Los bancos y la política no se mezclan bien

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ROBERTO SAVIO| No pasa una semana sin que venga a la luz un escándalo relacionado con los bancos. El último fue el de una agencia reguladora norteamericana que acusó al British Standard Chartered de tramar con el gobierno iraní el lavaje de billones de dólares para un potencial apoyo de actividades terroristas.

La plusvalía de esta alegación está en el hecho de que hasta ahora, el Standard Chartered era considerado uno de los bancos más limpios y nunca estuvo asociado a ningún escándalo.

Hace poco tiempo, el senado norteamericano alegó que el HSBC, otro gigante británico, estaba apoyando actividades supuestamente terroristas, por las cuales HSBC pidió disculpas y ha puesto de lado 700 millones de dólares para pagar potenciales multas y sanciones.

Estamos ahora entrando en otro nivel de este incesante flujo de escándalos financieros. Está llegando al punto de afectar a algunas de las personas más poderosas del mundo de la finanza, mucho más allá de los propios bancos.

Empezó en España, donde el anterior Ministro de Hacienda, Rodrigo Rato, considerado un hombre influyente tanto en su proprio país como en el extranjero (fue director del Fondo Monetario Internacional), ha sido acusado de permitir que el sistema bancario español se descontrolara y hay ya varios llamamientos a que se lleve ante la justicia. Ha sido cuestionado en una audiencia parlamentaria, que acabó por transformarse en hostil, a pesar de sus afinidades políticas.

Más lejos, en Estados Unidos, Timothy Geithner, el Secretario del Tesoro (Ministro de Hacienda), ha sido cuestionado sobre el hecho de que a pesar de estar al corriente de la manipulación del Libor (la tasa interbancaria de préstamo), no hizo mucho como para evitarla.

El comité de Servicios Financieros del parlamento lo convocó a una audiencia donde defendió su exhorto a la creación de nuevos reglamentos, pero no explicó por qué no intervino activamente para parar lo que él sabía que el Banco Barclay´s estaba haciendo.

Y ahora algo impensable ha sucedido. La oficina del Defensor del Pueblo Europeo (Ombudsman) anunció que está lanzando una investigación relativamente a las alegaciones de afiliación de Mario Draghi al llamado Grupo de los 30, lo que “es incompatible con la independencia, reputación e integridad del BCE”.

¿Es verdad que el Ombudsman ha dicho esto? Mis amigos en la dirección general de la Corporate Europe Observatory han hecho esta acusación en sus quejas al Ombudsman. Es un punto importante.

Si el Ombudsman está de acuerdo será porque Draghi, que fue vicepresidente y director ejecutivo de Goldman Sachs y del Grupo de los 30 (una organización privada de reguladores influyentes, ejecutivos financieros y académicos), está acusado de reunir personas muy importantes, como por ejemplo el ex-director ejecutivo de Goldman Sachs, William Dudley, para que tome decisiones en asuntos de economía, finanza y gobernabilidad política internacional.

Este tipo de acusaciones han sido hechas durante años contra grupos como la Comisión Trilateral, la Comisión Bilderberg y el Fórum Económico Mundial. La diferencia es que el Grupo de los 30 está particularmente especializado en finanza.

Una ONG dedicada a denunciar relaciones estrechas entre lobistas y los responsables sénior de tomada de decisiones en Europa y en la Unión Europea, la Corporate Europe Observatory, rápidamente supo señalar el caso de otro ex- ejecutivo de Goldman Sachs: el Primer Ministro no electo de Italia, Mario Monti, consejero internacional de esa institución entre 2005 y 2011. Entre las tareas de Monti estaba “aconsejar negocios europeos e iniciativas públicas de relevancia, internacionalmente”.

Que todo esto nos lleve a algún lado, es muy dudoso. La red de la finanza, las corporaciones y la política es tan estrecha, que tan solo algo como una Revolución Francesa podría decapitar ese mundo.

El mejor ejemplo del camino que se está siguiendo son los Estados Unidos, donde el costo de la campaña presidencial probablemente va a superar la asombrosa suma de 2.000 millones de dólares.

