Panorama Económico Latinoamericano- Del 12 al 19 de agosto de 2026
Cuba continúa apertura económica mientras la crisis escuece cada día
Cuba continúa reforzando su paquete reformas económicas con una nueva norma que reduce la cantidad de actividades prohibidas para el sector privado, mientras la escasez de alimentos aumenta y Estados Unidos mantiene su presión con constantes sanciones a empresas estatales y funcionarios de la isla.
El martes 4 entró en vigor el decreto 160 de 2026, publicado una semana atrás en Gaceta Oficial, el cual reconoce que los actores económicos no estatales pueden ejercer cualquier actividad lícita, salvo aquellas expresamente prohibidas o condicionadas en su Anexo Único. “La lista despenaliza muchas actividades que durante mucho tiempo estuvieron prohibidas”, dijo el economista Daniel Torralbas.
Si bien gobierno cubano reserva para un control estatal sectores que considera estratégicos —por cuestiones de seguridad nacional o de soberanía económica, generalmente—, como la industria armamentística, el tabaco o servicios de educación, atención médica o la prensa, “el Estado ha liberado prácticamente todo”, agregó el experto.
El paquete de 176 transformaciones económicas y sociales lo aprobó el 19 de junio la Asamblea Nacional del Poder Popular, el parlamento local, pocos días después de ser anunciado por el presidente Miguel Díaz-Canel.
“En general, no se puede decir que la economía vaya a florecer de pronto porque el sector privado ya puede invertir en nuevos sectores. Ahora hace falta capital”, señala Daniel Torralbas.
Las hoy más de 15 600 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas aprobadas pueden administrar o adquirir recursos estatales, e invertir en rubros históricamente monopolizados por el Estado, como la producción de azúcar, hoteles, bancos, farmacias privadas e incluso participar en la industria biofarmacéutica, la extracción de petróleo, gas natural y minerales metalíferos.
A diferencia del anterior decreto 107 de 2024 —al cual sustituye—, que tenía 125 actividades prohibidas para todos los actores privados, la nueva norma las reduce a solo 79, de las que 44 quedan prohibidas de forma absoluta, y el resto solo se permite bajo ciertas licencias, concesiones administrativas o en asociación con el Estado.
Con respecto a las actividades que requieren de determinadas condiciones, Torralbas teme que su “habilitación se convierta en un mecanismo para discriminar discrecionalmente quién puede ejercerlas o no”, y por eso, “es tan importante que haya reglas claras en el acceso y la aprobación” de las empresas.
La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara López, dijo el 28 de julio que estas nuevas medidas “no están yendo a la privatización de la economía”, porque la empresa estatal socialista mantiene su “papel fundamental”.
Para Torralbas, esta apertura tendrá un impacto a corto plazo, en el plazo de un año, “porque se abren oportunidades de negocio, que quizás no todas las empresas tengan el capital, pero las que pueden aprovechar la oportunidad, lo harán”
En febrero, mencionó como ejemplo, el gobierno despenalizó por primera vez la importación de combustible, y en pocos meses el sector privado ha creado toda una cadena logística de importación, almacenamiento, distribución y comercialización de combustible que no existía hace seis meses.
Según un balance del US Census Bureau, la oficina federal para datos estadísticos de Estados Unidos, las compras cubanas de combustible estadounidense entre enero y junio fueron de 95,7 millones de dólares, mientras que la suma total entre 2002 y 2025 no alcanza los 1,3 millones.
La importación de diésel, gasolina y gas desde Estados Unidos —prácticamente la única fuente— por empresas privadas cubanas ha ido en aumento desde su autorización en febrero por parte de los dos gobiernos, pero la cifra se halla lejos de paliar la escasez generalizada de combustible en Cuba a partir del bloqueo petrolero establecido por Trump el 29 de enero.
“El problema está en la escala, porque las mipymes cubanas no tienen el capital que hace falta para suplir toda la demanda, por ejemplo, de combustible. En general, no se puede decir que la economía vaya a florecer de pronto porque el sector privado ya puede invertir en nuevos sectores. Ahora hace falta capital”, dijo Torralbas.
Llegan las farmacias privadas
En redes sociales, una de las mayores polémicas han recaído sobre la prestación de servicios farmacéuticos, ahora permitidos para empresas privadas y cooperativas no agropecuarias.
“Es bueno que permitan las farmacias privadas, porque, de todas formas, nunca hay nada en las farmacias que funciona ahora. Y comprar cosas sensibles, como los bulbos para las inyecciones, es mejor en un sitio certificado que en la calle”, dijo a IPS la contadora Luisa González, una residente en La Habana de 46 años.
En la práctica, ante la escasez crónica de medicamentos en la red de farmacias públicas, el mercado negro, sin establecimientos oficiales ni control estatal, se ha convertido desde hace años en la principal fuente de fármacos para la población.
Según dijo a la prensa local Cristina Lara, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública, los participantes privados deberán cumplir “un estricto conjunto de requisitos”, que incluyen locales adecuados, personal cualificado y licencia operativa.
“Si permiten que se privaticen las farmacias, ¿qué será de nuestras farmacias estatales?”, inquirió Orlando Ramírez, un jubilado de la construcción de 72 años.
Este habanero expresó a IPS su temor de que en busca de mayores ingresos, la industria farmacéutica estatal termine vendiendo sus exiguas producciones a los establecimientos privados, en vez de abastecer la actual red de farmacias públicas, cuyos productos son subsidiados y generan más bien pérdidas para las arcas gubernamentales.
“Ahora son las farmacias, ¿pero qué será mañana?”, se preocupó Ramírez.
Impacto de las presiones de Estados Unidos
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, en su intervención el 29 de julio en la última sesión del unicameral parlamento de la isla, advirtió que ya estaba aprobada jurídicamente más de 90 % de las transformaciones previstas con relación al paquete de reformas económicas. Aseguró que ahora venía la etapa “más importante” y quizás “la más difícil”.
Según Marrero, en esta nueva etapa el país debía garantizar la aplicación efectiva de cada medida, corregir desviaciones y evaluar impactos en medio del bloqueo petrolero estadounidense y la persecución financiera. “Durante este primer semestre del año, el país ha estado bajo el impacto de la agresión reforzada del gobierno de los Estados Unidos, a partir de la puesta en vigor de las órdenes ejecutivas, en particular la 14 404”, dijo.
La Orden Ejecutiva 14 404, firmada el 1 de mayo por el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con congelar los activos en territorio estadounidense de personas o entidades que trabajen o hayan trabajado para el gobierno cubano, así como de quienes le hayan apoyado financiera, material o tecnológicamente.
La medida provocó que siete cadenas hoteleras internacionales, así como empresas de otros sectores de la economía como la minería, la energía y las finanzas —Visa y MasterCard, por ejemplo—, cerraran sus actividades con Cuba. Según Marrero, actualmente permanece cerrado 73 % de las instalaciones hoteleras del país, lo que provocó el cese de unos 25 000 puestos de trabajo.
