento y negarlas en otro, es una especialidad que ejecuta con tal maestría que su audiencia difícilmente lo advierte. Tributa con generosidad a su condición de “centrista” en lo político, pero no deja de gastarse lisonjas zurdas sin perjuicio de llevarse muy bien con la derecha empresarial, especialmente minera.
Mendoza sabe que a Boluarte la sostienen los poderes facticos, incluidos sus amigos mineros. No importaba, hasta ahora, si “no sabe nada”, pues era suficiente que cumpliera con defender sus intereses. Esta situación cambió. Es tal el fracaso de su gestión que está perdiendo la confianza de quienes la sostienen, inclusive de gente como Mendoza, considerada en algunos espacios como una de las “voces más serias del medio” acusando al movimiento social de enero y febrero 2023 como los causantes de la recesión con inflación alta, pese a que en otro momento dijo que eran las políticas macroeconómicas contractivas.
En un escenario como el descrito, no debería sorprender que se desencadene pedidos de que se vaya Boluarte. Incluso el gobierno norteamericano reiteró recientemente la conveniencia de adelantar elecciones recomendada en marzo 2023. No es que este pedido sea lo mejor para el Perú, pero la fragilidad de la oposición “democrática” y de una izquierda que no termina de encontrar la vía para convertirse en alternativa de poder, hace que recomendaciones de corte semicolonial resulten casi bienvenidas. Cual circo romano, caricaturizada en el Congreso de la República, se preparan a “bajarle el dedo” a la presidenta que “no sabe ni opina nada”. Con esas características, obviamente, es prescindible.
El “experto” que “sabe todo”
Si la presidente es una inútil, “expertos” como Mendoza, podrían decirnos qué se puede hacer frente la estanflación que Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva lo niega. Mendoza dice que las “raíces de la recesión actual … habría que buscarlas en la política macroeconómica contractiva tras el COVID, la violencia social y los efectos del Yaku”. Ojo, con lo de las “raíces”. Luego, sin ningún remordimiento, dice que el “crecimiento económico no viene de la política macroeconómica”. O sea, con una política monetaria y fiscal puedes generar recesión, pero no crecimiento económico. Este es un perfecto “si, pero no”, la ambivalencia convertida en coartada de quienes no son “ni chicha ni limonada”.
Para que no queden dudas, dice “que las políticas expansivas son buenas en tiempos extraordinarios” como fueron los momentos de crisis de 2008 y 2009, así como la pandemia de 2019. Los tiempos que vivimos hoy, con recesión con inflación sin precedentes en 30 años, no son nada extraordinarios para el “experto”. Tampoco le parece extraordinario la duración del flagelo que viene desde el III Trimestre-2022 y amenaza mantenerse el 2024. Por supuesto, no será nada extraordinario que, por la estanflación, la pobreza aumentará y habrá muchos más niños desnutridos. No, no, no, nada de eso es extraordinario, por lo que “no amerita cambios en la política macroeconómica contractiva en curso”. Ni más ni menos.
Como buen neoliberal, Mendoza aplaude que se hayan recuperado niveles de déficit fiscal pre COVID en tiempo récord. Tras tener un déficit fiscal de 9% en 2020, se puso en 2.6% en 2021 y 1.6% en 2022. Mientras el BCR subió sus tasas de interés de 0.25 a 6% en los años referidos. O sea, las políticas macroeconómicas claramente contractivas impactaron brutalmente en el consumo interno, el empleo, el crédito, la masa monetaria, entre otros. Si a esto le sumamos los impactos del Niño que amenaza ser “fuerte”, no queda duda que estamos frente una recesión con inflación de proporciones no vistas hace 3 décadas.
Si las causas de la estanflación son las políticas macroeconómicas, como dice Mendoza, ¿por qué oponerse a una política expansiva cuando el Perú tiene unas RIN de las más altas de Latinoamérica, un nivel de deuda externa bajísimo respecto al PBI, déficits absolutamente manejables, etc.? Y, respecto a la inflación dice que, estando aún alta, sería riesgoso bajar las tasas de referencia. Con esa lógica el BCR debería subir más sus tasas de interés, pero el “banquero de lujo”, Julio Velarde, ha decidido bajar lo más rápido posible porque sabe que por allí no va la mejor forma de combatir la inflación. Coincidimos con Mendoza en que el Crédito Suplementario aprobado será solo “será un analgésico” para la grave enfermedad que padece el país. La única solución dice, en eso discrepamos, es “volver a la minería” y respetar con actitud colonial los “Contratos Ley”.
