Operación Cóndor: la conspiración de la guerra fría que aterrorizó a Sudamérica

Nadie podía entender cómo los dos niños, cuyos acentos los marcaban como extranjeros, habían llegado aquí. Era como si hubieran caído del cielo. Anatole era demasiado joven para darle sentido a lo que había sucedido. Cómo explica un niño de cuatro años que se encuentra en Chile que no sabe dónde está, que vive en Argentina, pero que es realmente uruguayo? Todo lo que sabía era que estaba en un lugar extraño, donde la gente hablaba su idioma de una manera diferente.

Al día siguiente, los niños fueron llevados a un orfanato, y de allí fueron enviados a hogares de acogida separados. Después de unos meses, tuvieron un golpe de suerte. Un cirujano dental y su esposa querían adoptar, y cuando el magistrado a cargo de los niños preguntó al cirujano qué hermano quería, dijo ambos. Dijo que teníamos que unirnos, porque éramos hermanos, me dijo Larrabeiti cuando nos conocimos a principios de este año en la capital de Chile, Santiago.

Hoy en día, es un fiscal recortado, elegantemente adaptado de 47 años con ojos de avellana y una cabeza afeitada. He decidido vivir sin odio, dijo. Pero quiero que la gente sepa.

Lo que Larrabeiti quiere que la gente sepa es que su familia fue víctima de una de las redes terroristas internacionales más siniestras del siglo XX. Se llamaba Operación Cóndor, después del buitre de ala ancha que se dispara por encima de los Andes, y se unió a ocho dictaduras militares sudamericanas – Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú y Ecuador – en una sola red que cubría cuatro quintas partes del continente.

Ha llevado décadas exponer plenamente este sistema, que permitió a los gobiernos enviar escuadrones de la muerte al territorio de otros para secuestrar, asesinar y torturar a enemigos reales o sospechosos entre sus comunidades de emigrantes y exiliados. Cóndor efectivamente integró y expandió el terror de Estado desatado a toda América del Sur durante la guerra fría, después de sucesivos golpes militares de derecha, a menudo alentados por Estados Unidos, borraron la democracia en todo el continente. Cóndor fue el elemento más complejo y sofisticado de un amplio fenómeno en el que decenas de miles de personas en toda Sudamérica fueron asesinadas o desaparecieron por gobiernos militares en los años 70 y 80.

La mayoría de las víctimas de Cóndor desaparecieron para siempre. Cientos de personas fueron desechadas secretamente de algunos de ellos arrojados al mar desde aviones o helicópteros después de ser atados, encadenados a bloques de concreto o drogados para que apenas pudieran moverse.

Larrabeiti madre, Victoria, que fue vista por última vez en un centro de tortura argentino en 1976, es una de ellas. Su padre, Mario, que era militante de izquierda, probablemente murió en el tiroteo cuando fueron arrebatados por la policía. Sin embargo, ya han sobrevivido, sin embargo, para contar historias que, cuando se combinan con un creciente volumen de documentos desclasificados, equivalen a un único y espantoso cuento.

En las últimas dos décadas, la historia de Larrabeitis ha sido contada y relatada en media docena de cortes y tribunales de todo el mundo. A falta de un sistema de justicia penal mundial plenamente formado, los autores de Cóndor se están llevando a los tribunales mediante un proceso fragmentario. El problema con las fronteras es que es más fácil cruzarlos para matar a alguien que perseguir un crimen, dice Carlos Castresana, un fiscal que ha perseguido los casos de Cóndor y los dictadores que los hay en España.

Los que buscan justicia han tenido que recurrir a una red judicial de la legislación, los tratados internacionales y las sentencias de los tribunales de derechos humanos. Los individuos que persiguen son ancianos decrépitos y no arrepentidos, pero una tenaz red de sobrevivientes, abogados, investigadores y académicos, más bien como los cazadores nazis de posguerra, ha asumido el reto de asegurar que tal terror internacional no pase desa juzgar.

El proceso es dolorosamente lento. La primera gran investigación criminal centrada en Cóndor con víctimas y acusados de siete países comenzó en Roma hace más de 20 años. Todavía no ha terminado. En una jornada sofocante en julio de 2019, un juez del caso Roma dictó cadena perpetua a un expresidente de Perú, un canciller uruguayo, un jefe de inteligencia militar chileno y otras 21 personas por su papel en una campaña coordinada de exterminio y tortura. Los acusados están apelando, y el veredicto final está previsto que dentro de un año.

Mucho de lo que ahora sabemos sobre Cóndor ha sido desenterrado o agrupado en Roma, Buenos Aires y en docenas de casos judiciales – grandes y pequeños en otros países. Otras pruebas provienen de documentos de inteligencia estadounidenses que tratan con Argentina que fueron desclasificados por orden de Barack Obama. En 2019, EE.UU. completó su entrega de 47.000 páginas a Argentina. Estos documentos muestran lo mucho que los gobiernos de EE.UU. y Europa sabían sobre lo que estaba sucediendo en toda Sudamérica, y lo poco que les importaba.

