Noboa insiste en instalar bases militares extranjeras y legalizar juegos de azar
Eloy Osvaldo Proaño
La propuesta de una nueva consulta popular y referendo por parte del presidente Daniel Noboa aumenta la confrontación en el escenario político de Ecuador, donde diversos sectores cuestionan su contenido y pertinencia. La derecha en el gobierno argumenta que busca combatir la violencia del crimen organizado, y la oposición sostiene que la medida implica la pérdida irreversible de la soberanía del país.
El mandatario anunció siete preguntas, que abarcan desde eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), hasta reducir el número de asambleístas, llevar a juicio político a jueces constitucionales, permitir la contratación laboral por horas, autorizar casinos, y establecer bases militares extranjeras.
La iniciativa, que deberá ser revisada por la Corte Constitucional antes de su convocatoria oficial, ha generado reacciones tanto de respaldo como de rechazo por parte de diversos actores políticos, sociales y académicos.
En abril de 2024, el presidente Noboa ya impulsó una consulta en la cual la ciudadanía rechazó temas clave como la contratación laboral por horas y ahora el Ejecutivo insistirá en ese asunto. Entonces, el Gobierno también intentó incluir una pregunta sobre la reapertura de casinos, pero ni siquiera llegó a la papeleta en medio de críticas por cómo esa iniciativa favorece el lavado de activos mientras el país sufre con la crisis de seguridad y el crimen organizado. No obstante, Noboa buscará nuevamente legalizar espacios para juegos de azar.
Desde el oficialismo, las autoridades cerraron filas en apoyo a la propuesta del gobernante. La vicepresidenta, María José Pinto, afirmó que se trata de un momento para “actuar con valentía”, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Niels Olsen, calificó la decisión como “firme y necesaria”.
El argumento del oficialismo para establecer bases militares extranjeras es que permitirá fortalecer las capacidades operativas del Estado ecuatoriano en su lucha contra el crimen organizado trasnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas. Entre otras razones los legisladores oficialistas defienden que durante la operación de la Base de Manta, las incautaciones de cocaína aumentaron en un 498 por ciento.
El exvicecanciller Kintto Lucas señaló que “Con la Consulta Popular, la familia gobernante del Ecuador intenta transformar definitivamente a todo el país en una hacienda bananera, o en un Huasipungo. Por eso la población que no quiere ser esclava dirá NO. Habrá que estar muy atentos al fraude”.
La legisladora Nuria Butiñá, del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), advirtió el día de la votación que la reforma constitucional podría dejar abierta la posibilidad de que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado.
El correísmo publicó un comunicado en redes sociales en el que señalaba: “La experiencia internacional y la nuestra, demuestran que la presencia de bases militares extranjeras no erradica el crimen, lo encubre, lo transforma, lo protege”. Y remarcaron: “Ojalá algún día, soberanamente entendamos que: ¡La patria no es moneda de cambio ni tapete para los serviles!
Las otras seis preguntas del referéndum propuesto por el gobierno de Noboa tienen que ver con el financiamiento estatal de las organizaciones políticas, la reducción del número de asambleístas y la contratación por horas en el sector del turismo. Además plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado de la designación de autoridades como la de la Fiscalía o Contraloría, o que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser juzgados políticamente.
El dirigente indígena Leonidas Iza denunció que las preguntas responden a “una retaliación” del Ejecutivo tras los recientes fallos de la Corte Constitucional que suspendió de forma cautelar la aplicación de artículos de tres leyes promovidas por el Gobierno. “Es un intento de meter las manos en la justicia y garantizar negocios privados”, afirmó.
Desde la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) consideró que las preguntas no responden a las verdaderas urgencias del país. “La única pregunta que el país necesita es si el derecho a la verdad debe ser un principio constitucional”, escribió Correa en su cuenta de la red social X. El exgobernante argumentó que la tragedia nacional no es por leyes o institucionalidad, sino por malos gobiernos y consideró que la consulta “puede ser una oportunidad para darle un NO rotundo a un Gobierno inepto y corrupto”.
En ese sentido, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, señaló que mientras el sistema de salud colapsa y la inseguridad crece, el Ejecutivo destina millones a una “consulta innecesaria”. Reiteró su oposición a temas como el 
trabajo por horas y pidió a la Corte Constitucional actuar con independencia.
Esa instancia judicial tiene ahora la tarea de calificar las preguntas antes de su eventual convocatoria para finales de 2025. De ser aprobadas, se abrirá un nuevo capítulo en la historia democrática del país, marcado por una intensa polarización política y social.
Para algunos analistas, la intención de un nuevo proceso consultivo no es más que una maniobra de distracción en un país inmerso en crisis institucional, económica y social, mientras colectivos de la sociedad civil anuncian movilizaciones contra otras medidas del Ejecutivo, como la fusión de ministerios y los despidos de funcionarios públicos.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)