Panorama Económico Latinoamericano- Del 10 al 17 de setiembre de 2025
Caribe: un paraíso colonizado por el capital financiero y corporativo
Irene León *
Las corporaciones, empresas y fondos de inversión, principalmente estadunidenses, han hecho del Caribe su territorio favorito. Ahí tienen sede entidades que facilitan operaciones especulativas y flujos de capitales asociados a esas prácticas. Paraísos fiscales, guaridas para empresas e industrias off-shore, empresas fantasmas y diversidad de fideicomisos están presentes en por lo menos 14 países, entre los mayores, las Islas Caimán, Bermudas, Panamá, las Bahamas, Islas Vírgenes, Curazao y Barbados.
Son negocios del capital financiero caracterizados por la evasión y elusión fiscal, prácticas apetecidas por las corporaciones trasnacionales y los fondos de inversión, conocidos en el mundo por sus altos índices de acumulación de capital, mientras evitan pagar impuestos y reinvertir en los países donde obtienen sus pingües ganancias.
BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, por ejemplo, mantiene operaciones en la colonia británica Islas Caimán, uno de los más importantes centros financieros del mundo, donde albergan los principales nodos off-shore. Allí, los servicios financieros constituyen 50 por ciento del PIB y unas 40 mil empresas tienen sede, al punto que se ironiza sobre que hay más negocios registrados que población. En Gran Caimán se registra un banco por cada 100 habitantes.
Las Islas Bermudas, consideradas “territorio británico”, son conocidas como el tercer mercado de seguros y reaseguros del mundo. Allí tienen sede o sucursal las principales corporaciones globales de estos rubros. Están registradas unas 10 mil empresas extranjeras, más o menos una por cada mil habitantes. También se han establecido allí entidades de registro marítimo y aeronáutico, como legado de las instalaciones militares estadunidenses que funcionaron anteriormente, mientras ahora opera una estación de seguimiento de la NASA.
El secretismo es otra característica de los paraísos fiscales. La reserva sobre inversiones y operaciones, a más de beneficiar a los actores corporativos legitimados, también abre la puerta al flujo o lavado de capitales ilícitos. Las Islas Caimán, por ejemplo, constan entre los países que albergan ese tipo de flujos encabezados por Estados Unidos y Reino Unido. No obstante, el capital financiero no figura en la primera línea al momento de tomar medidas para luchar contra el narcotráfico. Por el contrario, con esas prácticas financieras altamente contaminadas, inversiones ilícitas son integradas a los flujos de capital y devienen consustanciales al funcionamiento del capitalismo que Estados Unidos y sus corporaciones buscan precautelar.
Hay que enfatizar que estos nichos para el funcionamiento del capital especulativo y operaciones financieras ilegales tienen relación directa con la polarización económica en América Latina y el Caribe. Mientras el endeudamiento de los países se multiplica, se estima que 27 por ciento de la riqueza privada latinoamericana está en paraísos fiscales; son ganancias que no se invierten o reinvierten en los países empobrecidos por ese tipo de prácticas viciosas.
En este panorama, lo que está en juego en la incursión militar estadunidense es el control geopolítico y geoeconómico de una región tomada por el capital financiero y corporativo como centro de sus operaciones especulativas, a la vez que como fuente inagotable de extracción de recursos naturales e incluso como espacio para el negocio de la guerra. En palabras del ex director de la Oficina Antidrogas de la ONU Pino Arlacchi, la figura del narcoterrorismo colocada por Estados Unidos para cercar a Venezuela e incursionar en el Caribe debería llamarse directamente petróleo y otros recursos.
No obstante, si el Gran Caribe está en disputa es porque hay proyectos antisistémicos en curso con propuestas de soberanía y autodeterminación, con prácticas de redistribución económica, diversificación de la producción y perspectivas de una nueva arquitectura financiera en las antípodas de las extorsiones económicas que el proyecto capitalista y colonial fomenta. La otra cara del Gran Caribe son los enfoques humanistas y pacifistas que Cuba, Venezuela, Nicaragua, los países de ALBA-TCP, México, Colombia y otros enarbolan, con la Proclama de Latinoamérica y el Caribe Zona de paz.
* Socióloga y comunicadora. Coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad-Ecuador
La distribución de la riqueza, del ingreso y del poder en Chile
Sergio Arancibia
Según el World Inequality Data – publicación especializada en estudiar y cuantificar la distribución de la riqueza y del ingreso en el mundo – Chile es un país en el cual el 1% más rico de la población es dueño del 36.6 % de la riqueza.