Cuando tenía siete, Anatole Larrabeiti descubrió su verdadera identidad, gracias a su tenaz abuela paterna, Angélica, que rastreó a los hermanos hacia abajo. Las historias habían aparecido en la prensa chilena cuando desaparecieron en 1976, aunque los titulares afirmaban que eran abandonados por padres terroristas no identificados. En los siguientes años, la noticia del paradero de los niños desaparecidos se extendió de una organización humanitaria a otra, antes de llegar finalmente al grupo brasileño de derechos humanos Clamor, que tenía activistas en Valparaíso, la ciudad de Chile donde vivían Larrabeiti y su hermana.

Después de un tipoff, los activistas fotografiaron en secreto a los niños de camino a la escuela y enviaron fotos a Angélica. De inmediato reconoció a sus nietos. Mi hermana era una réplica de mi madre de niña, explicó Larrabeiti. -Y tengo sus labios.

De acuerdo con sus abuelos biológicos, los niños permanecieron con sus padres adoptados en Chile. Cuando Victoria Eva cumplió nueve años, le hablaron de su verdadera identidad, y los niños comenzaron a hacer visitas familiares a Uruguay. Eran buenos padres, dijo Larrabeiti, de la pareja que los adoptó. Mantenían los vínculos con Uruguay y teníamos apoyo psicológico, que necesitaba cuando me convertí en un adolescente muy enojado.

Los crímenes cometidos por los regímenes militares de América Latina durante la guerra fría siguen atorringiendo al continente. Sólo una combinación perversa de poder y paranoia puede explicar por qué estos regímenes se adjudicaron el derecho no sólo al asesinato y la tortura, sino también a robar a niños como la Larrabeitis. Los hombres que perpetran tales crímenes se veían a sí mismos como guerreros en una guerra mesiánica sin fronteras contra la propagación de la revolución armada por toda América Latina.

Sus fantasías eran exprés, pero no del todo infundadas. En 1965, el revolucionario argentino Ernesto Guevara había despedido de su compañero de armas Fidel Castro, saliendo de Cuba. Prometió iniciar una nueva etapa de la actividad revolucionaria, extendiendo la guerra de guerrillas por toda América Latina. El Che fue asesinado mientras realizaba su misión en Bolivia en 1967, pero EE.UU. vio la revolución en América Latina como una amenaza existencial – recordando cómo las armas nucleares rusas habían llegado a suelo cubano durante la crisis de misiles de 1962.

En un intento por fortalecer las fuerzas anticomunistas, EE.UU. bombeó dinero y armas a las fuerzas armadas en toda la región, aumentando enormemente el poder del ejército dentro de estos estados y eventualmente, como el periodista estadounidense John Dinges ha escrito, terminando en un abrazo íntimo con asesinos en masa que manejan campos de tortura, bastidores y crematorios. En los años 70, mientras los golpes militares de derecha y el terror de Estado arrasaban el continente, se intentó coordinar una respuesta armada a través de una red suelta conocida como la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR).

Formado por grupos de Chile, Uruguay, Argentina y Bolivia en 1973, el JCR tenía planes grandiosos para continuar con el levantamiento continental de Ches, pero carecía de fondos, amigos y poder de fuego. Mientras tanto, los regímenes militares de Sudamérica comenzaron a colaborar más estrechamente, en lo que al principio llegó a acuerdos bilaterales que permitían a los agentes llevar a cabo su trabajo en suelo extranjero.

Aurora Meloni, una uruguaya que se había exiliado en Argentina con su esposo, Daniel Banfi, y dos hijas jóvenes, fue una de las primeras en sospechar que la derecha violenta de Sudamérica estaba tramando una red internacional de terror y entrega. A las 3 am del 13 de septiembre de 1974, Meloni y Banfi se encontraban en su casa en un suburbio de Buenos Aires cuando una media docena de hombres armados irrumpieron por su puerta.

Meloni, de 23 años, reconoció inmediatamente a uno de ellos como el famoso inspector de policía uruguayo Hugo Campos Hermida. De vuelta en Uruguay, Campos Hermida había cuestionado una vez a Meloni y Banfi, entonces estudiantes de literatura e historia, respectivamente, después de haber participado en una manifestación en su regreso a casa en apoyo al movimiento guerrillero iznacido de Tupamaro, al que pertenecía Banfi. “Recordé cómo él [Campos Hermida] me había golpeado, me dijo Meloni. Era muy agresivo.

