MacriPapers al rojo vivo: Un Delgado cordón molesta al presidente argentino
Carlos A. Villalba-CLAE|
Las políticas dictadas por las corporaciones y sus representantes en el gabinete de la Alianza Cambiemos convirtieron en grandes ganadores del primer año de su gobierno a los agronegocios, la megaminería, el sector financiero y a Clarín, el grupo de medios que en doce meses se quedó con todo lo que buscaba, desde la exclusiva del River-Boca hasta la telefonía celular de 4G a través de Nextel y parte las acciones de Telecom, además de evitarle el camino de la “desinversión” al que estaba obligado por la Ley de Medios violada el mismo 11 de diciembre de 2015 y de alcanzar el primer lugar en la distribución de la pauta de medios que ofrece el Estado, con un bocado del 18% del total.
La paradoja es que el propio presidente Mauricio Macri no aparece dentro del podio triunfal, muy especialmente por un campo al que la realidad argentina actual no mira -o mira del revés- y que los principales grupos de medios ignoran con desfachatez: su situación judicial. El primer presidente argentino que asumió estando procesado, por el caso de las escuchas ilegales que lo implicaban en una “asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino” termina, al igual que muchos de sus funcionarios, con causas abiertas en los tribunales de Comodoro Py.
El juez Sebastián Casanello desechó la opinión del Juzgado de Primera Instancia y de la Cámara Federal, que habían dado por buenas las pruebas contra el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cortó de cuajo la situación 19, días después de la asunción presidencial; sin embargo y contra todo lo previsible por cualquier analista malpensado, Macri y su familia no logran sacarse de encima una serie de investigaciones judiciales disparadas por imputaciones de gravedad.
Desde abril pasado, llueven las denuncias y avanzan causas en su contra relacionadas con los manejos financieros del emporio SOCMA, que se remontan a la última dictadura cívico-militar; con los movimientos multimillonarios a través de cuentas offshore, desnudadas por los PanaPapers; a raíz de la desaparición de documentos comprometedores en el incendio intencional de Iron Mountain e, incluso, ante las características del endeudamiento externo destinado al pago a los fondos buitre que dispuso la gestión Cambiemos.
Sideco Americana, empresa insignia del grupo Macri -de la que Mauricio fue director y accionista- admitió ante la Procuración General que se quemaron varias cajas repletas de papeles de su propiedad en el incendio de Iron Mountain, empresa que no estaba en condiciones de habilitación para operar, aunque las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezadas por… Mauricio Macri, le permitieron actuar hasta que estalló el fuego y perdieron la vida ocho bomberos y dos voluntarios.
Con los papeles quemados desde diciembre de 2014, dos días después del destape de las cuentas offshore en 2016, Sideco siguió borrando huellas al dejar de cotizar en Bolsa, con lo cual evitó publicar sus balances y estados financieros.
Piedra libre
La filtración de datos desde Panamá puso los reflectores mundiales sobre la purulencia financiera local, sin embargo, hay pruebas desde hace décadas de la existencia de un país paralelo: la Argentina Offshore, sólo habitada por grupos económicos oligárquicos y bandas delincuenciales, destinada a evadir y “esconder” bienes -obtenidos a través de variadas malas artes- como lo expresó el propio Macri, además de afirmar con reflejos de avestruz un “no tengo nada que ocultar, era plata que me pertenecía, que me pertenece, totalmente declarada ante la agencia de impuestos de Argentina”.
Los ya localizados MacriPapers instalaron el primer gran escándalo de Cambiemos. Macri, su padre, sus hermanos, tíos y primos quedaron al desnudo. Investigaciones de medios como Página 12, La Nación, El Destapeweb, Infoeconomico.com, del diputado neuquino por el Frente para la Victoria, Darío Martínez, y de este cronista mostraron la existencia de una treintena de offshores, radicadas en distintas guaridas fiscales. A ellas pueden agregarse varias decenas más pertenecientes a miembros de su gabinete y sus familiares o prestanombres.
A pesar del negacionismo oficial, el fiscal federal Federico Delgado inició una acción penal contra Mauricio Macri por presunta “omisión maliciosa” en su Declaración Jurada, a raíz de la revelación de su participación en dos offshore radicadas en Panamá y en Bahamas que mantienen sus operaciones. Casanello, el absolvedor de diciembre, quedó a cargo de la investigación sobre las acciones y los manejos financieros de los Macri.