Si la riqueza está concentrada – fabricas, tierras, minas, bancos, capital financiero, casas, etc. – el ingreso que esa riqueza genera está también concentrado en manos de unos pocos. Así, el 10 % más rico capta el 57.3% de los ingresos, mientras que el 50 % más pobre capta el 6.7% de los ingresos, de acuerdo a datos para el año 2020. Se trata de una de las desigualdades en materia de distribución de ingresos y de la riqueza más altas del mundo.
Datos de esta naturaleza entran en contradicción con cualquier criterio de equidad social o de democracia social que se postule, ya sea basado en criterios éticos, políticos e incluso religiosos. Lo que se muestra con estos antecedentes es que los ricos son muy ricos y los pobres muy pobres, y que la brecha entre unos y otros es profunda y sostenida.
Una desigualdad de esa naturaleza, en ingreso y en riqueza, implica que un porcentaje muy bajo de la población – solo los más ricos – tienen acceso a la mejor educación que es posible conseguir en el país, o en el extranjero, mientras que el 50 % más pobre tiene que estudiar en liceos municipales que no los preparan para ejercer un oficio ni para continuar sus estudios en la universidad, y su condición de pobres los lleva a que incluso es difícil para una gran cantidad de ellos terminar sus estudios de educación media. Datos recientes muestran que hay en el país cinco millones de personas mayores de 18 años que no han terminado sus estudios de educación media.
Con la salud sucede algo similar. Hay algunos que tienen acceso a las mejores clínicas, a los mejores médicos y a los mejores tratamientos y medicinas, frente a cualquier enfermedad, mientras otros tienen que hacer filas en las emergencias hospitalarias y quedar en largas listas de espera para lograr ser atendidos por un especialista o para ser objeto de una operación quirúrgica.
Podríamos citar una larga lista de bienes y servicios propios de las sociedades modernas, en las cuales se pone de manifiesto el acceso y el goce desigual que impera entre los más ricos y los más pobres. Pero uno de los frentes donde la desigualdad mencionada es más peligrosa es en lo que se refiere al acceso al poder político y económico. Se supone que en democracia cada ciudadano tiene un voto, que todos son iguales en ese campo, y que la libre votación de todos esos iguales permite decidir sobre los caminos por las cuales debe transitar el país, y sobre quienes deben ser sus dirigentes.
Pero en la realidad de las cosas, el 1 % más rico del país es dueño y tiene acceso prácticamente ilimitado a los medios de comunicación social y puede, a través de ellos incidir en forma sustantiva en la visión del mundo y del país que tiene la mayoría ciudadana. Si la cantidad y la calidad de propaganda incide en los procesos electorales que se dan en democracia, ese 1% más rico tiene acceso en forma ilimitada a la propaganda que se emite – en forma abierta o encubierta – a través de todos los medios de comunicación social, no solo porque tienen el dinero como para comprar allí los espacios que deseen, sino porque son dueños de la inmensa mayoría de esos medios.
La libertad de expresión, que se supone existe en democracia, pierde así su carácter de ser una sana y equilibrada emisión de las ideas que ciudadanos dotados de iguales derechos puedan expresar sobre los destinos del país, y pasa a ser un mecanismo a través del cual es muy difícil modificar, aun cuando sea levemente, el poder económico, político y cultural que ejerce una minoría.
Esa mala distribución del ingreso, de la riqueza y del poder no se modifica, sino que se profundiza y se fortalece cada vez más, a través de los libres mecanismos del mercado. Solo es posible modificarla por la vía de un gobierno y de un estado que tenga aquello como uno de sus objetivos y que cuente con una clara mayoría social y política que apoye ese tipo de medidas
Perú: Deuda pública creció más de 10 puntos en una década
La deuda pública peruana creció en más de 10 puntos porcentuales en una década y pasó de 20% del PBI en 2014 a 32% en 2024, advirtió Carlos Prieto, gerente de Estudios Económicos del BCP.
Continúa siendo una de nuestras principales fortalezas macroeconómicas, pero no hay que perder de lado la tendencia. Más de 10 puntos de incremento. Si vemos la deuda pública neta, que es la diferencia entre la deuda pública y nuestros ahorros, vemos que hemos estado consumiendo nuestros ahorros, así que este indicador aumenta 20 puntos», añadió.
El experto advirtió que el pago de intereses también se ha incrementado de 1.1% del PBI a 1.7%. Esto, señaló, significa menores recursos para sectores como infraestructura, salud, educación y seguridad. Lo que sí ha disminuido son los ingresos fiscales de 22% a 19%.
«Este análisis de los últimos 10 años nos permite observar que ha habido un deterioro de las finanzas públicas. Tenemos un incremento de algo más de 40% de las remuneraciones y salarios del sector público», agregó.
