Las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela

Emiliano Terán Mantovani

La significativa reorganización geoeconómica del territorio venezolano que se está impulsando actualmente alrededor del extractivismo no es cualquier cosa. Si hay algo que ha unido a todos los grandes proyectos político-partidistas en disputa en el país –Plan de la Patria, Programa de la MUD, “Petróleo en La Mejor Venezuela” de Leopoldo López– es su horizonte hacia un extractivismo repotenciado (y en numerosos sentidos salvaje). Solo que ahora en este contexto de capitalismo del desastre y de crisis histórica, se han creado las condiciones para evitar cualquier resistencia por parte de políticas nacionalistas: ahora la pelota parece estar del lado del capital transnacional.

Así pues, el capital reorganiza coaliciones con las élites políticas nacionales, redefine las funciones históricas de Venezuela en la división internacional del trabajo y la naturaleza, y acelera la expansión tanto en extensión como en intensidad, a las nuevas fronteras de las commodities, a la apropiación las últimas zonas “vírgenes” del país, para abrir paso a un nuevo proceso de acumulación originaria. Esto no es cualquier cosa porque no se trata sólo de la conformación de un nuevo pacto político, o la asunción de nuevas estructuras de poder, sino de cómo se va a moldear el territorio nacional, como se va a desarrollar el capitalismo-en-la-naturaleza (J. Moore), orientado a las funciones del mercado mundial, tal y como ocurrió en las primeras décadas de la Venezuela petrolera. Estamos ante una oleada sin precedentes de mercantilización de la naturaleza en el país.

Factores históricos y coyunturales de las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela

Estamos asistiendo a un cambio histórico y prolongado de la territorialización del capitalismo rentístico venezolano, de su ordenamiento geo-económico, mediante el cual se busca solventar la crisis del modelo y de gobernabilidad, y que apunta a las nuevas fronteras de las commodities. Los factores más determinantes de este proceso son:

• El declive de los crudos convencionales: el significativo agotamiento de las reservas de crudos convencionales del país, principalmente las de la cuenca de Maracaibo, y el declive de la producción de estos crudos desde los años 70 (más de 60% desde entonces), obligan a las élites del Petro-estado a ubicar nuevos enclaves extractivos, y por tanto construir nuevos ordenes territoriales y formas de apropiación de la naturaleza.

• La crisis histórica del modelo de acumulación: entre la década de los años 20 y 60 del siglo pasado, existía un amplio margen geográfico para la expansión de un desarrollo capitalista “equilibrado” en el país. La rentabilidad del modo de ocupación territorial (de las ciudades, de los enclaves extractivos) comenzó a estancarse desde los años 70 y a partir de los años 80 hemos vivido profundos desequilibrios económicos vinculados a este proceso espacial^[1]. Desde la lógica del capital, para resolver el agotamiento del modelo (crisis) y procurar sostener el creciente metabolismo social venezolano, nuevos procesos de acumulación originaria deben ser abiertos en nuevas fronteras geográficas “vírgenes” (ajuste espacial, D. Harvey) donde, como la dicho el Ministro de Planificación Ricardo Menéndez, “no hay resistencias”.

• La reestructuración de la economía mundial: la tormenta económica global, expresada en la volatilidad del mercado mundial, modificación en los patrones globales de acumulación, con perfil de estancamiento secular, afecta especialmente a las economías más vulnerables, como la venezolana. Ante sus altos niveles de dependencia y fragilidad, el gobierno venezolano solo se sostiene de su base material (su naturaleza, su territorio) para tratar de aguantar los embates de estos procesos. El capital lo presiona para abrir las fronteras (en todos los sentidos).

• Cambios en el patrón energético global: si asistimos a importantes transformaciones en el patrón energético global tal y como lo conocemos, el cual ha sido determinado por largo tiempo por los hidrocarburos; y si el petróleo ha sido el commodity por excelencia de este patrón en crisis, países exportadores de crudo como Venezuela, sufrirían notables impactos en sus economías domésticas y una erosión de su importancia geopolítica, como lo ha reconocido Michael Klare^[2]. Esto repercute en el perfil del extractivismo nacional, tomando en cuenta los severos riesgos de apostar todas las fichas al proyecto de los crudos extra-pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco.

