México, drogas y seguridad: la desestabilización de la DEA
Gerardo Villagrán del Corral
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseveró que la Administración de Control de Drogas (DEA) del gobierno de Estados Unidos debe una explicación a México por su actuación y colaboración con Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en el sexenio del presidente neoliberal Felipe Calderón, detenido en EEUU por tráfico de drogas, delincuencia organizada y declaraciones falsas.
El mandatario enfatizó que si bien hay colaboración en materia de seguridad con la Casa Blanca, ésta se da con base en el respeto a la soberanía, por lo que permitir la actuación de la DEA en el país, como ha planteado la oposición, sería una intromisión.
“Es permitir que pisoteen nuestra soberanía. Pero no sólo es eso: ¿Cómo confiar en la DEA? ¿Lo han hecho muy bien? ¿Cómo no se dieron cuenta de lo de García Luna tanto tiempo? Ellos nos deben una explicación. Ojalá y antes de que García Luna pueda convertirse en testigo protegido (en el país vecino), que ellos digan qué sabían de él y de sus jefes (Vicente Fox y Calderón). ¿Por qué se han quedado callados?”, señaló en su habitual “mañanera”.
Hoy, el anteriormente llamado zar antidrogas se encuentra preso en Estados Unidos y hace unas semanas fue hallado culpable de cinco delitos relacionados con el narcotráfico en México, entre ellos recibir sobornos por parte del crimen organizado a cambio de protección y de dejarlos operar. Este junio se dará a conocer la condena de García Luna, el primer exfuncionario mexicano de alto nivel enjuiciado en EEUU.
El presidente también se cuestionó acerca de la falta de información en torno a la destitución de quien era el director de la DEA en México (Nicholas Palmeri) por sus vínculos con abogados de presuntos narcotraficantes. Qué pasó? ¿Por qué no nos informan? Su remoción ocurrió en marzo de 2022 y sólo trascendió hasta enero de 2023, gracias a investigaciones periodísticas.
El contrabando de armas lo realizó la oficina de Control de Armas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), con el pretexto de que se buscaba rastrear las rutas de aprovisionamiento de fusiles de asalto por parte del citado cártel. No fue el único episodio en el que las autoridades estadounidenses colaboraron con el narcotráfico en lugar de combatirlo.
Entre 2009 y 2011, duran te el gobierno de Felipe Calderón, la propia DEA ayudó a la misma organización delictiva y a La familia michoacana a trasegar y lavar millones de dólares e incluso les cobró una comisión por tales operaciones ilícitas, según señaló el The New York Times en diciembre de 2011.
Asimismo, la DEA facilitó operaciones de compra de casi siete toneladas de cocaína en territorio estadounidense, bajo el pretexto de que con esos actos ilícitos se buscaba información que permitiera desmantelar al grupo de narcotraficantes.
En 2020 Roberta Jacobson, ex embajadora de EEUU en México, declaró que tanto Calderón como Washington tenían información acerca de las actividades delictivas de García Luna, pero ambos gobiernos mantuvieron una estrecha colaboración en una guerra contra las drogas que produjo cientos de miles de muertes y desapariciones en México, pero que no redujo el tráfico de estupefacientes a EEUU, y multiplicó los cárteles mexicanos.
López Obrador puso en perspectiva la demanda de la dirigencia del derechista Partido Acción Nacional respecto de que el gobierno retome la necesaria colaboración con la DEA (la oficina estadounidense de combate a las drogas) para combatir a los cárteles del narcotráfico.
López Obrador recordó que en el sexenio de Felipe Calderón la colaboración con Washington se tradujo, por una parte, en sistemáticas deferencias de las autoridades del país vecino a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y culpable de narcotráfico, y en el contrabando de armas para el cártel de Sinaloa, organizado por otra dependencia oficial de EEUU, del cual el gobierno mexicano debió tener información.
El mandatario mencionó, asimismo, el despido de Nicholas Palmeri de la dirección de la DEA en México, porque se le descubrieron vínculos con abogados defensores de narcotraficantes y señaló la necesidad de que esa dependencia informe por qué cobijó durante tantos años a García Luna y por qué no hizo nada ante las operaciones de trasiego de armas denominadas Receptor abierto y Rápido y furioso.
Con esos y otros antecedentes, en abril de 2022, el presidente dio por terminada la colaboración entre la DEA y una unidad de investigación sensible del gobierno mexicano.
El mandatario reconoció que ha costado mucho combatir la criminalidad debido a que administraciones pasadas no enfrentaban las causas, y descartó que su gobierno no atienda el problema. “Si no actuáramos como lo estamos haciendo, México sería un infierno porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y organizada; habría, como lo hubo en el tiempo de Calderón, un narco-Estado, y eso ya no existe en nuestro país”, dijo.
Se le preguntó sobre alertas del Departamento de Estado estadounidense que recomiendan no viajar a 30 de 32 entidades mexicanas por cuestiones de seguridad, a lo que aseveró que México es, sin dudas, más seguro que Estados Unidos. Esto, agregó, ha sido usado por congresistas republicanos para proponer enviar tropas a México, en tanto que los medios “quieren crear una percepción de inseguridad para decir: ‘no funciona el gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico de López Obrador’”.
Criticó en cambio que algunos medios no hablen de los cárteles en Estados Unidos. “Es como si llegara la droga en submarinos, ¿no? Ahora que están de moda los globos, bajan, ¿no?, toneladas de droga a Estados Unidos con marcianos. Allá, como está todo tan avanzado, se pide por Internet y se surte, y es una red invisible. ¿Allá no hay narcotraficantes? ¿Cómo le llega al joven la droga? ¿Quién le vende? ¿O es nada más acá? Y de eso no hablan (…) allá es como El castillo de la pureza”.
Con esos antecedentes a la vista, y en tanto Washington no transparente lo que hicieron sus agentes antidrogas en México, la desconfianza es la actitud más prudente y aconsejable ante las dependencias estadounidenses que en el pasado reciente intervinieron en la concepción, el diseño y la aplicación de una estrategia de seguridad pública que más bien demolió la seguridad que pudo haber, señala un editorial de La Jornada.
*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)