El representante del BCP señaló que hay preocupación por las medidas populistas que se aprueban en el Congreso. Por ejemplo, señaló que el Ejecutivo debe observar la autógrafa que aprueba que maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial reciban S/3,300 de pensión. Esta iniciativa fue aprobada la semana pasada en el Parlamento.
«Eso es un claro ejemplo de populismo e irresponsabilidad fiscal, atentando contra el equilibrio del propio sistema previsional. Además, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, así que esperamos que el Ejecutivo observe la norma y en todo caso recurra al Tribunal Constitucional», resaltó.
En ese sentido, advirtió que el impacto fiscal de una medida de este tipo es de aproximadamente S/5,000 millones, monto que se tendría que descontar «de la inversión que se realiza en infraestructura u otras actividades».
Carlos Prieto recordó que en el proyecto de presupuesto del próximo año se menciona un incremento de los salarios, lo que podría significar una caída del desembolso público en 2026. «Pareciera que las prioridades del país siguen por aumento de las remuneraciones», sostuvo y cuestionó que no haya mejora en seguridad, educación, entre otros.
México: Paquete económico 2026, limitado por compromisos
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta hoy su primer paquete económico, en el que al menos 30 por ciento (2 billones 692 mil 490 millones de pesos) ya está comprometido para participaciones, costo financiero de la deuda y adeudos de ejercicios anteriores. No es el único concepto que restringirá el gasto, dado que el pago de pensiones y los programas sociales llevados a grado constitucional también son inherentes al presupuesto.
De acuerdo con los precriterios presentados en abril, el gobierno federal proyectó que el gasto total rondará 9 billones 304 mil 850 millones de pesos el próximo año; de él, 2 billones 692 mil 490 millones de pesos son gasto no programable; es decir, no puede ser modificado porque atiende algunas de las obligaciones inamovibles de las finanzas públicas.
Si bien este tipo de obligaciones constituyen un ancla para las finanzas públicas, este monto destinado a este concepto disminuirá 5.8 por ciento respecto a 2025 y ello se debe sobre todo a una reducción del costo financiero de la deuda, de 2 billones 760 mil 175.7 millones de pesos a 2 billones 692 mil 490 millones.
El gobierno federal se ha propuesto seguir reduciendo el déficit público a entre 3.2 y 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB); en abril apuntó a que lo lograría con una reducción del gasto público y un aumento de los ingresos.
No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está contemplando una reforma fiscal amplia para el próximo año y varios funcionario lo han reiterado. Sin embargo, han adelantado algunas modificaciones para cerrar esta brecha.
Uno de los ejes serán las aduanas. Se alista una reforma que busca cerrar huecos y aumentar las contribuciones vía comercio exterior. Según Hacienda, el sector externo mexicano equivale a cerca de 73 por ciento del PIB y los ingresos por aduanas representan apenas 25 por ciento de los ingresos públicos.
La SHCP también hizo una revisión de las renuncias recaudatorias que ya no están vigentes. Estos tratamientos y esquemas preferenciales alcanzarán un billón 579 mil 748 millones de pesos este año, lo que representa 4.39 por ciento del PIB.
La burguesía cipaya argentina
Horacio Rovelli
El 24 de marzo de 1976 cambió integralmente la lógica que articulaba la producción y la sociedad, que se basaba en el consumo del mercado interno. Se reemplazó por una estructura productiva y distributiva con un bloque de poder hegemónico y una dinámica de funcionamiento diferente en la reproducción del circuito económico.
El nuevo modelo, orientado para el exterior y dependiente de este, tuvo como instrumento clave el endeudamiento y la valorización financiera del capital. La apertura externa irrestricta al comercio y los capitales y la acumulación rentística y financiera, traducida en retraso de salarios, liberación de precios, revaluación cambiaria, fomentó la desleal competencia externa, así como las altas y confiscatorias tasas de interés.
La ecuación es simple: obligan a endeudarse en divisas a las administraciones nacionales para cubrir los déficits que ocasiona la baja recaudación —más que el desordenado gasto público—. Estas administraciones tienen que vender esas divisas al BCRA para que le den pesos y después, el capital, a través de la sociedad con los grandes bancos locales con que operan, compra esas divisas y las fuga.