• Las disputas geopolíticas por los llamados “recursos naturales”: determinantes en las diferentes formas de penetración territorial y de acceso, gobernanza, apropiación y negociación de los llamados “recursos naturales” de la nación.

Las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela

Podemos pensar en un mapa en tres tiempos. Uno primero de carácter histórico (1922-2004) en el cual se estructuró la territorialización del capitalismo rentístico venezolano bajo la lógica centro-periferia, sobre la base de la hegemonía de enclaves petroleros (extracción) en las cuencas occidental (principalmente Zulia y Falcón) y oriental (principalmente Anzoátegui y Monagas), y de cinturones urbanos (distribución/consumo) principalmente en la zona norte costera. Así pues, al norte del Orinoco vive el 95% de la población y, para el capital el sur del Orinoco es una “zona de bajo coste” y objeto de conquista.

El segundo tiempo de este mapa (2004-2013) representa el nuevo proyecto de la reconfiguración histórica de esta territorialización. El «Plan de la Patria» que propusiera el presidente Hugo Chávez lo sistematiza, y podríamos decir que, aunque puede variar en sus formas, es una muestra representativa del programa económico de todas las coaliciones políticas en disputa en el país. Esto es debido a que sus proyectos-país están basados unánimemente en el extractivismo y en sus “ventajas comparativas” (sus recursos naturales). El capital foráneo (chino, estadounidense, etc.) contribuye a darle forma a este mapa, basado en sus necesidades de recursos estratégicos. En este segundo momento se constituye una transición territorial, que apunta claramente al movimiento de frontera –con especial énfasis en el viaje al sur– y delinea las nuevas rutas del extractivismo. Desde este punto de vista, es un mapa policéntrico y diverso.

El tercer tiempo de este mapa (2013-¿??) representa una cartografía en construcción y supone la ejecución concreta de la transición territorial, pero a diferencia del anterior, planteado en tiempos de abundancia por el boom de las commodities, este se produce en el contexto de crisis y debilitamiento de la capacidad de negociación del Petro-estado y parece apuntar a un formato de acumulación salvaje.

La nueva apropiación de frontera desborda el mapa histórico, se expande a áreas de reservas naturales, extracciones offshore, parques nacionales. Todo aquello que pueda ser determinado en un inventario nacional certificado de recursos estratégicos del país –ej., el llamado «Proyecto Magna Reserva Minero»–: cuánto tienes, cuánto vales. Un nuevo núcleo extractivo principal se va concretando en la cuenca del Orinoco, dándole una importancia mayor a la minería.

Montados de nuevo en el tren al sur –recordemos desde los viajes de Sir Walter Raleigh hasta la tragedia del Caño Manamo– voceros principales del gobierno nacional anuncian con orgullo la apertura a unas 150 empresas internacionales de 35 países para la explotación del Arco Minero de Guayana (u Orinoco), con una extensión de 111.000 kms² que sumados a la Faja del Orinoco ampliada (64.000 kms²) totalizan un “polo de desarrollo de 175 mil km2, una extensión equivalente a todo el territorio de Uruguay.

Presionados por la emergencia económica nacional y el apetito del capital transnacional, el Gobierno nacional pisa el acelerador hacia la apropiación de las fronteras –tan rápido como 1 año y medio para certificar las reservas de oro, diamante, coltán y hierro en el Arco Minero Orinoco, y tan pronto como un mes para que se instalen los capitales canadiense, estadounidense y alemán para iniciar la extracción en dicho Arco.