Meloni no podía entender por qué Campos Hermida trabajaba libremente en un país extranjero. En ese momento, Argentina seguía siendo una democracia, con estado de derecho. (La toma militar llegó más tarde, en marzo de 1976.) Los policías extranjeros no tenían derecho a actuar allí. Después de que su apartamento había sido saqueado en busca de pistas sobre el paradero de otros Tupamaros exiliados, Campos Hermida se llevó a Banfi. Aurora asumió que pronto descubriría a qué comisaría o cárcel había sido llevado, pero hubo silencio.

En septiembre de 1974, este fue un evento extraño. Nunca habíamos oído hablar de gente que desapareciera en Argentina. Estaba seguro de que lo encontraría, me dijo Meloni. Finalmente convocó una conferencia de prensa. ¿Cómo pudo alguien desaparecer así? La respuesta llegó cinco semanas después, cuando la policía descubrió tres cuerpos con cicatrices de tortura a 75 millas de distancia. Los faros de los coches y un grupo de hombres habían sido vistos en un lugar remoto por la noche, y la pila de tierra fresca había quedado atrás. Daniel Banfi fue uno de los tres uruguayos asesinados encontrados en la tumba excavada apresuradamente.

Al mes siguiente, Meloni abandonó Argentina, y finalmente se mudó a Italia, donde, desde que su padre era italiano, tenía doble nacionalidad. Regresó a Uruguay durante tres períodos en los siguientes 25 años, buscando justicia. Pero, al igual que en Chile y Argentina, el precio de poner fin a la dictadura en Uruguay en 1985 fue una amnistía, que dictaba que los representantes estatales no podían ser acusados de crímenes cometidos durante el régimen 12 años en el poder. Parecía que no se podía hacer nada.

No estuve hasta el final del siglo que empezó a aparecer las grietas en el status quo legal. A finales de los 90, un juez español llamado Baltasar Garzón comenzó a probar una ley previamente ignorada que obligaba a España a perseguir a cualquier presunto abusadores de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, si sus propios países se negaban a juzgarlos. Garzón y un grupo de fiscales progresistas abrieron investigaciones por genocidio y terrorismo contra la antigua junta militar de Argentina y el régimen de Pinochet, y una conspiración criminal entre ellos.

Como el acusado no vivía en España, la búsqueda de Garzón era vista como quijotesca. La fiscal española que trajo estos casos, me dijo recientemente en Madrid el fiscal español que trajo estos casos, Carlos Castresana. Sin embargo, el 16 de octubre de 1998, Pinochet fue detenido por la policía en una clínica de Londres después de una operación de hernia menor. Era un visitante frecuente de la ciudad, tomando el té en Fortnum & Mason y aparecía con su vieja amiga y aliada Margaret Thatcher.

En medio de los titulares y la oleada de papeleo enviado a Londres durante los días siguientes, pocas personas notaron que la orden inicial de arresto de Pinochet se basaba en un caso de Cóndor. Nombró una víctima chilena que desapareció en Argentina, Edgardo Enríquez, y declaró que hay evidencia de un plan coordinado, conocido como Operación Cóndor, en el que participaron varios países.

Pinochet estuvo detenido durante 17 meses, mientras que los señores de la ley británica aprobaron dos veces la extradición a España. El secretario del Ministerio del Trabajo, Jack Straw, borró la extradición, en su lugar envió a Pinochet a Chile por motivos de salud. A su regreso, el ex dictador se burló de esa justificación al salir de su silla de ruedas para saludar alegremente a los partidarios. Sin embargo, algo importante había cambiado, ya que fiscales, jueces y activistas se dieron cuenta de que los dictadores de Sudamérica y sus secuaces ya no eran intocables.

En 1999, inspirada en Garzón, Aurora Meloni presentó un caso de asesinato en Italia contra funcionarios de seguridad uruguayos sospechosos de matar a Banfi y otros. Familiares de otras víctimas de Cóndor con ciudadanía italiana se unieron a Meloni, y el caso se amplió para cubrir crímenes de Cóndor en varios países. Desde su casa en Milán, Meloni, ahora de 69 años, ha mantenido el caso con vida desde entonces. Me ha llevado mucho tiempo, me lo dijo. Después de la sentencia del año pasado en Roma, los demandantes estaban encantados, pero Meloni señala que hasta que no sepamos el resultado de las apelaciones, la historia no ha terminado.

Cuando Daniel Banfi fue asesinado a finales de 1974, Cóndor aún no existía formalmente. Su muerte puede ser vista como un precursor, o una carrera de prueba. Hermida Campos era uno de un púcmo de funcionarios de seguridad uruguayos que estaban probando en secreto formas de cazar exiliados con sus homólogos argentinos.

Otro de los que prepara el programa de entregas con Argentina, que más tarde sería absorbido por Cóndor, fue el teniente de la marina uruguaya Jorge Tróccoli. Ahora un gris, jowly de 73 años, Tróccoli fue el único acusado presente en el juicio de Roma. Se había mudado a Italia y fue arrestado en Salerno, cerca de Nápoles, en 2007. En los años 90, Tróccoli escribió dos novelas semiautobiográficas sobre cómo los militares uruguayos habían abrazado la tortura, el asesinato y la represión.