Ante la importancia cada vez mayor de los recursos naturales, el centro de gravedad de la política económica se corre del equilibrio del sector agroindustrial exportador al sector extractivista petrolero-minero. Así, se disputan estos recursos capitales nacionales y extranjeros —entre los que se cuentan YPF S.A. [1], Tecpetrol de Techint, Pan American Energy de la familia Bulgheroni (asociada a la British Petroleum de Inglaterra), la Compañía General de Combustibles del grupo Eurnekián, Plus Petrol (Familia Rey Rodríguez y familia Poli), Pampa Energía (con participación de BlackRock), que pertenecen a los llamados grupos nacionales, y los extranjeros Chevron [2], Shell, Vista Energy (es un pool petrolero que dirige Miguel Galuccio, pero el 80% de las acciones cotiza esencialmente en Wall Street)—, quienes tienen acuerdos entre ellos y también intereses que se superponen.
Juntos conformaron Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), consorcio integrado por YPF S.A., Vista Energy Argentina S.A.U., Pampa Energía S.A., Pan American Sur S.A., Chevron Argentina, Pluspetrol S.A. y Shell Argentina S.A., que es el mayor proyecto de inversión.
El instrumento de esta nueva hegemonía es el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), hecho a medida de las hidrocarburíferas. Algunas de las ventajas que les otorga son: ausencia de controles del origen de los fondos, a partir del quinto año podrán disponer libremente de todas las divisas que generen sin obligación alguna de ingresarlas al país, no pagan retenciones o derechos de exportación y no tienen obligación de abastecer al mercado interno.
Al principio, carry trade mediante, buscaban la estabilidad y previsibilidad del precio del dólar; tal es así que las principales empresas petroleras se endeudaron. Según la Comisión Nacional de Valores, YPF, Pampa Energía, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, Vista Oil & Gas (así se llamaba en el 2024), TGS, CAPEX-CAPSA (Familia Götz) y otras que no son precisamente petroleras, como IRSA, CRESUD, EDENOR, GENNEI, TELECOM, etc., colocaron en conjunto obligaciones negociables en dólares por 23.932 millones.
Incluso recientemente, el 3 de este mes de septiembre de 2025, el BCRA permitió que las entidades financieras pudieran prestar divisas, además de los que operan en comercio exterior, a otros agentes de la economía. La condición es que los bancos consigan financiamiento proveniente de obligaciones negociables o de líneas de créditos del exterior.
Pero en un informe sobre inversiones en América Latina del 8 de octubre de 2024, firmado por Sam Vecht y Christoph Brinkmann, BlackRock aseveró que aún no ve “motivos para apostar por la Argentina”.
“No vemos razones fundamentales por las que querríamos comprar este mercado ahora”, anunciaron. “Nos hemos vuelto cada vez más cautelosos con respecto a la Argentina durante el último mes” (esto fue hace un año atrás), continúa el comunicado a sus inversores, y explican los motivos: “El debilitamiento del tipo de cambio informal sugiere que el tipo de cambio oficial podría estar sobrevaluado”, por lo que advierten “el riesgo de otra devaluación del tipo de cambio, lo que podría reavivar las presiones inflacionarias”.
La renta financiera
A julio de 2025, más del 80% de las operaciones de compra y venta en el mercado único y libre de cambio lo realizaron el Banco de la Nación Argentina [3] y los bancos Santander, BBVA, Galicia, Macro, Patagonia, Supervielle y Citi Bank. Excluyendo el Banco de la Nación Argentina y el Banco Patagonia (el 80% pertenece al Banco do Brasil), en todos los demás hay una alta participación accionaria del capital financiero de Manhattan, ya sea directamente o a través de los ADR (American Depositary Receipt o Recibo de Depósito Americano) [4].
El BCRA es banco de bancos, opera solo y exclusivamente con entidades financieras; por ende, viendo su balance cambiario del mes de julio de 2025, observamos que la formación de activos externos del sector privado no financiero (fuga de capitales) tuvo ese mes un saldo negativo de 5.432 millones de dólares (de ese total, 3.041 millones corresponden a la compra de billetes por personas humanas). En siete meses se fueron 14.199 millones, cifra que supera el crédito de 12.000 millones de dólares del FMI a esa fecha, e incluso el crédito ingresado desde ese organismo internacional de 2.000 millones de dólares el 18 de agosto de 2025.
Levantar el cepo cambiario para las personas humanas, como hicieron en abril de 2025, en un marco de un precio del dólar no sostenible (acceden a comprar divisas al tipo de cambio oficial), permitió que los consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes del exterior fueran negativos en los siete meses del año 2025 en 6.277 millones de dólares, de los cuales en julio fue por 1.192 millones de dólares (incluidos 938 millones de gastos por tarjetas). Inferimos que en agosto el problema continuó, ya que tuvieron que intervenir vendiendo dólares en el mercado cambiario local, aun dentro de la banda de flotación, para limitar la corrida cambiaria.
