Narco Rubio

Jorge Elbaum

El actual jefe de la diplomacia de los Estados Unidos y la máxima autoridad del Consejo de Seguridad Nacional se llama Marco Antonio, en honor al fiel seguidor de Julio César, aunque su genealogía no es la misma. Tanto los padres como sus parientes políticos son cubanos que habían abandonado la isla, exhibiendo un rencor inconfesable hacia la Revolución Cubana, al que se le sumó, posteriormente, un desprecio recóndito hacia todo gobierno latinoamericano y/o caribeño partícipe de una visión soberana o reacio a la prepotencia estadounidense.

Marco Rubio (foto) nació en 1971 en Miami; vivió parte de su adolescencia en Las Vegas, donde sus padres fueron contratados por los acólitos de Meyer Lansky y Lucky Luciano, quienes debieron abandonar apresuradamente sus casinos en La Habana. Esta afinidad familiar con el submundo del delito no abandonará nunca a Narco Rubio durante sus 54 años de vida. Él y su familia se verán atravesados por una cronología de sucesos que los grandes medios corporativos se niegan a compilar. A partir de los años 60, Miami se constituyó en uno de los centros más importantes de distribución de drogas de Estados Unidos, gracias al know-how aportado por los fugados de Cuba. Desde ese momento, la tasa de crímenes se incrementó en Miami en un 60 por ciento, llegando a materializar —según cifras oficiales— “la sede más importante del crimen organizado en los Estados Unidos”. En ese marco, la familia Rubio logró prosperar, gracias a la encomiable labor de su cuñado, Orlando Cicilia, quien se enriqueció comerciando con cocaína importada desde Colombia, utilizando serpientes a las que les ingresaban kilos de droga a lo largo de su cuerpo.

La intervención del FBI que detuvo al cuñado de Rubio denominó la operación como Operación Cobra, en referencia a la utilización de las serpientes para el narcotráfico. Cicilia, a quien el Miami Herald identificó como el jefe de la pandilla, fue condenado a 25 años de prisión en 1989, pero fue liberado en el año 2002, gracias a convertirse en colaborador de las fuerzas de seguridad. Los beneficios de los delitos recaudados por el cuñado fueron estimados en 80 millones de dólares, pero nunca fueron recuperados. Los periodistas de Miami aseguran que el actual jefe de la diplomacia logró conseguir financiamiento familiar para sus diferentes campañas electorales. Probablemente esa haya sido la forma de retribución a Rubio, quien había sido en la adolescencia uno de los encargados de ganarse el sustento —según su biógrafo Manuel Roig-Franzia—, mediante el armado de los embalajes en los que se transportaban los ofidios. Las negociaciones para que Cicilia se convirtiera en colaborador de la DEA fueron impulsadas por el fiscal Dexter Lehtinen, quien logró la colaboración del cuñado de Rubio para justificar la invasión a Panamá, asesinar a 517 personas y secuestrar a Manuel Antonio Noriega en 1989. En aquella ocasión, Lehtinen retribuyó al joven Rubio —uno de los responsables de convencer a su cuñado— con una pasantía en el despacho de su esposa, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, primera congresista cubanoamericana, que a partir de entonces se constituyó en la madrina política del actual secretario de Estado.

Dos años después, Rubio se sumó a los equipos técnicos de Lincoln Díaz-Balart, otro de los grandes referentes de la gusanera de Miami, junto con su íntimo amigo David Rivera, quien fuera denunciado, años después, por fraude electoral luego de haber obtenido un escaño en el Congreso. Luego de trabajar con Rubio en las oficinas de Díaz-Balart, se desempeñó en la denominada Oficina de Radiodifusión de Cuba, encargada de difundir propaganda antirrevolucionaria y como contratista de la USAID. Según Melanie Sloan, directora de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad, Rivera “debe ser el miembro más corrupto del Capitolio”, pese a haber sido defendido de forma consecuente por Rubio. Es que ambos tienen historias y complicidades comunes por haber sido financiados por Scott Steinger, un empresario que fue condenado a 20 años de prisión por impulsar un esquema Ponzi de estafas que dejó más de mil víctimas, totalizando un fraude de 1.200 millones de dólares, y por blanquear activos del narco colombiano. Las campañas de ambos también recibieron aportes de Alan Mendelsohn, condenado por blanqueo de activos del narcotráfico.

No fue lo único que los vinculó: también participaron de una flagrante desposesión de los indios Seminole, limitando una de sus fuentes de subsistencia. Las investigaciones prueban que ambos congresistas beneficiaron a sus aportantes de campaña —empresarios del juego— para imponerles competencias desleales a los pueblos originarios. Sin embargo, el FBI decidió no investigar a ambos legisladores porque su presupuesto dependía de los apoyos republicanos. Las agencias de seguridad habían decidido discontinuarlas pesquisas referidas a los antecedentes de los aportantes Steinger y Mendelsohn, y la compra de votos ligados a los casinos, porque los republicanos amenazaron con cuestionar el presupuesto del FBI en el Congreso. Los fiscales, por su parte, evitaron investigar que Rubio estaba en un camino político ascendente.

Los nexos entre Rivera y Rubio coinciden en el descomunal desfalco de la empresa estatal CITGO, perteneciente a la República Bolivariana de Venezuela. Según denuncias filtradas por exfuncionarios de la sede de Texas de esa compañía petrolera, Rivera llevó a cabo actividades fraudulentas, en connivencia con Rubio, mientras se desempeñaba en esa corporación, por recomendación de su íntimo amigo. La entonces tesorera de CITGO Petroleum Corporation –filial de PDVSA en Estados Unidos–, Gina Coon, aseguró que posee documentos, e-mails, mensajes de WhatsApp y audios que confirmarían las operaciones delictivas perpetradas por Rivera y Rubio. A pesar de que figuras influyentes del Partido Republicano, en Florida, intentaron obstaculizar la investigación del Departamento de Justicia, el excongresista de Florida David Rivera fue arrestado en Atlanta, Georgia, en diciembre de 2022, acusado por la fiscalía de varios cargos, incluido el de haber trabajado ilegalmente como “agente extranjero” (Ley FARA).

La acusación hace referencia a un “Senador 1” del Estado de Florida. En ese periodo, solo existían dos congresistas de la Cámara Alta de ese Estado: Rick Scott y Marco Rubio. El 29 de marzo de 2025, Venezuela News difundió que Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo, en Texas, afirmó que Rubio recibió aportes ilegales de la Fundación que manejaba Juan Guaidó. Terán los acusó, además, de ser lobista de la ExxonMobil, una de las corporaciones que Trump y su secretario de Estado buscan reintroducir en Venezuela. El vínculo entre ambos siempre fue simbiótico. En 2005 compraron juntos una propiedad destinada a emplazar su local partidario. Para esa época, Rivera era conocido como “el tramposo” y “el ejecutor”. Ambos eran identificados como el “binomio de oro”, hasta que uno de ellos empezó a ser conocido como Narco Rubio.