En La Hora del Depredador, un torturador que parece actuar como representante del autor (aunque Tróccoli insiste en que esto es ficción) declara: “Cuando esto acabó, tendremos que hacer las paces”. Y eso no sucederá si usamos métodos como este… Más, empezarás a sentirte mal por ello a medida que pasen los años. Sin embargo, en la corte, Tróccoli no mostró remordimiento, alegando inocencia. Se sentó a mi lado un día, me dijo Meloni. Estaba enfadado, no avergonzado.

La mayor parte de lo que sabemos de la Operación Cóndor surgió años después de que terminara. En varios países existían oficinas oficiales de coordinación, y la red generaba considerable papeleo, ya que los documentos y cables cifrados se enviaban a través de una red de comunicaciones dedicada llamada Condortel. Pero en ese momento las víctimas no entendían la escala de la conspiración internacional.

Durante más de una década, el conocimiento público de la Operación Cóndor se limitó en gran medida a una oscura nota del FBI citada en un libro, publicado en 1980, por John Dinges y su colega Saul Landau. Estaban investigando los asesinatos de un ex embajador chileno y su asistente estadounidense, que fueron asesinados en Washington DC en 1976 por agentes de Pinochet.

En un cable enviado poco después de los asesinatos, un oficial del FBI escribió: “Operación Cóndor es el nombre en clave para la recopilación, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia concernientes a izpositivas, comunistas y marxistas que se estableció recientemente entre los servicios de cooperación en Sudamérica. La nota llegó a mencionar una fase más secreta de Cóndor, que implica la formación de equipos especiales de los países miembros que viajarán a cualquier parte del mundo para llevar a cabo sanciones, [incluyendo] asesinatos.

Más allá de eso, se sabía relativamente poco. Fue en Paraguay, donde tuvo lugar el primer gran avance. En 1992, un joven magistrado, José Agustín Fernández, recibió un tipoff sobre el paradero del archivo policial secreto del ex hombre fuerte del país, el ex hombre fuerte del país, el general Alfredo Stroessner, que agarró el poder en 1954 y permaneció hasta 1989.

Al amanecer, tres días antes de Navidad, Fernández hizo una visita sorpresa a una comisaría a las afueras de la capital, Asunción. Con una caravana de cámaras de televisión como compañía, pero armada sólo con una orden firmada en su propia mano, el magistrado obligó a la policía de Paraguay una vez intolerable a entregar los documentos. Los periodistas tuvieron que prestarnos un camión para llevarlo todo de vuelta a la corte, me dijo Fernández. Quizás lo más impactante fueron las fotografías. Entre ellos había personas desaparecidas por Cóndor.

Fernández se conoció como el Archivo del Terror. Aquí, enterrado entre medio millón de hojas de papel que detallan tres décadas de represión interna bajo Stroessner, fue la historia de cómo se creó la Operación Cóndor, y por quién. No era lo que Fernández había buscado originalmente, y estaba conmotornado. Habíamos oído las historias al respecto, pero aquí estaba escrita, me dijo.

Los documentos establecieron que Cóndor fue creado formalmente en noviembre de 1975, cuando el jefe espía de Pinochetes, Manuel Contreras, invitó a 50 oficiales de inteligencia de Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil a la Academia de Guerra del Ejército en La Alameda, avenida de Santiago. Pinochet les dio la bienvenida en persona. Subversion ha desarrollado una estructura de liderazgo que es intercontinental, continental, regional y subregional, les dijo Contreras, refiriéndose a la resistencia organizada de los opositores a los regímenes militares del continente. Propuso una sofisticada red enlazada por el microfilm,  computadoras, criptografía para rastrear y eliminar enemigos.

El club, con los primeros cinco países como miembros, nació el 28 de noviembre. Brasil se unió al año siguiente, mientras que Perú y Ecuador se unieron en 1978. En su apogeo, Cóndor cubrió el 10% de la masa de tierra poblada del mundo, y formó lo que Francesca Lessa de la Universidad de Oxford llama “una zona sin fronteras de terror e impunidad”.

Los documentos del Archivo del Terror estaban revelando, pero en gran medida eran registros burocráticos y secos. Detrás de ellos se hizo realidad el secuestro, la tortura, la violación y el asesinato de al menos 763 personas, según una base de datos que Lessa está construyendo. Sin embargo, fue sólo después de que el archivo fue encontrado y especialmente después de que Cóndor fue nombrado en el caso de Garzón-Pinochet – que las historias desconectadas de las víctimas comenzaron a meterse en una historia más grande.