“Si la orden ejecutiva de enero atacó el sector energético completo, con todos sus efectos consecuentes, la segunda orden ejecutiva (la 14 404) busca desmontar todo el capital extranjero que se ha invertido en Cuba en los últimos 30 años. Lamentablemente, lo está logrando”, dijo el economista Torralbas.
El comercio exterior, por su parte, ha sido uno de los mayores sectores impactados por las presiones de Estados Unidos. En mayo, dos compañías navieras europeas que mantenían operaciones con Cuba —la francesa Cma Cgm y la alemana Hapag-Lloyd— dejaron de aceptar nuevos pedidos vinculados a la isla.
Debido a esta paralización, más de 7000 contenedores de alimentos, medicamentos, sistemas solares y otras mercancías esenciales se encuentran actualmente retenidos en puertos del Caribe, reveló el primer ministro.
Importaciones bloqueadas
En entrevistas con IPS, varios socios de empresas privadas afirmaron tener varados contenedores de diversos contenidos en Jamaica, Panamá o Colombia, por problemas a la hora de traerlos a Cuba. Solo aquellos contenedores procedentes de Estados Unidos han tenido mejor suerte, al no sufrir con tanta fuerza las presiones de Washington. Sin embargo, de acuerdo a un empresario cubano que prefirió mantenerse en anonimato, esa ventaja se ha ido revirtiendo y los envíos a la isla desde el país norteño han empezado a dificultarse.
Las afectaciones en Cuba con el comercio exterior, en un país que importa más del 80 % de los alimentos que consume, se ha ido traduciendo en el desabastecimiento de muchos comercios minoristas o un aumento excesivo de los precios de productos esenciales como el aceite de soja o girasol, cuyo precio casi ha duplicado en el último mes y ahora se puede encontrar en más de seis dólares el litro.
Esta nueva alza de los precios de los alimentos se suma a los problemas ya existentes con los servicios médicos, de transporte, agua o los eléctricos, con apagones de más de 20 horas en la capital y hasta tres días seguidos en las otras provincias.
Apenas el martes 4 volvió a quedar interconectado la red eléctrica de Cuba tras dos apagones nacionales en menos de 24 horas, con los que suman 12 cortes generales en dos años, además de otros de alcance regional y largas caídas programadas o no programadas del suministro que afectan a ciudades y pueblos cada día.
Expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos condenaron las recientes medidas contra Cuba adoptadas por Estados Unidos y pidieron a la comunidad internacional evitar que se desarrolle en la isla una “Gaza silenciosa”, en una declaración divulgada este jueves 6. “Los alimentos nunca deben utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que, a sabiendas, privan a una población de los medios para sobrevivir, atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban la esencia misma de la dignidad humana”, afirmaron en el comunicado.
La declaración desestimó el informe titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, publicado el 20 de julio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que describe a Cuba como “una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica”.
Según Torralbas, las presiones de Estados Unidos con su segunda orden ejecutiva no solo ha causado la percepción de Cuba como un destino no favorable para la inversión extranjera, sino que, además, miles de cubanos perdieran sus empleos y cayeran en situación de vulnerabilidad en un contexto de crisis “lleno de restricciones”.
En la sesión parlamentaria del 29 de julio, el gobierno cubano identificó más de 876 000 cubanos en situación de vulnerabilidad, en un país de 9,4 millones de habitantes, que ahora tendrán acceso a un nuevo sistema de asistencia social, a través de una plataforma digital.
Pero la administración Trump sigue intensificando la presión sobre Cuba con sanciones prácticamente semanales, en virtud de la misma Orden Ejecutiva 14 404.
El jueves 6 de agosto ocurrió la más reciente, con sanciones a cinco empresas estatales y ocho funcionarios del Ejército, entre los que se encuentra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
“Mientras existan las sanciones y Estados Unidos siga ahuyentando a los inversionistas y amenazando de guerra, es muy poco probable que vengan inversionistas extranjeros a un país con esas condiciones”, sentenció Torralbas.
Evasión y gasto tributario en Uruguay: atrápame si puedes
Mate Amargo
En tiempos de Rendición de Cuentas el tema impositivo siempre está presente, por las necesidades de financiamiento de gastos adicionales, y no solamente por el volumen de lo recaudado y lo que se espera recaudar, sino también por lo que se ha dejado de recaudar. Ahí es cuando entran dos temas centrales, por un lado, la evasión por parte del sujeto gravado –persona física o jurídica – y por otro, lo que se denomina el gasto tributario, producto de exoneraciones impositivas que determinan que lo que la norma legal previó recaudar a través de una tasa determinada no se produzca.
Estos dos fenómenos, evasión y gasto tributario, ubican a nuestro país en los extremos del ranking en América Latina. En efecto, la evasión impositiva de Uruguay es una de las más bajas en América Latina, especialmente en lo que refiere a la recaudación del IVA (Impuesto al Valor Agregado), mientras que el gasto tributario es de los más abultados, ocupando el 2° lugar después de Colombia, como indica el cuadro siguiente.
Ambos fenómenos son limitantes al financiamiento del gasto público social, componente indispensable de toda propuesta de política económica en gobiernos del Frente Amplio. Entre evasión impositiva y gasto tributario estamos frente a nada menos que 12 puntos del PIB (Producto Interno Bruto) anual, una cifra de 10.000 millones de dólares. El IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) aplica una tasa de 25% a los beneficios empresariales, y es el impuesto que registra la mayor proporción de evasión, un 40%, restando 1.500 millones de dólares a la recaudación de la DGI (Dirección General Impositiva), casi 2% del PIB. EL IVA presenta una evasión de 20%, y dada su importancia en los ingresos estatales suma 2.000 millones de dólares a la pérdida por esta razón.
La evasión en el IVA fue disminuida en la década 2003-13 desde 40% a 13%, un umbral que se consideró entonces casi imposible de superar. El aumento a 20% sitúa nuevamente a la evasión IVA en un nivel susceptible de reducir. Es así que la DGI se ha planteado el objetivo de reducir la evasión impositiva global de los impuestos que recauda el organismo en un 20%[i], lo cual significaría un aumento en los ingresos, solo por concepto de IVA cercano a los 400 millones de dólares anuales. Es un objetivo para el quinquenio, para 2027 podría financiar una parte del gasto adicional que contiene el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas 2025.
A propósito de dicho gasto adicional[ii], que asciende a 31 millones de dólares, la mitad de su financiamiento tiene que ver con el otro tema impositivo que estamos analizando, el gasto tributario. Resulta que a partir de enero 2027 se quita la exoneración de IMESI (Impuesto Especifico Interno) a la compra de vehículos eléctricos e híbridos de alta gama – valores superiores a 19.000 dólares – con lo cual se estima recaudar una cifra aproximada a los 16 millones de dólares[iii].
