Panorama Económico Latinoamericano – Del 15 al 22 de mayo de 2024
Perú: Gas de Camisea sin inversiones en exploración
Jorge Manco Zaconetti
Lamentablemente en el gobierno de la señora Boluarte no existe una real decisión por la masificación del gas natural en el país y en especial para la Macro Región Sur, Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna, Puno por más que se publiciten las declaraciones sin mayor fundamento del ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, exitoso empresario minero, pero sin rumbo ni conocimiento en materia energética.
Apostar por el transporte del gas natural mediante camiones cisterna en lo que se denomina gasoductos virtuales para el norte y sur del país, es una solución de corto plazo que preserva los intereses del Consorcio Perú LNG y el proyecto de exportación del lote 56 que dicho de paso termina en el 2028 y no se han repuesto las reservas de gas natural consumidas desde el 2004 a la fecha.
El contrato de exportación del lote 56 que ha consumido más de 2.1 trillones de pies cúbicos en gas natural desde el 2010 al 2022 tenía reservas probadas estimadas de gas natural de 1 trillón de pies cúbicos, por tanto, al 2024 las reservas probadas deben ser menores y se debe tener una estrategia nacional que promueva la inversión exploratoria, de riesgo en yacimientos donde se presume que existen importantes recursos de gas natural y condensados.
La opinión pública y la clase política debe reconocer que dicho lote 56 destinado a la exportación se negoció durante el gobierno corrupto de Alejandro Toledo de una forma contraria al interés público, pues prácticamente PerúPetro la agencia de contratos entregó en negociación directa dicho lote al Consorcio Camisea, sin licitación ni concurso internacional alguno con 2 trillones de pies cúbicos y 200 millones de barriles de condensados, prácticamente como reservas probadas.
Es más, desde que se inició el proyecto de exportación en setiembre del 2010 hasta el año pasado 2023 en el lote 56 apenas se han perforado 3 pozos exploratorios, es decir inversiones que conllevan riesgo a pesar de los importantes ingresos de exportación del gas natural, que sumaron un valor de US $ 15,489 millones de dólares en el período; valor de exportación al cual habría que restar las regalías pagadas al fisco, que tienen una fórmula especial de determinación en función al precio internacional del gas natural del mercado de llegada menos todos los costos asumidos (Net Back Price) hasta llegar al precio en boca de pozo, es decir en la producción.
Si se tiene presente que la inversión más importante para hacer viable el proyecto de exportación del lote 56 fue la mega inversión de la Planta de Licuefectación de Pampa Melchorita donde se convierte el gas natural en líquido para que pueda ser transportado en buques metaneros tuvo un costo de US $ 4,500 millones de dólares, podemos afirmar que ha sido un negocio muy rentable para los accionistas de Perú LNG.
Es más, si a ello se suman los ingresos provenientes de los líquidos de gas natural, que tienen precios de mercado un poco menores al precio internacional del petróleo, del cual se extraen nafta una especie de gasolina cruda que se exporta, gas licuado de petróleo (GLP) y diésel en la Planta de Fraccionamiento de Pisco siendo estos productos realizados, es decir vendidos en el mercado interno. Podemos decir que el negocio del gas natural y líquidos de gas natural de los lotes de Camisea 88, 56, y 57 es muy rentable. Pero se están agotando las reservas probadas y los gobiernos de turno desde el 2016 para adelante no tienen una visión estratégica, en gran medida por la profunda crisis política que agobia al país.
En tal sentido, los accionistas del Consorcio de Exportación Perú LNG SRL conformado por la estadounidense Hunt Oil Company con el 50 %, Shell Gas BV de Holanda con el 20 %, Marubeni Corporation del Japón con el 10 %, y la coreana SK Innovation con el 20 % restante priorizan la exportación en contra de la masificación interna del gas natural. Se debe conocer que SK de Corea del Sur el 8 de febrero del 2024 ha firmado un acuerdo para transferir toda su participación del 20 % en Perú LNG a favor de la firma estadounidense MidOcean Energy una subsidiaria de EIG Global Equity Partners. ¿Por algo será?
Sería interesante saber en cuánto ha valorizado la transnacional SK su participación del 20 % en el Consorcio Exportador de Perú LNG. Estoy casi seguro que ha valorizado las reservas probadas, probables y posibles que yacen en el subsuelo cuando por la Constitución de 1993 y la propia ley de hidrocarburos tales reservas en el subsuelo pertenecen a la Nación peruana, por tanto, corresponden al Estado. ¿Qué puede decir al respecto el señor ministro de energía y minas?
Lote 88 en cuestión
En el denominado lote 88 la transnacional holandesa Shell entre 1983 al 1998 realizó 6 pozos exploratorios asumiendo inversiones de riesgo que fueron valorizados en US $ 500 millones de dólares. El lote 88 antes se denominaba lote 38 y 42, y se descubrieron más de 9 trillones de pies cúbicos de reservas de gas natural con condensados, que la Shell en 1998 entregó al Estado peruano por no llegar a un acuerdo en el llamado “Contrato del Siglo” firmado por el presidente Fujimori y el Consorcio Shell/ Mobil
Por ello el ex presidente Fujimori declaraba ante los medios de comunicación ante el retiro de la Shell/Mobil del país consorcio que priorizaba sus inversiones gasíferas en Bolivia y en las ex repúblicas socialistas de la URSS, que el Perú era US $ 500 millones de dólares porque tenía las reservas probadas del lote 88 en Camisea, las mismas que fueron licitadas en el año 2000 en plena crisis política producto de los “Vladivideos” y la megacorrupción de su gobierno.
Sin embargo, el contrato del lote 88 con las reservas probadas descubiertas por la Shell en 1984 fue firmado durante el “gobierno de transición” del doctor Valentín Paniagua, y la tasa de regalías pactada fue del 37.24 % compromiso asumido por el Consorcio Camisea, liderado por la argentina Pluspetrol. Esto significaba que el Estado percibía el 37.24 % del 100 % del valor obtenido. Una tasa de regalía alta en razón que las reservas del referido lote eran reservas probadas, por tanto, el factor riesgo era mínimo.
El contrato del lote 88 como todo contrato de gas natural tiene una vigencia de 40 años y si fue firmado en el 2001 tiene más de la mitad de su período transcurrido, y comenzó sus operaciones comerciales a mediados del 2004 gracias a la intervención del Estado que promulgó una serie de normas para que el gas natural extraído en el Campo Malvinas en Echarate/La Convención/ Cusco llegará a Lima, al City Gate de Lurín.
En varios artículos nos hemos referido a la importancia del Gas de Camisea en el cambio de la matriz energética por una serie de razones, en especial por el precio regulado entiéndase barato, que ha permitido su consumo en la generación eléctrica en términos muy favorables para las empresas de generación, pues el 45 % de la producción eléctrica proviene del uso del gas natural del lote 88.