Laura Elgueta vive en una pequeña casa en La Reina, un tranquilo suburbio de Santiago donde florecen árboles de jacaranda púrpura. Ella es una de las sobrevivientes de Cóndor. Su amiga Odette Magnet, cuya hermana de 27 años, María Cecilia, desapareció en Argentina en 1976, vive a cinco minutos a pie. Cuando estaba buscando un lugar al que mudarme, quería vivir cerca de ella, Magnet explicó mientras hacíamos el paseo a Elguetas a casa. Juntos, las dos mujeres han cargado durante mucho tiempo con la carga de explicar a los chilenos a las conferencias de derechos humanos y en los medios de comunicación.

Aunque los operativos de Cóndor cazaron objetivos en todos los estados miembros, su trabajo se centró en Argentina en particular, que era un refugio para los exiliados que escapaban de dictaduras militares en todo el continente antes de que, también, caía bajo control militar. Escuadrones de cóndores enviados a Argentina desde Uruguay y Chile utilizaron una serie de cárceles improvisadas y centros de tortura proporcionados por sus anfitriones. El primero fue el garaje abandonado de reparación de autos, Automotores Orletti, donde fue retenido Anatole Larrabeiti y su madre Victoria fue vista con vida por última vez. Larrabeiti todavía recuerda haber visto un frasco de metal brillante en el garaje, en el que se guardaban anillos de boda de víctimas.

Más tarde, las víctimas de Cóndor fueron llevadas al Club Atlético, con el nombre en clave del sótano de un almacén policial en Buenos Aires. Aquí es donde una Laura Elgueta, de 18 años, llegó en julio de 1977 con su cuñada, Sonia, después de que chilenos armados y argentinos los arrebataran de su casa cercana. En ese momento, la familia chilena de Elgueta, parte de la cual estaba ahora exiliada en Argentina, todavía estaba buscando a su hermano activista, Kiko, que había desaparecido en Buenos Aires el julio anterior. Sabíamos que había sido secuestrado, pero eso fue todo, me lo dijo Elgueta.

En el coche comenzó el abuso sexual, físico y verbal. Continuó en el Club Atlético, donde las mujeres fueron despojadas, esposadas, encapuchadas y dadas sus números, K52 y K53. Cualquiera que pasara te insultaría, o te golpearía, o te tiraría al suelo. Podían oír a otros prisioneros caminando encadenados. Los torturadores chilenos no intentaron disimparar su nacionalidad, y el interrogatorio de Elgueta y Sonia se centró únicamente en la comunidad de exilio de Chile en Argentina.

Las mujeres fueron llevadas a la sala de tortura por turnos. Siguieron golpes, más abusos sexuales y descargas eléctricas. Dijeron: Ahora la fiesta realmente puede empezar. A pesar de todo lo que sabemos y hemos leído, no se puede imaginar de lo que los seres humanos son capaces. Era una casa de horrores, me dijo Elgueta. Cuando mi cuñada salió de una sesión, le habían dado descargas eléctricas tan fuertes que todavía temblaba.

Después de ocho horas, Elgueta y su cuñada fueron liberados. Sus torturadores se habían dado cuenta de que las dos mujeres no sabían nada de opositores políticos o armados de Pinochet. Mientras me fui, el único [torturer] que había decidido que yo era su novia estaba allí gritando: No la lleves. Quiero estar con mi chica. Elgueta aún estaba con los ojos vendados cuando la llevaron y la arrojaron en una esquina de la calle cerca de su casa.

Aunque Elgueta y Magnet habían hecho campaña para que la Operación Cóndor fuera investigada en Chile durante años, dicen que los medios de comunicación y políticos allí sólo se interesaron después de que Pinochet fuera arrestado en Londres. Los concursarios no querían reconocer que habían permitido que unidades armadas de otros países operaran en su territorio, me dijo Elgueta. La ignorancia sobre Cóndor aquí fue increíble.

La conciencia de Cóndor está ahora más extendida, y muchas muertes finalmente están siendo investigadas por los tribunales, pero eso no significa que todos los chilenos piennse que haya sido una mala idea. De hecho, al igual que en Argentina, Uruguay y Brasil, una pequeña pero significativa parte de la sociedad chilena defiende la dictadura y sus ejecutores.

Una tarde de marzo en Santiago, caminé hasta La Alameda, la amplia avenida principal, que se llama oficialmente Avenida Libertador Bernardo O-Higgins, donde se libraban batallas diarias entre manifestantes que lanzaban piedras y policías armados con gases lacrimógenos. Las protestas que exigían reformas al estado neoliberal y la constitución impuestas por Pinochet habían realizado desde octubre de 2019, reflejando la ira generalizada por las resacas de esa época, incluyendo acusaciones de abuso policial bajo el gobierno conservador del multimillonario presidente Sebastián Piñera, el quinto hombre más rico del país, cuyo hermano sirvió como ministro bajo Pinochet.

