Ley de hidrocarburos argentina: petróleo y gas en el debate

Juan Guahán- Question Latinoamérica

Desde hace largas décadas la lucha por el control de los hidrocarburos y sus beneficios está en el centro de los negocios y las guerras que beneficiaron a unos pocos (estados y personas) y trajeron dolor y sufrimiento a una gran parte de la humanidad. En este sentido, petróleo y gas son continuación de los dramas que generó el saqueo de nuestras riquezas mineras que financiaron la acumulación capitalista y el desarrollo industrial, básicamente inglés. Durante estos cinco siglos, los fabulosas bienes que guardan las entrañas de nuestras tierras dieron riquezas y poder a las potencias extranjeras junto a la miseria y sometimiento de nuestros pueblos.

En los últimos años, de la mano de explotaciones no convencionales, fundamentalmente el fracking (extracción de petróleo y gas guardado dentro de piedras, mediante inyecciones de agua y químicos con una fuerte presión, a grandes profundidades) está cambiando el panorama y perspectivas del sector. Esto influye no solo en el tema energético, sino también en la geopolítica mundial y el futuro medioambiental.

Estados Unidos uno de los principales consumidores e importadores de hidrocarburos, mediante el fracking, va camino de autoabastecerse y ser un futuro exportador, recuperando un poder que invasiones y crisis habían cuestionado. Ahora el petróleo no solo no está próximo a terminarse, sino que hay mayor oferta a precios muchos menores. Su valor pasó -desde junio- de 115 a 85 dólares por barril. Ello beneficia a Estados Unidos y perjudica a algunos de sus contrincantes: Rusia, Irán, Venezuela, que son grandes exportadores de hidrocarburos.

En este marco se da nuestra propia situación. Después de la “entrega” menemista, mediante las privatizaciones de los 90’, vino la “argentinización”. Fue de la mano del insólito negocio –promovido desde el gobierno en el 2007- que le entregó al grupo Eskenazi el 25% de YPF/Repsol, sin más inversión que los propios ingresos de una petrolera adquirida sin dinero.

Los recursos que tendrían que haberse aplicado a exploraciones tuvieron el destino de beneficiar a un grupo empresarial. La consecuencia fue una fuerte desinversión y caída de la producción. Sus efectos los estamos viviendo en las actuales necesidades de importar energía al costo de gastar las divisas que deberían sostener el funcionamiento pleno de nuestra economía. Luego vino, en 2012, la expropiación de una parte de YPF hacia una proclamada soberanía energética. Le siguió un abultado pago a Repsol, convenios poco conocidos con Chevron y ahora una nueva Ley de Hidrocarburos.

La nueva Ley de Hidrocarburos

Esta semana fue aprobada por 130 contra 116 votos. Promulgada el viernes bajo el N° 27007, modifica la Ley 17319 de 1967. Por ella se pretenden resolver una serie de cuestiones: Crear las condiciones para explotar bajo formas no convencionales las reservas de Vaca Muerta, arrimar algunos dólares a  nuestra alicaída economía y resolver el tema del drenaje de divisas producto del déficit energético.

Los datos sobre Vaca Muerta indican que podría generar ingresos equivalentes a más de 80 años de exportaciones de soja. Que sus reservas alcanzan para más de 45 años del consumo actual de petróleo y para 400 años de nuestras necesidades actuales de gas. Para hacerlo posible se requeriría una inversión de aproximadamente 15 mil millones de dólares anuales y con ello se podría tener autoabastecimiento energético hacia el 2020, llevando la actual producción de 550 mil a 1,8 millones barriles diarios. Enamorados de estos números y dichas posibilidades el gobierno hizo aprobar la nueva Ley, pensando -como los viejos romanos- que “a la ocasión la pintan calva” decidió “tomar el toro por las astas” y se embarcó en este proyecto.

Las voces críticas no son pocas. Las fuerzas políticas opositoras, la CGT comandada por Hugo Moyano y la CTA conducida por Pablo Micheli, arriman opiniones no favorables y estiman que por largas décadas estamos perdiendo soberanía energética. Los desacuerdos fundamentales giran en torno a varias cuestiones, entre los cuales se destacan:

-El porcentaje de regalías a pagar (Art. 16) es uno de ellos. El valor de referencia de las regalías es del 12%, muy inferior al establecido en otros países petroleros de la región (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia) pudiendo reducirse y ampliarse según diferentes supuestos. En el debate, la oposición de la derecha macrista (PRO) propuso elevarlas al 25% y los sectores de Proyecto Sur (Pino Solanas) al 50%.