En verdad, son varios los beneficios de la cultura del gas natural que prácticamente fortalecen el centralismo de Lima y Callao donde se han favorecido más de 1.7 millones de familias entre otros aspectos, con un combustible barato en relación al GLP y menos contaminante que los derivados del petróleo.
Sin embargo, poco o nada se dice que en el referido lote entre el 2004 es decir el año de inicio de operaciones hasta el 2023 solamente se han realizado 5 pozos exploratorios, que, sumados a los 6 pozos exploratorios realizados por la Shell en la década de los ochenta del siglo pasado, se podría decir que en más de 40 años ha sido débil la actividad exploratoria que implica asumir inversiones de riesgo, que no se están haciendo. Es más, el gobierno actual no tiene en agenda la exigencia de mayores inversiones de riesgo para reponer las reservas de gas natural consumidas del lote 88 destinado a satisfacer el mercado local.
Desde el 2004 al 2023 del lote 88 se han consumido 3.5 trillones de pies cúbicos y las reservas probadas estimadas al 2022 deben ser de 5.8 trillones de pies cúbicos, que al ritmo de un consumo conservador de 3.5 trillones adicionales en los próximos 20 años (2044) las reservas serían mínimas para el afianzamiento de la seguridad energética, asunto que es y debe ser un problema de Estado y de interés público.
Por ello urge asumir una negociación estratégica con el Consorcio Camisea sobre el futuro de las inversiones de exploración en el lote 88 para reponer las reservas consumidas. Ello supone sentarse a conversar con los accionistas del Lote 88. En especial con la transnacional argentina Pluspetrol que retiene el 27.2 % del capital social, con SK de Corea del Sur que tiene el 17.6 % del capital; lo mismo con la estadounidense Hunt Oil que representa el 25.2 % del accionariado, con la argentina Tecpetrol que participa con el 10 %, con la empresa estatal de Argelia Sonatrach que retiene el 10 % y por último con la transnacional española Repsol responsable del 10 % restante.
Una negociación estratégica debe reconocer intereses mutuos y responsabilidades compartidas. El Perú necesita asegurar mayores reservas probadas de gas natural para llevar a cabo una real masificación priorizando el mercado interno sobre la exportación. De otro lado, se debe asumir que se requieren mayores inversiones privadas y reconocer beneficios razonables al capital. Por ello más que expropiar o nacionalizar los hidrocarburos como el gas natural y los líquidos de gas natural de Camisea como lo hizo en Argentina con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con los activos de Repsol, nos saldría muy caro y sería un craso error. ¡Hay que ser nacionalistas, pero no tontos!
Migración irregular a EEUU golpea al agro salvadoreño
Edgardo Ayala
La preocupación que martilla al agricultor salvadoreño Álvaro Cerón es quién le ayudará en las tareas agrícolas cuando, con el paso de los años, sus cuatro trabajadores estén más cansados o enfermos, dado que a los jóvenes de El Salvador ya no les atrae el trabajo en el campo y prefieren emigrar hacia Estados Unidos.
“Me preocupo porque son hombres que ya no están jóvenes, están entre los 45 y los 65 años, ya la vida les está pasando la factura”, dijo Cerón, un pequeño productor de cítricos, maíz, sorgo y frijoles, en su parcela de dos hectáreas localizada en el cantón San Isidro, del municipio de Santa María Ostuma, en el central departamento de La Paz.
Cerón, de 54 años, agregó: “Estamos fregados, porque dentro de unos 5 o 10 años pienso que ya no va a haber mano de obra en el campo”, cuando vaya falleciendo esta generación de campesinos que hoy por hoy aún tienen fuerzas para trabajar.
Álvaro Cerón es un pequeño productor de cítricos y granos en Santa María Ostuma, en el departamento de La Paz, en el centro de El Salvador, a quién le preocupa la falta de mano de obra campesina que ayude en las diferentes tareas requeridas. Los trabajadores que él contrata son personas que en unos años ya no podrán trabajar, por la edad o por enfermedades. Santa María Ostuma y Tamanique, 8 y 9 de mayo. Imagen Edgardo Ayala / IPS
El golpe de la migración
Uno de los factores que más incide en la caída de la agricultura en El Salvador es la migración irregular sobre todo hacia Estados Unidos, donde se calcula que viven unos 3,5 millones de salvadoreños. La mayoría son indocumentados aunque no se pueden contabilizar precisamente porque viajan irregularmente, sin pasar por las oficinas de migración.
“Es un problema muy serio, nosotros lo venimos diciendo desde hace unos tres años, que la producción agrícola ha bajado principalmente por la falta de mano de obra”, explicó el presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Luis Treminio, consultado por IPS. La institución aglutina a unas 15 asociaciones en ese rubro.
Según cifras de esa gremial, la producción de maíz, infaltable en la dieta de los salvadoreños, ha mostrado una caída constante en los últimos años, medido por la disminución en el área cultivada.
La producción de maíz está en declive en El Salvador, pues en 2021 se sembraron 294 000 hectáreas de maíz, cifra que bajó a 209 000 en el 2022 y a 204 000 en el 2023. Santa María Ostuma y Tamanique, 8 y 9 de mayo. Imagen Edgardo Ayala / IPS
En 2021 se sembraron 294 000 hectáreas de maíz, cifra que bajó a 209 000 en el 2022 y a 204 000 en el 2023.
Además, El Salvador es deficitario desde hace unas tres décadas en varios rubros, como las hortalizas.
Se calcula que la producción de hortalizas en El Salvador cubre apenas 10 % de la demanda interna y el restante 90 % debe importarse de países vecinos, como Guatemala.
Treminio enfatizó en que los jóvenes, a los 18 años, ya están pensando en emigrar a la ciudad o a Estados Unidos, porque el trabajo en el campo es cada vez más precario, vale menos el trabajo, debido al alto costo de los insumos agrícolas e incluso por el cambio climático, que golpea las cosechas, y eso vuelve al rubro agropecuario insostenible en términos financieros.
Se calcula que en El Salvador, un país centroamericano de 6,7 millones de habitantes, hay unas 400 000 personas dedicadas al rubro agropecuario.
La migración irregular hacia Estados Unidos se acentuó en los años 80 debido a la guerra civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992. Luego, la violencia causada por las pandillas, llamadas “maras”, también siguió expulsando a muchos salvadoreños del país.
Buena parte de esos migrantes salen de la zona rural del país no tanto porque no haya empleo, sino porque, como ya se dijo, la actividad agropecuaria es insostenible económicamente, y consecuentemente los trabajos son mal pagados, de mala calidad, que no ofrecen ninguna esperanza para salir de la pobreza.
Según cifras oficiales, la pobreza alcanza a 24,9 % de los hogares en el área urbana, pero en el campo la cifra aumenta a 29,6 %.
