Los efectos destructivos del bloqueo en la franja petrolífera del Orinoco
Misión Verdad|
Todos los informes y reportes emitidos por organizaciones o actores que no son vinculantes entre sí, pero tienen a Venezuela en su centro de atención, coinciden con una evidente conclusión en torno a los efectos del bloqueo estadounidense sobre la economía local: cada agresión en contra de PDVSA, por medio de las órdenes ejecutivas emanadas de la administración estadounidense de turno, ha golpeado notablemente la producción de crudo del país, generando así daños significativos a las áreas sensibles de todo el aparato económico venezolano.
Pasaremos a comentar uno de esos papers. En esta ocasión, el economista antichavista Francisco Rodríguez realizó un informe direccionado hacia las repercusiones de las MCU sobre la producción petrolera en la Faja Petrolífera del Orinoco, comentando como abrebocas en su trabajo que las «sanciones» financieras y petroleras avivaron enormes pérdidas en la producción de petróleo en esa área geográfica estratégica.
A continuación desplegamos algunos de los datos más resaltantes.
LA PRODUCCIÓN EMPIEZA A CAER EN 2016
Basándose en datos de la OPEP para realizar cálculos propios, Rodríguez señala que se registró una estabilidad en la producción hasta 2016, cuando por efectos de los bajos precios del petróleo crudo a nivel mundial inicia un leve descenso.
Pero la disminución acelerada inicia en 2017, cuando se lleva a cabo la primera escalada en las MCU financieras. En este apartado, Rodríguez se refiere a la orden ejecutiva 13808 firmada por Donald Trump en agosto de 2017.
Esa orden ejecutiva contiene «sanciones» sectoriales con operaciones prohibidas específicamente a estadounidenses y a operaciones realizadas en Estados Unidos, teniendo como objetivo primordial atacar a las operaciones de índole financiero que involucran a PDVSA.
En la investigación, Rodríguez hace la salvedad que, antes de la imposición de «sanciones», PDVSA había comenzado a refinanciar una parte importante de sus atrasos con los proveedores de servicios mediante la emisión de pagarés de la ley de Nueva York y concluye que la orden ejecutiva 13808 puso fin a este tipo de acuerdos, prohibiendo el pago de la deuda a cualquier acreedor calificado como «persona de los Estados Unidos».
Rodríguez apunta que, a mediados de 2017, PDVSA se mantenía al día con al menos 3 mil 200 millones de dólares de pagarés con General Electric, Halliburton y Schlumberger, pero esas MCU impidieron que PDVSA emitiera nuevos pagarés y que los tenedores negociaran los mismos.
Si bien existe la opción de las licencias OFAC, cuyo mecanismo alternativo tiene poca o casi nula eficacia, tal como se expuso en la revisión del Informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de los Estados Unidos (GAO), anteriormente reseñado por esta tribuna. El mencionado mecanismo generó, según Rodríguez, grandes pérdidas para las empresas que habían aceptado refinanciar la deuda con PDVSA.
No obstante, Chevron es la única empresa estadounidense en territorio venezolano que se le otorgaron licencias junto con otras empresas estadounidenses para continuar operando en Venezuela desde el inicio de las MCU al sector petrolero. Este no fue el caso para empresas europeas como Repsol y ENI.
En otro frente de análisis, el economista hace mención a que la producción también sufre una mayor caída en 2019 con la aplicación de «sanciones» secundarias al sector. Este dato sobre las «sanciones secundarias» es crucial en el mapeo del recrudecimiento de este mecanismo unilateral hacia PDVSA, ya que en el argot «sancionatorio», las secundarias están destinadas a disuadir a personas que no son estadounidenses para que cambien sus posturas en estas dinámicas comerciales y financieras.
Es decir, este tipo de MCU operan esencialmente con la restricción en el acceso de una persona NO estadounidense al mercado de capitales o al sistema bancario de Estados Unidos, solo si dicha persona se involucra con PDVSA.
Con esto estamos hablando que en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez se firmaron acuerdos de cooperación con un amplio listado de empresas como Rosneft, Repsol, ONGC, Oil India Limited, Indian Oil Corporation, Chevron, INPEX y Mitsubishi, por nombrar algunas. De esta manera, todas ellas se vieron perjudicadas al realizar o continuar las operaciones petroleras en el país.
Rodríguez argumenta que hay varias razones por las cuales las «sanciones» financieras llevaron a una trayectoria de la industria petrolera del país mucho peor que si el país hubiera experimentado un escenario sin MCU. Una de ellas es la que expone en el siguiente apartado.
LAS RESERVAS DE LA FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO
La Faja Petrolífera del Orinoco fue nacionalizada en 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez. Está conformada por cuatro grandes campos petrolíferos en los que se involucraron comercial y operativamente más de 20 empresas extranjeras, convirtiéndose en el corazón geoestratégico petrolero del país.