Las presuntas víctimas, muchas de las cuales eran manifestantes, hablan de tortura, violaciones, asesinatos e intentos de asesinato. Nunca pensamos que tendríamos que volver a Chile bajo estas circunstancias, declaró José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, cuando presentó un informe que contaba con heridas a más de 11.000 personas en protestas hasta noviembre de 2019. Pensamos que esto era historia.

En la avenida, un bote vacío de gas lacrimógeno tirado entre piedras recién arrancadas llevaban, por coincidencia, el nombre de “Condor” – una empresa que ha suministrado durante mucho tiempo al ejército y la policía chilenos. Los manifestantes afirmaron que estos estaban siendo baleados directamente en las caras de la gente, ayudando a dar cuenta de más de 400 heridas oculares.

Piñera condenó en un primer momento a los manifestantes por ser la guerra contra todos los chilenos buenos, pero desde entonces ha ordenado investigaciones y reemplazado a su ministro del Interior Andrés Chadwick (ex partidario y primo de Pinochet de Piñera), quien luego fue castigado por el parlamento con la prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años. Un referéndum sobre el cambio constitucional, que había sido aplazado a causa de la Covid-19, está previsto ahora para el 25 de octubre.

En las afueras de la ciudad, Magnet me llevó a Villa Grimaldi, un centro de detención en un antiguo complejo de restaurantes donde las víctimas estuvieron a veces encerradas durante días dentro de pequeñas cajas de madera. Ahora es un museo que incluye dibujos de la doctora inglesa Sheila Cassidy, que fue torturada allí tras tratar a un líder herido de la oposición armada a Pinochet. Cassidy contó más tarde cómo las reclusas fueron entregadas de descargas eléctricas a la vagina y violadas, incluso por perros. Exhibición en Villa Grimaldi es una de las vigas de hormigón a las que se ataba a las víctimas antes de que fueran llevadas al mar desde helicópteros.

Magnet y yo buscamos el nombre de su hermana María Cecilias entre las 188 pequeñas placas de cerámica establecidas al lado de los arbustos de rosas para conmemorar a cada una de las mujeres víctimas de Pinochet. Magnets hermana había sido parte activa de la oposición exiliada. A veces desearía que no hubiera sido tan valiente, y hubiera huido de Argentina antes de que esto sucediera, como otros, dijo Magnet. Finalmente encontramos la placa de María Cecilias, junto a un arbusto de rosas amarillas pálidas.

A pesar de que muchos de los hombres que llevaron a cabo la Operación Cóndor eran exalumnos de la Escuela de las Américas del ejército de los Estados Unidos, un campo de entrenamiento en Panamá para militares de regímenes aliados de todo el continente, esta no fue una operación dirigida por Estados Unidos. Las recientes revelaciones, sin embargo, muestran lo mucho que los servicios de inteligencia occidentales sabían de Condor.

Poco antes de viajar a Chile en marzo, surgieron noticias sorprendentes sobre una empresa suiza que, durante décadas, había suministrado máquinas criptográficas a agencias militares, policiales y de espionaje de todo el mundo. La compañía, reveló el Washington Post, había sido propiedad secreta de la CIA y el servicio de inteligencia BND de Alemania Occidental.

Cualquier mensaje enviado a través de sus máquinas criptográficas podría, sin que se desconocieran a los usuarios, ser leídos por EE.UU. y Alemania Occidental. Entre los clientes de la empresa se encontraban los regímenes de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Como dijo el Washington Post, la CIA, en efecto, estaba suministrando equipo de comunicaciones amañada a algunos de los regímenes más brutales de Sudamérica y, como resultado, en [una] posición única para conocer el alcance de sus atrocidades.

La nueva información sobre las máquinas de criptografía amañada sigue a las revelaciones, de un documento desclasificado entregado a Argentina por EE.UU. el año pasado, de que los servicios de inteligencia de Alemania Occidental, británicas y francesas incluso exploraron la posibilidad de copiar al menos parte del método Cóndor en Europa. Un cable de la fuertemente redactado a partir de septiembre de 1977 se dirige: Visita de representantes de los servicios de inteligencia de Alemania Occidental, Francia y Británica a Argentina para discutir métodos para el establecimiento de una organización antisubversiva similar a Cóndor.

La visita coincidió con campañas terroristas transfronterizas de la banda alemana Baader-Meinhof, las Brigadas Rojas de Italia y el Ejército Republicano Irlandés. Según el cable, los visitantes explicaron que la amenaza terrorista/subversiva había alcanzado niveles tan peligrosos en Europa que creían mejor si agrupaban sus recursos de inteligencia en una organización cooperativa como Cóndor.