“De la agricultura sale la comida, los alimentos, pero en unos 10 años lo que quizá va a haber es solo comida enlatada o carísima, no sé cómo va a ser”, pronosticó el agricultor Cerón.
El otro rostro de las remesas
La afectación de la migración en el sector agropecuario también acarrea un cambio cultural en el gasto de las remesas, que es a su vez una paradoja.
Si bien por un lado son los salvadoreños radicados en el exterior quienes mantienen la economía del país, con el envío de unos 8000 millones de dólares anuales, por otro, se ha creado una cultura de remesas en la que muchos jóvenes prefieren esperar el dinero enviado por sus padres o familiares en el exterior, en lugar de trabajar en áreas como la agricultura.
“Los padres, desde Estados Unidos, ya solo les envían el dinero a sus hijos, ya no les gusta que salgan a trabajar, ya solo los mantienen en shorts, en yinas (sandalias de hule), viendo el celular, ya no se les ve trabajando en el campo, eso ya no existe”, subrayó Cerón. Cerón y su esposa, Verónica Vásquez, también tienen una docena de vacas, que él ordeña todos los días desde las 3 a. m. hasta las 6 a. m.
Cuando IPS visitó el hogar de la pareja, dentro de la finca, Vásquez escurría el suero de una bola amorfa de queso, del cual, una vez escurrido, sacaba trozos para colocar en moldes circulares hasta totalizar 40 quesos, circulares, para luego venderlos en el caserío o el pueblo, a 1.75 de dólar cada uno.
Sin embargo, ella señaló que también tiene problemas para encontrar a alguien que le ayude a vender los lácteos. “Me ha costado hallar a una vendedora, hay muchachas que podrían ir a venderlos, pero tienen familiares en Estados Unidos que les envían remesas, ya no sienten la necesidad de ir a ganar un poco de dinero”, aseguró Vásquez, de 47 años.
Y añadió: “Veo que las muchachas se dedican ahora a pagar para arreglarse las uñas, las pestañas, el pelo, y ya nadie quiere trabajar”. Antes, agregó su esposo, era un orgullo ser campesino, ser agricultor, pero ahora para los jovencitos es una vergüenza. Aceptó que, por supuesto, es normal que las personas busquen estudiar y superarse, pero siempre debe haber alguien que siembre los alimentos, y eso podría hacerse dignamente, en otras circunstancias.
La cooperativa San Isidro, en el litoral salvadoreño, apuesta a la producción de café orgánico, para venderlo molido y embolsado, para lograr mejores precios de venta y estabilizar las finanzas de la asociación agrícola. Santa María Ostuma y Tamanique, 8 y 9 de mayo. 
Sin poder competir con el turismo
La misma situación de falta de mano de obra campesina se da en la cooperativa agropecuaria San Isidro, una propiedad de 1140 hectáreas, enclavada en los cerros cuyas faldas se van elevando desde los bordes del océano Pacífico, en la jurisdicción de Tamanique, departamento de La Libertad, en el sur de El Salvador.
Rutilio García, presidente de la cooperativa, dijo a IPS que el porcentaje de socios de la cooperativa que ha emigrado a Estados Unidos se ha ido incrementando con los años.
García aseguró que hasta el año 2000 aproximadamente un 10 % de las familias de la cooperativa tenía parientes en EEUU. es decir, socios que se habían ido. Pero a partir de ese año la cifra subió al 40% y, consecuentemente, ahora son más las personas que reciben remesas.
“Las personas dicen: en lugar de matarme trabajando la tierra, mejor compro el maíz (para el consumo y para venderlo a terceros), y los parientes les mandan desde allá el dinero para eso”, explicó a IPS García, de 64 años de edad.
La cooperativa San Isidro se fundó en 1980 como producto de la reforma agraria iniciada en el país, la cual no fue una iniciativa real para entregar tierra a los campesinos y agricultores para que la trabajaran eficientemente.
Fue más bien una maniobra política diseñada por el gobierno estadounidense, para quitarle banderas reivindicativas a una izquierda cada vez más revolucionaria y que desde mediados de los 70 ya venía armándose y operando militarmente, hasta que en 1980 estalló la guerra civil.
García añadió que esa cooperativa no puede competir con los salarios que paga el sector turístico que parece crecer en el litoral y que demanda trabajadores en hoteles, restaurantes y en los proyectos inmobiliarios, algo a lo que el gobierno de Nayib Bukele le está apostando fuertemente, pero que descuida abiertamente la agricultura.
Y no es que esos salarios en el turismo sean muy buenos, sino que simplemente son un poco más altos que lo que se paga en el campo. De modo que, mientras la cooperativa alcanza a pagar unos 12 dólares al día, el turismo, en la zona costera, paga 20, detalló.
“Mucha gente de la cooperativa se ha ido a trabajar a la costa, de aquí bajan cinco (camionetas) pickups y dos buses cargados de trabajadores, todos los días”, subrayó García. “No podemos competir con eso”, aseguró.
Los precios deprimidos de los productos agrícolas no generan los dividendos que permitiría a la cooperativa pagar mejores salarios. Y añadió: “Entonces prácticamente lo que la cooperativa está haciendo es dándole mano de obra a otras personas, a otros sectores, a los restaurantes, hoteles, al sector de la construcción que están levantando proyectos”.
La cooperativa ahora tiene cifradas sus esperanzas de levantar cabeza en la venta del café molido y embolsado, con lo cual logrará un mejor precio. Ya tiene la maquinaria para hacerlo.
Venezuela y China concretan 24 proyectos de economía agroalimentaria
Representantes de la Zona Económica Especial Agroalimentaria de Oriente (ZEEAO) se reunieron para presentar el balance de los acuerdos firmados entre la provincia de Shandong, China, y la República Bolivariana de Venezuela.
En ese sentido, el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, detalló que durante la gira realizada a la provincia oriental avanzaron en la concreción de 24 proyectos de diversas áreas de la economía agroalimentaria, tanto en la producción primaria, como en materia de financiamiento para la ZEEAO.
Autoridades venezolanas definieron esta semana las metas y para la creación de una gran zona especial dedicada a la producción de distintos tipos de alimentos en el este del país, anunciada el año pasado por el Gobierno. Castro Soteldo, en su programa «Cultivando patria», señaló que se llevó a cabo una reunión de trabajo extraordinaria en Barcelona, estado Anzoátegui (este), con los gobernadores y «equipos de planificación y desarrollo económico» de las seis regiones que conforman la denominada Zona Económica Especial Agroalimentaria, para establecer «metas, tareas y acciones concretas».