-También es motivo de críticas la modificación introducida en el sentido que las regalías se liquidan según los datos sobre valores aportados por declaración jurada de la propia empresa (Art.17), a diferencia de la Ley de 1967 (gobierno del Gral. Onganía), donde los determinaba la Autoridad de Aplicación.

-No menos cuestionamiento ha recibido el Artículo 18 que no permite la reserva de nuevas áreas a empresas vinculadas a la Nación y las Provincias, “cualquiera fuera su forma jurídica”.

-Respecto a los riesgos de daño ambiental que podría producir el cuestionado fracking lo remite a una futura ley específica, mientras que la “Responsabilidad social empresaria” por los mismos queda a cargo de cada provincia (Art. 21)

-Por último cabe hacer algunas observaciones finales. Una está referida a que, de todas maneras, existen dudas sobre una eventual avalancha de inversiones, dado el precio actual de los hidrocarburos. Otra se refiere a la importancia del hecho que se haya producido un acuerdo entre las provincias petroleras y la Nación.

Para terminar es bueno señalar que hay propuestas alternativas en el sentido de evitar los riesgos (ambientales, económicos y respecto del futuro) de esta Ley, que deja nuestros hidrocarburos no convencionales en manos de grandes empresas por un período que fácilmente puede llegar a los 50 años. Hubiera sido posible colocar el eje en inversiones soberanas vinculadas a exploraciones y explotaciones en las áreas actuales.

Diciembre y febrero, meses clave

En los despachos del primer piso de la Casa Rosada, allí por donde transitan los que mandan mucho pero deciden muy poco, circulan reservados comentarios sobre la forma de atravesar dos fechas claves: Diciembre y febrero. Según esos funcionarios, de apariencia firme y mirada huidiza, “pasar” diciembre es superar el trauma de los conflictos que todos temen. A los sindicales, con toda la gravedad que encierran, los pueden prever y saben cómo tratarlos.

Mayor inquietud traen esas explosiones de bronca popular, preparadas o no, llamadas “saqueos”. Ya hubo un atisbo de ello, antes que noviembre empezara, respecto de un cargamento de maíz en un tren detenido en las proximidades de Tucumán. Pero hay algo todavía más complicado, se trata de los problemas policiales. Todos sabemos los riesgos que encierran y allí sí -se sabe- que hay intereses muy grandes, complejos y muy peligrosos, más allá de las dificultades salariales, que los fogonean. Ya hay un debut y ¡justo en Santa Cruz!

El tema de la deuda, el default, los fondos buitre y el Juez Griesa atan diciembre con febrero.
En efecto, en diciembre puede agravarse el default con nuevos reclamos ante el Juez Griesa. También está la posibilidad que tenedores de bonos que no pudieron cobrar -por la decisión de Griesa- y que no aceptan hacerlo en París o Buenos Aires (como les propuso el gobierno) y pueden pedir un “aceleramiento de pagos”. Es decir que den por vencidos los plazos de los canjes acordados y reclamen la totalidad del pago.

A esto hay que agregarle que en enero el gobierno (Cristina, Zanini y Kicillof, bajo la supervisora mirada de Máximo y La Cámpora) tiene que decidir si negocia o no con los fondos buitres. Si lo hacen, como lo dijo el Presidente del Banco Central a un grupo de banqueros en Estados Unidos, se caerá una parte del discurso de los últimos meses. Si no lo hacen habrá que ver si los fondos chinos, de las licitaciones de los espacios de comunicaciones y otras yerbas proveen los dólares necesarios para tapar el agujero y aguantar el resto del año. Esa es una decisión privativa de la Mesa Chica del gobierno y en febrero sabremos que han pensado y conoceremos el rumbo para el resto del año.

Mientras tanto el gobierno festeja que está consiguiendo doblegar la presión financiera. Los chinos ya adelantaron cerca de mil millones de dólares, las reservas del Central subieron y el paralelo bajó notoriamente. Terminó octubre en medio de una calma chicha, a pesar que la economía sigue en descenso, la inflación no cesa y el sindicalismo aumenta su presión por un “bono navideño”.