Es muy positivo el diseño de este “espacio fiscal” que ya había adelantado la UTECO[iv] (Unidad Temática de Economía) del Frente Amplio, para solventar la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que se suma a lo que recaude el Impuesto Mínimo Global (Renta de Inversiones de Transnacionales en Uruguay que hasta 2026 aportan en el país sede de su casa matriz), el IRPF a las ganancias por activos en el exterior de residentes en Uruguay, y el impuesto TEMU que aplica IVA a compras en plataformas web.
Además, a partir de 2027 comenzará a operar la disminución, en algunos casos eliminación, en la devolución del FONASA (Fondo Nacional de Salud) a aquellos contribuyentes que superan ciertos montos promedio de ingresos, por lo cual se espera un ahorro fiscal estimado entre 70 y 80 millones de dólares anuales, que sin duda reducirá el déficit estructural del Sistema Nacional de Salud cubierto con recursos de Rentas Generales.
El Gasto Tributario
La DGI define el Gasto Tributario (GT) como “la ausencia de recaudación, consecuencia de un tratamiento impositivo diferente o excepcional del previsto en la estructura normal de un impuesto o de un sistema tributario de referencia”. De allí la calificación de “gasto”, asociado a la ausencia de una recaudación, aunque no se puede hablar estrictamente de una pérdida de recaudación, en la medida de que su objetivo puede no concretarse, por ejemplo cuando está asociado a una promoción de inversiones. De todas maneras, “Para el caso de la estimación del GT en Uruguay, el método utilizado es el de la pérdida de ingresos” que “refiere a la práctica de estimación que determina una pérdida de recaudación ocurrida en un período pasado en el cual la exoneración estuvo vigente”.
Se presume que en la ausencia de la política de exoneraciones de impuestos, el desarrollo de algunas actividades económicas no se habría producido, en sectores tan diversos como la inversión, el desarrollo regional, la salud, la vivienda, la agroindustria, la energía, entre otros. En 2007 la promoción de inversiones tuvo un gran empuje, se universalizó, sin discriminar actividades, en función de la creación de empleo, descentralización, innovación y exportación. En un contexto de globalización acelerada las inversiones extranjeras se multiplicaron, pero sin discriminación sectorial se dirigieron hacia la mayor disponibilidad de recursos histórica del país en un proceso de reprimarización de la economía. Avanzaron también las Zonas Francas, y a su ritmo los servicios globales de exportación, en particular la industria del software. Por ello el GT en el IRAE se concentra en estos dos últimos, la forestación y la celulosa.
El FMI (Fondo Monetario Internacional), que recientemente en la voz de su directora general alabara la política macroeconómica desplegada por el ministro de economía Odonne, ha puesto reparos en lo que hace al volumen de la renuncia fiscal que representa el abultado gasto tributario de Uruguay. Sugirió entonces una reforma del sistema de promoción de inversiones que evite privilegios regresivos, alertando además sobre la concentración de los beneficios en un número reducido de incentivos. Solamente el IRAE y el IP (Impuesto al Patrimonio) representan más de la tercera parte de las exoneraciones y constituyen 3 puntos del PIB por año (2.500 millones de dólares).
La CEPAL (Comisión Económica para América Latina de la ONU) por su parte advierte que los altos niveles de GT, que no dejan de aumentar, reducen el margen de maniobra del estado, limitando el gasto social y de inversión pública en infraestructura. Asimismo señala la falta de evaluación en el cumplimiento de los objetivos buscados y el pronunciado sesgo hacia las grandes empresas y la localización en zonas francas.
El Programa del Frente Amplio considera explícitamente la problemática del GT: “será necesario ajustar y perfeccionar los mecanismos de promoción y exoneración de inversiones, acorde con los objetivos de desarrollo productivo”, fortaleciendo además los mecanismos de control parlamentario y ciudadano en el caso de acuerdos con inversiones de gran porte.
Lo cierto es que el GT no ha dejado de crecer. Como podemos apreciar en el cuadro del anexo, creció a un ritmo de casi 4% anual en el período 2019-2024, y 7,5% en 2025 (y en 2025 la inversión no creció). Seguramente en 2026 aumente aún más, en función de los cambios introducidos mediante el decreto 329/25, donde resalta los mayores beneficios otorgados a los grandes proyectos de inversión, ampliando los casos en que se exonerará el 100% del IRAE.
El ministro de economía ha fijado como un punto central de la política económica incrementar el flujo de inversiones extranjeras, en la medida de que el ahorro nacional sería insuficiente para los volúmenes necesarios que se necesitan para lograr los niveles de empleo, consumo y recaudación impositiva que eleven el bienestar de todos los uruguayos. La importancia de las exoneraciones que promueven la inversión extranjera directa (IED) adquiere entonces un mayor relieve y se instalan como un instrumento difícil de modificar en los términos que señala el programa del Frente Amplio. En el IRAE y en el IP se concentran dichos alicientes, a tal punto que en el IP las exoneraciones superan a la propia recaudación, y en el IRAE significan el 62% (cuadro del Anexo). Sin duda que dichos instrumentos contienen fortísimas distorsiones en la forma en que se aplican, y no más atentos a las sugerencias de la CEPAL y el FMI se podrían disminuir prácticamente en medio punto del PIB (más de 400 millones de dólares).
Atento a esta problemática, la UTECO del FA ha propuesto varias medidas de tal forma que el instrumento de promoción, que en la búsqueda de la inversión y el crecimiento aumentaría los ingresos fiscales, no atente en el corto plazo contra el financiamiento del gasto social y de las inversiones públicas superadoras de la teoría del derrame. Entre ellas, la necesidad de detectar entre los proyectos presentados a la COMAP aquellos que “por sus características, se concretarían igualmente sin necesidad de beneficios”, transformándose luego en una ganancia extraordinaria. Asimismo, en los casos de proyectos de gran volumen, verificar su rentabilidad para asegurarse de la necesidad real del nivel de exoneración impositiva. En estos proyectos de gran porte muchas veces es tal el costo de las exoneraciones para el estado que “su magnitud es mucho mayor al valor de la masa salarial que genera el proyecto, lo que no parece tener sentido”.
Un caso particular es el IRPF y el IRNR (Impuesto a la Renta de No Residentes) que gravan las rentas del capital, como alquileres, intereses, dividendos. La tasa general es del 12%, pero los dividendos producto de la distribución de utilidades solamente son gravados con una tasa del 7%. La DGI considera un gasto tributario la tributación a tasas más reducidas, esta diferencia genera una pérdida de recaudación anual de 108 millones de dólares. ¿Aumentarían en esta cifra los ingresos de la DGI si fueran gravados a la tasa general del 12%? Los resultados no son lineales. Como bien indica la DGI también opera un probable cambio en la conducta del contribuyente, pues tal vez algunos no accedan a la distribución y reinviertan o capitalicen sus utilidades.
