Nocturno chileno
Marco Consolo
En Chile, menos de un mes después de su toma de posesión en el Palacio de La Moneda, el gobierno del neopinochetista José Antonio Kast ya navega por aguas turbulentas. La luna de miel ha sido muy breve. Mientras escribo, la aprobación del gobierno ha pasado del 47,5 % al inicio de su mandato al 34,7 % actual, con una caída de 12,8 puntos. Paralelamente, la desaprobación ha subido del 26,3 % al 48,7 % (+22,4 puntos), lo que refleja un escenario de alta volatilidad en la opinión pública [i].
¿Cómo es posible desperdiciar en tan solo unas semanas el capital político que le permitió a Kast obtener el mayor número de votos en la historia de Chile?
La terapia de choque
La campaña electoral de Kast se había centrado en dos pilares fundamentales: presentarse como el candidato del orden frente a la delincuencia (y la inmigración ilegal «que genera violencia») y una promesa de austeridad neoliberal con un recorte de gastos de 6 mil millones de dólares, lo que supone una reducción del 3 % en los fondos destinados a los ministerios. Insinuando una gestión poco clara del gobierno de Boric, Kast prometió una auditoría total del aparato estatal y luchar contra «el despilfarro».
La foto tomada en la campaña electoral junto al presidente argentino Javier Milei, con una motosierra en la mano, es
la imagen más elocuente de la voluntad del nuevo gobierno —integrado por empresarios y nostálgicos del pinochetismo— de revivir las habituales recetas neoliberales para aumentar las ganancias y los privilegios, y tomarse alguna revancha política.
Así, desde el 11 de marzo hasta hoy, el «gobierno de emergencia» de Kast intenta aplicar una «terapia de choque», de «austeridad neoliberal», basada en la narrativa de un país «que se estaba cayendo en pedazos».
El gobierno ha actuado a un ritmo acelerado, pero ha generado muchas dudas sobre la dirección que está tomando, incluso dentro de su propia coalición, donde empiezan a aparecer las primeras grietas y muchas de las decisiones tomadas han hecho saltar las alarmas.
La inmigración y la zanja en la frontera
En lo que respecta a la inmigración «irregular», se ha reforzado el control militar de las fronteras. Al mismo tiempo, el gobierno está recortando drásticamente los permisos de residencia y trata de llevar a cabo las expulsiones. Además, en la frontera con Perú, se está cavando una zanja de algunos kilómetros para combatir la inmigración ilegal y el contrabando. Una imitación a pequeña escala de lo que hizo Trump, con una obra que muchos consideran inútil y cuyo costo total se desconoce.
¿Un país en bancarrota?
Por el contrario, el plan de austeridad neoliberal es más complejo y apenas ha comenzado, aunque a un ritmo acelerado. El meollo de la controversia es la situación fiscal. Para justificar los recortes de 6 mil millones de dólares anunciados durante la campaña electoral, el gobierno de Kast ha tratado de imponer una narrativa de catástrofe económica y bancarrota heredada del gobierno de Boric. El nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha afirmado que Boric había dejado las arcas vacías, lo que fue inmediatamente desmentido por el anterior ministro.
Lástima que, poco después, Quiroz anunciara la reducción de los impuestos sobre las donaciones y, sobre todo, una reducción de los impuestos a las grandes empresas del 27 al 23 %, en línea con la promesa de generar inversiones mediante la bajada de impuestos.
Entre las críticas más reputadas a los recortes anunciados en el gasto público y a la reducción de los impuestos a las grandes empresas, se encuentra la de Stefany Griffith Jones, exvicepresidenta del Banco Central, quien sostiene que «uno de los objetivos del nuevo gobierno es “impulsar el crecimiento”.
Sin embargo, las dos primeras medidas adoptadas van en la dirección opuesta. En primer lugar, quieren reducir drásticamente el gasto público, lo que obviamente, como también afirma el Informe sobre política monetaria (IPoM) de marzo, es uno de los factores que determinarán una caída de la demanda agregada y un menor crecimiento de la economía». En su opinión, «el efecto fiscal neto será sin duda discutible, al igual que lo será el efecto sobre el crecimiento» [ii].
En lo que respecta a la reducción de los impuestos a las empresas, surge entonces una pregunta lógica: ¿cómo se justifica un discurso que habla de un «país en pedazos », «en quiebra», de «cajas vacías» y «emergencia fiscal» con una bajada de impuestos que, según muchos economistas, genera un saldo negativo en los ingresos del Estado?
Como siempre, una cosa es hacer campaña electoral y otra muy distinta es gobernar. Declarar, como gobierno, que el país «está en quiebra» significa dar un paso en falso en lo que respecta a la confianza de los posibles inversionistas locales y extranjeros, a las altas tasas de interés para acceder a préstamos internacionales, etc. Después de que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia emitiera esa desafortunada declaración, el gobierno se vio obligado a dar un brusco paso atrás, contradiciéndose a sí mismo. Un gran bochorno en un tema con posibles repercusiones extremadamente delicadas.
