Milei, Bukele, antiglobalismo y crimen organizado
Rubén Armendáriz
En el marco de la gira del presidente salvadoreño Nayib Bukele por la Argentina, y luego de reunirse con el mandatario Javier Milei, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, firmaron una declaración conjunta para el «compromiso y la cooperación» entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado.
Desde la llegada de Milei al poder, el vínculo entre los mandatarios se viene afianzando. Este es su segundo encuentro bilateral. El primero fue en junio, cuando Milei asistió junto a su hermana Karina Milei a la asunción presidencial del político salvadoreño, tras su reelección.
Hace una semana, Milei y Bukele coincidieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas y pronunciaron discursos en el que postularon su visión antiglobalista. Mientras que el líder argentino acusó a la ONU de promover “políticas colectivistas (…) bajo el mandato de la Agenda 2030”, el salvadoreño dijo que el mundo “está dividido, preocupado, hostil y sin esperanza”. Argentina y El Salvador fueron dos de los 15 países que se abstuvieron de apoyar el Pacto para el Futuro.
Milei y Bukele son dos líderes de alto perfil internacional que se venden como “outsiders”, es decir, políticos que no vienen del establecimiento. Si bien sus recorridos son muy diferentes, ambos llegaron al poder con un discurso contra las élites: Milei, apuntando a la que llama la casta política —los políticos tradicionales que, según él, son culpables de la decadencia argentina—; Bukele, con una frase como bandera: “El dinero alcanza, cuando nadie está robando”.
Ambos mandatarios se manejan en redes sociales, parte central de su comunicación de gobierno. En cuanto a la economía, sus políticas son prácticamente opuestas. Mientras Milei apuesta a la reducción del Estado y el ajuste fiscal, Bukele sostiene políticas sociales como subsidios tarifarios y control de precios en distintas industrias.
Drogas y crimen organizado
Los ministros repudiaron «cualquier política que defienda el derecho al acceso a las drogas ilegales» y afirmaron que creen «en la obligación del Estado de reducir al mínimo la oferta ilegal». La nueva doctrina contra el crimen organizado», como se titula el texto de ocho principios, se firmó en el marco de la visita que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, efectúa en Argentina.
Señalaron que sus «Estados requieren de leyes contra las mafias y organizaciones criminales que contemplen penas agravadas» para sus integrantes y «facultades ampliadas para el trabajo de las fuerzas policiales y de seguridad», «así como para los ministerios públicos fiscales».
En junio último, Bullrich viajó a El Salvador para saber más del modelo aplicado en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado, que tuvo como resultado la firma de un convenio de cooperación con “capacitaciones conjuntas entre las fuerzas de seguridad” y la creación de “un laboratorio de políticas de seguridad para llevar números actualizados de Argentina, El Salvador y cualquier otro país que decida adherir al mismo”.
Bukele brindó una charla en el Salón Azul del Senado, junto a vicepresidenta, Victoria Villarruel, y senadores. Allí serefirió a la política de seguridad implementada en su país contra las maras. “Éramos el país más peligroso del mundo, más que Siria e Irak. Teníamos 103 homicidios cada 100.000 habitantes. Haití tiene 50 hoy en día, era casi el doble”.
En ese marco, enumeró las distintas fases entre las cuales estuvieron el control de cárceles, desplegar al ejército; oportunidades para los jóvenes; equipar con tecnología a las fuerzas de seguridad; ingresar a territorios para recuperar el control. »
Asimismo Bukele se refirió a la situación de inseguridad en la ciudad argentina de Rosario y manifestó que «cada país es distinto por la legislación que tiene cada uno y diversos factores como el narcotráfico e incluso los sociales”. Añadió que “los medios de comunicación, son sumamente hostiles” y resaltó a “la mayoría de televisoras, que se pusieron de nuestro lado
“Nosotros entendimos, a la fuerza y a los golpes, que la única forma era ir tras el pandillero y arrestarlo; entonces el joven ahora piensa en esos nuevos incentivos y no en ir a la cárcel”, agregó, al tiempo que señaló: “Aceptamos pagar el costo económico y nuestro PBI subió cuando pensábamos lo contrario”.
“Con Argentina, ya hay intercambios comerciales y la idea es profundizarlos. Hay otros acuerdos en los que podemos aportar, en seguridad, sobre todo para Rosario. Argentina nos lleva mucha ventaja en energía nuclear, puertos, comercio exterior y sentimos que podemos tener una relación excelente”, expresó.
La ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich celebró en su cuenta de X el «acuerdo histórico» con El Salvador que «refleja un cambio de paradigma en la lucha contra el narcoterrorismo» y afirmó que «esta nueva doctrina revolucionaria» se basa en «varios principios fundamentales», entre los cuales indicó que están «del lado de las víctimas, nunca de los victimarios» y por eso combaten a los criminales «con toda la fuerza del Estado».
El primer principio postula la «política criminal orientada al control territorial como eje de soberanía» e indica que el Estado «no debe renunciar al control absoluto de su territorio ante la amenaza del crimen organizado». El segundo principio habla de la «lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero», por el que se comprometieron a «coordinar acciones en común, intercambiar información y a establecer mecanismos estables de financiamiento de los sistemas de seguridad».
El tercer principio es «dignificar el rol policial», al declarar el «firme respaldo» al personal policial y de seguridad pública y apoyar la «implementación de estrategias conjuntas y el intercambio de conocimientos» y promover «programas de intercambio de oficiales y expertos de personal» entre ambos países.
Respecto del «marco normativo», el cuarto principio, sostuvieron la «necesidad de presentar reformas a los Códigos Penales con nuevas figuras y penas más altas», entre las que enumeran «el régimen penal juvenil y modificar al régimen de reincidencia», «ampliar las acciones de los institutos de la legítima defensa y del cumplimiento del deber y evitar la revictimización de hechos delictivos».
El quinto principio es el «control del Estado en las cárceles», con la «clara identificación y clasificación de la población carcelaria», con «medidas de control específicas a la población carcelaria de alto riesgo», «controles permanentes al interior de las cárceles» y el «fin de las comunicaciones libres y sin control» dentro de los penales. Propusieron el «fin de la burocracia a favor del delito» en el sexto principio, «en particular» las que «defienden intereses sectarios».
Los ministros reafirmaron el compromiso de «homologar procedimientos» en materia policial, legal y criminal, al considerar que «es fundamental» que se haga entre los países de América Latina. Finalmente defendieron «organismos internacionales desideologizados» y sin sesgos «empáticos con el crimen organizado», tras acusarlos de atacar «las estrategias de prevención institucional del delito» que resulta -según dijeron- en el «empoderamiento de las organizaciones criminales».
*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)