México: Asesinan a sacerdote tsotsil que exigía paz con verdad y justicia
Gerardo Villagrán del Corral
El asesinato del párroco tsotsil Marcelo Pérez Pérez, perpetrado el domingo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no sólo es un hecho atroz en sí mismo, sino que agrava el de por sí el agudo deterioro del estado de derecho en esa entidad del sureste mxicano, afectada por múltiples confrontaciones y por el accionar de poderes fácticos y generadores de violencia.
Pérez, . párroco del barrio Cuxtitali de San Cristóbal de las Casas, había terminado de oficiar una misa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, y se encontraba dentro de su camioneta cuando dos hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararon, indicó la Fiscalía General del Estado.
La ejecución del sacerdote católico Marcelo Pérez, en San Cristóbal de las Casas, confirma de la larga crisis de desgobierno que se vive en Chiapas, donde grupos del crimen organizado, intereses relacionados con las empresas extractivistas y políticos concentrados en la corrupción y las complicidades han agravado la histórica situación crítica de aquella entidad.
Conocido por su trabajo a favor de la justicia y la paz en las comunidades indígenas de la región, así como por haber sido mediador en conflictos en zonas como Pantelhó, donde la violencia y la inseguridad han aumentado considerablemente y donde los grupos armados se disputan desde hace tiempo el control de la zona, el sacerdote descendiente directo de los mayas, había recibido una serie de amenazas de muerte y constantes difamaciones debido a sus acciones y denuncias contra la actuación de los grupos armados en la zona.
La diócesis de San Cristóbal de las Casas había decidido trasladarlo de la parroquia de Simojovel a la de Nuestra Señora de Guadalupe. «Chiapas es una bomba mortal, hay mucha gente desaparecida, secuestrada, asesinada a manos del crimen organizado», había señalado Marcelo Pérez,
En agosto aseguró que en Simojovel habían puesto un precio a su vida de un millón de pesos (unos 50.000 dólares), pero que bajo la protección de Dios continuaría con su proceso de paz. «Tengo un mandato divino», declaró al Sol de México el 2 de agosto de 2024.
Hijo de padres campesinos, nació en la comunidad de Chichelalhó, en San Andrés Larráinzar, Chiapas. Estudió en el seminario, se ordenó sacerdote el 6 de abril de 2002 e inició su labor eclesiástica como párroco en Chenalhó, donde tuvo contacto con los sobrevivientes de la masacre de Acteal en 1997.
Durante décadas, fue activista de derechos humanos y permaneció en Simojovel durante más de 10 años. Coordinó la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas, que incluye las diócesis de los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, y apoyó a organizaciones y grupos religiosos indígenas. En 2020 recibió el premio «Per Anger 2020», que se concede a personas y organizaciones que trabajan por los derechos humanos y la democracia.
El asesinato se produjo mientras comunidades zapatistas denuncian las constantes agresiones criminales que sufren, con grupos delictivos como instrumento de terror y una preocupante inacción de la nueva administración federal con la presidenta Claudia Sheinbam, como si en su seno hubiera nuevos mandos que buscan la provocación y la confrontación con aquellas comunidades, señala Julio Hernández en La Jornada.
El religioso era un personaje clave en el estado no sólo en su calidad de guía espiritual de muchos, sino también como un luchador destacado en la defensa del territorio, de las comunidades y, lo más importante, un promotor de la paz, lo que significa que su homicidio fue un mensaje de perpetuación de la violencia y la inestabilidad en tierras chiapanecas.
El liderazgo de Pérez Pérez pudo generarle diversos enemigos, tanto entre las bandas delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes y de personas con presencia en Chiapas como entre los sectores reaccionarios y clasistas que siguen considerando que la entidad es una hacienda privada. El sacerdote había sido blanco de múltiples amenazas por parte de cacicazgos y de grupos delictivos que operan en la entidad, amagos que en su momento fueron señalados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Pérez Pérez se distinguió por su cercanía con el pueblo y apoyo a quienes más lo necesitaban, afirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). La Compañía de Jesús lo recordó como un símbolo de resistencia y acompañamiento para las comunidades de Chiapas en la defensa de su dignidad, los derechos de los pueblos y la construcción de una paz verdadera. Durante décadas, su compromiso con la justicia y la solidaridad lo convirtió en un referente para quienes anhelan un futuro sin violencia ni opresión, señaló el organismo.
Jesús Peña, representante adjunto en México de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), calificó de “absolutamente inaceptable” el asesinato de Marcelo Pérez, cuya labor por los pueblos indígenas era ampliamente reconocida en Chiapas y a escala internacional.
Señaló que a pesar de contar con medidas de protección y de las constantes denuncias sobre las agresiones que enfrentaba, esos esfuerzos resultaron insuficientes. Peña destacó que desde 2018, la ONU-DH ha documentado al menos 134 asesinatos de defensores de derechos humanos con posibles nexos con su labor. En este año han sido siete, por lo menos.
Fue un crimen anunciado y de una señal inequívoca de la determinación de los generadores de violencia de seguirse enseñoreando en la entidad del sureste. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal ya abrió una investigación para esclarecer el homicidio, mientras la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que no habrá impunidad en el caso.
Lo que reclama la ciudadanía chiapateca es que se apliquen con urgencia los cuatro ejes de la política de seguridad anunciada por la mandataria el pasado 8 de octubre: atención a las causas sociales de la violencia, consolidación y despliegue de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación policial y coordinación estrecha entre el gobierno federal y los estados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido que se le brindara protección, pero lo único que obtuvo fue una orden de aprehensión que estaba detenida. “El estado, todo el país y el mundo entero se están llenando de violencia, de muerte, de sangre”, lamentó Rodrigo Aguilar, obispo de San Cristóbal de las Casas.
*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)