Oficialismo argentino: el discurso de la vicepresidenta separa aguas

Juan Guahán

La semana que pasó trajo dos noticias que conviene entrelazar, junto a un intento de síntesis, para entender el momento particular que estamos transitando. Una de ellas está vinculada a las confusiones reinantes en materia política, con la crisis del oficialismo y el planteo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a las perspectivas que plantea con vistas al futuro, que separa las aguas al interior de la coalición gobernante.

La otra cuestión está relacionada con el resultado electoral de Colombia y las diferentes interpretaciones que abren esos resultados. Los mismos datos dan pie a pensar que estamos ante un avance de la izquierda o de una derrota de los oficialismos, más allá del color de la bandería de cada uno de ellos.

Es posible que ambos temas encuentren una forma de explicación si somos capaces de comprender la profundidad de la crisis y las debilidades de los actuales sistemas políticos para responder a las demandas que emergen.

Si bien es cierto que la situación en la oposición no es mejor que la del oficialismo, la presentación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Avellaneda -con motivo del Día de la Bandera- puso en blanco sobre negro la gravedad de las tensiones con las que convive el oficialismo.

Hay algunos, hechos o situaciones previas a esa presentación, que le ponen contexto a lo ocurrido el lunes pasado. Lo primero y fundamental es que nadie puede negar que Cristina ocupa el podio más alto en la medición de influencias dentro del mundo peronista.

Del mismo modo es imposible imaginar que su situación procesal no la preocupa, con juicios –por 51 obras púbicas viales en las que resultó beneficiado Lázaro Báez- que tendrán una amplia difusión en los próximos meses. El alto voltaje periodístico de este juicio y el riesgo político -por ahora no físico- de una condena, suponen un acorralamiento que a ningún humano le puede causar gracia.

Tampoco es desdeñable el hecho que el enfrentamiento político actual es con una persona a la que ella, sin consultas, ni consensos, ungió para el cargo presidencial, reservando para sí el cargo de Vicepresidenta. Ésto la benefició en el momento del voto, dado el alto índice de rechazo que su candidatura presidencial podría acarrear en una disputa en segunda vuelta. Pero no alcanzó a vislumbrar todas las consecuencias, dado que ello no era funcional a sus ideas sobre el rumbo de la gestión.

Resulta evidente que su discurso está en línea con lo que se suele identificar como progresismo, corriente política con proyectos que están triunfando electoralmente en otros países de la región, tal como acaba de ocurrir en Colombia y meses antes había acontecido en Chile y Perú.

Todos estos antecedentes la están convenciendo que no le quedan muchas alternativas y que lo más probable es que deba asumir la responsabilidad de dar una nueva pelea pero esta vez por la presidencia. Ante esa perspectiva, con las elecciones como objetivo, debe mostrar una posición que la distinga claramente del elenco gobernante presidido por Alberto Fernández.

Es muy difícil un triunfo electoral con la situación económico-social que está dejando este gobierno. Claro está que, esa necesidad de diferenciación, no es nada fácil hacerlo mientras figuras prominentes de su espacio ocupan vitales cargos ministeriales (Ministerio del Interior) o de entidades previsionales estatales (ANSES, PAMI) que no parecen dispuestos a dejar.

Para muchos, el mantenimiento del poder estatal, junto al peso de esas “cajas” y la continuidad de las relaciones políticas con las provincias y con los millones de personas que reciben beneficios de esas áreas, son las claves para explicar la continuidad de esas contradicciones.

Para el cristinismo, a medida que se van acercando los plazos electorales estas dudas se irán aclarando, sin descartarse la posibilidad de una –relativamente cercana- crisis de gobierno que debilite aún más la figura de Alberto hasta dejarlo como un simple símbolo institucional, pero sin poder para tomar decisiones y que permita llegar al 2023 bajo otras concepciones más cercanas al pensamiento de la actual Vicepresidenta.

Una ruptura total entre ambas posiciones, si bien no parece la alternativa más viable, tampoco puede ser totalmente descartada. Esta situación genera –para el cristinismo- un problema específico con las organizaciones sociales oficialistas agrupadas en la UTEP/CTEP que son aliadas del gobierno y han reaccionado críticamente respecto a lo expresado por Cristina.

Este sector viene actuando como un auténtico amortiguador social contribuyendo a evitar estallidos sociales. Pero ese problema, que afecta al territorio del Gran Buenos Aires y las periferias de varias capitales de provincias es –también- un guiño a los gobernadores molestos con la gestión de Alberto.

Por ello no llama la atención que 17 gobernadores y gobernadoras (14 peronistas y tres aliados) hayan constituido una “Liga” destinada a moverse en grupo frente a la situación existente. Eso fue ratificado el viernes en  tierras chaqueñas, con el beneplácito de su gobernador Jorge Capitanich.

En sus acuerdos se destacan tres líneas de acción donde chocan con el gobierno nacional: El manejo de los recursos destinados a las políticas sociales (ya señalado por Cristina); los efectos de la falta de gasoil y el incontenible avance de la inflación como manifestación de una política económica insostenible.

Esta acción de los gobernadores los acerca a Cristina, donde la figura del gobernador chaqueño parece ser un punto de confluencia, aunque todavía distante de un acuerdo electoral que Cristina imagina próximo al progresismo, que nuevamente avanza en la región.

*Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)