Esto se debe de gran parte a una medida aprobada en el 2010 por la muy conservadora Corte Suprema, donde se aprueba que las corporaciones tienen el mismo derecho a la libertad de expresión que los individuos, y por lo tanto, ya no están sujetas a limitaciones en sus donaciones a campañas electorales.

El dinero proveniente de donaciones secretas aumentó de 1% en 2006 a 44% en 2010. Este año, unos meros 26 multimillonarios donaron 61 millones de dólares a los Comités de Acción Política (PACs en su sigla en inglés), algo que en el pasado tenía límites estrictos.

El valor neto de esos 26 multimillonarios es igual al valor de 42% de hogares norteamericanos, cerca de 50 millones de personas. ¡Se compara la libertad de expresión gozada por un par de docenas de extra ricos con la de 50 millones de ciudadanos “normales”!

Uno de estos súper donantes es un magnate de los casinos, Sheldon Adelson, que está donando 100 millones de dólares a la campaña de Romney (si sale elegido, hay tener ojo a los nuevos reglamentos sobre casinos). Hay muchos más donantes a esa campaña, cuya identidad no es conocida, porque ofrecen el dinero a asociaciones sin fines de lucro como los PACs estructurados, cuyos donantes pueden permanecer anónimos. De acuerdo con Rick Maloney, del Comité de Protección de la Ética, la mayor parte de ese dinero proviene de bancos.

Algo que está clarísimo es que Romney está invirtiendo más que Obama. El Presidente ha gastado 400 millones de dólares en los últimos 18 meses y a medida que se acerca el día de las elecciones, será necesario más dinero.

Entretanto, el debate ha cambiado completamente de rumbo, hacia ataques personales, repetidos centenares de veces en la radio y la televisión, durante días y días, sin centrarse en la visión o en las políticas de cada uno de ellos, fundamental para el debate.

Puede que algunas personas estén empezando a darse cuenta de la gravedad de la situación y de su no sustentabilidad. Fue con gran sorpresa que Sanford Weill (un banquero, financiero y filántropo norteamericano) declaró en la televisión que “lo que probablemente deberíamos hacer es separar los bancos de inversión de la banca. Que la banca no haga algo que ponga en riesgo los dólares de los que pagan los impuestos, que no sea demasiado grande como para hacerla caer”.

Weill, ex-jefe del mega-grupo Citibank, durante años tuvo una placa en su oficina que decía “La aniquiladora Glass-Steagall”.

La ley Glass-Steagall, creada en 1933 después de la Gran Depresión del 1929, regulaba una separación estricta entre bancos de depósito y bancos de inversión, para que estos últimos no pudieran utilizar el dinero de los clientes para la especulación. Esta ley fue derogada por el presidente Bill Clinton en 1999 para agradar a Wall Street.

Desde entonces, John Reed, el cofundador del Citibank, ha pedido perdón por crear este gigante devastador que tuvo necesidad de una cantidad astronómica de dólares del gobierno para ser rescatado.

Tanto Philip Purcell, ex-jefe ejecutivo de Morgan Stanley, como David Romansky, ex-líder de Merrill Lynch, ambos personajes importantes en la revocación del acto Glass-Steagall, han expresado inquietudes semejantes.

En conclusión, cito las líneas finales del editorial del New York Times del 27 de Julio: “Hemos defendido con fuerza la revocación del acto Glass-Steagall. Después de haber visto los resultados de esta desregulación radical, en la actualidad pensamos que nos equivocamos al haberla apoyado”.

Es una pena que Weill y sus amigos ya no estén en el poder.

Hasta una pequeña e inofensiva medida, como una tasa simbólica a las transacciones financieras, la llamada Tasa Tobin, es rechazada por The City y por Wall Street, a pesar de ser defendida por portavoces respetables como la Canciller alemana Angela Merkel, el ex-presidente francés Nicolás Sárkozy y su sucesor, François Hollande.
*Fundador y presidente emérito de la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) y Publisher de Other News.