Es obvio que la cuestión fiscal merece una respuesta desde la propia estructura impositiva y las bases imponibles que afecta, muy relacionadas por cierto con desigualdades económicas que no han encontrado solución en el campo de la economía real, pero ha quedado de manifiesto lo mucho que se puede hacer por incrementar los ingresos fiscales desde el combate a la evasión y la racionalización de la renuncia fiscal que significan exoneraciones impositivas sin control tanto en su designación como en el seguimiento y evaluación de los compromisos que generan a los beneficiarios. La magnitud de la renuncia fiscal nos plantea la posibilidad de establecer un tope de monto exonerado para cada año y para los nuevos proyectos que sean presentados, que competirían en ese entorno por beneficios fiscales finitos.
Notas
[i] Declaraciones del economista Gustavo González, Director de Rentas, a Informativo Radio Carve el 2/9/2025
[ii] Los 31 millones de dólares se suman a los 50 millones que ya están aprobados en el Presupuesto Nacional para el año 2027.
[iii] El Informe de la DGI al Parlamento en la Rendición de Cuentas 2025, da cuenta del gasto fiscal producto de exoneraciones del IMESI a vehículos eléctricos e híbridos por la suma de 87 millones de dólares en 2025.
[iv] El documento de la UTECO fue comentado en La Diaria del 16/4/2026 y en Brecha del 24/4/2026
La razón de la baja tasa de ahorro en Brasil
Fernando Nogueira da Costa *
La explicación de que la tasa de ahorro de Brasil es baja debido al alto consumo es incorrecta. En todos los países existe un patrón de consumo determinado, y las variaciones en el nivel de ahorro dependen de la tasa de crecimiento del ingreso nacional, que en el caso de Brasil es baja. La tasa de ahorro en China es más alta precisamente debido a este consumo agregado relativamente estable en comparación con la tasa de crecimiento del PIB.
Es necesario comprender cómo se estima el consumo en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Si se trata de un residuo debido a la diferencia entre el PIB y el ahorro, ¿cómo se estima este ahorro?
Esta pregunta toca un punto donde a menudo se confunden los conceptos contables con las relaciones causales. La respuesta convencional —«Brasil ahorra poco porque consume demasiado»— se basa en principios contables, pero resulta insuficiente como explicación causal.
Comencemos con la identidad fundamental de las Cuentas Nacionales. En una economía cerrada: Y = C + I + G, donde: (Y) = PIB (o renta nacional); (C) = consumo de los hogares; (I) = inversión; (G) = gasto público. El ahorro nacional se define como la parte de la renta que no se destina al consumo final.
Por lo tanto, S=YCG. Sustituyendo la primera identidad: S=I. Esta igualdad entre ahorro e inversión es una identidad contable ex post , no una teoría sobre quién causa a quién.
En la mayoría de los países, el consumo agregado es relativamente estable como proporción del ingreso. Los hogares buscan mantener su nivel de vida. Cuando el ingreso crece rápidamente, el consumo aumenta, pero generalmente a un ritmo más lento en relación con el crecimiento del ingreso. PIB ↑ > Consumo ↑ Por lo tanto: Ahorro ↑
No porque la gente decidiera «apretarse el cinturón», sino porque los ingresos crecieron más rápido en relación con el consumo. Esta idea aparece en varias teorías del consumo, como la teoría del ingreso permanente de Milton Friedman: las familias tienden a estabilizar su consumo a lo largo del tiempo.
China ilustra bien este mecanismo, aunque intervienen otros factores. Durante décadas, el PIB creció entre un 8 % y un 10 % anual, y los ingresos de los hogares aumentaron rápidamente. El consumo se incrementó hasta cierto nivel, pero la inversión continuó creciendo aún más.
En consecuencia, la proporción de la renta destinada al consumo se redujo considerablemente en comparación con el resto del mundo. Así, la tasa de ahorro nacional superó el 40% del PIB en pocos años.
Esto no se debió simplemente a que «los chinos necesitan ahorrar». Otros factores que contribuyeron fueron el extraordinario crecimiento de los ingresos, las elevadas ganancias empresariales, los importantes ahorros corporativos (reservas para la autofinanciación), el fuerte ahorro público (superávit fiscal), un sistema de pensiones que aún no cubre a toda la población y la falta de financiación para la vivienda para toda la población en proceso de urbanización.
En consecuencia, el consumo de los hogares representó una menor proporción del PIB. Por lo tanto, el elevado ahorro en China se debe a una configuración estructural, y no simplemente a una decisión individual de consumir menos.
El error de la causalidad simplificada radica en que el argumento convencional se presenta de la siguiente manera: alto consumo → bajo ahorro → baja inversión . Esta cadena de eventos es una hipótesis teórica. Sin embargo, podría existir otra igualmente plausible: baja inversión → bajo crecimiento de la productividad → bajo crecimiento de los ingresos → bajo ahorro . O incluso: altas tasas de interés → menor inversión → bajo crecimiento → bajos ingresos → bajo ahorro . Las Cuentas Nacionales, por sí solas, no nos permiten determinar cuál de estas explicaciones causales es la correcta.
Un error común es creer que el Sistema Nacional de Consumo (SNC) aún calcula el consumo como desperdicio. Ahora se mide directamente. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística utiliza una gran cantidad de información.
El consumo de los hogares se estima utilizando, entre otras fuentes: la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF); la Encuesta Anual de Comercio; la Encuesta Anual de Servicios; la producción industrial; las ventas minoristas; la producción agrícola destinada al mercado interno; datos tributarios; registros administrativos; consumo de energía; y encuestas económicas. Por lo tanto, el consumo es una variable que se observa y se estima directamente.
La inversión tampoco es residual. La formación bruta de capital fijo se estima mediante la producción nacional de maquinaria, las importaciones de equipos, la construcción civil, las obras públicas, los edificios, los activos intelectuales, el software y la investigación empresarial. Además, se miden las variaciones de los inventarios.
El ahorro es residual. Primero se calcula el PIB, el consumo de los hogares y el consumo público. Luego se utiliza la fórmula S=YCG. Por lo tanto, el ahorro no se investiga directamente. Resulta de la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo final. Precisamente por eso, la contabilidad nacional presenta el ahorro como una variable residual.
Esto es importante porque demuestra que un alto nivel de ahorro se debe a un alto nivel de ingresos. Supongamos que en el Año 1: PIB = 100; Consumo = 80; Ahorro = 20. Por lo tanto, la tasa de ahorro es del 20%. Año 2: PIB = 120; Consumo = 92; Ahorro = 28. El consumo aumentó un 15%. Los ingresos aumentaron un 20%. Resultado: la tasa de ahorro subió aproximadamente al 23%.
Nadie necesitaba consumir menos. Los ingresos simplemente crecieron más rápido.
Otro aspecto que suelen pasar por alto los economistas ortodoxos es que el ahorro nacional no pertenece exclusivamente a los hogares. Además del ahorro familiar, se compone del ahorro empresarial (utilidades retenidas) y del ahorro público, es decir, el superávit primario.
En China, por ejemplo, la elevada tasa de ahorro refleja claramente la reinversión de los beneficios empresariales, el ahorro de las empresas estatales, los superávits fiscales de diversos periodos y las ganancias retenidas.
