Malvinas, armas nucleares y militarización: deudas de la ocupación

Guillermo Carmona | 

Las cuatro décadas pasadas han sido de profundos y vertiginosos cambios, marchas y contramarchas, crisis y recuperaciones que han hecho de la Argentina un país resiliente y del pueblo argentino un ejemplo de tenacidad para afrontar las dificultades. Sin embargo hay constantes en ese periodo de nuestra historia.

Una de las más evidentes es la cerrada reticencia del Reino Unido a retomar el proceso de diálogo y negociaciones por la Cuestión Malvinas –congelado poco antes del Conflicto del Atlántico Sur-, la persistencia de la vulneración de la integridad territorial argentina, la permanente realización de actos unilaterales en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, y la histórica contravención de normas internacionales, falta de transparencia y buena fe en la militarización de esa parte del territorio nacional por parte de la potencia ocupante.

Este último aspecto se evidencia en la negativa del Reino Unido a brindar información sobre la introducción de armas nucleares en el conflicto de 1982 y en el proceso de militarización del archipiélago.

El pasado 5 de enero, mediante un comunicado oficial, la Cancillería argentina fijó posición respecto de la información publicada por Declassified UK, portal británico especializado en asuntos de defensa, sobre el envío de buques británicos con 31 armas nucleares al conflicto del Atlántico Sur de 1982 y expresó que “de confirmarse la existencia de archivos desclasificados que aporten mayores detalles respecto de la gravedad de los hechos difundidos en medios de prensa, por la magnitud y circunstancias que se hubieran revelado, el gobierno argentino reiterará su reclamo al gobierno del Reino Unido y en el marco de su invariable política contraria a las armas nucleares así como respecto de su uso, prevé plantear esta situación ante los organismos internacionales competentes”.

La confirmación se produjo días después, cuando pudimos acceder a esos archivos y analizarlos en profundidad, corroborando la veracidad de la información publicada por el medio británico y tomando nota de otros delicados aspectos que se desconocían. Si bien cabe suponer la existencia de otros documentos no desclasificados, el acceso a esta información permite confirmar lo que Argentina suponía: el riesgo nuclear en la guerra de Malvinas fue de una envergadura extraordinaria. Cabe, por lo tanto, el reproche de la acción irresponsable del gobierno británico de transportar el armamento nuclear y la sistemática negativa al aporte de información respecto del destino del mismo.

De acuerdo a lo anunciado y comprometido en el comunicado del 5 de enero, el Canciller Santiago Cafiero planteó la cuestión ante la Cumbre de Desarme de Naciones Unidas la semana pasada, sosteniendo al momento de exigir explicaciones al gobierno británico que “el Reino Unido negó categóricamente poseer armas nucleares en la zona del conflicto del Atlántico Sur en el ámbito de Opanal y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Argentina repudia la falsedad de la información provista en su momento por el Reino Unido en dichos foros. Esa conducta es violatoria de la obligación de obrar de buena fe y demuestra la falta de garantías de transparencia acerca de la presencia de armas nucleares en el Atlántico Sur”.

En efecto, desde 1982 el Reino Unido negó el traslado de armas al Atlántico Sur durante el conflicto bélico. Recién en 2003, 21 años después del conflicto bélico, el Ministerio de Defensa británico publicó un informe en el que se mencionaba que la fuerza de tarea que se constituyó para ir al Atlántico Sur durante el conflicto de 1982 incluyó navíos equipados con armamento nuclear. En ese momento, el Reino Unido negó que hubiera violado el Tratado de Tlatelolco y afirmó que todas las armas regresaron al Reino Unido en buen estado. La Argentina protestó enérgicamente.

Con la última desclasificación se abre un nuevo capítulo. A partir de esa información hoy sabemos que:

– Las autoridades británicas evaluaron el curso a seguir respecto de las armas nucleares que portaban distintas embarcaciones que se dirigirían a Malvinas. La evaluación implicó la alternativa de su descarga en la isla Ascensión y la posible violación del Tratado de Tlatelolco en caso de decidirse el envío. El 11 de abril de 1982 el comité de Defensa británico resolvió no desembarcar el arsenal nuclear y dirigir las embarcaciones a la zona de conflicto.