La puja entre las altas tasas bancarias y el precio del dólar beneficia a los grandes bancos que, básicamente, financian la deuda en pesos del Tesoro de la Nación y, si prestan a empresas y personas, saben que asumen cada vez un mayor riesgo por la creciente ruptura de las cadenas de pago, de allí que incrementan la tasa de interés muy por arriba de la que le cobran a la Administración nacional (que en la última licitación del 27/08/2025 pagó tasas del 75,66% para LECAP de corto plazo y Tamar del 86,78% para 60 o más días).
La renta financiera por el spread entre tasas pasivas y activas implica un sobrecosto para la producción, el comercio y el consumo, confiscando el capital de trabajo y el patrimonio de talleres y fábricas, propiciando la destrucción de pequeños y hasta medianos comercios, la fusión de empresas y su extranjerización, la sustitución de importación por producción local (ante un dólar barato), lo que se traduce en mayor desocupación y exclusión social.
También el balance cambiario del BCRA informa que en julio de 2025 la inversión Extranjera Directa se acrecentó en 155 millones de dólares. Pero el saldo acumulado desde diciembre 2023 resulta negativo en 1.191 millones de dólares, demostrando palpablemente que el capital extranjero en inversión se va del país e ingresa solamente como deuda. Y es la demostración de la inconsistencia del tipo de cambio vigente y las tasas de interés que frena el modelo original extractivista.
El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en julio 2024 hizo varias presentaciones ante inversores en Nueva York y el 27 de agosto 2024 en Washington frente al American Council. En estas detalló que aguardaban la llegada de proyectos por entre 30.000 y 54.300 millones de dólares en el sector energético, en los próximos dos años (que para ejecutarse demandará entre 20 y 30 años), tras la implementación de la ley 27.742 que incluye el RIGI.
El famoso reseteo de la Argentina mencionado por Paolo Rocca se reduce a consolidar un régimen laboral ultraflexibilizado. Bajo la retórica del combate a la “casta”, se despliega una estrategia de reformas estructurales regresivas cuyo núcleo es la reforma laboral: hundir las condiciones de trabajo y de ingresos, avanzar en la deslaboralización de las relaciones de trabajo, reducir al mínimo el gasto social y desfinanciar al Estado, recortando sus capacidades en áreas estratégicas y derechos básicos. Al mismo tiempo, la profundización de la reprimarización de la economía y la asfixia sobre la industria ponen límites estructurales a la generación de empleo asalariado. En este marco, el mercado laboral aparece como terreno privilegiado de disciplinamiento, con salarios deprimidos, sobrejornadas laborales y precarización creciente [5].
También el objetivo de los que están detrás de este desgobierno es limitar fuertemente las funciones indelegables del Estado, principalmente, la capacidad de planificar e impulsar un proyecto nacional. Por eso se lo endeuda, se privatizan empresas y se quieren quedar con nuestros recursos naturales.
Eduardo Barcesat, en su trabajo “Aportes para un Programa de Recupero del Estado de derecho y el bienestar general de la Nación”, plantea: “Debe darse cumplimiento efectivo a lo dispuesto en los arts. 1.2 y 25 del PIDESyC; ONU, a saber: ‘Son de titularidad de los pueblos las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio, y su explotación debe hacerse conforme a las directivas impuestas por el art. 75, incisos 19 y 23 de la Constitución nacional’; esto es, atendiendo al bienestar general, al desarrollo humano y social sustentable del pueblo argentino y propiciando acciones positivas para igualar las condiciones de existencia entre las distintas regiones y provincias que componen el territorio de la Nación Argentina”.
En síntesis
Ante un camino fácil, con la oposición de los jubilados y, de tanto en tanto, de un sector atropellado por la política de expoliación de este desgobierno. Con 134 diputados y 38 senadores que votaron el RIGI y la ley 27.742 que lo contiene, con la complicidad de muchos gobiernos provinciales, incluso los seis que ahora se agrupan a instancias del capital local y de la Bolsa de Comercio de Rosario, la motosierra y la corrupción impactaron en la economía y en la sociedad argentina.
Priorizaron la renta financiera y pospusieron el modelo extractivista, que ante un dólar caro, les limita severamente las inversiones; entonces esperan que la Argentina incurra en no poder pagar (default de toda la deuda pública), devaluación de nuestra moneda y quiebra de importantes eslabones de la cadena productiva y distributiva del país.
