Opositor Plan (saqueo al) País: #VamosBien

 15 y Último- Editorial |

El pasado 3 de febrero, al calor de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino (sic), afirmábamos  que el plan económico presentado por el oposicionismo talibán atrincherado en la AN y que actualmente él encabeza, en vez de Plan País, debía llamarse Plan saqueo al País. Lo ocurrido desde entonces hasta fecha nos ha dado la razón.

Señalamos aquella vez, que el guaidozano procuraba convertirse en una agencia de ocupación proconsular, forma de gobierno imperial en los territorios ocupados usada por los romanos y revivida por los norteamericanos en Irak bajo la figura de Paul Brenner. Sin embargo, como es bien sabido, el quid de todo proconsulato siempre ha sido controlar un territorio para usufructuarlo económicamente, por lo que la condición necesaria de lo segundo es lo primero. A todas luces, éste no ha sido el caso del guaidonato.

Ahora bien, el hecho es que, el no controlar algún territorio no ha evitado que de todos modos el oposicionismo avance en su agenda de saquear el país. Y en virtud de ello, viene cometiendo crímenes que en cualquier tribunal del mundo,comenzando por los de los Estados Unidos mismos, serían juzgados como traición a la Patria.

El principal delito ha sido el robo y despojo de activos de la Nación, repitiendo aquí delito cometido en 2003 contra Irak, en 2005 contra Irán y en 2011 contra Libia, activos que solo en el caso de Irán en el marco de los acuerdos por las inspecciones nucleares se han recuperado parcialmente. El agravante es que en el robo de los activos iraníes, iraquíes y libios, los norteamericanos y europeos involucrados no contaron con colaboración interna de los países afectados. En el caso de Guaidó y los suyos, esa colaboración ha sido activa, pública, notoria y comunicacional.

Por esta vía arrebataron CITGO al país; han congelado cuentas; confiscado reservas y evitan que se hagan pagos esenciales, incluyendo de salud para pacientes (niños incluso) que esperan por operaciones y/o dependen de tratamientos complejos fuera del país. Por este motivo ya han fallecido al menos dos menores de edad.

No conformes, procuran ahora evitar que lleguen al país barcos con comida, lo que complementaría el bloqueo aéreo decretado en días recientes por el Departamento del Transporte de los Estados Unidos. Todo en aras de levantar un cerco medieval (como los ocurridos en las famosas series de televisión de las cuales muchos de los seguidores de estos atropellos son fanáticos), buscando rendir de hambre a la población sitiada para luego entrar a arrebatar, dado lo cual mandan cartas todos los días al Comando Sur.

Pero las más recientes guindas a este pastel las observamos esta semana que acaba de pasar.

En primer lugar, con el pago fraudulento de los bonos de PDVSA, los famosos 2020. Y decimos fraudulento por la razón obvia de que no tienen facultad para hacerlo, por lo que están usurpando funciones y malversando fondos, violando la Constitución y varias leyes. Pero además, el pago de estos bonos pone en evidencia la naturaleza y racionalidad de los intereses en última instancia del guaidonato: estando en la Asamblea Nacional, hicieron grandilocuentes declaraciones sobre la “estafa a la Nación” que representaban los mismos, “fruto de la corrupción propia del régimen chavista que nos ha traído a la situación de quiebra del país actual“.

Pues bien, apenas tenida la oportunidad no perdieron tiempo de cancelarlos. Es decir: en medio de su discurso sobre la emergencia humanitaria, optaron por privilegiar el pago de unos bonos que hasta no hace mucho consideraban fraudulentos y corruptos. Esta acción también pone en evidencia el poder de los tenedores de dichos bonos, los cuales inclusive gozaron de un salvoconducto del tribunal norteamericano que falló contra CITGO el año pasado y ahora gozan de las prisas del guaidonato. “Poderoso caballero es don dinero” dijo una vez un poeta. Y en este caso los caballeros propietarios de estos bonos no deben ser entonces “rojos rojitos” (aunque los haya) pues de lo contrario la jugada no tendría sentido.