Anuncios oficiales sobre la construcción de una “nueva economía” de una “diversificación”, de romper con la tradición de ser un país monoproductor y de una industrialización de los recursos naturales, no dan cuenta de que en realidad se apunta a una diversificación del extractivismo, una expansión del rentismo (ahora mixto) y al procesamiento de los commodities que de ninguna manera está conectado a un horizonte de soberanía alimentaria, cuidado del territorio y la vida, y de aminorar la dependencia en tiempos de crisis global. La apropiación oficial del discurso sobre el ecosocialismo deforma este concepto, lo ahueca y lo convierte en puro cinismo

El mapa de las fronteras de las commodities

Los principales enclaves de las nuevas apropiaciones de frontera son:

• Arco Minero del Orinoco: ubicado a lo largo del norte de los estados Bolívar y Amazonas, fue dividido en cuatro bloques diferenciados por su potencial y definidos por color: azul es coltán, amarillo es oro, marrón es hierro y color perla es diamantes. Al no haberse realizado una certificación de reservas algunos datos son estimaciones oficiales. El “potencial” de la Zona Oriental es el oro, con reservas probadas de 4 mil 300 toneladas y con “proyecciones” que podrían colocarse en el futuro por encima de las 7 mil toneladas –para pasar a ser la segunda reserva de oro del planeta–^[6]. Según la transnacional canadiense Gold Reserve Inc. cuando se construya el proyecto Brisas-Cristinas (combinado), se prevé que sea la mayor mina de oro en América del Sur y una de las más grandes del mundo.

En la Zona Occidental destacan los diamantes (resaltando la zona de Guaniamo, edo. Bolívar), donde existirían, según el viceministro de Minas, Richard Lozada, alrededor de 3.000 millones de quilates de diamantes en la zona, aunque el Ministro para Petróleo y Minería Eulogio del Pino habló de un potencial de reservas de hasta 11.800 millones de quilates, para llegar a ser la 6ta reserva más grande del mundo^[9]. Sobre el coltán (destacando la zona de Parguaza, edo. Bolívar), hay pocas precisiones acerca de sus reservas potenciales, pero en 2010, en una evaluación muy preliminar, el presidente Chávez las calculó (a los precios de aquel entonces) en 100.000 millones de dólares. También se han declarado estimaciones de reservas de hierro de más de 14.000 millones de toneladas (concentradas hacia las zonas de Ciudad Piar y Cerro Bolívar), 200 millones de toneladas de bauxita y unas potenciales 108 millones de libras de cobre al año.

• Faja Petrolífera del Orinoco: según PDVSA, la cuota de extracción en la FPO dio un salto histórico en los últimos años para llegar a 1.228.300 de barriles diarios en 2014 –563.000 MBD en 2006, PDVSA y asociaciones con terceros– fundamentalmente en los bloques Junín y Carabobo, y para 2014 la extracción de crudos pesados y extrapesados representó el 58,8% del total de petróleo extraído en Venezuela. Los bajos precios internacionales del crudo dificultan mucho la expansión planteada para la Faja en los planes nacionales. El 1 de septiembre de 2015, el presidente Maduro anunciaba un préstamo otorgado por China de 5 mil millones US$ con el fin específico de elevar la producción petrolera de manera progresiva en los próximos meses, lo que da cuenta de la sed de inversiones para cumplir esta meta de incremento extractivo.

• Gas off-shore. Proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre: avanza el Proyecto Rafael Urdaneta (29 bloques desde el Golfo de Venezuela hasta el noreste de Falcón) con el desarrollo del bloque Perla-Cardón IV (costa afuera de la Península de Paraguaná), que según Repsol, es el mayor campo de gas offshore de Latinoamérica. Actualmente se producen 500 millones cm³ de gas (logrado en sólo 6 meses) con el objetivo de alcanzar los 1.200 millones cm³. Por otro lado, el Ministro Del Pino ha planteado que el proyecto Mariscal Sucre (norte de la Península de Paria, edo. Sucre) es “prioritario” y de pronto arranque, y puede dar 1.200 millones cm³ adicionales. El objetivo, a parte del mercado interno, sería exportar gas por primera vez en la historia^].