El viaje a Los Ángeles de Milei y su comitiva es para ver si pueden conseguir dólares para llegar al 26 de octubre de 2025, pero también se van a ver con Mark Nelson, vicepresidente de Chevron. Chevron es clave en Vaca Muerta. Nelson, además de sus responsabilidades corporativas, es vicepresidente ejecutivo de Petróleo, Productos y Gas, con fuerte influencia al momento de definir inversiones globales, que las van a realizar en el país, pero a precio vil e imponiendo las condiciones tras el default.
El capital financiero de Manhattan, como dicen Sam Vecht y Christoph Brinkmann de BlackRock, se plantea inversiones de largo plazo. En el corto plazo y como cabecera de playa, operan los mesadineristas encabezados por Luis Caputo, con la renta financiera que les deja hacer este desgobierno y su resultado, el aumento de la deuda y la fuga de capitales. Con ese mecanismo se van a quedar con lo que le corresponde al pueblo argentino.
Nuestra burguesía local, en lugar de dirigir un proyecto para todos, se subordina al capital extranjero. El caso paradigmático es Techint, que va a recuperar sus inversiones con Tecpetrol, pero a costa de la marginación de Tenaris (tubos de acero para la industria energética), Ternium (productos de acero), Techint Ingeniería y Construcción (ingeniería y construcción de proyectos de gran escala), etc.
Por rapiñar los recursos naturales que nos pertenecen a todos, caen en la insignificancia.
Notas
[1] 51% estatal, y el gobierno de Milei nombra como presidente a Horacio Daniel Marín, que era el CEO de Tecpetrol hasta diciembre 2023, a Eduardo Ottino, también del grupo Techint; los grupos locales nombran también a Carlos Manuel Bastos (que fuera privatizador de SEGBA y ministro de Infraestructura y Vivienda con De la Rúa – Cavallo), y BlackRock posee 9.770.000 acciones correspondientes al 5,67% de YPF S.A.
[2] Las acciones de Chevron pertenecen principalmente a grandes inversores institucionales como Vanguard Group, State Street Corporation y BlackRock, además de la inversión significativa de Berkshire Hathaway. La propiedad está distribuida entre millones de accionistas, con los fondos de inversión dominando el capital de la compañía.
[3] El Banco de la Nación Argentina, presidido por el ex presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, Daniel Tillard, a abril de 2025 (última publicación del balance por el BCRA),con el 62,8% de los depósitos que capta, compra y financia títulos de deuda del Tesoro de la Nación.
[4] Es un certificado negociable emitido por un banco de Estados Unidos que representa una o más acciones de una empresa extranjera. Estos certificados permiten a inversores estadounidenses y de otros países comprar y vender acciones de empresas extranjeras en dólares en las bolsas de valores de Estados Unidos.
[5] “La evolución del empleo y de los ingresos laborales a veinte meses del gobierno de La Libertad Avanza”, elaborado por el IPyPP y el IEF de la CTA Autónoma
Panorama internacional
1.-Petróleo: dominio estratégico
John Saxe Fernández
Desde la oficina de Trump, de donde surgen iniciativas como la de cambiarle el nombre al Departamento de Defensa por Departamento de Guerra, acaso más realista, se buscó generar un ambiente amenazante como escenario para la visita de Marco Rubio, secretario de Estado estadunidense a la Ciudad de México, quien se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum a fin de discutir problemas de seguridad, con el despliegue de barcos de guerra y un submarino de Estados Unidos con potencia nuclear en las cercanías del mar Caribe, amenazando a Venezuela, principal reserva estratégica de petróleo del mundo como telón de fondo.
La urgencia por el petróleo en proceso de agotamiento se le está planteando a EU como de prioridad tan extrema que lo puede llevar a cometer graves errores, que van desde el robo (saqueo) de petróleo tanto en Siria, Libia o México, que sufre de extracción ilegal del combustible que va de México a Texas –proceso que conocemos como huachicoleo–, donde es procesado, convertido en gasolinas, aceites y otros productos que son regresados a nuestro país para su venta con sobreprecio, hasta la amenaza de una intervención militar contra Venezuela, intentando generar escenarios de guerra regionales que no sólo serían un desastre humanitario para nuestra región, sino que agravarían aún más la poca capacidad de acceso que tiene Estados Unidos a un recurso que se agota a pasos acelerados.
Mientras opositores venezolanos como Corina Machado saludaban la posibilidad de intervención militar de EU contra su propio país y contra su propia gente, Washington, acaso en espera de un levantamiento de dicha oposición, encontró un proceso de organización para la defensa de la soberanía nacional que en sólo dos días reunió 8 millones 200 mil ciudadanos y ciudadanas como parte de las milicias populares.