Por lo tanto, en cualquier caso, reducir el debate a las decisiones familiares sobre consumir más o menos es una simplificación excesiva.
En el enfoque sistémico de la complejidad, la secuencia causal más completa sería: Innovación → Productividad → Inversión → Crecimiento de los ingresos → Mayor ahorro ex post → Mayor capacidad de inversión futura . Se forma un ciclo de retroalimentación positiva.
También puede ocurrir lo contrario: Baja inversión → Baja productividad → Lento crecimiento de los ingresos → Bajo ahorro → La inversión se mantiene baja. En este caso, el bajo ahorro deja de ser la causa inicial y se convierte en un eslabón de un círculo vicioso.
Por lo tanto, mi observación es coherente con la contabilidad nacional y una interpretación keynesiana de la causalidad económica. La afirmación convencional de que «Brasil ahorra poco porque consume mucho» es simplemente una interpretación de la identidad contable, ya que el ahorro es la porción del ingreso que no se consume. Sin embargo, no necesariamente identifica la causa del bajo ahorro .
La evidencia internacional sugiere que países como China presentan altas tasas de ahorro principalmente debido a la combinación de un crecimiento de ingresos muy rápido, una fuerte inversión, un elevado ahorro empresarial y, en diversos momentos, un ahorro público significativo. El consumo ha aumentado en términos absolutos, pero los ingresos han crecido aún más rápido.
En las Cuentas Nacionales, el consumo de los hogares y del gobierno se estima directamente a partir de un amplio conjunto de encuestas y registros administrativos. El ahorro, en cambio, se obtiene de forma residual, como la diferencia entre la renta disponible y el consumo final.
Por lo tanto, afirmar que «el país ahorra poco» solo describe un resultado contable; explicar por qué ahorra poco requiere una teoría sobre el crecimiento, la inversión, la distribución del ingreso, la productividad, las instituciones financieras y el comportamiento macroeconómico. Es precisamente en este punto donde divergen los economistas ortodoxos y heterodoxos: los primeros tienden a ver el ahorro como un determinante de la inversión, mientras que los segundos enfatizan que la inversión y el crecimiento del ingreso son los principales determinantes del ahorro observado a posteriori .
*Catedrático del Instituto de Economía de la UNICAMP.
Gas natural en aguas profundas frente a las costas de Colombia
Petrobras confirmó el 3 de agosto el descubrimiento de una nueva acumulación de gas natural en el pozo exploratorio Sandia-1, ubicado en el Bloque GUA-OFF-0, en aguas profundas frente a las costas de Colombia. El sitio se encuentra aproximadamente a 42 kilómetros de la costa colombiana, a una profundidad de 1.251 metros.
La zona también alberga otros descubrimientos importantes, ya que se encuentra a 18 km de los pozos Sirius-1 y Sirius-2 y a tan solo nueve kilómetros del pozo Copoazu-1.
La perforación del pozo Sandia-1 comenzó el 12 de junio y alcanzó su profundidad final el 29 de julio. Según Petrobras, la presencia de gas natural ya ha sido confirmada, pero la caracterización definitiva del descubrimiento dependerá de los análisis de laboratorio y de una evaluación detallada de los intervalos identificados mediante los registros de pozos.
La operación está a cargo de PIB-COL, la filial colombiana de Petrobras, que posee una participación del 44,44% en el consorcio. Su socio, Ecopetrol SA, posee el 55,56% restante y participa en las actividades de exploración.
Según Petrobras, el descubrimiento refuerza el potencial de producción de gas natural en la zona marina colombiana y podría contribuir a la seguridad energética de la región al añadir nuevos volúmenes al sistema de suministro.
La tierra en Argentina: patria o colonia
Horacio Rovelli -Estrategia
La soberanía necesita del territorio para materializarse, y este, a su vez, adquiere orden político gracias a la soberanía que lo delimita y defiende.
Un Estado se define por poseer un pueblo, un gobierno y un territorio. La soberanía es el poder supremo y la autoridad que tiene un Estado para tomar decisiones y dictar leyes. El territorio es el espacio físico —que incluye suelo, subsuelo, aguas y espacio aéreo— donde se ejerce ese poder. La soberanía necesita del territorio para materializarse, y este adquiere orden político gracias a la soberanía que lo delimita y defiende.
A su vez, es claro que el régimen legal vigente nunca comprometió la inviolabilidad de la propiedad privada protegida por nuestra Constitución nacional, que en su artículo 17 afirma: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”, priorizando “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, objetivo planteado en su Preámbulo.
En la Argentina, 13.260.000 hectáreas rurales (superficie mayor que la de toda Inglaterra) se encuentran actualmente extranjerizadas. Esto equivale al 4,97% de la superficie rural relevada por la ley 26.737. Ninguna provincia excede en su conjunto el límite del 15% establecido por dicha ley. Sin embargo, se debe observar que 31 departamentos superan de manera individual el límite legal de extranjerización. Llegan a ser mayor del 35% en distritos como Iguazú en Misiones, Lacar en Neuquén, San Carlos y Molinos en Salta, e Ituzaingó en Corrientes. Por lo tanto, debe observarse la estrategia de sus compradores en donde se concentran recursos naturales como el agua, el litio y zonas de frontera. O en Tierra de Fuego con 90.000 hectáreas (el 5% de la superficie rural de la provincia) a nombre de propietarios extranjeros. La mayor concentración de estos titulares se registra en la zona de Tolhuin, seguida por el área de Río Grande, en nuestra provincia austral, donde se unen los dos océanos, frente a la Antártida y las Islas Malvinas (que pertenecen a la provincia).
A su vez, es engañosa en muchas ocasiones la definición sobre quién es realmente el titular de la tierra por el uso de testaferros. Así sucede con el caso de Hugo Barabucci, ex polista argentino. En el año 2023, antes de Milei y antes de la Ley de Inocencia Fiscal, tuvo que declarar que con millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) compró a su nombre 14.000 hectáreas en Cerro Carreras, al sur de la provincia de Río Negro, zona de frontera (40 kilómetros de Chile) y nacientes del río Chubut, tierra habitada por mapuches. Los fondos habrían sido transferidos desde una cuenta del Banco First Gulf Bank, con sede en Abu Dhabi, y pasaron por otra cuenta en el JP Morgan Chase en Nueva York, sin acatar los controles exigidos por la legislación argentina en materia aduanera, fiscal y penal.
El enclave
En la provincia de Río Negro, al pie de la cordillera de los Andes, a unos cinco kilómetros de la frontera con Chile, el magnate inglés Joe Lewis, comprando las tierras linderas, se apropió del Lago Escondido. Cuando patriotas miembros de La Marcha por la Soberanía fueron a exigir el libre acceso público al espejo de agua, los reprimió violentamente con su guardia pretoriana conformada por peones de la estancia, ante la pasividad de la gendarmería nacional que avalaba de hecho la jurisdiccionalidad del británico.