La segunda guinda, que hace palidecer a la anterior, es el nombramiento del abogado Lee Buchheit, especialista en litigios y negociaciones de deuda como asesor “ad-honorem” del guaidonato en materia de reestructuración de la deuda externa. Aquí lo mismo: se trata de un nombramiento ilegal en el marco de la usurpación de funciones. Pero lo realmente grave, es que están contratando para defender los intereses de Venezuela a un sujeto que viene de hacer toda la carrera y jubilarse a comienzos de este año, en el bufete que es representante de la mayoría de los tenedores de los bonos de la deuda venezolana.

Es decir, cuando Buchheit se siente a negociar la reestructuración de la deuda en nombre de nuestra República, del otro lado de la mesa estará su jefe en el bufete Cleary, Mark Walker y su colega Richard Cooper, ambos en representación de los clientes que hasta febrero pasado Buchheit mismo defendía como socio de Cleary.

Difícilmente haya un antecedente tan grave de conflicto de interés en materia de negociación de deuda como este que se pretende fraguar. Y miren que estamos hablando de deuda externa, en cuyas negociaciones históricamente se ha visto casi todo. Sin embargo hay un antecedente: la pretensión de Francisco Rodríguez –el venezolano representante de la otra tajada de tenedores en su firma Torino Capital– de erigirse en ministro de economía del gobierno de Henry Falcón para pagarle desde allí a los clientes cuyos intereses representa. Por cierto que éste fue uno de los primero en salir en su defensa ante las denuncias hechas al respecto.

La tercera guinda ha sido la ocupación ilegal realizada contra la empresa estatal venezolana Monómeros, ubicada en Colombia. Se trata de una empresa propiedad de Pdvsa-Pequiven, que posee cerca de la mitad del mercado de fertilizantes en Colombia y exporta a varios países entre ellos el nuestro. Pero más allá de la gravedad del asunto, como denunció el blog de información La Tabla, en el nombramiento de la “Junta Directiva” de ocupación se encuentran personajes con prontuarios de cuidado. Por solo mencionar tres: Jon Mirena Bilbao Barona, nombrado presidente y quien fue despedido de PDVSA en 2003 por su activa participación en el sabotaje petrolero.

Mireya Ripanti, quien además de haber sido despedida por la misma causa, fue acusada en 2018 de un esquema de estafa continuada desde 2002, a través de una fundación formada junto a empleados y exempleados de la estatal petrolera y que le costó a la industria más de 5 mil millones de US$. Y por último, pero no menos grave: Yadid Jalaff Reyes un exfutbolista y abogado penalista devenido en empresario discotequero en la ciudad de Barranquilla. A este abogado, el único caso de litigio que se lo conoce fue como defensor del exluchador y traficante canadiense Steven Douglas Skinner, condenado a cadena perpetua por un homicidio en su país y acusado por otro en Colombia, donde estuvo ligado al traficante y paramilitar “el loco Barrera” (capturado en 2012 en San Cristóbal) por el envío de cocaína liquida a los Estados Unidos.

Si bien se entiende que la impunidad con que vienen actuando se debe en parte a las amenazas de invasión que se ciernen sobre el país, debemos estar claros en que, como se mencionaba en un artículo recientemente publicado acá, en el marco de la disputa por el poder político vienen teniendo lugar una serie de procesos de apropiación y distribución de la riqueza pública por medio de la arbitrariedad, con una enorme carga nociva para el país tanto en lo inmediato como a futuro. Es difícil saber dónde va a parar esto, entre la irresponsabilidad de unos y las omisiones de otros. Pero lo cierto es que lo que estamos viendo raya en un nivel de peligrosidad que no puede seguir siendo tolerado, si es que queremos seguir viviendo en sociedad y no en una arena donde los más malandros –en este caso actuando de traje y corbata– hagan los que les da la gana.
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