México no logra frenar la narcoviolencia

ESUARDO FEBBRO| Las estadísticas globales hablan por sí solas: 27 personas muertas por día, 819 cada mes, 9830 por año para un total de 47.515 homicidios contabilizados hasta el 30 de septiembre del año pasado. La mayoría de los crímenes quedan impunes. El número de muertes vinculadas con el crimen organizado en México ascendió a 12.359 en 2011, una cifra mayor a la reportada en 2010, cuando se registraron 11.583, según un informe del diario Reforma. De los que murieron en 2011, 11.455 fueron hombres, 904 mujeres, 572 policías y 48 militares. Según el matutino, entre las víctimas, 1079 fueron torturados, 596 decapitadas y 854 dejadas con narcomensajes.
Dos decapitados más en la puerta de un negocio, un promedio de 48 ejecutados por día a lo largo de 2011 y un total de 12.903 muertos por la llamada “narcolucha” en los últimos nueve meses, las cifras de la violencia que azota a México desde que el presidente Felipe Calderón lanzó en 2006 la ofensiva contra los carteles de la droga revelan la amplitud permanente de la narcoviolencia.

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer esta semana los índices oficiales de narcomuertos. Las estadísticas globales pueden traducirse así: 27 personas muertas por día, 819 cada mes, 9830 por año para un total de 47.515 homicidios contabilizados hasta el 30 de septiembre del año pasado. Las ONG y los analistas calculan que si se alargan los cálculos hasta diciembre de 2011 y se incorporan a las estadísticas la violencia que impera en estados como el de Sinaloa y Morelos, donde los asesinatos aumentaron en 84 y 44 por ciento respectivamente, el año terminará con 17.000 víctimas de la guerra cruzada entre los carteles de la droga y del Estado contra éstos.

Según datos de la misma Procuraduría General de la República (PGR), el narcotráfico está controlado por dos poderosos grupos: el de Joaquim Guzmán, alias el Chapo, jefe del Cartel de Sinaloa, y el de Osiel Cárdenas, patrón del Cartel del Golfo, para quien trabaja otra red de sicarios denominada Los Zetas, que se ha convertido en un actor preponderante de la narcoviolencia. Estos son apenas las dos principales organizaciones criminales. La procuraduría contabilizó a siete carteles operando en el país: el Cartel del Golfo, el de Tijuana, el de Ciudad Juárez, el de Sinaloa, el Cartel de Colima, el de Milenio y el Cartel de Oaxaca. La DEA norteamericana estima que existen 30 organizaciones criminales de peso y la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada de México (Siedo) calcula que hay más de 130 células de delincuentes estructurados en el territorio mexicano.

La DEA, por supuesto, incurre en las hipocresías de siempre. Las estadísticas norteamericanas casi siempre excluyen la aplastante responsabilidad de Estados Unidos en el drama mexicano. Washington no sólo es el principal consumidor de la droga que sale de México sino, también, el país donde los narcos adquieren todas las armas que se usan en la guerra. Las supuestas “ayudas” de Estados Unidos son ridículas comparadas con la cifra de negocios que mueve el narcotráfico. La llamada Iniciativa Mérida, activada por el ex presidente George W. Bush en 2008 para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México y Centroamérica, asciende a 1500 millones de dólares. Es una lágrima sobre un incendio al lado de los 20 mil millones de dólares anuales que representa el narconegocio.

La gran mayoría de las víctimas están ligadas al narcoconflicto. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) aunados a los de la PRG permiten establecer que el 75 por ciento de los homicidios están relacionados con los narcos. Otro de los datos oficiales diseña la geografía del crimen: gran parte de las ejecuciones se concentran en ocho estados de los 32 con los que cuenta México: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Estado de México. La PRG estima que en esos ocho estados están desplegados y enfrentados entre sí los carteles de Sinaloa, de Juárez, los Beltrán Leyva, el Cartel del Golfo, Los Zetas, La Familia y Los Caballeros Templarios. El organismo oficial asegura en su resumen que 2011 fue el año en el cual el porcentaje de homicidios resultó menos importante. Sin embargo, es lícito adelantar que se trata sólo de datos preliminares en donde falta el último trimestre. Comparativamente, en 2010 se produjeron 15.273 homicidios.

La publicación de las cifras interviene al cabo de una dura polémica entre los medios y el Ejecutivo. El diario Milenio y el portal animipolitico.com habían asegurado que el gobierno federal estaba encubriendo los homicidios relacionados con el narcotráfico. El informe de la procuraduría es más leve que los cálculos extraoficiales: éstos evocaban más de 55 mil muertos en los seis años de mandato de Felipe Calderón. Los dos partidos de oposición al oficialista PAN, PRI y PRD, estimaron que el volumen aplastante de víctimas pone al desnudo el fracaso de la política de seguridad avalada por el jefe del Estado. El senador del PRI Francisco Labastida Ochoa declaró que cuando concluya “el sexenio de Felipe Calderón, el país va a contar con un número de personas muertas en la estrategia contra el crimen organizado superior al que tuvieron los estadounidenses en la guerra de Vietnam”.

Se trata, además, de muertos sin justicia. La Justicia mexicana es prácticamente incapaz de investigar y arrestar a los responsables. En noviembre pasado, la ONG Human Rights Watch denunció el hecho de que a la par del aumento de la violencia no se constató “un incremento de la cantidad de juicios penales”. Muy por el contrario, apenas “en una fracción de estos casos se han iniciado investigaciones”. 2011 terminó con un muerto cada media hora y una Justicia que, si bien arrestó a miles de personas, pronunció muy pocas sentencias. Ciudad Juárez fue en 2011 el municipio donde se registró el número mayor de víctimas. No es un azar geográfico. Ciudad Juárez es la plataforma estratégica de donde parte la droga hacia Estados Unidos y, por consiguiente, una zona de disputa central por el control de ese territorio entre los carteles de la droga.