Además de Anzoátegui, este proyecto abarca también los estados Guárico, Monagas, Sucre, Delta Amacuro y Bolívar, donde se busca desarrollar una «economía diversificada», enfocada en la agricultura, en la «transformación de los alimentos, de la materia prima, (…) la exportación, el comercio, la inversión». La Zona Económica Especial Agroalimentaria tiene una capacidad para producir maíz en 229.165 hectáreas, soja en 237.392 hectáreas, raíces y tubérculos en 28.624 hectáreas y leguminosas en 68.080 hectáreas, entre otros alimentos.
Además, el gobernador del estado Guárico, José Vázquez, informó que los integrantes de la ZEE de Oriente tienen como meta delinear y organizar las tareas para la construcción de los proyectos. Igualmente, propuso generar un fondo de financiamiento como plan piloto. Por su parte, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, agregó que tienen la misión de desarrollar los proyectos de los 6 estados que integran la ZEEAO.
El FMI «aplaude» gestión de Xiomara Castro
Javier Suazo
“A Honduras le ha ido bien, mejor de lo esperado… En cuanto a las Reservas Internacionales Netas, el país mantiene 5 meses de importaciones”. (Rodrigo Valdés, Director del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional (FMI)
Todo apunta a que el Gobierno de Xiomara Castro, por el manejo de la política económica, sea un buen alumno del Fondo Monetario Internacional (FMI), y reciba aplausos y gradúe con honores, tal como ocurrió con el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), donde los aplausos fueron dobles (2014-2021). En septiembre de 2023, el Gobierno llegó a un acuerdo de cooperación con dicho organismo, que corresponde a recursos del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y al Servicios de Crédito Ampliado (SCA) por tres años, lo que posibilita tener acceso a unos 830 millones de dólares.
Estos aplausos “iniciales”, ya que la turbulencia política puede afectar el cumplimiento de las Metas con el FMI durante 2024-2025, tienen relación con los esfuerzos del Gobierno por mantener bajo control las presiones inflacionarias y dar una evidencia manifiesta de control efectivo del déficit fiscal, aunque el endeudamiento público y drenaje de recursos que genera, caso particular de la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), conspire contra las acciones poscovid-19 por espacios fiscales de apoyo suficiente a la inversión productiva-social, cambio climático, combate de la pobreza e inseguridad alimentaria. Se suma el crecimiento positivo del PIB en 2022-2023 y los buenos pronósticos para 2024-2025.
La inflación cayó de 9.8% en 2022 a 5.19 % en 2023, y espera se situé entre 4% y 5% como promedio para 2024-2025. Se estima que el déficit fiscal de la Administración Pública Central (APC) será de 1.3%/PIB en 2024, muy inferior a 5%/PIB en 2021 y 7.0%/PIB en 2020. En el caso del Sector Publico No Financiero (SPNF) se habla de un déficit de 3%/PIB en 2024, mayor al de 2022 y 2023, pero con un espacio fiscal para inversión productiva de 1.3%/PIB.
Entre 2022 y 2023, la tasa de crecimiento promedio del PIB fue mayor al 3.7% y en 2024 se estima un crecimiento de3.6%, siendo Honduras uno de los países que más crecerá en la región centroamericana. Este crecimiento, quiérase o no, ha recibido un fuerte impuso por parte del Gobierno, referido especialmente al apoyo a la inversión económica, social y productiva con mejoras en la recaudación de impuestos, pero también es visible el aliciente de una baja Tasa de Política Monetaria (TPM) de 3.00% y mayores flujos de remesas familiares, frente a un repunte de la Inversión Extranjera situada arriba de los 1,000 millones de dólares en 2023.
Los aplausos también refieren al aumento de los ingresos del Gobierno, en más de 10,100 millones de lempiras entre 2022 y 2023, en una coyuntura donde el FMI exige la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria para poder sostener el espacio fiscal. Igual, la importancia del flujo de remesas equivalente a más de 5 meses de importaciones, en una economía que ha mostrado mucha resiliencia frente a los shocks externos.[1]
Hay quizá puntos de agenda que ameritan un tratamiento integral, más allá de los simples objetivos de estabilización económica y reformas sectoriales. La sostenibilidad de endeudamiento y productividad del gasto de inversión es clave. En 2022, el Gobierno tuvo que recurrir a recursos internos, como préstamos de Banco Central para enfrentar los desequilibrios financieras, mientras se ordenaban las finanzas, caso de la caja única y se eliminaba la mayoría de los fideicomisos, una especie de “piñata” financiera en contra del Estado.
El crédito inicial del Banco Central al Gobierno fue de 1,000 millones de dólares, al cual se suman 336 millones de dólares de fondos DEG para apoyo presupuestario y pagos del servicio de la deuda autorizados por el FMI.
Se espera que, las condiciones de crédito externo sigan mejorando, por lo que,a futuro, debería utilizarse recursos que no comprometan la capacidad de pago del país, complementado con acciones de cooperación entre países para cambiar-en lo posible-el perfil de la deuda.[2]
Al cierre de 2023, cifras de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) muestran que la deuda total de la APC ascendió a 16,667.8 millones de dólares, a la cual hay que sumar 4,003.2 millones de dólares de la ENEE, unos 784.7 millones de dólares por otra piñata, las Alianzas Publica-Privadas (APP), y deuda de gobiernos locales por 411.5 millones. Un 32.2 % de esa deuda son créditos externos, y 66% créditos internos, dejando el resto (1.8%), como financiamiento bilateral del presupuesto anual.
Honduras, contrario a lo que se pensaba por ser un gobierno de corte progresista, ha sido un buen pagador, que se ha reflejado en un saldo menor de la deuda externa del Sector Público No Financiero según el Banco Central. En 2023 desembolsó 881. 4 millones de dólares, un 28.3%/PIB en pagos del servicio de la deuda (capital más intereses) que sumados a la deuda del Banco Central de977.8 millones de dólares, refleja unpago mayor de 205.2 millones si se compara con 2022. [3]
Ligado a ello, está la reforma pendiente del sector energético, donde la crisis de la ENEE es el principal obstáculo. Al FMI no le ha gustado que el Gobierno asumiera de nuevo el control de la ENEE, al considerarse como un bien y patrimonio público; sin embargo, conviene demostrar que fue la decisión correcta en el cumplimiento de metas (reducción de pérdidas técnicas y no técnicas arriba del 36%), eficiencia y manos limpias en el manejo de los contratos de energía (viejos y nuevos). Es quizá, una de las principales reformas de tipo estructural dentro de los programas de ajuste, que el FMI necesita acompañar para concluir un proceso que data desde hace más de 15 años, eliminado la fuga de fondos públicos.
La resiliencia al cambio climático es unos de los principales desafíos de las políticas económicas y ambientales, sumado a un fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza. Es clave la descentralización del Estado, con el traslado de competencias, recursos, funciones y poder a gobiernos locales, organizaciones y grupos comunitarios y ambientales en la protección de los recursos naturales, gestión del riego ambiental y alimentario en la principales regiones y departamentos del país. Los incendios forestales afectan los cultivos, igual o más que la sequía.
