Las deportaciones de Trump amenazan las economías centroamericanas… y la de EEUU
Nestor Prieto
El líder republicano ha accedido a la presidencia con un discurso de mano dura contra la inmigración que ha puesto en práctica desde su primer día en la Casa Blanca. La propuesta de Donald Trump de ejecutar deportaciones en Estados Unidos de millones de migrantes, en un país donde el 13,8% de su población ha nacido en otro distinto, podría tener un gran impacto económico a uno y otro lado la frontera.
De llevarse a cabo “la mayor deportación de la historia”, como afirma Trump, el producto interior bruto de Estados Unidos podría contraerse entre el 2,6 y el 6,2%, según el estudio publicado por el grupo de economistas de la Universidad de New Hampshire. Al sur, en países como Guatemala, donde una quinta parte de la riqueza nacional proviene del envío de remesas, contienen la respiración y observan temerosos las decisiones del republicano.
La inmigración, en el centro del debate
La inmigración se ha convertido en un aspecto clave en la política estadounidense, tanto que ha llegado a convertirse en el tercer problema más importante para el electorado norteamericano, solo por detrás de la economía y el estado de la democracia, según el estudio preelectoral de CNN en septiembre de 2024. En total, seis de cada diez estadounidenses califican de “crisis” la situación que se vive en la frontera con México.
La gestión de la “crisis migratoria”, la situación de la frontera sur con México o el impacto sociodemográfico de la migración ocuparon gran parte de los titulares de la campaña presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. A ello se suma la derivada interna. En Estados Unidos más 46 millones de ciudadanos –el 13,8% de la población total– han nacido en otro país, según el último estudio de PEW Research Center. La cifra rebasa el 25% si hablamos de ciudadanos estadounidenses cuyos padres han nacido en otros países, es decir, migrantes de segunda generación.
Pero, más allá de la dimensión electoral, la cuestión migratoria tiene una vertiente demográfica y económica para Washington. La población “solamente blanca” representa, en la actualidad, el 58,9% de los ciudadanos; el segundo grupo lo forma la “población hispana”, que alcanza el 19,1% del total. La proyección de la Oficina del Censo de Estados Unidos anticipa un cambio sustancial para 2060, cuando se espera que la población blanca descienda hasta el 44,9% y la latina crezca hasta el 26,9%.
Esta dinámica no solo se justifica por los mayores índices de natalidad de la población hispana –y la menguante de la “solamente blanca”–; también por los crecientes flujos migratorios. En 2023, se batió el récord de interceptaciones en la frontera con México, con 3.2 millones de registros. En 2024 los datos se redujeron gracias al endurecimiento de la política migratoria de Joe Biden.
No obstante, la tendencia es clara: el último lustro ha aumentado la migración a Estados Unidos espoleada por las consecuencias económicas de la COVID-19, la inseguridad y la debilidad estatal en cono sur.
Las estadísticas detrás de estas cifras reflejan que la población migrante se ha triplicado en los últimos 50 años, lo que ha alimentado los discursos nativistas y exacerbado el nacionalismo en los sectores más radicales del Partido Republicano.
La “invasión” de Estados Unidos
Si bien todas las administraciones republicanas se han mostrado duras con la inmigración irregular, nadie había explotado tanto el discurso antiinmigración como Donald Trump, que ha convertido este tema en uno de los grandes ejes de su campaña, consiguiendo instalar el debate en la sociedad y los medios de comunicación.
La inmigración es un problema transversal para la cosmovisión trumpista; la llegada de población extranjera, que califica incluso de “invasora”, pone en jaque su discurso identitario: la familia blanca y cristiana del sueño americano tiene, por estadística, dos vecinos de origen hispano por cada diez. Se estima que hay 11 millones de migrantes en situación irregular en el país, otros estudios elevan la cifra a 13. “Estos no son civiles, son personas que no están legalmente en nuestro país. Esta es una invasión de nuestro país”, aseguró el presidente Trump durante la campaña.
Sin embargo, el discurso de mano dura no es patrimonio exclusivo de los republicanos. El presidente Biden, pese a prometer durante su campaña “no construir un solo mentor más de muro”, autorizó en octubre de 2023 la construcción de 32 kilómetros de una valla metálica reforzada en la frontera con México. El célebre “build the wall” (construyan el muro) de Trump no es la soflama rupturista que podría parecer.
Tan solo apela a completar el proyecto que inició el expresidente demócrata Bill Clinton en 1994 y que ha sido continuado, en mayor o menor grado, por el resto de las administraciones republicanas y demócratas. Aunque es cierto que fue Donald Trump quien construyó una mayor extensión del “muro” durante su primer mandato, una enfoque que seguramente mantendrá en este segundo.