*Consultor en Desarrollo e Integración, Docente en posgrados. Instituciones Públicas y Privadas y Universidad Ricardo Palma. Perú.
CIJ: La estrategia de ExxonMobil para el Esequibo
Leopoldo Puchi*
El 20 de mayo de 2015, bajo la dirección de Rex Tillerson, la corporación petrolera ExxonMobil hizo un anuncio que llamó la atención de la industria petrolera a nivel mundial. La compañía reveló que en el bloque de Stabroek, a 120 millas de la costa del Esequibo, había encontrado 1.400 millones de barriles de petróleo de alta calidad.
Sin embargo, lo que podía haber sido simplemente una noticia extraordinaria, se convirtió en el desencadenante de nuevas tensiones internacionales. Esto se debió al hecho de que estas exploraciones se llevaron a cabo en aguas no delimitadas de un territorio en disputa.
Rex Tillerson
Venezuela exigió a Exxon Mobil que suspendiera sus actividades de exploración en la región. En respuesta, ExxonMobil emitió un comunicado en el que evadía responsabilidades.
Como indica el Washington Post, a partir de ese momento, la empresa ExxonMobil y su director, Rex Tillerson, se encontraron en el epicentro de una lucha por el dominio de una de las reservas de petróleo más importante del mundo.
En ese mismo período, el Departamento de Estado, a través de su programa Iniciativa de Capacidad y Gobernanza Energética (ICGE) intensificó sus actividades en Georgetown. Se comenzaron a redactar los acuerdos de participación en las ganancias, establecer regulaciones ambientales y a elaborar un marco legal para las operaciones de explotación que estaban a punto de comenzar.
No obstante, era evidente que las inversiones eran jurídicamente inciertas debido a la disputa territorial. Meses antes, en octubre de 2013, la armada venezolana había interceptado al barco Teknik Perdana, contratado por la ExxonMobil.
Corte Internacional
En estas circunstancias, los asesores de ExxonMobil y la ICGE estimaron que las condiciones legales en las que se desarrollarían las actividades de la empresa planteaban riesgos.
Al buscar alternativas, los abogados llegaron a la conclusión de que el Acuerdo de Ginebra no ofrecía una solución conveniente para la empresa. Esto se debía a que el proceso no sólo sería prolongado, sino que involucraba a un país, Venezuela, con el que ExxonMobil había chocado por las nacionalizaciones.
Una resolución de la disputa en el marco del Acuerdo de Ginebra obligaba a una negociación para llegar a una solución amistosa y satisfactoria para los dos países, lo que no era del interés de ExxonMobil. En consecuencia, los abogados de la empresa habrían recomendado que se tomara un camino diferente y se llevara el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), instancia en la cual las empresas petroleras ejercen una ‘influencia’ decisiva.
Sin jurisdicción
Como presidente de la ExxonMobil, Tillerson realizó las ‘gestiones’ correspondientes en la ONU para que el caso pasara a la CIJ. En atención a la solicitud de esta corporación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decide de forma unilateral, ponerle fin a la figura del buen oficiante.
En 2017, Tillerson es designado Secretario de Estado de Estados Unidos y desde esta nueva posición continúa adelantando las gestiones. No se sabe si fue en Davos u otro lugar donde Tillerson se aproximó al nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para pedirle que concretara la operación iniciada por Ban Ki-moon.
Lo que sí se sabe es que a los pocos meses de la designación de Tillerson, en enero de 2018, Guterres tomó la decisión de favorecer a la petrolera en lugar de cumplir con sus obligaciones y respetar el Acuerdo de Ginebra.
Guterres envió el caso a la CIJ sin tener el consentimiento previo de Venezuela, como lo establece el Acuerdo de Ginebra, y a sabiendas de que Venezuela no es signataria del protocolo sobre jurisdicción obligatoria de la CIJ.