La política cambiaria también es parte del Convenio. Entre los límites de liberalización total de la tasa de cambio o control único del Gobierno, se ha venido apostado a una política de minidevaluaciones, con ajustes pequeños de la tasa de cambio por pérdida de competitividad de las exportaciones al apreciarse la tasa de cambio del lempira frente a las monedas de los principales socios comerciales. Esta política, contrario al pasado, tiene un costo más visible, cual es la pérdida de reservas monetarias para suplir la demanda de divisas y mantener la paridad en márgenes aceptables, dentro de las reglas establecidas por el Banco Central sin asomos de mercado paralelo.
EL FMI apoyará al Gobierno en un estudio del mercado cambiario, para determinar cuál (es) de los regímenes cambiarios le conviene más. Un trabajo muy sensible, ya que en el pasado recomendó la devaluación del lempira en exceso y liberalización del mercado cambiario como lo hizo JOH al final, pero sin devaluaciones abruptas. El Gobierno del Socialismo Democrático es poco probable que seda en estas pretensiones, igual apruebe una legislación que da más autonomía al Banco Central.
Las remesas familiares, más que las exportaciones e ingreso de divisas vía prestamos, ha venido constituyéndose como escudo protector frente a la devaluación y liberalización cambiaria total. “Los flujos de remesas familiares ascendieron USD 8,683.6 millones en 2022, 17.8% más que lo registrado en 2021. La importancia de las remesas familiares en la economía hondureña ha aumentado en los últimos años: (…) Pasaron de representar el 6.1% del PIB en 2000 a 25.3% en 2021. De manera similar, en el 2000, eran equivalentes al 13.2% de las exportaciones de bienes, mientras que, en 2021 dicha ratio ascendió a 70.3%. Respecto a la Importación de Mercancías Generales CIF, este indicador representó un 54.3% y respecto del Gasto de Consumo Final del Sector Privado un 29.8% en 2021”[4]
La mayor flexibilidad del mercado de trabajo es un tema de agenda no cubierto entre actores económicos, gremiales y Gobierno. Se busca retroceder con la Ley de Empleo por Hora, pero el Gobierno no se manifiesta de acuerdo ya que precariza el trabajo. EL FMI abandera la flexibilización laboral, pero la preocupación inmediata es como generar recursos internos para financiar la mayor parte de la inversión productiva. El logro de objetivos de estabilización económica, según la tradición de los programas de ajuste del FMI, debería atraer mayor inversión extranjera, aumentar los flujos de recursos por la cooperación multilateral, mejorar las condiciones de los préstamos privados y generar mayor confianza en el empresariado local.
El Gobierno no debe caer en la trampa del objetivo de estabilización económica “resorte”, o sea aquella donde baja la inflación, aumenta poco el PIB, baja el déficit fiscal y se honra el pago de los servicios de deuda externa con más deuda, pero aumenta el desempleo/subempleo, la pobreza, inseguridad alimentaria, migración y perdida acelerada de bosque, fuentes de agua y biodiversidad, tal como ocurrió en el Gobierno de JOH.
Hay evidencia de problemas cuya solución va más allá de la estabilización del FMI y ajuste estructural del Banco Mundial, como la presencia de cerca de un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, entre 17 y 30 años, donde un 72% son mujeres (INE: 2022). La apuesta a empleos precarios no resuelve el problema, se necesita de enfoques más integrales que incluyan acceso a tierra y demás activos productivos para estas mujeres. Se agrega 64.1% de población en situación de pobreza y 1.5 millones de personas que padecen hambre. A lo mejor, parte de los fondos del espacio fiscal que apoya el FMI, se hagan más visibles y destinen a estos propósitos, y los aplausos sean más que bienvenidos y publicitados.
Notas:
[1]La oposición política considera que Honduras ha venido perdiendo Reservas Internacionales Netas rápidamente, ya que JOH las dejó en 8,678 millones de dólares equivalente a una cobertura de 6.8 meses de importaciones, llegando incluso a 7.4 meses en 2019. Los aplausos del FMI demuestran que Honduras tiene todavía suficientes reservas para enfrentar la demanda de importaciones y sus pagos de deuda, por lo que cabría esperar acciones para que las RIN no sigan bajando.
[2]Se habla del interés de CHINA por comprar parte de la deuda externa hondureña, igual de la vigencia de un tratado comercial para aumentar la oferta de productos primarios y exportaciones a ese país. En ello, hay que aprender de la experiencia de Costa Rica y Ecuador, para no salir “trasquilado” después de la firma de los convenios. Para el caso, el reconocimiento de asimetrías y las condiciones para uso de activos reales del país por China en caso de incumplimiento de pagos.
[3]Ver Programa Monetario del Banco Central de Honduras, 2024-2025, Tegucigalpa, Honduras, pág. 45
[4]Ver Elvin Casco “Remesas Familiares en Honduras 2017-2022”. Banco Central de Honduras, Tegucigalpa, DC, Febrero de 2023, pág. 2.
* Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
Uruguay: otra vez prometiendo menos empleo público
Economía Política
La semana pasada, uno de los precandidatos del Partido Nacional hizo públicas varias propuestas, entre las cuales se encuentra la reducción de 15 mil empleos públicos. Nuevamente esa promesa con el objetivo de reducción del déficit fiscal y de la presión impositiva sobre la inversión privada. Lo cierto es que ni el déficit disminuyó, tampoco la presión tributaria, y la disminución de funcionarios afectó seriamente a los servicios proporcionados por las empresas públicas, donde se ha concentrado la disminución del empleo en el estado uruguayo desde 2020.
Si nos tomamos unos minutos y analizamos el contexto de esa propuesta, veremos que, la desvinculación de tantas personas del estado no se trata de una decisión simple.
En este artículo les proponemos reflexionar sobre los vínculos en el estado para tener una idea de dónde se ubican las personas que allí trabajan y cómo se podría llevar adelante semejante propuesta de la cual el precandidato no profundizó. Además, es importante recordar que desde el 2020 existen vacantes en el estado que no han podido cubrir, en el marco del decreto 90/20 que promueve, entre otras medidas, la reducción del tamaño del estado.
En 2022 la cantidad de vínculos con el Estado fue de 308.557, los cuales, según su naturaleza pueden ser de función pública o no. En su gran mayoría se trata de vínculos de función pública, los que representan el 96% del total. En adelante, vamos a considerar para el análisis la cantidad total de los vínculos al cierre del año 2022.
Si indagamos dónde se encuentran y cómo se distribuyen esos 308 mil trabajadores y trabajadoras del estado podemos encontrar que la mitad de esas personas ocupan funciones en organismos del art. 220 de la constitución. Del total de los organismos del 220, el 61% está en ANEP, 18% en ASSE y el 12% en la Udelar. Sin más vueltas, ANEP, Udelar y ASSE emplean casi 140 mil personas.