La empresa británica La Forestal (1872 – 1943) explotaba los bosques (principalmente quebracho) que cubrían todo el monte chaqueño. La empresa llegó a tener más de un millón de hectáreas en el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. Tenían fuerza policial propia (llamada Los Cardenales, porque vestían de rojo); les pagaba a los hacheros con vales que estos cambiaban en el almacén de ramos generales de la propia empresa. La represión y la complicidad de los distintos gobiernos de la provincia (y de la Nación) permitieron que fuera un Estado dentro de la Argentina, donde regía la voluntad de la empresa por encima de las leyes y de la justicia del país. El 3 de marzo de 1940 fue asesinado el abogado de los trabajadores de La Forestal y dirigente radical, Rogelio Lamazón, a plena luz del día, con la complicidad de la policía local y de su comisario Marobio Cornodera, muerte que nunca se investigó ni castigó.
Habría que ver cuáles son las leyes que se cumplen en las grandes extensiones que poseen en nuestro país:
- High Luck Group Argentina (1.148.000 hectáreas): Es una empresa privada de capitales chinos dedicada a la extracción de petróleo crudo y gas natural. Tiene dos concesiones ubicadas en Salta: Chirete (asociada con Pampa Energía) y los bloques de exploración Morillo y Tartagal Oriental. Es subsidiaria de New Times Energy Corporation Limited, con sede en la ciudad de Hong Kong, China.
- Grupo Benetton (920.000 hectáreas): Luciano Benetton es titular de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, y tiene propiedades en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires.
- Integra Lithium (573.000 hectáreas): Es una de las empresas del conglomerado presidido por José Luis Manzano que extrae litio en 14.000 hectáreas en la provincia de Jujuy, 149.000 en Catamarca y 333.000 en La Rioja. De acuerdo a datos disponibles en el sitio integrallithium.com, también suma un proyecto de extracción en roca dura de 77.000 hectáreas en Catamarca. Además de su participación en empresas energéticas y medios de comunicación.
- Cresud S. A. (538.822 hectáreas): La firma presidida por Eduardo Elzstain posee en las provincias de Santa Cruz 100.911 hectáreas; en La Pampa, 9.615 hectáreas; en Entre Ríos, 6.024 hectáreas; en Santa Fe, 1.431 hectáreas; en Córdoba, 1.534 hectáreas; en San Luis, 7.010 hectáreas; en Mendoza, 674 hectáreas; en Chaco, 26.370 hectáreas; en Catamarca, 12.395 hectáreas y en Salta, 37.858 hectáreas, además de hoteles, shoppings, etc.
- Estomonte A.G.S.A. (404.098 hectáreas): Se trata de una propiedad de grandes magnitudes en plena cordillera de los Andes, ubicada en el departamento de Calingasta, en San Juan. Fue comprada por la firma de origen suizo en diciembre de 1978.
Y podríamos seguir con Sociedad Minera S.A. (Sominar), que tiene 328.400 hectáreas en Mendoza; Pluspetrol S.A. (320.000 hectáreas); Grupo Pérez Companc (293.000 hectáreas); Arauco SA (264.000 hectáreas); Adecoagro (217.810 hectáreas); Ledesma SA (212.429 hectáreas); etc.
La Argentina tiene recursos muy importantes: litio, cobre, agua dulce, uranio, hidrocarburos, alimentos y biodiversidad. En esos territorios viven personas y comunidades. Las decisiones sobre esos recursos, además, impactan mucho más allá de las zonas donde están; afectan al país en su conjunto. Por eso, hablar de comprar tierras no es una discusión inmobiliaria, sino de distribución de la riqueza, de la calidad de vida de todos y de quién puede decidir sobre esos recursos que afectan nuestro presente y nuestro futuro.
Las grandes extensiones de tierras para cultivos como la soja, que se exporta en su mayor parte, internacionalizan su valor. Las grandes empresas y pools financieros cuentan con recursos para su adquisición y/o arrendamiento, que no es lo que sucede con el pequeño y hasta el mediano productor (que la más de las veces paga el arriendo a valor soja aunque cultive otras plantas y/o críe animales).
Siempre según el Registro Nacional de Tierras Rurales de la Argentina, creado por la ley 26.737, en la Argentina, aproximadamente el 70% de la superficie agrícola se cultiva en campos arrendados, mientras que el restante 30% es administrado por sus dueños, y se estima que se destinan alrededor de 5.200 millones de dólares por año en el pago del alquiler de los campos. A su vez, el 0,89 % de los propietarios poseen el 33,89% de la superficie con una extensión promedio de 22.000 hectáreas, mientras que el otro 99,11 % de propietarios se reparte el 66,11% restante de tierras.
El Registro afirma que 26 millones de hectáreas corresponden a 1.250 titulares (0,1% de los propietarios privados), de los cuales 11.790.229,15 hectáreas son de firmas extranjeras, y 1.877.885 hectáreas son propiedad de firmas que tienen domicilio en guaridas fiscales (dicha superficie equivale a 65 veces la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Según el informe del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) de la ex AFIP (ahora ARCA), en la Argentina actual hay plantado en producción agrícola 34,3 millones de hectáreas, de las cuales 24 millones son arrendadas, administradas principalmente por los pool de siembra, que son los mayores contratistas del campo asociados a grandes capitales estadounidenses; cotizan en la Bolsa de Nueva York. Los que financian esos pools de siembra son básicamente los mismos que compraron los títulos de deuda de la Argentina.
Cambios al Código Civil y Comercial sobre desalojos y expropiaciones
Finalmente, en la sesión del Senado de la Nación que finalizó en la madrugada del 7 de agosto de 2026, se rechazaron los capítulos de extranjerización de la tierra y de modificación de la Ley de Manejo del Fuego; y se logró aprobar los capítulos sobre desalojos, expropiaciones y modernización del registro de la propiedad.
El primero de ellos modifica al Código Civil y Comercial para ampliar la figura de los desalojos al posibilitar que, para «todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado», el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil, para acelerar la restitución de inmuebles en casos de ocupación ilegítima o falta de pago de alquileres. Ante la verosimilitud del derecho del propietario y bajo caución juratoria (una simple declaración y no la presentación de la escritura), el juez podrá disponer una restitución anticipada de la propiedad, siempre con control judicial y respetando el debido proceso.
Para agilizar el trámite, se incorporan mecanismos modernos como la notificación por domicilio electrónico y se fortalecen las facultades del juez para identificar a los ocupantes. Asimismo, el texto final del proyecto incluye la incorporación del artículo 686 bis al Código Procesal Civil y Comercial, que en su mandamiento de lanzamiento autoriza específicamente al oficial de justicia a solicitar el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilios y abrir cerraduras, incluso si la propiedad se hallare desocupada.
Permite iniciar acciones de desalojo a personas o instituciones aunque no sean afectados directos, e incorpora la posibilidad de restitución inmediata del inmueble para ocupantes considerados “precarios” o “intrusos”.
Es grave porque este gobierno, mediante el Decreto 1.083/2024, dejó sin efecto la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, sancionada en el año 2006. La norma suspendía los desalojos de las comunidades originarias y ordenaba catastrar sus tierras tradicionales, por un plazo de vigencia de cuatro años, con el objetivo de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas del país, en consonancia con el artículo 75, inciso 17, de la Constitución nacional. Además, daba cumplimiento parcial al artículo 14, inciso 2, del Convenio 169 de la OIT. El fundamento para su derogación es que habían transcurrido 18 años y que generaba un estado crónico de inseguridad jurídica, limitando las actividades productivas.
La iniciativa también facilita los desalojos en zonas urbanas, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, al acelerar los procedimientos para la restitución de inmuebles. En lugar de responder a la creciente crisis habitacional con más protección para quienes alquilan o no pueden acceder a una vivienda, el proyecto fortalece la posición de los propietarios y consolida una concepción en la que el derecho de propiedad prevalece sobre el derecho a la vivienda.
Como toda muestra de generosidad, la media sanción garantiza hasta diez días de plazo para su desalojo, para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre «la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo».
En el capítulo de expropiaciones, se establece que «la utilidad pública será de interpretación restrictiva». Asimismo, se considera indemnización por el lucro cesante cuando sea «consecuencia directa e inmediata de la expropiación». Entre otros ítems, fija el plazo límite de «ocupación temporánea anormal» en un máximo de 90 días.
La expropiación es una herramienta utilizada por el Estado para tomar decisiones estratégicas, como hacer una represa, caminos o barrios. Con esta ley quedaría acotada porque el proyecto cambia la idea de utilidad pública. Establece que la indemnización se calcula sobre el valor de mercado. Incorpora expresamente el lucro cesante como valor a incluir en el monto a pagar y pone un tope del 30%, salvo que el expropiado demuestre una afectación superior. Ese tope va a pasar a ser la regla. De esta forma, el Estado se priva a sí mismo de herramientas para tomar decisiones estratégicas que beneficien a toda la sociedad.
En el capítulo que denominan de modernización del registro de la propiedad, crean el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble para administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para abonar tasas y recibir informes, certificados y copias expedidas por cualquier registro de la propiedad inmueble del país.
En síntesis
Como afirma Rodolfo Treber en su nota “El exabrupto colonial de extranjerizar nuestra tierra”: “La defensa frente a la extranjerización debe articularse con una democratización interna del acceso a la tierra. No existe soberanía territorial plena cuando millones de argentinos carecen de vivienda, los pequeños productores son desplazados, las comunidades rurales pierden población y enormes superficies urbanas o productivas permanecen ociosas con fines especulativos”.
Un proyecto nacional debe utilizar la tierra para arraigar población, desarrollar economías regionales, ampliar la agricultura familiar, fortalecer cooperativas, construir viviendas y planificar de manera federal la infraestructura, los servicios y la producción. La tierra urbana ociosa y la especulación inmobiliaria deben ser gravadas, mientras el Estado recupera capacidad para intervenir, adquirir inmuebles estratégicos y conformar bancos públicos de tierras.
Patria o colonia es el criterio concreto para determinar si el territorio se organizará según las necesidades del pueblo argentino o se incorporará como un activo más a las carteras del capital transnacional.
Brasil: minerales críticos añadirían 192 mil millones de reales al PIB
El aumento de las inversiones podría generar 750.000 nuevos puestos de trabajo para 2050.
La expansión de las inversiones en la cadena de suministro de minerales críticos y tierras raras podría añadir 192.100 millones de reales al Producto Interno Bruto de Brasil y generar 750.000 nuevos puestos de trabajo para 2050, según un estudio publicado por Amcham Brasil en Belo Horizonte.
El estudio compara dos escenarios para el desarrollo de la cadena de suministro de minerales críticos y tierras raras en Brasil. En el primero, las inversiones se financian principalmente con capital nacional y la producción sigue estando predominantemente orientada a la exportación, con bajo valor añadido en el país. En este escenario, el impacto acumulado en el PIB alcanza los R$ 128.700 millones, con una generación estimada de 304.000 empleos.
El segundo escenario contempla una mayor participación de la inversión extranjera, la expansión del procesamiento de minerales en Brasil y el creciente uso de estos insumos por parte de la industria nacional. En esta hipótesis, las inversiones aumentan en R$ 120.900 millones, con un impacto acumulado en el PIB de R$ 192.100 millones y una generación estimada de 750.000 empleos.
El estudio utiliza proyecciones ya realizadas en otros estudios globales e internos brasileños para estimar la demanda de estos minerales y elementos de tierras raras, así como una cartera de proyectos de inversión planificados. Los minerales considerados son cobalto, cobre, grafito, litio, níquel y elementos de tierras raras.
“Brasil posee algunas de las mayores reservas mundiales de minerales críticos y cuenta con todas las condiciones para convertirse en un actor global en este mercado. Cuanto mayor sea la capacidad de atraer inversiones, mayor será la transformación de esta riqueza mineral en valor, tecnología, empleos y desarrollo industrial y económico”, afirma el presidente de Amcham Brasil, Abrão Neto.
La comparación entre ambos escenarios demuestra que atraer capital internacional y fortalecer las cadenas de producción puede añadir R$ 63.400 millones al PIB, R$ 32.300 millones al consumo de los hogares, R$ 16.100 millones a las inversiones y 446.000 puestos de trabajo, además de los efectos ya proporcionados por la expansión de la minería.
El estudio muestra que los mayores impactos en el PIB se producen en los estados mineros, particularmente en Pará (16,0%), Bahía (10,3%), Goiás (10,0%), Piauí (4,0%) y Minas Gerais (3,8%).
Al mismo tiempo, el fortalecimiento del procesamiento interno amplía los beneficios para los estados con mayor presencia industrial. En comparación con el primer escenario, las mayores ganancias adicionales se observan en Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo y Paraná, lo que demuestra que la agregación de valor extiende los efectos económicos más allá de las regiones productoras.
En el análisis sectorial, la industria manufacturera muestra un crecimiento acumulado del 1,8% en el segundo escenario, casi tres veces superior al observado en el primero. La construcción (4,5%) y la industria extractiva (4,2%) también destacan.
Entre los segmentos industriales, los mayores impactos se registran en maquinaria y equipos eléctricos (16,7%), maquinaria minera (9,8%), automóviles (5,5%) y maquinaria y equipos mecánicos (2,9%).
“El creciente atractivo de las inversiones y la agregación de valor en Brasil amplían los beneficios económicos de la cadena de minerales críticos más allá de los estados productores, impulsando también las regiones industriales y fortaleciendo la integración del país en las cadenas globales de transición tecnológica y energética”, afirma Abrão Neto.
El estudio fue elaborado por investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), con el apoyo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y empresas del sector.
Política nacional de inversiones en el sector – La Cámara de Diputados aprobó, en el primer semestre de este año, la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos. La propuesta ofrece incentivos para el procesamiento y la transformación de estos minerales en Brasil y ahora será analizada por el Senado.
La medida está incluida en el Proyecto de Ley 2780/24, presentado por el Diputado Zé Silva (União-MG) y otros parlamentarios. El texto, sobre el cual informó el Diputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), crea el Fondo de Garantía de la Actividad Minera (Fgam), con una contribución de R$ 2 mil millones de la Unión para apoyar proyectos en el sector.
El proyecto también prevé 5.000 millones de reales en créditos fiscales, distribuidos a lo largo de cinco años, para el procesamiento y la transformación de estos minerales en Brasil.
El fondo se financiará con recursos del presupuesto federal y también con primas por firma, una cantidad que paga al gobierno la empresa que gana la subasta de un área destinada a la exploración de estos minerales.
Las empresas deberán aportar el 0,5 % de sus ingresos brutos de explotación a Fgam. Como alternativa, podrán destinar esta cantidad a un fondo privado destinado a promover la investigación en este campo, según la normativa futura.
El proyecto también permite el acceso a recursos del Fondo Nacional para el Cambio Climático (FNMC), a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), para financiar el procesamiento, la transformación de minerales y las operaciones de minería urbana.
*AEPET, Con información de la Agencia de Noticias de la Cámara de Diputados.
Panorama internacional
1.-La guerra y la caída en picado de los beneficios de las petroleras.
El alza de los precios del petróleo generó beneficios para ocho compañías petroleras por un total de 90.000 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que provocó críticas incluso de Donald Trump.
Incluso Donald Trump se quejó de las ganancias excesivas de las petroleras —el lunes pasado criticó a las compañías estadounidenses ExxonMobil y Chevron— tras el aumento de los precios del petróleo a raíz de la guerra con Irán. Para alguien que siempre busca beneficiarse de las acciones del gobierno estadounidense, la crítica resulta un tanto cínica; pero la preocupación de Trump no parece ser las ganancias de las petroleras, sino más bien el impopular aumento de los precios de la gasolina en las gasolineras.
Lo cierto es que el alza del precio del barril de petróleo ha llevado a algunas de las mayores petroleras del mundo a obtener beneficios récord en el segundo trimestre de 2026. El periódico británico The Guardian estima que ocho compañías petroleras (Aramco, BP, Shell, Equinor, TotalEnergies, Eni, Chevron y ExxonMobil) acumularon beneficios de alrededor de 90.000 millones de dólares en tan solo tres meses.
| Beneficios en el segundo trimestre de 2026 | Al alza en comparación con el segundo trimestre de 2025. | |
| Aramco | 32.690 millones de dólares estadounidenses | 44% |
| BP | 5.730 millones de dólares | 124% |
| Caparazón | 9.840 millones de dólares | 130% |
| Equinor | 4.800 millones de dólares | 267% |
| Energías totales | 6 mil millones de dólares | 67% |
| Eni | 2.650 millones de dólares | 106% |
| Chevrón | 12.100 millones de dólares | 385% |
| ExxonMobil | 14.500 millones de dólares | 105% |
Los resultados de Petrobras se publicarán el próximo jueves. estima una ganancia neta de 8.000 millones de dólares, lo que representaría un aumento del 70% con respecto al segundo trimestre de 2025.
No solo las petroleras están ganando (mucho) más. El martes, el banco HSBC, con sede en Londres, informó que su beneficio neto aumentó un 68% interanual, alcanzando los 7.690 millones de dólares en el trimestre que finalizó en junio. Los altos tipos de interés, mantenidos para controlar la inflación, están contribuyendo a impulsar los beneficios bancarios.
Los resultados reavivaron los llamamientos a favor de una tributación extraordinaria de los beneficios ( impuesto sobre las ganancias inesperadas ), que tienen pocas posibilidades de ser aprobadas.
Trump: 10 mil millones de dólares para la compra de tierras raras
El presidente Donald Trump ha intensificado la ofensiva estadounidense en materia de minerales críticos al anunciar un paquete de nuevas inversiones mineras. El eje central del plan es un acuerdo de préstamo de 1.400 millones de dólares con Sila Nanotechnologies, destinado a ampliar la producción de ánodos de silicio y componentes para baterías de iones de litio.
Al presentar las medidas, Trump resumió el objetivo de la estrategia: «Estamos reincorporando a nuestros mineros al trabajo y recuperando el lugar que le corresponde a Estados Unidos como superpotencia minera mundial», afirmó. El presidente argumentó además que Estados Unidos «nunca más debería depender de naciones extranjeras hostiles».
¿Adónde va el dinero?
Además de la inversión en Sila, el paquete incluye 400 millones de dólares estadounidenses para Sunrise Energy Metals, relacionados con la expansión de la producción de escandio, y 150 millones de dólares estadounidenses para Niron Magnetics en Minnesota.
También se han destinado mil millones de dólares para el proyecto de cobre de Santa Cruz en Arizona y 25 millones de dólares para el desarrollo de una mina de grafito en Alabama.
El gobierno también anunció una financiación de 180 millones de dólares para programas educativos relacionados con la minería. En total, el gobierno federal de Estados Unidos ya ha comprometido 10.000 millones de dólares en inversiones centradas en elementos de tierras raras e imanes permanentes.
Entre las empresas del sector mencionadas se encuentran el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, Ivanhoe Electric, Rio Tinto, BHP, MP Materials, USA Rare Earth, Energy Fuels, US Antimony y The Metals Company.
La Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa y el Pentágono también participan en esta iniciativa. El año pasado, el Pentágono anunció la compra de 400 millones de dólares en acciones preferentes de MP Materials.
China y la visita de Xi Jinping
La ofensiva se produce en medio de una disputa entre Washington y Pekín. Una tregua comercial alivió los controles chinos sobre las exportaciones de minerales críticos e imanes. La visita de Xi Jinping a Washington está prevista para septiembre.
Durante una reunión con ejecutivos de empresas mineras, Robert Friedland, de Ivanhoe Electric, analizó la trayectoria de Estados Unidos en el sector. «Hemos actuado con inacción durante muchos gobiernos», afirmó. Para él, el tema tiene una importancia estratégica: «Esto es fundamental para nuestra seguridad nacional».
El vínculo con Brasil
La carrera por los elementos de tierras raras ahora se extiende a proyectos fuera de Estados Unidos. En abril, USA Rare Earth adquirió Serra Verde, una empresa que opera en Pela Ema, Goiás, por 2.800 millones de dólares. Serra Verde también obtuvo 565 millones de dólares en financiamiento de la DFC.
El movimiento se extiende a otras regiones. Este viernes se anunció una inversión de 4,8 millones de dólares en Harena Rare Earths, vinculada al desarrollo de una mina de tierras raras en Madagascar.
Entre las empresas que participan en el sector se encuentran Aclara Resources, con Ramón Barúa, así como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USIDFC).