• Carbozulia: con miras a recuperar y expandir como nunca antes las cuotas de extracción de carbón en el Zulia (de donde se encuentra alrededor del 80% de las reservas totales del país), el gobierno nacional busca financiamiento por la vía de asociaciones –unos 800 millones US$ en unos 3 o 4 años para recuperar los niveles de inversión– y relanzar Carbozulia (proyectos al noroccidente de este estado). Venezuela tiene reservas estimadas entre 9 y 10 mil millones de toneladas de carbón. Como referencia, cabe mencionar que los planes 2006-2012 planteaban alcanzar una meta de extracción de 24 millones de toneladas anuales. Esto supondría la apertura de nuevas minas (como Socuy, Maché y Cachirí) y la expansión geográfica del extractivismo de carbón.

• Lomas de Níquel: el Viceministro Lozada planteó que actualmente se está buscando el relanzamiento de este proyecto de minería de níquel a cielo abierto (en el yacimiento más importante del país, ubicado en los municipios Santos Michelena de Aragua y Guaicaipuro de Miranda), y que está en desarrollo un proceso de inversión de alrededor de 1.000 millones US$ en el cual participan más de 28 empresas^[18]. Cuando la transnacional británica Anglo American explotaba la mina (hasta 2012) se planteaba alcanzar una producción anual entre 16.000 y 18.000 tons³ de níquel y entre 60.000 – 67.000 Tons³/año de ferroníquel durante 30 años –con la capacidad de cubrir casi el 1% de la producción mundial.

• La Faja Pesquera Acuícola de Venezuela: están por definirse una serie de estímulos, incentivos y facilidades para empresas públicas y privadas con el objetivo de expandir la actividad pesquera –con énfasis en la actividad atunera– en una zona físicamente relacionada con el eje norte costero, y la fachada atlántica y caribeña, lo que no impide que dicha ampliación extractiva se impulse en otros sectores, incluyendo el océano pacífico^[20]. Se plantea como meta cubrir la demanda interna, pero también la exportación de pescado para generar divisas.

Modalidades del extractivismo en las nuevas fronteras de las commodities

Las nuevas fronteras de las commodities no solo suponen un avance cuantitativo de la mercantilización y apropiación de la naturaleza y la vida (más hectáreas ocupadas, más cuotas extractivas, más sectores de la actividad extractiva). En estos tiempos en los que se hace cada vez más borrosa la distinción entre “progresismo” y neoliberalismo en América latina, es importante evaluar también qué modalidades y operaciones le dan forma a estos proyectos y formas de gestión y gobernanza de los “recursos naturales” y los territorios. Mencionaremos 4 modalidades:

1. Pagar con commodities: apropiación directa del “recurso”

Este formato ya se ha venido desarrollando desde hace unos años con los préstamos por petróleo que ha venido adquiriendo el gobierno venezolano con China. El “modelo exitoso de la Faja del Orinoco” (E. Del Pino) parece que se aplicará en los demás convenios extractivos. Por ejemplo, en enero de este año el Ministro Del Pino ofrecía estímulos a inversores para levantar la extracción de carbón de Carbozulia, proponiendo pagar con carbón de alta calidad parte del financiamiento adquirido con éstos.

 

2. Las Fajas y las Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional: extractivismo como desterritorialización salvaje

En noviembre de 2014 se hizo oficial la “Ley de Regionalización Integral” (LRI), que plantea las figuras de las “Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional” (ZEDN) y las “Zonas económicas especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED). En ellas se plantean políticas tales como: estímulos fiscales y aduanales, incentivos económicos a las empresas para el desarrollo de las zonas; liberación de restricciones arancelarias, suspensión de impuestos a empresas; definición de una autoridad (coordinador) de la ZEDN; definición de un régimen especial y extraordinario de contrataciones, acorde a los objetivos de la ZEDN que se cree; posibilidad de una administración especial de los ingresos generados en las zonas; autorizaciones para la movilización de mercancías y facilidades de despacho, simplificación de trámites y obtención de permisos de forma sencilla; y orientación de las ZEE a la exportación y comercio internacional (aunque no únicamente)

El reordenamiento geográfico de este formato extractivista propone una territorialización que no se centra únicamente en el enclave extractivo, planteando en cambio todo un eje integral desarrollista, una nueva forma del capitalismo-en-la-naturaleza: las fajas (faja minera, faja petrolífera, faja pesquera). Junto a Paraguaná, el eje Morón-Puerto Cabello, y en el eje Ureña-San Antonio, estos enclaves de las nuevas fronteras de las commodities han sido decretados oficialmente como ZEDN, para potenciar la acumulación originaria que allí se proyecta.