El hacha neoliberal
El primer golpe vino del Ministerio de Medio Ambiente, ya que el gobierno retiró nada menos que 43 decretos aprobados por el gobierno anterior, pero que aún estaban en trámite. Se trata de decretos que, entre otras cosas, establecían la creación de algunos parques nacionales, la protección de los glaciares y de la fauna local en reservas naturales específicas (entre ellas el famoso «pingüino de Humboldt») y regulaban la normativa ambiental relativa a las emisiones de las centrales termoeléctricas. El retiro de los decretos significa echar por la borda años de trabajo técnico y científico, con el pretexto de agilizar los trámites burocráticos.
El segundo golpe vino del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Mediante un documento filtrado a la prensa por un diputado, el ministerio suspendió los permisos para la construcción de nuevas viviendas en todo el país. Una contradicción evidente (y preocupante) entre las declaraciones de Kast, quien había anunciado un plan de emergencia para acelerar la reconstrucción en las distintas zonas afectadas por los grandes incendios (entre ellas Valparaíso), y sus oficinas, que paralizaron la maquinaria que debía ejecutarlo.
En el ámbito de la educación, los fuertes recortes presupuestarios afectan el derecho a la educación en un sector que ya sufre dificultades crónicas. Además, a partir de los 30 años ya no se tendrá acceso a la ya limitada gratuidad universitaria: una medida que afecta a miles de estudiantes que comienzan su carrera académica después de esa edad. Por el contrario, mientras tanto se refuerzan los mecanismos de pago de las costosas matrículas universitarias y se amenaza con hacer pública la lista de estudiantes endeudados con el costoso mecanismo del crédito bancario con aval del Estado (CAE).
En lo que respecta al mundo laboral, las acciones y declaraciones del gobierno más de derecha que ha tenido el país desde el fin de la dictadura no dejan lugar a dudas. En primer lugar, la retirada del proyecto de ley del gobierno anterior que preveía la negociación de contratos nacionales por sector (hoy totalmente fragmentados por cada puesto de trabajo).
Actualmente, en Chile, los trabajadores y trabajadoras organizados en sindicatos representan alrededor del 20 % del total, y la fragmentación contractual es una consecuencia lógica de ello. El segundo frente es la voluntad explícita de modificar la ley sobre la semana laboral de 40 horas, recién aprobada por el anterior Parlamento. A esto se suman las presiones de los empresarios para reducir los días feriados no renunciables.
Mientras tanto, se han multiplicado los despidos políticos en todos los ministerios, en el sector de la «cultura», en el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, en los organismos de «seguridad» y en los dedicados a la defensa de los derechos humanos. En este último sector, de gran carga simbólica, se desmantela de facto el «Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia» sobre los desaparecidos de la dictadura civil-militar de Pinochet, también aprobado durante el gobierno de Boric.
Y el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis (conocido por haber formado parte de la defensa de Pinochet), ha insinuado su intención de indultar a los miembros de las fuerzas del orden responsables de la sangrienta represión de la «revuelta social» iniciada en 2019.
Y hablando de austeridad proclamada, pero no practicada, cabe destacar el gasto en un banquete de inicio de mandato para unas 1000 personas (y 250 meseros) en el palacio presidencial de La Moneda. Así como el fuerte aumento del sueldo de los asesores presidenciales (de 6000 a 10 000 euros mensuales).
La gasolina y los precios por las nubes
Pero sin duda, la medida más controvertida e impopular, en medio de una crisis energética mundial, ha sido
la eliminación del mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles (el llamado MEPCO), un instrumento de compensación estatal destinado a contener parcialmente los aumentos del precio de la gasolina. Su eliminación ha supuesto un aumento bruto del 30 % en el precio del combustible, con el habitual efecto dominó en la cadena de producción, el transporte y los precios en general.
El gobierno de Kast decidió, por lo tanto, descargar el aumento directamente en los bolsillos de la población. Una medida que ha hecho desplomarse el apoyo al gobierno, que hoy se aferra a un clavo ardiendo para recuperar popularidad.
El desacuerdo en el oficialismo
Las medidas anunciadas han suscitado preocupación y desacuerdo entre las filas del propio oficialismo, en particular en algunos sectores más moderados de la alianza «Chile Vamos». En el partido Renovación Nacional (RN), la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, afirmó que el Gobierno debería haber adoptado un enfoque más «gradual» ante el histórico aumento de los precios de los combustibles.
«Me cuesta entender cómo se puede adoptar una medida tan dura sabiendo que equivale a pegarse un tiro en el pie», declaró el senador de RN Manuel José Ossandón, quien habló de un error de «narrativa» por parte de La Moneda, aunque destacó que se había tomado una «decisión valiente».
