Operativo policial en Río de Janeiro: una estrategia electoral, no de seguridad pública

(Xinhua/Claudia Martini)
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Igor Carvalho — Brasil de Fato

La operación finaliza como un triunfo simbólico para el gobernador, una delgada membrana de prestigio frente a una franja de la sociedad.

La imagen de Cláudio Castro (PL), gobernador de Río de Janeiro, sonriente junto a sus aliados tras la operación policial que dejó 121 muertos en los complejos de Penha y Alemão en la capital fluminense, sintetiza una patología habitual en la política brasileña: convertir la violencia en activo electoral. En tiempos de vacío programático y descrédito institucional, la violencia se transforma en una comunicación directa con sectores del electorado.

La operación concluye como un éxito simbólico para el gobernador, otorgándole reconocimiento entre los conservadores de extrema derecha. Este logro no proviene de la eficacia policial, sino del mensaje político: el Estado muestra fuerza. En esta gramática del poder, la ausencia de resultados concretos pierde importancia. La detención de Edgar Alves de Andrade, alias Doca, señalada como líder del Comando Vermelho (CV), no se produjo y continúa prófugo. Las incautaciones de drogas, armas, teléfonos y dinero fueron insignificantes. Sin embargo, el mensaje pesa más que los hechos.

Castro así se inscribe en una tradición de gobernantes que, ante la pérdida de protagonismo político, recurren a la violencia institucional para reafirmar autoridad. Su colega, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), también optó por la Operación Escudo en momentos de conflicto interno y pérdida de relevancia, violentando la vida de los pobladores del litoral paulista. Es la política como espectáculo banalizado.

Excluido de la disputa nacional por la extrema derecha, que favorece a nombres como Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (UB-GO) y Tarcísio, Castro procura mantener su capital electoral en Río de Janeiro, buscando una candidatura al Senado en 2026. Los sondeos lo sitúan detrás de figuras políticamente más consolidadas, como el senador Flávio Bolsonaro (PL) y la diputada Benedita da Silva (PT). El operativo cumple así el papel de devolverle visibilidad y acercarlo al electorado conservador local.

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No obstante, existe un riesgo estructural en este tipo de estrategia. La operación expone la ausencia de políticas públicas integradas de seguridad y el agotamiento del modelo represivo que Río repite desde hace décadas. Persistir en ese camino no genera estabilidad, sólo refuerza el ciclo de violencia: cada incursión profundiza la desconfianza y el abismo entre Estado y periferia, postergando cualquier cambio real.

A falta de un año para las elecciones, Castro llevó a sus fuerzas a las calles de Río en busca de visibilidad y supervivencia política. La operación le devolvió protagonismo nacional, polarizando el debate entre “apoyo irrestricto a la policía” y “defensa de los derechos humanos”. Desde el martes 28, la clase política se vio obligada a posicionarse: apoyar al gobernador o condenarlo. Ese era el verdadero objetivo desde el inicio.

El episodio remite a la reciente propuesta de Flávio Bolsonaro, quien días antes sugirió que Estados Unidos bombardeara la costa brasileña, especialmente Río, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. No solo fue retórica; refleja una cultura política influida por la lógica militarista de Donald Trump.

En este contexto, Castro intenta proyectarse como heredero local de esa estética de la brutalidad, convirtiendo 121 muertos en símbolo de autoridad. Su estrategia es transparente: apelar a los votantes que quieren ver sangre más que soluciones.

El operativo en Alemão y Penha no fue solo una acción policial; fue un acto de campaña. Un movimiento calculado en la lógica de supervivencia política de un gobernador aislado.

En definitiva, esta operación no trata de seguridad pública; se trata de elecciones y nada más. Muchos medios pueden ignorar esta realidad tan clara, pero Brasil de Fato sigue atento y comprometido con la verdad: denunciamos a los responsables y exigimos justicia y reparación.

Traducido por Question Digital

 

Source Brasil de Fato