Aunque la LRI no hace referencia específica a ningún parámetro ambiental, preocupa que esta liberalización territorial sea un cheque en blanco para la devastación de la naturaleza, y haga prácticamente imposible detener estos procesos destructivos de la vida, si acaso pudiendo apenas remediarlos posteriormente.

 

3. La naturaleza como reserva monetaria: hipotecar la vida

La expansión del extractivismo de oro en Venezuela tiene relación no sólo con el negocio en sí, sino también con las posibilidades de reforzar directamente las reservas internacionales del país. Adicionalmente, tras una reforma de la Ley del Banco Central realizada por el presidente Maduro en diciembre de 2014, el diamante y demás piedras o metales preciosos forman parte de las reservas internacionales.

Así que, incluso lo que no se ha extraído entra a la valoración del casino del mercado mundial –de ahí el afán por la certificación de las reservas mineras–. La Vida ecológica pasa a ser reserva monetaria, forma de cumplimiento de pago de deuda, y garantía de la hipoteca. Con esta neoliberalización de la naturaleza, esta entra de lleno en los términos del ajuste y la reestructuración económica. De ahí que la relación de la minera canadiense Gold Reserve Inc. con el gobierno nacional pasara, de ser expropiada en 2009, seguido de un arbitraje del CIADI por este caso que falló contra Venezuela por 760 millones US$ en 2014, a firmar en febrero de este año (2016) un acuerdo con dicho gobierno para operar en la mayor mina de oro del país –el CEO de Gold Reserve ha dicho también que aspira contar con la conformación de una ZEE[23]–, al tiempo que Venezuela se comprometió a pagar el monto del arbitraje en 60 días. Hemos pasado del extractivismo por desarrollismo al extractivismo por endeudamiento. En esencia, la trampa de la deuda se cobra con taladros, excavadoras y cianuro.

4. Gobernanza sobre los “recursos naturales”: la amenaza de una oligarquía autoritaria

Una expansión territorial de este tipo supone necesariamente un tipo gobernanza sobre los llamados “recursos naturales” y el territorio que se amolde a ella. Una coalición corporativa aparece como la garante del “desarrollo” y la seguridad nacional. Conviene pues preguntarse, cuál será el papel tanto del sector militar, como el de las compañías transnacionales en estos procesos.

Respecto al primero, además de evaluar su rol histórico en la composición del Petro-estado venezolano y su papel en el devenir de la Revolución Bolivariana, el decreto del 10/02/2016 de la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG – Gaceta Oficial N° 40.845) parece indicar las formas de este nuevo rol: no solo apunta a una completa “securitización” de los recursos naturales del país –ya se contemplan despliegues de las Fuerzas Armadas y labores de inteligencia logística en las ZEDN[–, sino también a una gestión directa del sector militar en el proceso extractivo, siendo que la Camimpeg estará facultada para realizar una larguísima lista de operaciones que lo abarca prácticamente todo (art. 3): “todo lo relativo a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna”[25]. La sociedad mercantil tendrá una duración de al menos 50 años y otorga atribuciones directas al Ministro de la Defensa.

Esto se combina con un mucho mayor nivel de incidencia territorial por parte de las compañías transnacionales por medio de las flexibilizaciones y liberalizaciones de las ZEDN y los acuerdos económicos realizados con el gobierno nacional, en el marco de un Decreto de Emergencia Económica (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.214) y la declaración de estado de excepción en varios municipios de estados fronterizos desde fines del año pasado. En comparación con la forma de la alianza política en los primeros años de la Revolución Bolivariana (Petro-Estado y base popular organizada), donde se plantearon Comunas, NUDES o demarcación de tierras indígenas, la crisis y la nueva correlación de fuerzas podrían apuntar a una modalidad de autoridad y gobernanza oligárquica sobre el territorio y los recursos naturales.

