México: la derecha y los grandes capitales temen la llegada del plan C

Gerardo Villagrán del Corral

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, acordaron la puesta en marcha del conjunto de reformas constitucionales y legales conocido como plan C a partir del mes de setiembre, despertando una feroz campaña de la derecha, los medios hegemónicos y las grandes empresas nacionales y trasnacionales

conjunto desbarató las propagadas de sectores políticos y mediáticos de la oposición, que insinuaban un conflicto entre el mandatario en funciones y su sucesora. El principal temor de los conglomerados empresariales, tanto extranjeros, trasnacionales como nacionales, es la pérdida de influencia en las instancias judiciales.

Temen el saneamiento del Poder Judicial y la erradicación de prácticas corruptas, complicidades, favoritismos y conflictos de intereses, que hasta ahora los habían favorecido. Para Morena, el partido gobernante, todos estos objetivos prioritarios del capítulo judicial del plan C, son indispensables para la consolidación de un sector público fuerte.

Señalan que un gobierno dotado de recursos impulsará el desarrollo que el país necesita y en el que las empresas seguirán encontrando oportunidades de negocio tan cuantiosas como las que han obtenido en la actual administración, o más, pues la certidumbre jurídica que reclaman los capitales y el fortalecimiento de la seguridad pública no pueden

Sheinbaum ha mantenido reuniones con los poderes fácticos financieros, que presionan para eliminar o distorsionar de la agenda legislativa el mandato popular que otorgó a la coalición gobernante la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y un amplio predominio en el Senado, donde esa alianza requerirá sólo de unos cuantos votos adicionales para llevar a cabo reformas constitucionales de fondo.

En punto candente de las reformas es la del Poder Judicial, cuyos fallos han favorecido sistemáticamente los intereses privados en detrimento de las políticas gubernamentales orientadas a desmantelar el modelo neoliberal, quitar los reiterados lastres judiciales a las políticas de gobierno que han buscado fortalecer la soberanía nacional y reorientar el Estado hacia la satisfacción de las necesidades populares y la redistribución, recuerda el diario La Jornada

La Cámara de Diputados tiene pendiente la discusión del paquete de 18 reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero, las cuales podrían retomarse a partir del 1 de septiembre cuando inicie la nueva legislatura del Congreso.

Con este paquete de cambios a la Carta Magna, al cual se le ha denominado el “Plan C”, varios de los programas de gobierno implementados en la actual administración se elevarían a rango constitucional y, además, se contemplan reformas amplias al Poder Judicial, al sistema político-electoral y a los órganos autónomos.

“Yo sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al Poder Judicial porque no es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad, que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría, y a veces de la delincuencia, al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco”, aseveró López Obrador

Sheinbaum planteó un margen de diálogo en el que podrán participar todos los sectores del país para expresar sus posturas sobre las reformas constitucionales que considera el plan C. Es en ese espacio, y no mediante chantajes ilegítimos en los mercados cambiario y bursátil, donde deben manifestarse las preocupaciones de lo que eufemísticamente se llama los mercados y que, en realidad, está dominado por un puñado de corporaciones y fortunas.

Las 18 reformas propuestas por AMLO

Reforma al Poder Judicial: Propone que las personas que se desempeñen como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados, jueces y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sean electos mediante el voto popular en las urnas. Plantea topar los salarios de los integrantes del Poder Judicial y reducir los integrantes de la SCJN y el periodo de su encargo.

Reforma al sistema político: Se plantea la posibilidad de eliminar los 200 diputados y 64 senadores plurinominales; elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, y reducir a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos.

Órganos autónomos: A través de una reforma administrativa amplia, se contempla desaparecer a órganos autónomos como el INAI, el IFT y la Cofece, y que sus funciones serían absorbidas por diversas dependencias federales. También se suprimirían organismos como el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema de Mejora Continua de la Educación.

Cambios al sistema de pensiones: Con el proyecto se busca revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007 por los presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, subir el monto mínimo al que tienen derecho las personas jubiladas y crear desde la Carta Magna un fondo semilla, como el recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar, por más de 64,000 millones de pesos para financiar las pensiones.