No hay pruebas de que este plan haya ido más lejos, pero sabemos que, para ese momento, los países cóndores estaban planeando una campaña de asesinatos a nivel europeo. Chile ya había llevado a cabo ataques de forma independiente en Europa, incluido un intento de asesinato en Roma, en octubre de 1975, contra el político chileno exiliado Bernardo Leighton. Ahora los equipos de Cóndor iban a matar a personas de cualquier nacionalidad que vivían en Europa, aunque los terroristas también eran candidatos, según revela un informe de la CIA de mayo de 1977. En el informe se afirma que los líderes de Amnistía Internation[al] fueron mencionados como objetivos.

Afortunadamente para los que estaban en la lista de éxitos, el nacionalismo de los generales en diferentes países latinoamericanos, que habían pasado gran parte de sus carreras preparándose para luchar entre sí -en lugar de los subversivos en casa- llegó a su punto joido en 1978, cuando Chile y Argentina cayeron sobre sus fronteras marítimas en el Canal de Beagle. La disputa hizo imposible la cooperación militar entre ellos, y finalmente provocó el colapso de la red Cóndor en general, haciendo pagar la campaña en Europa. A pocos años después, Chile ayudaría en secreto a Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas, que, a su vez, conduciría a la caída de la junta militar argentina en 1983.

Las dictaduras cayeron, una por una, durante los años 80. Tras estos disturbios, los intentos de perseguir a los violadores de los derechos humanos en los países de Cóndor eran inexistentes, o fácilmente estancados, en medio del temor generalizado de que los militares se rebelaran y volvieran a imponer la dictadura. Los exlíderes de la junta argentina fueron juzgados y declarados culpables de violaciones de los derechos humanos en 1985, pero pronto indultó a los ex líderes de la junta argentinas. En Uruguay, se aprobó una amnistía en 1986, horas antes de que los oficiales de Cóndor y otros debían comparecer ante los tribunales por primera vez. Parecía que algunos de los crímenes más atroces del siglo XX estaban destinados a quedar impunes.

Eso comenzó a cambiar con el arresto de Pinochet en Londres. Fue Garzón quien despertó al mundo hasta esto, me dijo Laura Elgueta. Como destacó el arresto de Pinochet, las leyes de amnistía no proporcionaron protección universal, y Cóndor era un punto débil. En retrospectiva, aquellos que esperaban la impunidad de por vida por su participación en Cóndor cometieron tres errores clave. En primer lugar, robaron niños, un crimen que ni siquiera las amnistías cucubrían. En segundo lugar, asumieron erróneamente que las amnistías cubrirían crímenes cometidos en suelo extranjero.

Por último, escondieron sus asesinatos haciendo desaparecer a las víctimas, convirtiendo esos crímenes en secuestros continuos y sin resolver, que, a diferencia de un asesinato donde se encuentra un cuerpo, no pueden estar cubiertos por un estatuto de prescripción o una amnistía para eventos pasados. Estos errores permitieron a un grupo audaz de fiscales y jueces eludir las leyes de amnistía en un pila de casos cuidadosamente seleccionados. Estos, a su vez, revelaron verdades tan espantosas que algunos gobiernos se sintieron avergonzados en anular las leyes de amnistía.

En Argentina, el juicio de uno de los secuestradores chilenos de Elguetas, por un asesinato separado en 1974, produjo una sentencia judicial de 2001 que no se aplicaba a los crímenes de lesa humanidad, que incluyen tortura, asesinato y secuestro. Como estos fueron crímenes cometidos rutinariamente por un régimen militar que había desaparecido a más de 20.000 de sus ciudadanos durante la llamada guerra sucia, este fallo socavó las leyes de amnistía argentinas, y fueron anulados en 2003. La ley de amnistía de Uruguay, por su parte, fue anulada en 2011 a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, después de que investigara el caso de un bebé secuestrado que había sido retenido junto a Anatole Larrabeiti y su hermana en el cuartel general de inteligencia militar de Montevideo.

La ley de amnistía chilena sigue en pie, pero, en 2002, una serie de decisiones judiciales la han dejado casi sin dientes, declarando que no podía aplicarse a operaciones en el extranjero, desapariciones forzadas o casos con niños víctimas. De los principales países condores, sólo Brasil conserva intacta su ley de amnistía, y sigue siendo el país donde menos se ha avanzado en la persecución de crímenes cometidos por su dictadura militar.

Para 2011, con la mayoría de las amnistías canceladas o consideradas en gran medida inaplicables, los casos de cóndomo podrían ser finalmente investigados más libremente y la información comenzó a fluir entre los investigadores en varios países. Dos casos de larga duración -el instigado por Aurora Meloni en Italia, junto con otro en Argentina- han llegado a sentencia en los últimos cinco años. En 2016, el juicio en Argentina, que se centró en 109 víctimas de Cóndor de seis países, terminó con 15 penas de prisión, incluyendo para el expresidente de la Junta Reynaldo Bignone, que entonces tenía 87 años. Otros siete acusados murieron durante el juicio de tres años. La sentencia fue la primera en reconocer una conspiración transnacional e ilegal… dedicada a perseguir, secuestrar, repatriar por la fuerza, torturar y asesinar a activistas políticos. Añadió que Argentina se había convertido en un coto de caza.