Consecuencias

Los cambios en curso, en el marco de la reproducción del extractivismo, un modelo de acumulación capitalista que genera profundas desigualdades sociales, devastación ambiental y dependencia sistémica, tendrían consecuencias que podrían ser muy significativas. Mencionaremos algunas de ellas:

a) Renta extractiva, déficit ecológico y pobreza estructural: uno de los argumentos principales es que esta colonización salvaje de las nuevas fronteras se hace para obtener más divisas, “impactar positivamente en el PIB” y garantizar la continuidad de las políticas sociales. Lo que en realidad terminará ocurriendo es la liquidación masiva de riqueza de la vida natural, de los medios de reproducción de la vida social, para transformarlos en dinero el cual serviría para el consumo de productos importados en las ciudades o para pagar la deuda externa.

Hay por tanto una riqueza que emerge (renta extractiva) sobre la destrucción de otra (vida natural). Un ejemplo de esto está en la altísima huella de agua y materiales que supone la minería de oro a cielo abierto (que será aplicada en el proyecto Brisas-Las Cristinas). Si partimos de la estimación del Ministro Del Pino, de las 7.000 toneladas de las reservas potenciales de oro en el Arco Minero se obtendrían unos 200.000 millones US$^[26] (esto dependería de los flujos y condiciones del mercado mundial y de las pautas de los convenios). Pero al mismo tiempo, obtener esta suma de dinero supondría, por ejemplo, una pérdida abismal de riqueza de agua (la que sería utilizada específicamente para el proyecto) de entre 3,1 a 7,4 billones de litros de agua –basado en estimaciones en diversas investigaciones de minería de oro a cielo abierto en Colombia^[27]–.

Desde un criterio de sostenibilidad, el cotejo MMM US$/billones lts de agua es absurdo en semejantes cantidades, sencillamente porque la gente no puede ni comer ni beber dinero. Además, la transformación de la naturaleza en dinero hace que dicha riqueza circule bajo las lógicas del capital mundial (flujos financieros), favoreciendo a las clases propietarias y los países del Norte Global. Las consecuencias de esto son un aumento del déficit ecológico y el potenciamiento de las bases estructurales de la pobreza.

b) Patrón primarizado, dependencia y crecimiento del metabolismo social: aunque se esté anunciando que ahora sí vamos a salir del modelo rentista, este reordenamiento del territorio supone un fortalecimiento del patrón primarizado, produciéndose un conflicto entre usos del suelo, a favor del extractivismo. Como ejemplo, podríamos preguntarnos ¿qué va a pasar con la agricultura en estados como Guárico, Anzoátegui y Monagas, donde se va desarrollando la Faja del Orinoco?; ¿qué va a pasar con la pesca en Sucre si se sigue impulsando megaproyectos gasíferos y de infraestructuras en sus costas?

Adicionalmente, la expansión de los impactos ambientales va mermando la disponibilidad de bienes comunes naturales para la vida, al tiempo que podría crecer el metabolismo social producto de la modernización y urbanización de nuevas zonas. Por ejemplo, la gravísima crisis eléctrica en Venezuela –el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, ha advertido de un colapso eléctrico en abril, si no se toman medidas urgentes^[28]– es también producto del enorme sesgo urbano nacional (casi 90% de la población) y la incapacidad doméstica para sostener el crecimiento del metabolismo social del país. Un mayor déficit ecológico acentúa la insostenibilidad económica del capitalismo rentístico venezolano.

c) Una devastación ambiental de grandes proporciones: la vida en Venezuela es posible gracias a sus fuentes de agua, al papel que cumplen sus sistemas ecológicos no urbanos, inclusive posibilitando la existencia de las grandes ciudades del país, que dependen de la importación de naturaleza para sobrevivir. La enorme devastación ambiental que conlleva la expansión de estos megaproyectos extractivos tendría un impacto en la vida integral del país. Recordemos, por ejemplo, que la zona FPO/Arco Minero se desarrollaría en el medio de la cuenca hidrográfica más importante del país. Son conocidos los crecientes problemas de contaminación y acceso al agua de la región norte de Venezuela –la más poblada del país–, que se ven agravados por fenómenos de intensas sequías (2010, o la actual). A su vez, podríamos asistir a una mayor depredación de zonas de reserva como la Reserva Forestal del Imataca, Parques Nacionales como Canaima o el Aguaro-Guariquito, o el Delta del Orinoco. Antes que una reivindicación paisajista, se trata de un llamado a la preservación de las posibilidades de vida armoniosa en el país.