Pueblos indígenas y afromexicanos: Se reconoce en la Carta Magna a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de su derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Electricidad como sector estratégico: La reforma recomienda darle nuevamente el rol de empresa pública estratégica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, busca que la Ley de la Industria Eléctrica indique cómo las privadas actuarán en el sector, y que estas operaciones sean siempre con menor participación que las de las paraestatales.

Cambios en la Guardia Nacional: Se busca reconocer la Guardia Nacional como una fuerza policial de carácter permanente y adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional. La reforma “tiene el propósito de brindar un marco jurídico que otorgue certeza a la participación auxiliar, extraordinaria y complementaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, a fin de hacer frente a la violencia e inseguridad generadas, principalmente, por el crimen organizado”.

Sistema de salud universal: El proyecto contempla el establecimiento de las bases para crear un sistema de salud que garantice la atención médica integral, universal y gratuita, que incluya estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos necesarios.

Tope a los salarios y austeridad: La reforma plantea una nueva redacción para evitar que ningún funcionario público efectivamente gane más que la persona titular de la Presidencia de la República, tal como está establecido en la Carta Magna desde 2009. También busca incluir reglas de austeridad para “prohibir la contratación o adquisición de bienes o servicios innecesarios o superfluos, es decir, artículos de lujo, suntuosos o que no sean esenciales y, por ende, sean prescindibles”.

Salario de profesores, policías y enfermeras: Se contempla el blindaje salarial para varias profesiones y labores que están dentro del servicio público, entre ellas personas dedicadas a la docencia, personal de seguridad, médicos y enfermeras. Para ello, el proyecto considera una remuneración mensual mínima de 16,777 pesos para cualquiera de dichas ocupaciones, lo que equivale al salario promedio registrado en el IMSS en la actualidad.

Reconocimiento de los programas sociales: El proyecto propone elevar a rango constitucional programas sociales como el de la pensión para personas con discapacidad; la disminución de la edad para beneficiarios de la pensión para adultos mayores; las becas para estudiantes y sembrando vida, entre otros.

Programa de aprendices: Se eleva también a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que gestiona la Secretaría del Trabajo, con el que se brinda capacitación laboral en empresas a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan durante 12 meses, esto como una vía para el desarrollo de habilidades e incorporación al mundo del trabajo.

Cerco contra el fentanilo: Se castigará con cárcel la producción, preparación, venta, compra, importación, exportación, transportación y distribución del fentanilo y todas las drogas sintéticas, todo esto “con la finalidad de prevenir y combatir dichos delitos que han aumentado, y con ello, garantizar la paz, seguridad, salud y continuar con acciones en beneficio de la población”.

Vapeadores y cigarrillos electrónicos: Se prohíbe la producción, distribución y venta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y cualquier aparato similar. “Está demostrado que su uso como sucedáneo de los cigarros y cigarrillos produce todavía mayores riesgos de salud en un periodo más corto, que impacta a las personas usuarias”, expresa el AMLO en el proyecto.

Acciones sobre maíz, agua y fracking: El proyecto prohíbe el maíz transgénico en suelo nacional, tanto para siembra como para consumo humano. Blinda el consumo de agua para uso doméstico e impide otorgar concesiones de uso de agua en zonas con baja disponibilidad del vital líquido en cantidad y calidad. Se prohíbe también la extracción de hidrocarburos a través del fracking.

Protección animal: Con la reforma se eleva a rango constitucional la prohibición del maltrato a los animales y se faculta al Congreso de la Unión para que emita las leyes que unifiquen los criterios en todo el país en esta materia. Esto abarca reglas para crianza y aprovechamiento de animales para el consumo humano.

Trenes de pasajeros: Se establece que los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga, se utilicen también para trenes de pasajeros. Para ello se le da la facultad al Ejecutivo de autorizar permisos y dar concesiones a empresas que ofrezcan estos servicios.

Vivienda: Con los cambios propuestos se busca ampliar las facultades del Infonavit para que también pueda construir viviendas y ofrecer esquemas de arrendamiento a los afiliados.

*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)