En un intento por poner orden en sus filas, Kast lanzó un llamado preocupado a los partidos que lo respaldan para que enfrenten la situación de manera unida, subrayando la necesidad de trabajar en equipo. Luego dirigió una severa reprimenda al jefe de la bancada del RN, Diego Schalper, tras sus críticas públicas a las medidas adoptadas por el gobierno y a la vocera de la presidencia, Mara Sedini.
Política exterior
En materia de política exterior, el nacionalismo de la derecha en el gobierno se reinterpreta y se realinea con Estados Unidos, codo a codo con la derecha mundial (Giorgia Meloni es una de las figuras más admiradas por Kast).
Mientras sigue el genocidio en Gaza y Cisjordania, y con la presencia en Chile de la comunidad palestina más grande del mundo fuera de la Palestina ocupada, el neopinochetista Kast vuelve a abrir sus puertas a Israel. El nuevo gobierno marca un giro de 180 grados respecto al gobierno de Boric, durante cuyo mandato hubo tensiones políticas y en el sector de la defensa, con la retirada de los agregados militares chilenos en Tel Aviv y la decisión de no realizar nuevas compras a proveedores israelíes. Por el contrario, el cambio de gobierno ha reabierto el camino hacia una normalización de las relaciones con Israel, históricamente un importante proveedor de armamento y tecnología militar avanzada para las Fuerzas Armadas chilenas [iii]. Un negocio floreciente incluso durante la dictadura de Pinochet, en triangulación con la Sudáfrica del apartheid.
En lo que respecta a las relaciones con China, el gobierno camina sobre hielo fino, ya que Pekín es desde hace tiempo el principal socio comercial de Santiago. Durante la campaña electoral, las derechas se habían pronunciado enérgicamente en contra del proyecto de un cable submarino de fibra óptica para conectar a Chile (y a todo el subcontinente) con el país asiático, en consonancia con las fuertes amenazas de la administración Trump y sus sanciones contra tres ministros, que habían hecho que el gobierno de Boric desistiera del proyecto.
Era de esperarse también que el gobierno de Kast retirara su apoyo a la candidatura de la socialista Michelle
Bachelet al cargo de secretaria general de la ONU, la primera mujer que podría ocupar ese puesto. En su momento, la candidatura había sido propuesta por el fallecido presidente de derecha Sebastián Piñera. Se trata, por lo tanto, de una decisión que le da la espalda a la tan cacareada «política de Estado», el orgullo de la clase dirigente chilena.
En los últimos días, se ha anunciado que el primer viaje al extranjero del nuevo presidente será a la Argentina de Javier Milei, «el más sionista de todos los presidentes», como a él mismo le gusta definirse. En el entorno de Kast existe un gran interés por reactivar la economía, las inversiones y mejorar la balanza comercial. Prueba de ello es que el pasado 16 de diciembre Kast viajó a Argentina junto con cuatro figuras destacadas de la economía chilena.
Entre ellas se encontraban las presidentas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, y de la Sociedad de Promoción Industrial, Rosario Navarro, además del director general de Quiñenco S.A., Francisco Pérez Mackenna, quien posteriormente fue nombrado su ministro de Relaciones Exteriores.
Las movilizaciones en las calles
Mientras tanto, en muy pocos días, ya se han producido varias movilizaciones en las calles.
En primer lugar, la manifestación de las mujeres del 8 de marzo (tres días antes del cambio de mando), en la que participaron casi 300 000 personas. Una movilización contra los recortes presupuestarios al Ministerio de la Mujer y las amenazas a los derechos de las mujeres conquistados desde el fin de la dictadura, entre ellos la tibia ley que permite el aborto solo en tres casos específicos: peligro de vida para la madre, incompatibilidad fetal de naturaleza letal o embarazo derivado de una violación.
El pasado 22 de marzo, las calles de todo el país fueron escenario de una gran movilización ambientalista, tanto en Santiago como en otras ciudades, en respuesta al retiro de los 43 decretos ambientales por parte de Kast.
Por último, el 26 de marzo, miles de estudiantes de secundaria y universitarios marcharon en masa por la Alameda de Santiago, en contra de los recortes presupuestarios en educación, la limitación de la gratuidad y el aumento de los precios de los combustibles. Una primera manifestación en defensa del derecho a la educación.
En la noche chilena comienzan a encenderse algunas luces.
Notas
[i] https://www.elciudadano.com/actualidad/sigue-el-desplome-de-kast-desaprobacion-sube-22-puntos-y-llega-al-48-7-segun-pulso-ciudadano/03/29/
[ii] https://www.theclinic.cl/2026/03/31/stephany-griffith-jones-exconsejera-del-banco-central-cuestiona-medidas-economicas-del-gobierno-vamos-a-estar-haciendo-mas-profundo-un-problema-que-viene-de-afuera/
[iii] https://www.defensa.com/chile/chile-israel-reactivan-dialogo-defensa-tras-reunion-entre-barros
* Periodista italiano, residente en Chile. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Federico II de Nápoles y encargado de proyectos de cooperación sobre medios de comunicación comunitarios en América Latina