d) Extraordinaria amenaza para la subsistencia de los pueblos indígenas del país: los pueblos indígenas se encuentran ubicados, fundamentalmente, en las nuevas fronteras de las commodities. Los varios yukpa asesinados en los últimos años, la contaminación por mercurio de la mayor parte de los pueblos Yekwana y Sanema en la cuenca del río Caura, o los desplazamientos por contaminación y las infecciones de VIH en el pueblo Warao, son ejemplos de efectos directos o indirectos que las actividades extractivas dejan en sus territorios, y que se verían extraordinariamente potenciados por esta expansión extractivista, que se realiza sin ninguna consulta previa a estos. Una alerta debe propagarse para evitar que este proceso colonizador arrase con lo que queda de nuestros pobladores originarios.

Alternativas al tren del extractivismo

Existen alternativas a esta nueva oleada de acumulación por desposesión, que estarían vinculadas, por ejemplo, al impulso de la agricultura en diversas escalas; la recuperación de pozos petroleros convencionales no explotados, en vez de insistir en la FPO y la megaminería depredadora (moratorias), lo que serviría para financiar una recuperación y la transición hacia otro modelo, como lo ha propuesto el analista petrolero Carlos Mendoza Pottellá; usos diferentes de estas reservas naturales, como el turismo sustentable; o bien una nueva arquitectura de distribución de las rentas que tenga un sentido de justicia social (abolir impuestos a los más necesitados y pechar, por ejemplo, a la banca nacional) de transición ecológica (estímulos a actividades productivas comunitarias sostenibles y desincentivos a actividades que generen devastaciones ambientales), y de estrategia geopolítica (¿existe deuda odiosa en Venezuela?).

Pero no se puede dejar de reconocer que la correlación de fuerzas ha cambiado negativamente respecto a años atrás y el estado de corrupción que reina en las élites políticas, gobernantes, partidos políticos y grandes sectores económicos del país es enorme, lo que achica notablemente el margen de maniobra para una política de izquierda.

Esto supone que una alternativa ante esta ola de mercantilización de la naturaleza y depredación de la vida debe ser construida necesariamente desde abajo. Diversos conflictos eco-territoriales están en desarrollo en el país, generalmente vinculados a pueblos indígenas, que defienden sus territorios y sus modos de vida ante el avance desarrollista. Pero la población de las ciudades suele estar bastante desvinculada de estos conflictos, o apática ante los procesos de degradación ambiental en otros territorios lejanos al lugar donde habita.

La paradoja para un país tan urbanizado como Venezuela es que, para detener el tren del extractivismo, o al menos frenar lo más posible su desenfreno, es necesario el crecimiento de un movimiento de justicia ambiental en las ciudades. ¿Podría la crisis del capitalismo rentístico, el aumento de las dificultades para acceder al agua en las ciudades, la creciente insostenibilidad de las mismas, abrir una etapa para una mayor “ambientalización” del movimiento popular? Creemos que sí.

Esto en ningún sentido es una tarea fácil. La histórica “cultura del petróleo” (Rodolfo Quintero) que en buena medida ha configurado nuestros imaginarios, cuerpos y prácticas, se ha proyectado como un ideal urbano, anti-agrícola y colonial con la naturaleza. Si hay algo que podría ser culturalmente revolucionario en Venezuela es promover la agricultura urbana y la ambientalización de las luchas populares. No porque esto vaya a resolver todos los problemas del país, sino que puede constituir la base orgánica de una transformación profunda y necesaria, que tenga como una de sus premisas la defensa de los medios de reproducción de la vida.

*Sociólogo e investigador venezolano Fuente: http//www.alainet.org/es/articulo/175893#sthash.GE7bJkio.dpuf