– El arsenal nuclear presente en la flota británica representaba una alta proporción del arsenal nuclear de Reino Unido. Consta la presencia de 31 armas nucleares y que las mismas fueron transportadas por las embarcaciones HMS Hermes (16), Invincible (11), RFA Resource (2) y RFA Fort Austin (2). Además constan algunos detalles de la redistribución del arsenal nuclear que realizaron los mandos británicos para intentar evitar el fuego argentino, lo que da cuenta de la preocupación por las consecuencias del posible impacto que se reitera en distintos documentos. (Al respecto puede verse la nota de Alejandro Amendolara y Mariano Sciaroni, Malvinas, archivos desclasificados: el estudio inglés que afirma que dos misiles apuntaron contra un buque con armas nucleares, Infobae, 14-1-2022).

– Se habrían tratado de bombas antisumbmarinas, aunque los documentos hacen mención a que las mismas estaban preparadas para ser lanzadas desde helicópteros o desde aviones Sea Harriers.

– Los documentos no informan sobre la potencia, aunque entre los especialistas hay coincidencias de que se trataría de bombas de tipo WE.177ª cuya potencia individual oscilaría los 0.5kt a 10kt. De ser así, el arsenal de carga de este armamento representaba en su totalidad una potencia de entre 15,5 y 310 kilotones. A modo de referencia, la bomba de Hiroshima tuvo una potencia de 15 kilotones, es decir, estuvimos expuestos a una potencia, medida en kilotones, equivalente a una o más bombas de Hiroshima. Como señaló el Canciller Cafiero, “además de tratarse de una significativa cantidad, la mera presencia de esas armas implicó, no sólo para la Argentina sino para toda la región, un grave riesgo nuclear tanto en términos de contaminación radioactiva en el Atlántico Sur, como por las catastróficas consecuencias humanitarias asociadas al armamento nuclear”. El Reino Unido nos expuso a un escenario dantesco.

La publicación de los documentos confidenciales y el posterior reclamo del canciller Cafiero se inscriben en un contexto de 40 años de absoluta falta de transparencia por parte del Reino Unido. Esto no solo constituye un atentado contra la buena fe en las relaciones entre ambos países y frente a toda la comunidad internacional, sino también una clara violación del derecho internacional. La Argentina históricamente ha optado por el desarrollo de usos pacíficos de la tecnología nuclear y ha trabajado arduamente para cumplir y hacer cumplir resoluciones y tratados relacionados, como el Tratado de Tlatelolco, que convirtió a América Latina y el Caribe en la primera zona libre de armas nucleares del mundo.

Es dable destacar que la revelación de estos documentos sucede en un contexto de creciente militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido, constituyendo una verdadera amenaza para nuestro país y la región. El gobierno argentino ha manifestado tanto en el plano bilateral como multilateral su preocupación por la prolongada e injustificada presencia militar británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, que incluye una desproporcionada base militar en las Islas Malvinas así como el desplazamiento de submarinos con capacidad de portar armamentos nucleares.

Esta situación contradice la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas está pendiente el proceso de negociación dispuesto por las resoluciones pertinentes. Asimismo contradice la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los estados de todas las demás regiones, en especial a los estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región.

El Reino Unido está en deuda con la Argentina y con la comunidad internacional: tiene la obligación de brindar información precisa y documentada sobre la introducción de armamento nuclear en una zona de paz y libre de armas nucleares, y tiene que asumir las responsabilidades derivadas de tal decisión. Asimismo debe desmilitarizar las islas Malvinas en cumplimiento del derecho internacional. Mientras no lo haga, sus apelaciones al respeto del derecho internacional en otras regiones y sus condenas al militarismo y belicismo en el conflicto europeo resultarán carentes de credibilidad y sujetos a la crítica por la aplicación de un inaceptable doble estándar en las relaciones internacionales.

* Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.