Intereses distintos
En el interés de ExxonMobil y Guyana está que Venezuela acepte la jurisdicción de la CIJ y valide de forma “responsable” cualquier fallo emanado de esa instancia. Hasta el momento, la CIJ ha dado muestras de suficiente lealtad a los intereses de esta empresa y ha llegado al punto extremo de violar su propia normativa estatuaria, que le impide abrir un juicio sin el consentimiento previo de todas las partes.
Por otro lado, el interés de Venezuela es distinto del de Guyana y la ExxonMobil. A Venezuela le conviene y le interesa una negociación y no un juicio en la CIJ. Por lo tanto, las decisiones de esa instancia no pueden ser convalidas. De aceptarse la jurisdicción de la CIJ, las posibilidades de una negociación y el reclamo del Esequibo fenecen.
*Politólogo y analista poíitico. Cofundador del Movimiento al Socialismo, fue ministro de Trabajo
Bolivia firma convenio con empresa india: tecnologías para baterías de litio
Bolivia y la empresa Altimin de la India firmaron un convenio, de dos años prorrogables, para desarrollar tecnología para la fabricación de baterías de ion litio.
Karla Calderón, presidenta de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), suscribió el documento con Anjani Mourya, representante de la empresa india Altim, en la Casa Nacional de la Moneda en la ciudad de Potosí. Este acuerdo permitirá desarrollar la tecnología de materiales activos aplicados en la fabricación de baterías de ion litio para su industrialización.
El acuerdo contempla la transferencia de conocimientos técnicos y científicos para fabricar materiales activos para las baterías de ion litio. También se implementará una planta piloto en la localidad de La Palca, Potosí.
En un comunicado Bolivia informó que la empresa india aplicará su tecnología patentada LFP-C, que fue desarrollada junto al Centro Internacional de Investigación Avanzada en Metalurgia y Nuevos Materiales (ARCI).
El convenio que se podrá prorrogar contempla que la planta piloto instalada pasará a propiedad de la YLB después de dos años y será utilizada para la investigación de materiales activos para baterías.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo en su informe anual de gobierno, que el país posee 23 millones de toneladas de litio, “la reserva más grande a nivel mundial”, que están destinadas a la industrialización y a un centro de investigación en ciencia y tecnología de materiales y recursos evaporíticos.
Primera reserva de litio del mundo
Arce sostuvo este jueves que su país posee la “primera reserva mundial de litio” al pasar de 21 a 23 millones de toneladas verificadas mediante un estudio para cuantificar estos recursos.
Arce presentó los resultados de la cuantificación realizada en los salares de Pastos Grandes, en la región andina de Potosí, y de Coipasa, cuya mayor parte se encuentra en el departamento boliviano de Oruro y una pequeña porción está en territorio chileno.
En un evento en el municipio orureño de Coipasa, Arce recordó que antes del estudio exploratorio realizado por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), el país tenía “21 millones de toneladas de litio cuantificadas”.
“La buena noticia, que seguramente va a tener una repercusión internacional porque va a consolidar al país como la primera reserva mundial de litio del planeta, es que hoy tenemos no 21, tenemos 23 millones de toneladas de litio en territorio boliviano”, sostuvo el mandatario.
El agronegocio del Mercosur pasará a la ofensiva en la COP28
Maximiliano Manzoni
En medio de las discusiones entre reducir o terminar con los combustibles fósiles, el sector de la agricultura suele no recibir la atención necesaria de las Conferencias de las Partes (COP), que concentran cada año las negociaciones climáticas internacionales.
Su responsabilidad en la crisis climática está establecida -representa un tercio de las emisiones globales que calientan el planeta- así como la urgente necesidad de que el sector se pliegue a acciones más ambiciosas para frenar la crisis.
En general, la postura del agro ha fluctuado entre un negacionismo férreo al consenso científico y la postura dilatoria que busca deshacerse de su lugar en el banquillo de los acusados.
En la COP28, que se realizará en Dubái a partir del 30 de noviembre, hay indicios de que esta posición dará un giro que, lejos de ser auspicioso, puede no solo evitar que asuman responsabilidades, sino ayudar a que otros actores, como las petroleras, laven su imagen con cuestionables créditos de carbono.
