NYT: El frágil futuro democrático de Israel

 Gershom Gorenberg

En tiempos normales, miles de personas se habrían echado a la calle para celebrar la decisión del Tribunal Supremo israelí de anular una pieza central del plan del gobierno de Netanyahu para paralizar la democracia. La supuesta reforma había desencadenado inmensas y constantes protestas durante meses. Lamentablemente, desde el horrible ataque de Hamás del 7 de octubre y la consiguiente guerra en Gaza, la celebración habría resultado grotesca. Pero el conflicto que todo lo consume no debe ocultar el hecho de que la lucha por la democracia en Israel continúa.

En una única sentencia dictada el 1 de enero, el Tribunal se pronunció sobre dos cuestiones. La primera se refería a un principio general: el Tribunal afirmó que podía anular incluso medidas constitucionales si violaban principios democráticos fundamentales. Una abrumadora mayoría de 13 de los 15 jueces estuvieron de acuerdo en este punto, estableciendo, como resultado, una protección contra el gobierno que explota las leyes básicas para dañar la democracia.

La segunda cuestión fue más estrecha, al igual que la mayoría: Por 8 a 7, los jueces dictaminaron que la controvertida ley aprobada el verano pasado, que paralizaba la revisión judicial de las acciones del gobierno, es contraria a la democracia, y la anularon.

Es una buena noticia y un recordatorio de que Israel no es sólo un país de sus actuales líderes extremistas. La toma de poder por parte del gobierno provocó una amplia y pacífica resistencia pública y ahora ha sido bloqueada por un tribunal valiente.

Pero el conflicto interno sobre el futuro de la democracia no ha terminado. Como mucho, se ha pospuesto hasta que termine la guerra.

De hecho, la sentencia del tribunal es a la vez trascendental y frágil. El ministro de Justicia, Yariv Levin, del partido Likud de Benjamín Netanyahu, considerado el arquitecto de los planes del gobierno para un régimen más autocrático, sigue empeñado en cambiar la forma de nombrar a los jueces para garantizar un tribunal sumiso. Dos de los ocho jueces de la mayoría ya han alcanzado la edad de jubilación obligatoria de 70 años. La cuestión de quién los sustituirá podría determinar si la histórica decisión guía al tribunal o si finalmente es revocada.

Según la legislación vigente, los jueces son nombrados por un panel que incluye a magistrados del Tribunal Supremo, abogados, ministros del gabinete y miembros de la Knesset. El sistema requiere un acuerdo entre los juristas y los políticos. Pero en los últimos años, los ministros de Justicia de derechas han intentado aumentar la proporción de nombramientos conservadores.

Los cambios introducidos en la judicatura en enero de 2023 tenían varios componentes. Uno era cambiar la forma de seleccionar a los juristas. Esta parte, aprobada en comisión el pasado marzo, daría a la coalición gobernante una mayoría en el panel. Ante las protestas masivas, el gobierno renunció a someter el proyecto a votación. Desde que empezó la guerra, todo el paquete ha estado en suspenso.

Mientras tanto, el Sr. Levin ha estado “retrasando los nombramientos”, me dijo el mes pasado la miembro de la Knesset Karine Elharrar, miembro del partido centrista Yesh Atid y única representante de la oposición en el panel actual. “No hay un debate significativo” sobre los candidatos, afirmó.

Es una clara señal de que el gobierno no ha renunciado a su plan y sólo espera que termine la guerra.

Incluso si el gobierno cae, el peligro es que el foco político se ha desplazado. Ahora que la atención pública se centra en la responsabilidad de Netanyahu de que Israel fuera cogido por sorpresa en octubre y en su gestión de la guerra, ese debate podría desviar fácilmente la atención de la amenaza al sistema judicial. Si se celebran elecciones, el próximo gobierno bien podría incluir a rivales de derechas de Netanyahu, que estaban fuera del poder el 7 de octubre, pero que podrían reanudar discretamente el esfuerzo por nombrar a jueces manejables.

En última instancia, el objetivo de gran parte de la derecha política es reducir o eliminar las limitaciones al poder del Parlamento y del poder ejecutivo. Un resultado potencial sería una autocracia de la mayoría elegida más recientemente.

Frente a ello, la presidenta del Tribunal Supremo saliente, Esther Hayut, afirmó rotundamente en su dictamen que la tradición constitucional de Israel “nos informa con voz clara” de que su identidad es “como Estado judío y democrático”. La democracia, escribió, requiere elecciones libres, el reconocimiento de los derechos humanos básicos y el Estado de derecho, así como la separación de poderes y un poder judicial independiente. La supervisión judicial del Parlamento es necesaria, sentenció. Dada la facilidad con que el Parlamento puede aprobar leyes básicas -medidas designadas como parte de la incompleta Constitución de Israel- que podrían subvertir la identidad democrática del Estado, es necesaria la supervisión judicial, concluyó Hayut.

El Tribunal Supremo tiene potestad para decidir cuando la Knesset promulga una ley básica que excede la autoridad parlamentaria de forma “extrema e inusual”.Una abrumadora mayoría del tribunal coincidió con esa postura. Potencialmente, se trata de un punto de inflexión, una victoria para la democracia en su forma liberal.

Por supuesto, fuera de los tribunales, Israel no está a la altura de la democracia liberal, sobre todo en su continuo dominio sobre los palestinos privados de sus derechos en Cisjordania. Para poner fin a la ocupación se necesita un cambio político tectónico, no una decisión judicial. Pero una condición previa para ese cambio es una democracia abierta dentro del propio Israel.

“Israel es una democracia frágil”, dijo Elharrar. “El motivo del enfrentamiento entre el poder judicial y el legislativo y, especialmente, el ejecutivo”, afirmó, es que el gobierno “quiere el poder absoluto”. No renunciará a su “revolución judicial”, dijo, “a menos que la gente salga a manifestarse”.

La decisión del tribunal es un recordatorio crucial: En el conflicto interno de Israel, la guerra es, como mucho, una moratoria. La lucha por preservar la democracia dista mucho de haber terminado

*Periodista e historiador israelí. Su libro más reciente es “War of Shadows: Codebreakers, Spies, and the Secret Struggle to Drive the Nazis From the Middle East”.