A poco de terminar 2016, Delgado aseguró que “no se puede descartar” una futura imputación al presidente Macri por “lavado de dinero”, aunque aclaró que para dar ese paso “hay que tener toda la información disponible, y por ahora no lo tenemos”. En un país sin prensa cautiva, hubiese sido una bomba; en la Argentina de Clarín, apenas un pie de página, en momentos en que las denuncias ya no eran producto del trabajo de un grupo solitario de periodistas o de uno solo de los 257 diputados nacionales, sino de investigaciones de la Justicia alemana.
Hermanitos en fuga
La Fiscalía de Hamburgo detectó que la firma BF Corporation, relacionada con los hermanos Gianfranco y Mariano Macri, solicitó al banco UBS Deutschland AG el cierre inmediato de su cuenta y la transferencia de sus fondos a una cuenta del banco J. Safra Sarasin en Ginebra, Suiza, país que no coopera en materia de lavado de activos con la Justicia extranjera, como sí lo hace Alemania.
Los apoderados de BF Corporation -creada por el bufete panameño Mossack Fonseca y operada por el estudio contable uruguayo Lussich- pidieron al UBS “destruir toda la correspondencia” depositada en sus archivos. El estudio montevideano es el mismo que ordenó en 1998 la creación de Fleg Trading, en la que figuran Franco, Mariano, Gianfranco y Mauricio, es investigada por el movimiento de u$s 9,3 millones no declarados y, al momento, constituye uno de los puntos màs oscuros del patrimonio del presidente argentino.
Faltaban seis días para la segunda vuelta electoral en la Argentina cuando los controles de delitos financieros germanos dispararon las alarmas y contactaron con la oficina de Interpol en Wiesbaden, que el 25 de agosto envió un correo electrónico a sus oficinas en Argentina, Uruguay y Panamá y la información terminó en los despachos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que inició la investigación que le corresponde, radicó una veintena de denuncias en el fuero penal económico y presentó su dictamen ante el juez Casanello y el fiscal Delgado, quien se atrevió a afirmar que “la familia Macri deberá explicar de dónde salió el dinero” oculto en las guaridas fiscales y por qué se dio “la orden de destruir la documentación” sobre estas cuentas.
La Fiscalía se apoya en la denuncia de la Procelac, que considera estar ante “indicios de ilicitud”, en tanto “podría haber estado encaminada a destruir documentos o pruebas que acrediten la relación entre las personas identificadas (los Macri) y las operaciones sospechosas que deberían ser investigadas a partir de la presente denuncia”.
Sacudón a la diplomacia
Antes de recibir la denuncia alemana, el fiscal Federico Delgado ya había reclamado al juez Casanello que citase a declarar al funcionario de la Cancillería encargado de impulsar los exhortos diplomáticos, para ponerlo en autos de las necesidades. Aseguró en ese momento que en la práctica los gobiernos no colaboran con la administración de justicia de su propio país. Según el diario brasileño Carta Capital, el funcionario está “seguro de la ruta financiera Bahamas, Brasil, utilizada por Macri y sus familiares para el blanqueo de dinero”.
El funcionario afirmó que “Si bien el proceso de reconstrucción de los hechos se nutre de fuentes locales, es necesario insistir en el aspecto internacional porque, en definitiva, es preciso reconstruir con la mayor precisión posible el mapa societario para definir cuestiones relevantes para el proceso”. En el caso de Brasil, Delgado apunta a siete empresas de los Macri conectadas con Socma Americana, cabeza del emporio presidencial, entre las que se encuentra Fleg Trading.
Por otra parte, la falta de colaboración desde Brasil, es considerada por muchos como un intento de protección de Mauricio Macri por parte de su colega Michel Temer, quien desplazó a la presidenta constitucional Dilma Rousseff.
Para romper con la inercia, Delgado propuso citar al responsable diplomático de diligenciar los exhortos para explicarle las urgencias y necesidades del juzgado y el efecto de los exhortos en el trámite, los tiempos del proceso y en la ley aplicable. Meses atrás, con cierta resignación pesimista, remarcó que “Dependemos de los vetustos exhortos cuya eficacia y velocidad está dada, exclusivamente, por la voluntad de los gobiernos requeridos y por la habilidad diplomática de los Estados requirentes”. En ese momento ya marcó que se requiere “voluntad política”, en este caso ligada al interés por transparentar un caso que afecta a la máxima investidura institucional del país.
Socio buitre
Los datos sobre el endeudamiento por 16.500 millones de dólares que encaró el gobierno de Macri para cancelar en efectivo u$s 12.500 millones a los fondos buitres gozan de buena salud, a diferencia de la documentación de SOCMA perdida al quemarse 30.000 cajas en el incendio “intencional y en acuerdo con sus clientes” del galpón de la empresa Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas.