En la COP27, celebrada a fines de 2022 en Egipto, tras cinco años de deliberaciones, la llamada “Labor Conjunta de Koronivia sobre Agricultura” decidió darse una prórroga de cuatro años más bajo un aún más complicado nuevo nombre : “Labor Conjunta de Sharm el Sheij sobre la implementación de la acción climática en la agricultura y la seguridad alimentaria”.
Además recibió un solo mandato real: crear un sitio web donde documentar proyectos y una síntesis del trabajo hecho hasta el momento.
El espacio de agrocultura, establecido en 2017 para juntar a gobiernos y actores relacionados a un sector que es víctima y victimario del cambio climático, “contribuyó para compartir conocimiento científico, pero las limitaciones persisten en trasladarlos en acciones climáticas concretas”, de acuerdo con un análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El resultado fue “decepcionante” para Brent Loken, científico jefe de Alimentación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), quien indicaba que, aún si termináramos con los combustibles fósiles, solo con las emisiones del sector agropecuario bastarían para cruzar el límite del 1,5°C de calentamiento global.
El Mercosur, con posición común
El Mercosur —bloque económico de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— tuvo mucho que ver con que cambie el nombre para que no cambie nada. Tras el anuncio, el entonces ministro de Agricultura de Paraguay, Santiago Moisés Bertoni, dijo que estaba satisfecho con el “logro de que la agricultura tenga su espacio propio en las discusiones climáticas”.
Fue en un evento organizado en el pabellón del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) de la COP27.
Junto a Bertoni estaban Fernando Mattos, ministro de Agricultura de Uruguay, Fernando Zelder, secretario de Agricultura de Brasil, y Ariel Martínez, subsecretario de Agricultura de Argentina. Todos ellos afirmaron tener “una posición común” ante “toda esta narrativa contra nuestra agricultura”, según Zelder.
Para Mattos, “el riesgo que empieza a surgir es un neoproteccionismo basado en temas ambientales”. “Somos la única actividad productiva que captura carbono”, agregó el ministro, y completó que se necesitan “más herramientas biotecnológicas” para “evitar crisis alimentarias”, añadió.
Todo esto antes de repetir el grito sagrado de todos los representantes de agricultura del Mercosur, sean estos del gobierno o de las empresas, de izquierda o de derecha: “Somos parte de la solución, no del problema.”
De negar el cambio climático a venderse como solución
La negativa a asumir responsabilidad sobre las emisiones de la agricultura, el interés en posicionarse en mercados de carbono a través de cuestionadas metodologías y el uso del cambio climático como argumento para apoyar la aprobación de paquetes biotecnológicos es el tridente de los argumentos repetido tanto por los gobiernos como por el agronegocio regional.
Comandados por los nuevos gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Santiago Peña, en Paraguay , el consenso de las materias primas del Mercosur se mantiene en el conflicto por las nuevas cláusulas ambientales que la Unión Europea exige al bloque sudamericano para avanzar con el Tratado de Libre Comercio.
Varias de estas cláusulas tienen que ver con una mayor ambición en las metas de mitigación al cambio climático y la actualización de los inventarios de emisiones, un pedido que los países europeos ya pusieron sobre la mesa en las negociaciones de la COP27.
En una reunión en el Congreso de Brasil, en mayo pasado, el ministro de Asuntos Exteriores, Mauricio Vieira, dijo que el texto convertiría los compromisos voluntarios del Acuerdo de París en “obligatorios”, y sugirió el riesgo de sanciones a Brasil si el país no es capaz de cumplir sus objetivos.
También repitió lo que el ministro uruguayo Mattos había dicho cuatro meses antes en Egipto: evitar que “el ambiente se utilice como pretexto para medidas proteccionistas”.
En este contexto, Santiago Peña anunció un ultimátum: si la Unión Europea no retrocede, en 2024, el Mercosur buscará pasturas más verdes en los mercados de Singapur y Emiratos Árabes Unidos.
Peña debe asumir la presidencia del Mercosur en diciembre, justo antes de la COP28 que se llevará a cabo en Dubái, a la cual asistirá. Paraguay negocia en las COP en la llamada Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) que incluye a Costa Rica y Colombia, pero se encuentra en negociaciones para pivotar al grupo de Argentina, Brasil y Uruguay (ABU).