En los organismos del 220, la cantidad total de personas ocupadas tuvo una variación del 1,4% entre 2019 y 2022. Si bien es una variación positiva, detrás de los mayores vínculos en UTEC, INUMET, ASSE, INAU y ANEP, el resto tuvo una reducción del total de los vínculos en ese período.
Luego, la administración central, esto es: Presidencia y Ministerios: ocupan el 26% del total de los vínculos con el estado, casi unas 90 mil personas. Aquí los Ministerios que tienen una mayor proporción de vínculos son: el Ministerio del Interior y Defensa que acumulan el 42% y 35% del total de la administración central.
En presidencia y Ministerios, entre 2019 y 2022 se observa una reducción del 2,1% de los vínculos con el estado. Los únicos aumentos fueron en el Ministerio de Ambiente, MGAP, MIDES, Interior y Defensa.
Las 19 Intendencias, Juntas departamentales y el Congreso de Intendentes acumulan el 13% del total de los vínculos con el estado. En 2022 el promedio de vínculos de las intendencias fue 2.051. Si observamos el período 2019 y 2022, se encuentra que la reducción acumulada en esos organismos fue del 2,7% de los vínculos.
Los organismos del art. 221 de la Constitución que incluye empresas públicas: entes y servicios descentralizados representan el 10% del total de los vínculos con el estado. Aquí, a excepción del BSE que presentó una variación positiva debido a los mayores contratos de funcionarios no públicos; en los demás organismos se constata una reducción del 11,6% en promedio.
Finalmente, los vínculos del Poder Legislativo tienen una incidencia del 0,4% del total y también experimentó una caída del 5,2% entre 2019 y 2022.
Los datos presentados nos dan una idea de qué sectores del estado ocupan más personas y también en qué lugares y en qué medida se redujo la cantidad de personas empleadas entre 2019 y 2022. Con un total de 4.321 vínculos menos hasta 2022, y, teniendo presente cómo se distribuyen los demás, podemos preguntar:
¿Cómo y dónde propone el precandidato, ex prosecretario del actual gobierno, reducir los 15 mil puestos de trabajo del sector público? ¿Será esta reducción de empleo público la medida que llevará a Uruguay a ser un país desarrollado? También podemos preguntarnos ¿En qué medida el retiro del estado en áreas como la educación o salud afectaría la vida de las personas? Esta última pregunta nos hace reflexionar sobre la situación actual, donde la falta de acción y presencia del estado es notoria.
La reducción de 15 mil empleos no es solo una cifra un tanto disparatada y sin fundamentos, también pone en discusión la relevancia de los servicios públicos y con ello, el debate sobre la presencia del estado en distintos ámbitos. Si bien la realidad lo demuestra, también estos números descriptivos de los vínculos con el estado permiten visualizar en qué medida y dónde se dio la reducción y retiro del estado.
Cuadro 1 – Total de vínculos con el estado
* Programa de asesoramiento, investigación y formación en Economía Política, dirigido por el Mag. Hector Tajam.
Chile: usuarios pagarán rescate de aseguradoras
El Parlamento de Chile aprobó el lunes un proyecto de ley que hace viable el rescate financiero de las aseguradoras privadas de salud –conocidas como Isapres (Institutos de Salud Previsional)–, según el cual los afiliados cargarán, por la vía de alzas en los precios de sus contratos, con la mayor parte del ajuste necesario para evitar que aquellas colapsen, según amenazaron.
La iniciativa se arrastraba desde hacía un año y aprobarla se volvió imperioso porque a la medianoche del domingo venció el plazo judicial para acatar un fallo de la Corte Suprema en contra de las Isapres, de noviembre de 2022, que las condenó a devolver mil 400 millones de dólares a sus clientes por sobreprecios unilaterales e ilegales aplicados durante años.
El cumplimiento de la sentencia quedó pendiente desde entonces, por la amenaza constante de las Isapres de ir a la quiebra, desamparando a unos 2.7 millones de afiliados (20 por ciento de la población chilena) y también arriesgando la operación de las clínicas privadas, a las cuales deben 700 millones de dólares y habitualmente son requeridas por el sistema público de salud, sobrepasado para atender a 15 millones de personas.
El fallo las obliga a restituir cobros discrecionales hechos entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, aplicando tablas de factores de riesgo que discriminaban por enfermedades preexistentes, edad, sexo y cargas familiares, castigando a las mujeres en edad fértil.
En 2019, el Tribunal Constitucional falló en contra de esa práctica y mandató a la Superintendencia de Salud definir una tabla única de factores de riesgo.
La legislación aprobada concede hasta 13 años para reintegrar los cobros ilegales según edad, pero permite un alza extraordinaria de precios hasta de 10 por ciento tomando como base julio de 2023. Además, el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), usado como amortiguador para moderar las tarifas, no aplicará en 2025, 2026 y 2027, y se prevé que serán mayores a las de años precedentes.
La consecuencia será que los seguros tendrán alzas hasta de 40 por ciento, según analistas.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, justificó lo legislado con el argumento de que se arriesga seriamente que las aseguradoras puedan continuar con su función y con el financiamiento de las prestaciones a los afiliados, y también dio por cierto que la crisis arrastraría a prestadores privados (clínicas), fundamentales para cubrir las necesidades de salud de toda la población, por lo cual la aprobación de este proyecto resulta imperiosa para la estabilidad del sistema de salud en su conjunto.
La propiedad de las 10 aseguradoras que operan en Chile está mayoritariamente en manos de inversionistas estadunidenses y británicos, pero su origen, en 1981, se concentró en grupos económicos locales que lucraron con la privatización de la salud durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Tal vez el único castigo consiste en que mientras no salden cuentas, estarán impedidas para retirar utilidades, las cuales entre 1990 y 2021 alcanzaron mil 700 millones de dólares después de impuestos.
En ese periodo, la trasferencia de los usuarios al sistema fue de 11 mil 363 millones de dólares, recursos que no se destinaron a pagar prestaciones de salud ni licencias médicas, sino a financiar la operación del sistema: gastos de administración y ventas, publicidad, gastos financieros, costos judiciales, pago de remuneraciones y utilidades.
Panorama internacional
1.-China se consolida como la primera economía del mundo
Alejandro Narváez Liceras (*)
En un artículo relativamente reciente me referí al rápido desarrollo económico de China y cuáles eran los motores de su arrollador progreso. Según las estimaciones de Bloomberg Economics (abril 2024) utilizando los pronósticos del Fondo Monetario Internacional sobre Perspectivas Económicas Globales, China es la primera economía del mundo. Para los cálculos efectuados, Bloomberg ha usado el Producto Bruto Interno (PBI) nominal en dólares. Anteriormente, midiendo el PBI en Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), que toma en cuenta las diferencias del costo de vida, el gigante asiático ya era la primera economía en 2016 (véase Informe de PwC: “Una mirada al futuro: el mundo al 2050”.