En la investigación de Rodríguez, se observa un gráfico de la producción de la Faja en el que muestra un crecimiento de producción entre 2009 y 2015, incluso con los tiempos de caída de producción general que marca este economista en el apartado anterior, con la baja de los precios en 2016, la producción de la Faja se mantuvo estable hasta agosto 2017, tiempo donde inició la pronunciada caída en esta área de explotación petrolera.
Por ende, según las cifras manejadas por Rodríguez, desde agosto 2017 hasta 2020 la producción de empresas mixtas se redujo en un 90,1%, una tasa ligeramente superior a la que redujo la producción en los campos que eran propiedad exclusiva de PDVSA (86,9%).
Esto se encuentra ligado con lo explicado previamente sobre las «sanciones» secundarias; por ejemplo, en 2020 la administración de Donald Trump impuso MCU a la subsidiaria rusa Rosneft Trading por mantener vínculos comerciales con el gobierno constitucional de Nicolás Maduro.
En definitiva, la producción de crudo en el país experimentó un grave descenso, tanto en los campos operados en su totalidad por PDVSA como en los controlados por empresas mixtas con socios internacionales y privados.
Para 2012, el presidente Hugo Chávez informaba que se producía en la Faja aproximadamente más de un millón de barriles día y se esperaba, a mediados de ese año, aumentar al millón y medio, pues el plan en este extenso territorio de perforación de hidrocarburos era, para el año 2019, registrar 4 millones de barriles por día. Los cálculos, las inversiones y el plan per se estaban claros y eran factibles, pero la coerción ilegal impuesta por Estados Unidos en el sector solo condujo a obstaculizar los objetivos de desarrollo inmediato en Venezuela.
CLAVES EN LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Rodríguez y su equipo emplearon cálculos financieros y económicos para corroborar sus hipótesis en los efectos de las «sanciones» al sector petróleo del país. Utilizando el acceso diferencial al crédito de las empresas petroleras en la Faja Petrolífera del Orinoco, el economista venezolano apunta lo siguiente:
- La falta de acceso al mercado crediticio provocada por las «sanciones» puede explicar entre el 45,4% y el 61,7% de la caída de la producción observada en la región que abarca la Faja.
- Sus estimaciones sugieren que, en ausencia de las MCU al sector petrolero, las exportaciones de petróleo de Venezuela podrían ser aproximadamente dos o tres veces más grandes que sus niveles actuales.
- Las «sanciones» financieras y petroleras provocaron grandes pérdidas en la producción de petróleo entre las empresas que tenían acuerdos de financiamiento especiales que permitían el acceso al crédito en comparación con las que no lo tenían. En resumen, se registró alrededor de la mitad de la caída de la producción experimentada en esas empresas desde la adopción de las medidas estadounidenses.
- Al excluir a otras empresas de la posibilidad de tener acceso a acuerdos similares, Rodríguez argumenta que las «sanciones» impidieron la adopción de políticas que, de implementarse, habrían asegurado la estabilidad de la producción de la Faja.
- Las disposiciones financieras de Washington actuaron como un ataque quirúrgico económico capaz de replicar los efectos de un embargo comercial en toda regla.
Es pertinente señalar que, a pesar de que en 2017 se impuso la «sanción» a actores o empresas de Estados Unidos que procedieran a iniciar o mantener nexos comerciales y financieros con PDVSA, esta maniobra incidió en otros actores internacionales porque bajo esa amenaza se encontraba la posibilidad de entrar en una lista negra y ser víctima de una serie de penalidades si se violaba ese «Decreto Trump».
Se debe a que ese tipo de orden ejecutiva se emite bajo el amparo de lo dispuesto en la Ley sobre Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, sus siglas en inglés). Asimismo, desde 2014 la Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela abrió el camino para todas las MCU impuestas contra Venezuela.
Entonces, si al violar la IEEPA puede conllevar a multas de hasta 1 millón de dólares por infracción, ¿cuál empresa internacional podría tomar este tipo de riesgo en un escenario de coerción unilateral como el presente? Incluso, si una persona física intenta negociar con PDVSA podría estar 20 años de prisión, según dicha ley.
Tomando en cuenta los resultados del análisis de Rodríguez, se suma una nueva evidencia a la amplia lista de los grandes impactos de las MCU al sector petrolero que afecta, indudablemente y como se ha denunciado durante años, a la economía del país.
Rodríguez comenta que los acuerdos de financiamiento para PDVSA probaron ser exitosos entre 2013 y 2017. Por ende, el golpe crucial fue dirigido al núcleo atractivo de la Faja: afectar los acuerdos de financiamientos y negociación que, así como con Petrocaribe, eran inigualables en la esfera de los negocios petroleros.
La privación del acceso a los mercados capitales y de finanzas del mundo conllevó a mellar notablemente la producción de petróleo del país, quebrando así la capacidad de exportación de Venezuela a los diferentes socios en el mundo.