Deforestación en la Amazonia. Imagen: Global Witness
Greenwashing regenerado
El conflicto se extiende al glifosato, ya que el agronegocio del Mercosur está a la espera de una nueva aprobación de su uso en Europa.
Tras años de resistencias de comunidades, investigaciones censuradas, espionaje a críticos, procesos judiciales y la calificación de “potencialmente cancerígeno” por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los gremios de productores de soja del Mercosur ahora defienden al cuestionado herbicida —del cual dependen grandes lobbies como Cargill y Archer Daniels Midland Company (ADM)— con argumentos climáticos.
“El glifosato es una herramienta en los sistemas de agricultura regenerativa (…) promoviendo la biodiversidad, generando resiliencia y reduciendo la huella de carbono”, aseguran.
“Agricultura regenerativa” es un concepto que ha sido empujado durante la última década por el agronegocio. En teoría, se trata de aplicar medidas para mantener o capturar carbono en el suelo en vías de equiparar o incluso tener “saldo positivo” de emisiones.
Al igual que “carbono neutral”, es un concepto que parece tener un significado diferente según quien lo utiliza. Mientras multinacionales y gremios lo hacen para justificar la aplicación del glifosato, el popular documental “Kiss the Ground” sostiene que significa abandonar todos los agroquímicos.
Y, aunque un meta-análisis publicado en Nature en 2023 no encontró evidencias sobre la captura de carbono de la agricultura y la ganadería como medida contra el cambio climático, en Argentina ya existen varios proyectos que venden ese supuesto carbono en los mercados voluntarios.
En marzo de este año, gremios del agronegocio y medios de comunicación afines de ese país y de Paraguay crearon una campaña de desinformación utilizando un estudio de la NASA para decir que el sector era “un sumidero de carbono”, en una acción más del lavado de imagen verde, que también se conoce por el término inglés greenwashing.
Pero, esto fue desmentido por uno de los científicos que aparece como autor del estudio. El mismo argumento se esgrimió para defender la Ley de Mercados de Carbono que el Congreso paraguayo aprobó en septiembre de 2023, y que incluye a la agricultura y a la ganadería como vendedores de créditos.
Un dato más: entre los objetivos del nuevo grupo de Agricultura que se estrenará en Dubái se incluye empujar el “manejo del carbono en el suelo”, un tema que, en conjunto con la llamada agricultura regenerativa, aparecen entre los principales puntos del proyecto que Emiratos Árabes Unidos busca impulsar en la COP28 junto a empresas alimentarias transnacionales como Nestlé.
*Este artículo es parte de la Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina.
La inflación se desaceleró fuerte en Argentina
La inflación de octubre fue del 8,3%, según reveló el Indec este lunes, con los alimentos subiendo por debajo del promedio. De este modo, los precios mostraron una fuerte desaceleración respecto a septiembre, cuando la inflación oficial había sido del 12,7%.
Así, la inflación acumuló una variación de 120% en los 10 meses que van de 2023. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 142,7%. Aún en cifras elevadas, se trata de la disminución mensual más relevante desde la devaluación impuesto por el FMI luego de las PASO de agosto.
La división de mayor aumento en el mes fue comunicación (12,6%), producto de las subas en los servicios de telefonía e internet. Le siguieron prendas de vestir y calzado (11%) –por el cambio de temporada–, y equipamiento y mantenimiento del hogar (10,7%).
A pesar de registrar una suba inferior al promedio, la división con mayor incidencia en todas las regiones fue la de alimentos y bebidas no alcohólicas (7,7%). En detalle, impactó la suba de carnes y derivados, pan y cereales y leche, productos lácteos y huevos. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en octubre fueron salud (5,1%) y educación (6,6%).
A nivel de las categorías, el IPC Núcleo (8,8%) lideró el aumento seguida por los estacionales (7,6%), mientras que los regulados registró un incremento de 6,6%.
Compre Sin IVA: Protección ante los aumentos
Más de 2,5 millones de trabajadores informales que cobran el refuerzo para ese sector ingresaron este lunes en el Programa Compre Sin IVA a través de los consumos que realicen con sus tarjetas de débito, informó la Anses. Los nuevos beneficiarios se suman a los cerca de 16,5 millones que ya fueron alcanzados por la medida y que, según datos relevados al 16 de octubre, obtuvieron reintegros por 36.840 millones de pesos.
El reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se realiza por la compra “de productos que forman parte de la canasta de alimentos, medicamentos, higiene personal y limpieza del hogar, con un tope mensual de hasta 18.800 pesos”, recordó la Anses en un comunicado. Asimismo, el organismo previsional señaló que “en términos del consumo, el reintegro representa el 11% de lo que los usuarios gastaron en la canasta y la medida regirá hasta el 30 de diciembre y, de ser convertido en ley, se implementará de manera definitiva”.
Del total de trabajadores informales que cobran el refuerzo, 841.162 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 219.119 a Santa Fe, 172.091 a Córdoba, 137.754 a Tucumán, 132.218 a Santiago del Estero, 131.309 a Chaco, 119.593 a Salta, 116.876 a Mendoza y 108.123 a Corrientes.
Con menos de 100.000 beneficiarios figuran Misiones con 96.853, Entre Ríos con 79.958, San Juan con 64.768, Formosa con 57.639, Jujuy con 55.201, CABA con 52.831, San Luis con 32.781 y Río Negro con 31.390. La lista se cierra con 28.182 beneficiarios de la provincia de La Rioja, 27.844 de Catamarca, 20.161 de Chubut, 20.061 de Neuquén,13.313 de La Pampa, 7.423 de Santa Cruz y 3.165 de Tierra del Fuego.
Panorama Internacional
1.-El desarrollo humano sustentable y con justicia social no es posible en el capitalismo
Eduardo Camin*
Recientemente el Consejo de Administración de la OIT ha aprobado en su 349a reunión (octubre-noviembre2023) la propuesta presentada por su Director General para establecer una « Coalicion Mundial para la Justicia Social ». La aceptación de la propuesta ha sido recibida con satisfacción por el Director Gilbert F. Houngo que destacó « la necesidad de que la Coalición empiece a trabajar es cada vez mas urgente »
Desde hace mucho tiempo una serie de iniciativas acompañadas de diferentes conceptos, se van deslizando en la realidad de las sociedades contemporáneas, un cambio de perspectiva que se vislumbra en un mundo complejo e incierto. La lógica del modelo económico neoliberal dominante en nuestra época ha impuesto una configuración del trabajo en la que el desempleo y la precariedad son lo habitual, lo normal, puesto que lo nuclear no son las personas sino la rentabilidad.
En este sentido la Coalición será una plataforma que permitirá generar mayores compromisos políticos de inversiones, fomentando la aplicación de medidas concretas a fin de hacer avanzar la justicia social y el trabajo decente, en apoyo de las prioridades nacionales. Su objetivo central será reforzar los procesos existentes establecidos para impulsar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Coalición también pretende desempeñar un papel clave para promover el valor de la justicia social y movilizar los apoyos necesarios para el reconocimiento de la misma en la agenda multilateral, en particular en la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas de 2024 y en la Cumbre Social Mundial de las Naciones Unidas propuesta para 2025.
Uno de los aspectos que destaca la Coalición es que ésta tratará de constituir un canal para integrar el diálogo social y la pertinencia de los interlocutores sociales en la labor de las organizaciones multilaterales, con el objetivo de promover el diálogo social como requisito previo para lograr una economía incluyente, equitativa y eficiente.
Esto nos suena como el deja vu de promesas incumplidas. Este mayor reconocimiento de la justicia social y del trabajo decente como prioridades por parte de otras organizaciones multilaterales mediante la cooperación con la OIT, es cuanto menos llamativo. En realidad se trata de ámbitos en los que otras organizaciones multilaterales, en particular las instituciones financieras internacionales y los bancos de desarrollo, han manifestado interés por mejorar la armonización y la cooperación, pero sin cambiar su esencia capitalista.
Esta idea fue impuesta al resto del mundo a través de la racionalidad instrumental de la modernidad, por la vía de la colonización del pensamiento, de la cultura, de la economía (a través de la producción y del comercio), o simplemente por la vía de las armas, la violencia y el sometimiento.