Actualmente, China representa el 21.1% del PBI mundial, mientras que la suma de todos los países del G7 (economías más desarrolladas) alcanzan apenas un PBI de 19.3%. La contribución de China a la economía mundial es prácticamente el doble de Estados Unidos (11.9%). Por otro lado, se espera que en los próximos 6 años (2024 -2029) el 75% del crecimiento global se concentre en 20 países y más de la mitad en 4 de ellos (China, India, Estados Unidos e Indonesia). India en el mismo periodo tendría una participación de 14.1% gracias a su crecimiento demográfico que viene impulsando gran parte de su economía (véase cuadro 1). Por su parte, Canadá e Italia (miembros del G7) tendrán una contribución menor al 1% muy por debajo que países más pobres como Egipto o Bangladesh.
A pesar del empeño de occidente por retrasar el avance del gigante asiático con medidas proteccionistas (incremento de aranceles, sanciones económicas, guerra comercial, conflictos geopolíticos, etc.), los chinos han superado con creces a todos los países. China se ha convertido en la economía más grande del planeta. Nos guste o no, ha llegado el cambio del régimen económico mundial y como dice el gurú de las finanzas Ray Dalio (2022), en su libro “El Nuevo Orden Mundial”,” asistimos al declive de un viejo imperio Estados Unidos y al ascenso de China como nueva potencia económica dominante”.
El columnista de “The Washington Post”, David Ignacio en su reciente artículo (26 de abril 2024), señala como principales causas del declive acelerado de Estados Unidos: la adicción al lujo y la decadencia, la incapacidad para seguir el ritmo de las demandas tecnológicas, la burocracia “osificada”, la pérdida de la virtud cívica, el esfuerzo militar excesivo, élites egoístas y en guerra, prácticas ambientales insostenibles. Añade otros factores internos como la caída de la productividad, una población envejecida, un sistema político polarizado y un entorno de información cada vez más corrupto.
Algunas claves del éxito chino
Tras las reformas de finales de los años 1970 que abrieron su economía al mundo, el crecimiento del PBI chino fue en promedio 10% anual durante tres décadas. Esta extraordinaria expansión se convirtió en un imán para el capital extranjero y le dio mayor influencia en el escenario mundial. Las grandes empresas de otros países deseaban tener una estrategia para China y estar allí presente con sus negocios.
Para alcanzar los altos niveles de crecimiento China contaba con tres factores clave: el tamaño de su fuerza laboral, su stock de capital (fabricas, infraestructura de transportes, redes de comunicación, etc.) y, por último, sus altos niveles de productividad. No obstante, todo ello, no habría sido posible sin el liderazgo del Partido Comunista Chino (PCCh) cuya fortaleza ha sido su capacidad de adaptarse a los cambios continuos del mundo desde la Gran Marcha que lidero Mao Zedong hasta los tiempos actuales.
Con el objetivo de convertirse en el centro de la economía mundial y líder tecnológi global al año 2049, cuando se cumplan 100 años de la creación de la República Popular China, se lanzó en el 2015 el plan ecostratégico “Made in China 2025 (MIC 2025)”, que viene a ser un amplio marco político destinado a elevar la base manufacturera del país, desde las industrias intensivas en mano de obra hasta las industrias de alta tecnología intensivas en conocimiento. El plan se centra en 10 grandes sectores clave tales como robótica, equipamiento eroespacial, biomeadicina, trenes de alta velocidad, nuevas tecnologías de información, entre otros, todos ellos bajo la batuta del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MITI).
En el XIX congreso del PCCh (octubre 2017), el presiente Xi Jinping fijó un calendario de retos dividido en dos fases: en la primera fase (2020 – 2035), el objetivo principal del país es consolidar los cimientos de una economía moderna y en la segunda fase (2035 – 2050), China debe adquirir una posición central en el sistema internacional.
El gobierno chino, consciente de que la innovación tecnológica se ha convertido en el principal campo de batalla a escala global, aprobó en el 2020 un nuevo plan estratégico “China Standards 2035”, cuyo objetivo es alcanzar la autosuficiencia tecnológica y que China fije los nuevos estándares globales para la nueva generación de tecnologías. En el plan quinquenal 2021 -2025, ya se anunciaba una campaña para convertir a China en una superpotencia manufacturera. China estaba decidida a liderar la cuarta revolución industrial.
Por otro lado, los planes como «Made in China 2025» y «China Standards 2035» reflejan los esfuerzos de un país que por sí solo, ya representa el 20% de la inversión mundial en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), y que gradúa cada año a 1.5 millones de científicos e ingenieros, más que Estados Unidos, Japón y Alemania juntos. Empresas como China Mobile, Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi, Huawei, CATL, BYD, entre otras, se han convertido en gigantes mundiales que dedican entorno al 15% de sus ingresos anuales a la creación de nuevos conocimientos.
La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) en su último Informe referido a los Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual 2023, revela la abrumadora superioridad de los chinos sobre el resto del mundo. Por ejemplo, en el año 2022 se presentaron 3,457,400 solicitudes de patentes en el mundo. China presento el 46.84% del total (1,619,298 solicitudes), Estados Unidos el 17.2% (594,340 solicitudes) y Japón el 8.4% (289,530 solicitudes).
Brechas de desigualdad
No obstante, el rápido crecimiento económico y las reformas promovidas por el gobierno chino, crearon ultra ricos con demasiada rapidez y en poco tiempo. De las 500 personas más ricas del mundo en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, 81 son chinos con una fortuna combinada de 1.1 billones de dólares. Sólo es superado por Estados Unidos, donde 162 multimillonarios poseen un total de 3,4 billones de dólares. También hay miles de multimillonarios que no llegan al top 500. Según otro ranking, la Hurun Global Rich 2021, China cuenta con más de 1,000 multimillonarios, la mayor cantidad del mundo. Este inusitado auge de multimillonarios ha causado elevados niveles de desigualdad en la sociedad china que puede ser un factor desencadenante de conflictos sociales como ocurre en otros países.
La prosperidad común nuevo principio rector
El Informe político del presidente Xi Jinping en el XX Congreso del PCCh (2022) introduce un nuevo desafío: la «modernización socialista al estilo chino” en dos etapas: el primer período, de 2020 a 2035, será el de la «modernización socialista», y el segundo, de 2035 a 2049, el de la “prosperidad común socialista”. Estos plazos no son nuevos, ya que estuvieron presentes en el informe del XIX Congreso. Un elemento clave de esta modernización al estilo chino es la llamada «prosperidad común”, un concepto que se citó por primera vez en el 19 congreso del partido de 2017. Según el presidente chino, “La modernización china es una modernización en términos de prosperidad común de todo el pueblo. La prosperidad común es la exigencia esencial del socialismo con peculiaridades chinas”. Este proceso es conocido como la chinización (zinización) del marxismo, entendida como la adaptación del marxismo a las condiciones y particularidades del país.
