Los aranceles de Trump son ilegales

Mirko C. Trudeau-CLAE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos asestó este viernes un golpe letal a la política de intimidación comercial del presidente Donald Trump contra el resto del mundo, al declarar ilegales la mayor parte de los aranceles a las importaciones aprobados por decreto por la Casa Blanca. Se trata de un golpe histórico al pilar sobre el que descansa la política económica del actual Gobierno de EE UU y una de sus principales herramientas de presión en política internacional.

Pero sobre todo establece un límite claro al Ejecutivo al dictar que el mandatario ha excedido la autoridad que le otorgan las leyes estadounidenses. Después de un año de ejercicio del poder abusivo y autoritario, esta sentencia supone la mayor afirmación de los equilibrios de poder de los que presume la democracia estadounidense.

La decisión del Supremo cayó como un balde de agua fría en la Casa Blanca. El viernes por la mañana a primera hora, el mandatario estadounidense mantenía una reunión con gobernadores de su partido cuando un asistente se le acercó con un papel, donde se plantearon los pasos a seguir para evitar que el principal eje de su política económica, el que le permite rebajar los impuestos a las empresas y aumentar el gasto militar y contra la inmigración haga aguas.

Como respuesta, tres horas más tarde de que el Alto Tribunal dictara su opinión, Trump anunció que establecerá un arancel universal del 10% bajo el amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Pero la medida deberá aprobarla el Congreso en el plazo de cinco meses.

Trump asegura que tiene otros resquicios legales para imponer sus aranceles y esgrime tres vías normativas para mantener su pulso comercial, pero todas tienen limitaciones y requieren el control del Congreso

El problema de abusar de la grandilocuencia o la exageración es que la realidad acaba poniendo todo en su sitio. El presidente estadounidense, Donald Trump, repite que los aranceles son una cuestión “de vida o muerte”. Pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos no llega a tanto. En la sentencia ha anulado los aranceles porque considera que el presidente no puede basarse en una ley para emergencias de 1977 (IEEPA, en sus siglas en inglés) para saltarse el control del Congreso con el fin de aprobar los gravámenes comerciales.

“Con el fallo, la Corte Suprema “le dijo al presidente que el pilar central de su agenda económica internacional era inconstitucional”, señala Josh Lipsky, presidente de Economía Internacional en el Atlantic Council.

Tres magistrados conservadores se sumaron a los tres de sensibilidad demócrata para formar una mayoría poco habitual y reafirmar una cuestión constitucional inequívoca: los aranceles actúan como impuestos, y el Ejecutivo no tiene poder para subir impuestos.

Trump usó de forma inconstitucional leyes de emergencia. Con este subterfugio, en febrero de 2025 impuso aranceles a Canadá, México y China y en abril estableció un arancel general del 10% sobre prácticamente todos los países. Los pequeños importadores y los Estados demócratas denunciaron la falta de autoridad del presidente para subir los impuestos a los estadounidenses. Los aranceles al acero, el aluminio o los automóviles no se ven afectados por esta sentencia porque fueron impuestos por otros métodos legales.

Douglas Irwin, profesor de Economía John French en el Dartmouth College, señala que la sentencia del Tribunal ha evitado que una persona pueda dictar políticas sin la aprobación del Congreso.

La sentencia tiene importantes implicaciones políticas, geoeconómicas y presupuestarias, y, por lo pronto, sume a las autoridades aduaneras del país en un auténtico caos. Desde que Trump declaró teatralmente la guerra comercial a prácticamente todo el mundo, el Tesoro estadounidense ha recaudado 240.000 millones de dólares por los aranceles según algunos analistas, 180.000 millones más que en el mismo periodo de 2024.

Algunos cálculos sugieren que EE UU deberá devolver aproximadamente la mitad de esos ingresos adicionales, lo que equivale aproximadamente al 0,5% del PIB. En el plano internacional, no está claro de qué manera afecta a acuerdos como el que firmó la UE con Trump, por ejemplo. El propio Trump ha reconocido en este tiempo que un fallo contrario a su política arancelaria sería una “catástrofe”. En su primera reacción al fallo, hizo un vergonzoso señalamiento personal a los magistrados conservadores que firman la sentencia.

Mientras, los empresarios estadounidenses ya se  preparan para reclamar indemnizaciones por los costes soportados por los aranceles durante estos meses. La asociación de pequeñas empresas Pagamos los Aranceles (We Pay the Tariffs) señaló, tras la decisión del Supremo, que la administración debe indemnizar a las compañías afectadas. Dan Anthony, director ejecutivo del grupo, subrayó, en un comunicado de la asociación, que “una victoria legal carece de sentido sin un alivio real para las empresas que pagaron estos aranceles”.

Scott Lincicome, vicepresidente del Centro de Estudios de Política Comercial del Instituto Cato y uno de los expertos de la oposición conservadora estadounidense a los aranceles,, afirmó que la decisión del Tribunal “es una buena noticia para los importadores estadounidenses” y la economía estadounidense.

También la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos se pronunció tras conocer el fallo del Supremo y mostró su satisfacción con la decisión. “Proporciona una certeza muy necesaria para las empresas y fabricantes estadounidenses”, declaró David French, directivo del grupo. Y añadió que las devoluciones de las cantidades perdidas “servirán como impulso económico y permitirán a las empresas reinvertir en sus operaciones, sus empleados y sus clientes”.

Aunque resulta muy complicado calcular el importe total de las posibles devoluciones, la consultora Capital Economics considera que las peticiones de reembolso de las empresas podrían ascender a 120.000 millones de dólares, según informa The New York Times.

Otros caminos

La Administración estadounidense puede intentar ahora reimponer los aranceles a través de otras leyes, pero pasando por el Congreso, donde los republicanos tienen una mayoría muy frágil y dividida, más aún en año electoral. Un reciente informe de la Reserva Federal sentenciaba que son los hogares y las empresas los que soportan el 90% del coste de los aranceles de Trump, en contra de las proclamas oficiales.

La propia Casa Blanca ha tenido que dar marcha atrás en algunos aranceles (sobre el café, los plátanos o la carne) que encarecían considerablemente la cesta de la compra y agravaban la crisis de asequibilidad que sufre parte importante de la sociedad.

“El muro arancelario estadounidense, que puede modificarse, y se modifica, a voluntad, ha sido gran parte del problema en las relaciones internacionales actuales, no la solución”, explica Alan Wolf, analista del Peterson Institute for Internacional Economics (PIIE). “Lo más probable es que el arancel generalizado impuesto por Trump, basándose en su propia interpretación de su autoridad comercial, no pueda restablecerse. Y, si EEUU intenta reconstruir su muro arancelario, dañará en cierta medida la economía mundial, pero sobre todo la estadounidense”, advierte este experto.

Los investigadores de la Universidad de Yale calculan que con el último anuncio de Trump de reestablecer unos gravámenes comerciales el tipo promedio de aranceles ascenderá al 15,4%. Todos estos vaivenes generan incertidumbre y caos entre las empresas que tienen que lidiar con cambios continuos de las tarifas en los últimos meses sin que haya un mapa claro de cómo han quedado tras tantas negociaciones y revisiones.

Pese a las incógnitas que ahora se abren y en un momento con crecientes tics autoritarios en la primera economía mundial, el mismo Tribunal Supremo que no ha dudado en interpretar las leyes a favor de Trump, le ha dicho ahora que no está por encima de la Constitución. Para los analistas, ese es un mensaje político casi tan importante como el alivio económico mundial.