Ese pago, constituye “el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional”, según el dictamen del fiscal federal Federico Delgado sobre las irregularidades en el pago concretado el 22 de abril pasado, producido seis meses después que el juez federal Sebastián Casanello diese curso a la investigación de los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis.
El “balance de la prueba” de 28 carillas detalla las faltas legales, las omisiones procedimentales y los antecedentes económicos que llevaron a la fiscalía a recomendar la unificación de la denuncia presentada por Barcesat contra el millonario desembolso a los buitres con la ya histórica megacausa que investiga el origen fraudulento del endeudamiento externo de la Argentina desde 1976 hasta los canjes de 2005 y 2010, impulsada desde sus inicios por Alejandro Olmos, fogoneada por su hijo.
El fiscal de los Panamá Papers considera que la defraudación contra la administración pública con los ciclos de endeudamiento comenzó con la dictadura cívico militar y continuó en democracia hasta el 31 de marzo de 2016, cuando el Congreso sancionó la ley 27.249, nominada con el eufemismo “Normalización de la Deuda Pública y de Recuperación del Crédito”, impulsada por el Poder Ejecutivo y acompañada por la “renovación” massista y por el “justicialismo” de Diego Bossio.
Delgado reforzó sus consideraciones con un informe de los peritos del Banco Central Omar Miliano y Alicia Galófaro que documenta las falencias jurídicas de la decisión de Macri y determinaron que no se cumplió con Ley de Administración Financiera y “no existe parámetro válido de comparación del pago al contado de u$s 12.500 millones”, porque “continúan en etapa de adhesiones” (a la fecha del informe), no se conoce el “detalle completo” de las emisiones de bonos originales ni el “cálculo de ajuste”, previsto a pagar a cada fondo buitre. Los funcionarios del Central alertaron que “en algunos casos ni siquiera existieron resoluciones judiciales que pusieran fin al pleito”.
Según el funcionario, este sería un precedente que Macri y Prat Gay omitieron a la hora de definir los acuerdos, obviando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, para la que “Convalidar una acción individual promovida en un tribunal extranjero elude el proceso de reestructuración de la deuda dispuesto por el Estado argentino mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido por la Constitución”.
A juicio de Miliano y Galófaro el “acuerdo no fue tan beneficioso” como estima el ministro Alfonso de Prat Gay. Sentencian que “No se elaboraron informes por parte de áreas técnicas de organismos estatales que sustenten los montos demando”, “hubo acuerdos firmados a mano alzada”, “no se individualizaron los títulos incorporados” con lo cual es imposible determinar el rango” del importe a pagar y “en la mayoría se acuerda pagar más de lo acordado en las sentencias”.
Papá en otro barrio judicial
Contra lo que ordena la Constitución Nacional y la más elemental de las reglas de gestión y traicionando los códigos de un acuerdo con el massismo legislativo que acompañó el proyecto de blanqueo de activos, el presidente Macri anuló por decreto uno de los puntos de la Ley que sus laderos legislativos impusieron. Por ese método subalterno, que usó a mansalva a lo largo de todo el año, incluyó entre los beneficiarios del “blanqueo de capitales” a familiares directos de los funcionarios…, en especial su propia familia que, como ya fue consignado, cuenta con decenas de sociedades radicadas en guaridas fiscales.
Mauricio Macri, Marcos Peña y Alfonso Prat Gay, fueron imputados por esa decisión administrativa que modifica una ley del Congreso y la transforma en una herramienta a medida de los miembros del Ejecutivo. El Juez Ariel Lijo y el excavador patagónico Guillermo Marijuan quedaron a cargo de la acción iniciada por la diputada nacional Victoria Donda.
La lista sigue, los juzgados que atienden las denuncias son más que los que siguen la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las causas la superan en número y en montos. El tarifazo del ministro Juan José Aranguren y la importación de gas desde Chile, el acuerdo con Qatar, el blanqueo de capitales, mantienen a Macri y sus funcionarios en el ring judicial. La bicicleta financiera generada por la emisión desmesurada de Letras del Banco Central y el “dólar futuro” también llegaron a los estrados, los fiscales pidieron sus imputaciones, pero sus jefes cortaron de cuajo acusaciones por constituir herramientas de política económica, por lo que no pueden ser juzgados, razonamiento que le niegan a la ex mandataria y su equipo.
A solo doce meses de su asunción, la presión de la Justicia sobre Mauricio Macri es delgada, pero aprieta.
*Sicólogo y periodista argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)