Claramente, es un desafío hacia una sociedad más igualitaria y cohesionada socialmente, unida por la prosperidad común. Es decir, el objetivo es reducir las brechas de riqueza en el país y que el poder económico acumulado a lo largo de las últimas décadas deje de ser asimétrico. La idea es atajar las profundas desigualdades que se crearon con el auge de la economía en muy poco tiempo. Los chinos son conscientes de que la pobreza y la desigualdad son fuentes de conflictos e inestabilidad social.
Algunas conclusiones
- El modelo de crecimiento económico chino, demuestra que no hay un sólo camino para el desarrollo de los países. Los logros alcanzados por el gigante asiático, constituyen un ejemplo de progreso a tener en cuenta por otras naciones atrapadas en el atraso a pesar de sus enormes recursos naturales.
- El gobierno chino ha sabido promover intensamente el triángulo, “economía, educación y ciencia”. Para ello, no escatiman esfuerzos ni recursos. Los resultados arrolladores en el registro de patentes, marcas y diseño industrial, y su ubicación en la cima de las evaluaciones PISA, son pruebas de ello. Estos logros son evidencias indiscutibles de que el liderazgo científico, inevitablemente se traduce en liderazgo industrial y económico.
- A pesar de los pronósticos catastrofistas de algunos analistas de occidente acerca del futuro de la economía China, lo cierto es que su crecimiento sigue imparable y cada vez se vuelve más poderosa que el resto de las economías. La cifra de crecimiento del año pasado de 5.2% y el proyectado para el 2024 de 5%, son muestras de su actividad económica vigorosa.
(*) Profesor principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del Instituto Internacional de Economía y Empresa.
2.-Países menos desarrollados necesitan subvenciones, no préstamos
Rafiqul Islam – IPS
Olaide Bankole nació y creció en Nigeria, y observó cómo el cambio climático se hacía realidad en su país con el aumento de las temperaturas y la variabilidad de las precipitaciones, y cómo la sequía, la desertificación y la subida del nivel del mar vienen afectando a la población.
También es consciente de cómo el aumento del nivel del mar amenaza a ciudades del sur de Nigeria como Lagos y las zonas costeras, y aumenta su vulnerabilidad a las inundaciones y a las enfermedades transmitidas por el agua.
Bankole, quien ahora trabaja como analista político del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD) de Canadá, participó en la Exposición sobre el Plan Nacional de Adaptación (PNA) 2024, celebrada en Daca, para fomentar el intercambio de conocimientos sobre la formulación de PNA.
Los fondos disponibles para la adaptación al cambio climático no son ni de cerca suficientes, comentó en entrevista con IPS al margen de la conferencia.
En 2009, recordó, los países desarrollados prometieron que para 2020 entregarían miles de millones de dólares anuales a las naciones más pobres, duramente golpeadas por el empeoramiento de los desastres provocados por el clima.
“Los países desarrollados prometieron 100 000 millones de dólares al año, pero no cumplieron tales promesas”, se lamentó.
“En primer lugar, los países desarrollados deben cumplir sus promesas y por lo menos alcanzar el objetivo de 100 000 millones de dólares. Y luego podemos buscar otras fuentes de financiación. Hay un proceso para la financiación y se puede evaluar el aporte del sector privado y otras oportunidades. Pero el avance es demasiado lento, así que tenemos que movernos rápido, que es el tema de esta Exposición del PNA: la adaptación transformadora”, explicó Bankole a IPS.
Muchos países ya cayeron en la trampa de la deuda por préstamos que recibieron de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
“El dinero que reciben para la adaptación al cambio climático no debería ser un préstamo. Deberían ser subvenciones en condiciones favorables. Estos países ya han recibido préstamos para el desarrollo, y los que reciban para hacer frente a los efectos del cambio climático aumentarán su carga financiera. Por tanto, creo que la financiación no debería consistir en préstamos, sino en subvenciones en condiciones favorables”, subrayó Bankole.
Por su parte, Malik Fida A Khan, panelista en la Expo PNA 2024, dijo a IPS que unos 600 delegados y representantes de 104 países participaron en la reunión sobre adaptación y debatieron sobre el proceso de formulación de los Planes Nacionales y la financiación para la adaptación al cambio climático.
“Bangladesh necesita 8500 millones de dólares al año para aplicar el PNA que adoptó para hacer frente a los efectos del cambio climático, y hemos estado presionando a los socios de desarrollo para que concedan préstamos en condiciones favorables”, mencionó.
Fida A. Khan, director ejecutivo del grupo de reflexión Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS), con sede en Daca, afirmó que la adaptación por sí sola no servirá para hacer frente a los impactos del cambio climático en Bangladesh después de 2026, por lo que será necesario llevar a cabo programas de mitigación.
También se refirió a la promesa incumplida de los países más desarrollados de aportar 100 000 millones de dólares al año a los países más vulnerables al clima de ahora a 2020.
“Siempre hemos exigido a los países desarrollados subvenciones, no préstamos, que son los responsables de la alerta mundial. Si no son capaces de proporcionar una enorme cantidad de subvenciones a los Países Menos Adelantados (PMA), que son muy vulnerables a los vaivenes económicos y medioambientales, deberían conceder préstamos en condiciones favorables a estos países con un tipo de interés más bajo que no supere el uno por ciento”, precisó.
Saber Hossain Chowdhury, ministro de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de Bangladesh, declaró en la jornada inaugural de la Expo 2024, el 22 de abril, que Bangladesh ha logrado avances notables en la lucha contra el cambio climático a pesar de los múltiples impactos en su país y su población.
Debido al incumplimiento de los prometidos 100 000 millones de dólares, será necesario lograr una definición consensuada de la financiación para el clima como resultado definitivo de la COP29, que se concentrará en la financiación para los Nuevos Objetivos Colectivos Cuantificados. Estos tendrán en cuenta las crecientes necesidades de los países vulnerables al clima, los pequeños Estados insulares en desarrollo y, por supuesto, los PMA.
“El tiempo mismo se acaba; tenemos que restablecer la confianza y la solidaridad mundiales y garantizar que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en tanto proceso global, cumpla sus objetivos y compromisos y, en ese sentido, el Plan Nacional de Adaptación seguirá siendo un pilar importante”, explicó Chowdhury.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Adaptación al Cambio Climático, inaugurada por la primera ministra Sheikh Hasina, se celebró del 22 al 25 de abril en el Centro Internacional de Conferencias Bangabandhu (BICC), de Daca.