En un evento confuso –Venezuela duda de su veracidad– el martes 2 se registro un ataque letal contra un bote ( boat), dijo Trump en sus redes, que las repetidoras de los medios corporativos convirtieran en barco y el New York Post en “un buque narcotraficante venezolano” (sic), que a la postre y según los videos resultó ser una lancha con 11 personas que habrían sido asesinadas, sin comprobar identidad o pertenencia al Tren de Aragua y menos que transportaran drogas, las cuales, según Trump, “salen abundantemente de Venezuela”. Tampoco fueron previamente interceptados como tendría que haber sucedido.
Tan se tiene que aclarar este extraño ataque, que fue el eje de las preguntas que se hicieron al secretario Rubio y al canciller De la Fuente en la conferencia de prensa que dieron al finalizar los encuentros.
La primera pregunta de la agencia Ap a Rubio giró en torno a la embarcación que fuera destruida por las fuerzas militares de EU:
“¿Por qué usted estaba tan convencido, tan seguro de que eran integrantes del Tren de Aragua a bordo, qué tipo de droga transportaban y hacia donde iban?” También se retomaron las preocupaciones de algunos dirigentes de la región sobre si Estados Unidos vuelve a la diplomacia de las armas, como era anteriormente, y otra periodista complementaba la inquietud al preguntar cómo una acción de esta naturaleza encaja en los códigos de uso de la fuerza militar de Estados Unidos en esos casos. Marco Rubio contestó algo muy preocupante: lo que hizo el presidente Trump es eliminar una amenaza inmediata ( sic). Nosotros tenemos inteligencia y los interceptamos, pero sólo pierden una carga. Este presidente ya no lo va a permitir, “ya no nos vamos a quedar sentados”.
Otras preguntas giraron en torno a si se tenía contemplado invadir Venezuela, y la postura de México sobre este conflicto. El canciller De la Fuente se mantuvo dentro de la enunciación de nuestros principios constitucionales en materia de política exterior, como el del respeto a la soberanía, a la integridad territorial, la no intervención, la autodeterminación y la solución pacífica de controversias.
Estados Unidos no tiene cómo hacer la transición energética, pero ahí está la reserva estratégica venezolana y ese es un grave problema para nuestra región. Esteban Carrillo, periodista ecuatoriano y editor del medio The Cradle, señala cómo el flujo de la droga hacia EU proviene mayoritariamente del Pacífico, pero el Comando Sur está militarizando las costas del Caribe, donde se registró ese penoso ataque mortal que mató a 11 personas. Segun Inside Crime, que registra los flujos de la droga en la región, 83 por ciento de los submarinos incautados han salido de Ecuador y apenas 14 por ciento de las costas del Caribe.
La inestabilidad del acceso al petróleo es parte de un escenario muy riesgoso de guerra mundial. Vale la pena mencionar la participación de Samuel Moncada, embajador de Venezuela en la ONU, quien al condenar la presencia militar y nuclear en el Caribe hizo alusión al Tratado de Tlatelolco, el cual estableció desde 1968 la desnuclearización de nuestra región, obligando a Washington a respetar la declaratoria de nuestra América Latina y caribeña como una zona libre de armas nucleares, una zona de paz.
* Doctor en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Primer premio nacional de periodismo 2008; Investigador nacional Nivel III; Coordinador del programa «El Mundo en el Siglo XXI» del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
2.-¿Nueva política industrial en Estados Unidos?
Enrique Dussel Peters
Hemos destacado en este espacio de forma reiterada la importancia del sector público en China y su relevancia en la propiedad del producto interno bruto (PIB) chino (superior a 40 por ciento en la actualidad). Hasta hace poco esta característica era una de las principales diferencias en la competencia sistémica entre Estados Unidos y China en la última década. Esta diferencia particular, sin embargo, pareciera reducirse significativamente en la actualidad y el futuro ante nuevas medidas de política industrial tomadas por el presidente Donald Trump en 2025.
Después de décadas en las que internacionalmente “la mejor política industrial era la no política industrial”, bajo la presidencia de Joe Biden se tomaron medidas explícitas para hacer frente a la competencia china. En 2022 Estados Unidos inició con masivas políticas industriales –las Inflation Reduction Act, CHIPS and Science Act y la Ley de Infraestructura– que buscaron apuntalar la competitividad de sectores claves de la economía estadunidense. Con un costo cercano a 15 por ciento de su PIB, estas medidas buscaron fomentar cadenas globales de valor como los semiconductores y la infraestructura para recuperar el liderazgo tecnológico y en la transición energética.
Con la presidencia de Trump desde enero de 2025, sin embargo, la política industrial ha dado un giro drástico. Por un lado, e internacionalmente, Estados Unidos ha impuesto de manera unilateral elevados aranceles a todos sus socios comerciales, además de exigir la reducción del respectivo déficit comercial y compromisos de inversión en Estados Unidos.