De ahí que todo este ejercicio dialéctico, esta semántica de conceptos derivados de la Justicia Social, trabajo decente, desarrollo sustentable o sostenible va de la mano con la racionalidad económica, instaurada por el orden capitalista mundial y sus tentáculos institucionales que dominan el escenario global, en el cual los principales agentes son las mas grandes corporaciones multinacionales con sus políticas y estratégicas, que producen bienes y servicios en todo el mundo.
De allí que todo estos conceptos hayan sido adoptado desde su origen por gobiernos, Naciones Unidas, bancos y toda la superestructura del sistema capitalista.
Lógicas contradictorias entre jueces y verdugos
La Coalición pretende ser una plataforma que permitiría generar mayores compromisos políticos e inversiones con el objetivo de fomentar la aplicación de medidas concretas a fin de avanzar con la justicia social.
Ahora cabría preguntarse ¿cómo hacer compatibles la solidaridad humana, la eficiencia económica, la sustentabilidad ambiental, la democracia política y la justicia social que exige el desarrollo humano sustentable con los principios de lucro y más lucro, de competitividad, de consumismo y exclusión social, de valorización por encima de todo, de uso intensivo y depredador de los recursos, que rigen el funcionamiento del capitalismo?
La perspectiva del desarrollo humano sustentable tácitamente se abre a la posibilidad de compatibilizar esas lógicas contrapuestas, y esta es la contradicción o limitación más importante e insalvable del concepto y, por tanto, la crítica más fuerte que puede y debe hacerse de este concepto, o esta dialéctica de funcionamiento.
Es a partir del análisis crítico de las posibilidades que ofrece la propuesta de la Coalición para convertirse en una alternativa real frente a los modelos tradicionales de desarrollo que responden a la irracionalidad mercantilizante del capitalismo, basada en la depredación del medio ambiente, incluidas las personas, pues la naturaleza no es algo externo ni separado de la sociedad.
La idea central que orienta esta reflexión es que no es posible alcanzar todas las adjetivaciones sobre el desarrollo humano sustentable en el capitalismo, pues sus lógicas y objetivos son completamente contrapuestos. Desde esta perspectiva, el desarrollo sostenible, trabajo decente o justicia socia, es entendido como una especie de conjuro mágico con el que gobernantes, tecnócratas e industriales esperan poder continuar con su productivismo capitalista de siempre tras haber efectuado las correcciones ecológicas del sistema industrial.
Ellos ya han visto que estas correcciones son imprescindibles, y que esperan poder minimizar y no obstante seguir siendo reivindicados por los organismos internacionales encargados de la materia, además por académicos, organismos no gubernamentales y, por supuesto, por los políticos de todos los colores.
El capitalismo un depredador consistente
El capitalismo es un sistema intrínsecamente expansionista en la producción, el comercio y el consumo, la explotación de los recursos naturales y del trabajo, en el uso de nuevas tecnologías, en el despojo de tierras, territorios, saberes y recursos de toda índole, entre otras cosas.
Esta necesidad del sistema económico por crecer y expandirse en forma permanente, y que pareciera imparable, ha venido generando y profundizando cada vez más los problemas de contaminación, erosión, desertización, calentamiento, sobreexplotación, despojo, depredación y extinción de recursos naturales y humanos que, sin embargo y paradójicamente, al admitir soluciones técnicas el sistema puede resolver —al menos parcialmente— sin ser cuestionado en su base.
No obstante, lo que no puede resolver es la desocupación, la pobreza y desigualdad, la exclusión, la explotación, el desprecio, la subordinación, sin cuestionar esa base, pues no se trata sólo de “consecuencias indeseables”, sino que son condiciones indispensables para el propio establecimiento y reproducción de las relaciones capitalistas.
De ahí que la solución no pasa por grandes coaliciones, no pasa por corregir, mejorar, agrandar o achicar el mercado, sino por transitar hacia otras formas de organización social del trabajo, de la producción y del consumo, hacia otras maneras de relacionarnos con la naturaleza y de entender nuestra propia vida a partir de otros sentidos que, basados en la propiedad social de los medios de producción naturales y artificiales, los utilice en forma responsable para la satisfacción de las necesidades de la sociedad en su conjunto, y no de una minoría.
Un espectáculo de capitales, mercancías y fusiones y billones de dólares en guerras determinan el rumbo de sus coaliciones en la especulación en sus mercados financieros.