El caso Roma extendió la investigación a sospechosos de Perú, Bolivia y Chile. Como en Argentina, requería una colaboración sin precedentes, si lenta y a veces fracasaba, pero la conclusión era la misma: Cóndor era una red internacional ilegal de terror de Estado. Ambas sentencias no sólo daban justicia sino que, en su detallada investigación y descripción de lo sucedido, también hablaban de la historia.

Gracias también a decenas de casos más pequeños en ocho países, muchas víctimas de Cóndor han tenido su día en los tribunales. Francesca Lessa ha contabilizado un total de 469 víctimas de Cóndor durante su fase más coordinada, entre 1976 y 1978, y otras 296 en los años de más operaciones bilaterales inmediatamente antes y después del período principal de Cóndor. Incluyen 23 casos que involucran a niños, y al menos 370 asesinatos. Casi el 60% de esos casos han pasado por los tribunales, o están en proceso de hacerlo, con 94 personas condenadas a penas de cárcel (aunque a menudo a los hombres que pueden ser extraditadas de sus países de origen para servirlos).

Según las normas de las investigaciones de derechos humanos, en las que el progreso suele ser lento y detenerse, eso es un buen trabajo. Sin embargo, dada la enormidad de los crímenes, es difícil sentir que se ha hecho justicia verdaderamente. Sólo unas pocas docenas de personas, en su mayoría hombres de edad avanzada que ya están en la cárcel, han sido declarados culpables. Muchos otros, como Campos Hermida, murieron sin tener que justificar sus acciones. Nadie ha roí perdón ni ha revelado dónde están enterrados los cuerpos. Nadie aquí ha confesado, dijo la fiscal uruguaya Mirtha Guianze, cuyo país tiene más víctimas, pero sólo un púplica de condenas.

El miedo a la violencia extremista de derecha sigue acechando a Sudamérica, especialmente entre los sobrevivientes.  La idea de que una red similar a Cóndor podría algún día reaparecer no es fantasiosa. El mejor escudo contra eso es asegurar que los autores del terrorismo de Estado vayan a la cárcel, incluso si eso lleva décadas. Sería presuntuoso afirmar que la tiranía se detendrá por esto, me dijo Pablo Ouviña, el fiscal que dirigió el juicio de Buenos Aires. Lo que podemos mostrar, sin embargo, es que si reaparece, probablemente será juzgado en la corte más adelante. Ese es el regalo que las víctimas de la Operación Cóndor pueden dejar para las generaciones futuras.

Anatole Larrabeiti se acerca al final de su maratón judicial personal. Ha sido continuo durante casi toda mi vida adulta, dijo. El y su hermana llevaron su caso por primera vez a un tribunal civil en Argentina en 1996, como una forma de determinar la verdad de lo que les había sucedido y recibir una indemnización. Después de dos décadas de intentos infructuosos de encontrar reparación, y constantes rechazados de los tribunales argentinos, en 2019 su caso fue tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede pedir a los estados que paguen indemnizaciones y cambien las leyes.

Estoy bastante seguro de que vamos a ganar, dijo Larrabeiti. La decisión de la corte podría obligar a Argentina a cambiar la forma en que maneja casos como este, y sentar precedente para otros países. También puede significar que Larrabeiti y su hermana finalmente reciban una compensación. Pero eso no es lo que más le importa. Hasta ahora, la tarea de encontrar pruebas ha estado con demasiada frecuencia sobre nosotros. Queremos que eso cambie, dijo.

Al terminar de hablar, Larrabeiti admitió que había sentido que su voz se agrietaba mientras ahondaba en sus recuerdos, pensando en sus padres o en los otros niños robados. -Nos diste cuenta? Estaba en mi garganta, dijo. Mi hermana era muy joven, y a diferencia de mí no tiene recuerdos concretos de nuestros padres, pero eso no significa que no haya cicatrices emocionales. La justicia en los tribunales es importante para evitar que se repita el pasado, cree, pero también lo es la memoria. Podemos contribuir a eso, dijo.

El propio Anatole ha elegido vivir sin amargarse, tragando la rabia que una vez sintió, incluso hacia sus padres biológicos y los peligros a los que dejaron la familia. – Estaba furioso. Por qué tenían hijos? Entonces me di cuenta de que era un acto de fe, me dijo. Como es un acto de fe hablar de ello ahora, aunque la gente pueda pensar que es imposible que algo como esto pueda haber sucedido.

*Giles Tremlett es corresponsal de The Guardian en España. Es autor de Ghosts of Spain,