Por otro lado, y al menos tan importante, la agenda doméstica de política industrial con Trump en 2025 ha sido significativa (y menos reconocida). Trump ha buscado distanciarse de las medidas de Biden de 2022 –y en contra de los “regalos” ofrecidos, desde su perspectiva–, en aras de que “las empresas paguen”. No existe por ahora una nueva política industrial o directriz nacional, pero las medidas tomadas hasta fechas recientes apuntan hacia una reorientación de la política industrial hacia las empresas estadunidenses y extranjeras establecidas en EU.
Tres recientes casos elucidan estas nuevas tendencias (además de cancelar las medidas de Biden de 2022 y, con ello, abortan el fomento de la transición energética en Estados Unidos). El acuerdo de finales de agosto de 2025 entre Intel y la administración es relevante: Intel habría recibido a través de la CHIPS Act 11 mil millones de dólares (una parte ya aprobada pero todavía no transferida a la empresa), por lo que el gobierno de Estados Unidos se haría propietario de 9.9 por ciento de los activos de la empresa.
Los semiconductores de alta tecnología –considerando que Intel se ha enfrentado a serios problemas tecnológicos y de financiamiento en la última década– son un aspecto crítico del security shoring en su política hacia China. Desde esta perspectiva, y elemento nuevo por parte del gobierno estadunidense, éste se hace propietario de una empresa clave en su política en contra de China. El propio Trump, el secretario de Comercio Lutnick y el secretario del Tesoro Bessent han enfatizado que este tipo de transacciones se generalizarán en el futuro.
Las medidas de la presidencia de Trump hacia Nvidia y AMD –los principales fabricantes estadunidenses de semiconductores de alta tecnología en la actualidad– son al menos de igual relevancia. Desde hace varios años –y ya desde la presidencia de Biden– se habían definido múltiples restricciones a las exportaciones estadunidenses a China en productos de alto nivel tecnológico y particularmente de semiconductores; estas medidas incluso aumentaron con Trump en 2025 vía mayores aranceles y nuevos permisos.
Después de varias rondas de negociaciones entre Estados Unidos y China desde mayo de 2025 (proceso que se prolongará al menos hasta noviembre), Washington cambió drásticamente de estrategia. No sólo liberalizó el envío de semiconductores de alta tecnología a China (ante concesiones chinas en tierras raras hacia Estados Unidos), sino que cobrará a Nvidia y AMD 15 por ciento de sus ingresos; Nvidia incluso ha sugerido vender los semiconductores más sofisticados a China bajo el mismo esquema.
Por último, la adquisición de US Steel por parte de Nippon Steel a mediados de junio pasado es también significativa. La transacción por 15 mil millones de dólares (y compromisos de inversión por otros 11 mil millones de dólares en Estados Unidos) incluyó un poder de veto por parte del gobierno estadunidense para algunas de las actividades de US Steel (“acciones doradas”).
Estas medidas reflejan antecedentes de la mayor relevancia en cuanto a un nuevo instrumentario de medidas de política industrial en Estados Unidos; durante décadas fueron incluso parte de las críticas de ese país a China. Todo indica que la presidencia de Trump estaría en condiciones de masificar estas medidas en el corto y mediano plazos. La construcción naviera y sectores vinculados con la defensa estadunidense parecieran ser los sectores idóneos para esta nueva política industrial.
Más allá de las restricciones fiscales de EU para masificar esta nueva política industrial, los antecedentes en 2025 generan importantes retos en Estados Unidos e internacionalmente. En EU las nuevas medidas han generado preocupaciones ideológicas y en sectores específicos en cuanto a la injerencia gubernamental en el “libre mercado” para recibir ganancias de sus inversiones.
¿Prevalecerá el criterio de la seguridad nacional (y la búsqueda de contención de los avances de China en la inteligencia artificial) o imperará una perspectiva recaudatoria, por ejemplo, en el caso de los semiconductores más sofisticados que Nvidia busca vender a China? Para terceros países, la nueva política industrial refleja una vez más que el “libre comercio” de Estados Unidos está siendo profundamente cuestionado en EU.
Las implicaciones para una futura renegociación del T-MEC en 2026 y negociaciones actuales sobre aranceles impuestos por Estados Unidos también se verán afectadas ante nuevas prioridades por parte de la presidencia de Trump. Por último, también exige que países como México actualicen y replanteen su política industrial (y comercial) mediante nuevos instrumentos.
¿Será?
*Profesor del Posgrado en Economía y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM.