No es “arbitraje”, es contrabando
Leopoldo Puchi
Algunos economistas y analistas han señalado que el bachaqueo (contrabando) es simplemente una manera de denominar la actividad conocida por las ciencias económicas como arbitraje, en la que se toma ventaja de la diferencia de precio entre dos mercados.
Al plantearlo de esta manera se le da un estatus de normalidad al bachaqueo y se ignora que las prácticas comerciales están atadas a reglamentaciones jurídicas y sociales. Vender productos por encima de los precios establecidos es especulación; pasar mercancía de un país a otro eludiendo el control de la autoridad aduanera es contrabando; prestar dinero a un precio excesivo es usura. Las ciencias económicas no están para lavarle la cara a acciones que perjudican a la sociedad.
En la frontera con Colombia el bachaqueo es controlado por grandes mafias asociadas al paramilitarismo y al narcotráfico, que tienen la capacidad de implantarse en la población y utilizan a personas de bajos recursos, la base de la pirámide, para realizar el menudeo. De este modo opera el paramilitarismo, distribuyendo una porción de las ganancias para obtener el respaldo de la gente en las comunidades. Todo esto genera descomposición social y distorsiones económicas. Los jefes de estas mafias están relacionados con factores políticos, a los que le brindan financiamiento para las actividades y campañas electorales, situación muy visible en el Norte de Santander, lo que les garantiza protección de altas esferas partidistas.
Al mismo tiempo, estas actividades son facilitadas por las anomalías de la economía venezolana, por lo que es indispensable acompañar la lucha contra esos carteles con cambios en las políticas públicas venezolanas. Es necesario ir corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos, marchar hacia una convergencia cambiaria, reformular el gasto público, reducir la emisión de moneda inorgánica, sanear las cuentas públicas y, al mismo tiempo, darle apoyo al sector productivo. El problema de la frontera está vinculado a los problemas de nuestra economía, por lo que actuar de manera simultánea en varios frentes.
Ahora bien, a nombre de ese carácter integral del problema no puede dejarse de actuar con firmeza ante el bachaqueo, tanto del lado venezolano como del colombiano. Bien se sabe que estas mafias se benefician de las decisiones tomadas en Bogotá que permiten el contrabando de hasta doce mil dólares por persona y que autorizan a las casas de cambio a transar divisas a precio del mercado negro y sin verificación de su procedencia. Mientras las mafias tengan ese punto de apoyo en disposiciones del Estado colombiano será difícil que la situación varíe.
Ni las actuaciones de las mafias que organizan el traslado de mercancía al otro lado de la frontera ni las decisiones del Estado colombiano que le dan base al mercado negro pueden considerarse como parte de la libre competencia en el mercado. No es “arbitraje económico”, es contrabando y lavado de dinero. Al pan, pan y al vino, vino.