*Periodista uruguayo residente en Ginebra, ex miembro de la Asociacion de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU) en Ginebra Analista Asociado al Centro de Análisis Estrategico (CLAE)
2.- Diez billones de dólares son los costos ocultos de la alimentación
El costo de los alimentos, más allá de lo que se paga en los mercados, contiene costos ocultos que suman 10 billones (millones de millones) de dólares anuales, según el más reciente estudio divulgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El informe “introduce el concepto de contabilidad de costos reales (CCR) como un enfoque para desvelar las repercusiones ocultas de nuestros sistemas agroalimentarios en el medio ambiente, en la salud y en los medios de vida”, destacó en su presentación el director general de la FAO, Qu Dongyu.
El primero y mayor de los costos ocultos, más de 70 % de ellos, está determinado por dietas poco saludables, con alto contenido de alimentos ultraprocesados, grasas y azúcares, que causan obesidad y enfermedades no transmisibles, y provocan pérdidas de productividad.
Esas pérdidas son especialmente elevadas en países de ingresos altos y medianos altos.
Al menos 20 % de los costos guardan relación con el medio ambiente, y se derivan de las emisiones de gases de efecto invernadero (que calientan el planeta) y nitrógeno, los cambios del uso de la tierra y la utilización del agua.
La FAO dice que es un problema que afecta a todos los países y admite que “es probable que su magnitud esté subestimada por las limitaciones de datos”.
Finalmente, los problemas relacionados con la pobreza y la subalimentación representan cinco por ciento de los costos ocultos y afectan principalmente a países de ingresos bajos.
En esos países los costos ocultos representan más de una cuarta parte de su producto interno bruto (PIB), frente a menos de 12 % en países de ingresos medianos y menos de ocho por ciento en los de ingresos altos.
Abordar la pobreza y la subalimentación sigue siendo una prioridad en los países de ingresos bajos, pues representan en torno a la mitad de los costos ocultos totales.
El informe, edición de 2023 de “El estado mundial de la agricultura y la alimentación”, presenta un primer intento de evaluación a escala nacional de la CCR en 154 países, estimando los costos ocultos generados por las ineficacias del mercado, las instituciones y las políticas.
“Incluso con una gran incertidumbre y excluyendo algunas repercusiones, existe un nivel muy elevado de certeza de que los costos ocultos cuantificados mundiales derivados de los sistemas agroalimentarios ascenderán a 10 billones de dólares del año 2020 o más”, asienta el informe.
Agrega que “esa suma pone de manifiesto la necesidad urgente de tener en cuenta estos costos en el proceso de adopción de decisiones para transformar los sistemas agroalimentarios”.
Admite que para ampliar la escala de las evaluaciones basadas en la CCR, se necesitan innovaciones en materia de investigación y datos, así como inversiones en recopilación de datos y creación de capacidad, que permitan ampliar la aplicación de esa nueva contabilidad.
Eso es especialmente pertinente en los países de ingresos medianos y bajos, “de forma que se pueda convertir en un instrumento para fundamentar los procesos de adopción de decisiones y formulación de políticas de manera transparente y coherente”, indica el reporte.
Qu reconoció que “existe siempre la preocupación de que si consideramos todos los costos ocultos de la producción de alimentos, los precios aumenten”.
Sin embargo, “la integración de estos costos en el proceso de adopción de decisiones, así como en los incentivos disponibles para los productores y los consumidores, es parte de un proceso mucho más amplio de transformación de los sistemas agroalimentarios”, agregó.
A la pregunta de si abordar los costos ocultos aumentará el precio de los alimentos, los expertos de la FAO responden que dependerá del costo oculto que se aborde y los instrumentos que se utilicen.
Por ejemplo, si se incrementa la productividad del sector de la alimentación y la agricultura, se ejercería una presión a la baja en los precios de los alimentos.
Otras medidas de política pueden tratar impuestos o reglamentos que estipulen prácticas menos dañinas para el medio ambiente, complementadas con asesoramiento para limitar los costos ocultos.
Además, señala el informe, “las mejoras de la salud pública que conducen a un aumento de la productividad se podrían traducir en mayores ingresos para los hogares”.