Las deportaciones de Trump en Estados Unidos
Lo cierto es que la inmigración, incluso la irregular, es uno de los principales motores de la economía estadounidense. Pese a su estatus de “indocumentados”, los más de 11 millones de migrantes residentes en el país norteamericano aportan, solo mediante el pago de impuestos por bienes y servicios, 96.700 millones de dólares.
La inmigración, tanto regular como irregular, juega un papel clave en la economía estadounidense, cuyo mercado de trabajo interno está envejecimiento a pasos agigantados. Es ahí donde la mano de obra migrante, y precaria, aparece como la fuerza de trabajo periférica y explotada. Parte del gran ejército industrial de reserva que hace que la rueda del capital no se detenga.
La migración se convierte en mano de obra barata que aumenta exponencialmente la tasa de ganancia de sectores clave como la industria alimentaria, trabajadores del campo (22% del total de la mano de obra), construcción (15%), manufacturas (8%), servicios de limpieza o atención a centros de tercera edad.
Que la clase trabajadora migrante ocupa trabajos asalariados no cualificados y mal remunerados no es una dinámica exclusiva de Estados Unidos, pero sí algo que se agrava especialmente en el país. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, agencia oficial encargada de monitorear el desempleo, había 9 millones de puestos de trabajo vacantes a diciembre de 2023. Gran parte de ese exceso de oferta de empleo son trabajos de baja remuneración que ocupan fundamentalmente los trabajadores extranjeros.
La propuesta de Donald Trump de ejecutar deportaciones masivas en Estados Unidos de los más de 11 millones de personas migrantes indocumentadas tendría un impacto económico de entre 711.000 millones y 1,6 billones de dólares al año. Esas son las cifras ofrecidas por los economistas del Carsey School of Public Policy de New Hampshire. “Las deportaciones masivas de 1929 y 1964 ya generaron importantes contracciones económicas siendo mucho menores en número a la ahora planteada”, afirman.
Asimismo, el foco no está dirigido solo a los migrantes irregulares, pues Trump ha mostrado su voluntad de actuar contra el millón de migrantes beneficiados por el “Estatus de Protección Temporal” (TPS), un programa creado por el presidente George Bush para dar cobertura temporal a personas llegadas de países en crisis o conflicto.
Los países beneficiados del TPS son elegidos por el secretario de Seguridad Nacional. En 2017 y 2018 Trump intentó excluir del programa a El Salvador, Honduras, Haití o Nicaragua, entre otros. Entonces, la justicia frenó el intento del republicano; ahora, con una supermayoría conservadora en la Corte Suprema y más poder en las judicaturas estatales, Trump tendrá más facilidad para eliminar la protección y, eventualmente, deportar a más de un millón de migrantes hoy “protegidos temporalmente”.
En un intento por blindar a este grupo, Joe Biden firmó, en su última semana como presidente, una prórroga del TPS de 18 meses a la totalidad de los migrantes beneficiados. No obstante, Trump parece dispuesto a agotar todas las vías ejecutivas y judiciales para deportar a este millón de personas. New York Times publicó el 28 de enero la intención de la administración republicana de “revocar” esta prórroga. De confirmarse, los migrantes quedarían en un limbo legal y expuestos a la deportación conforme caducase su condición de “protegidos”.
Las deportaciones de Trump en Centroamérica
Sin embargo, el impacto económico de las deportaciones masivas de Estados Unidos opera en dos direcciones. Por un lado, el migrante “irregular” impulsa el consumo interno y forma parte de la fuerza de trabajo nacional; por otro, desempeña un papel clave en su nación de origen a través del envío de remesas, un factor fundamental para la economía de terceros países.
En Guatemala se estima que al menos 6.5 de sus 18 millones de habitantes reciben remesas, lo que llega a representar algo más del 20% de su PIB, datos por encima del lucrativo sector del turismo. Las cifras guatemaltecas son incluso menores que las de sus vecinos del Triángulo Norte Centroamericano: en El Salvador las remesas representan un 24% del PIB y en Honduras más del 26%. Centroamérica es, desde hace décadas, tierra de emigrantes y, además, zona de tránsito para las caravanas que llegan desde Suramérica.
El recrudecimiento de la política de deportaciones de Trump genera fricciones con los gobiernos de estas tres naciones centroamericanas, a las que Estados Unidos considera “estratégicas” para el control del tráfico migratorio y de drogas. La presidenta hondureña Xiomara Castro fue la más contundente al afirmar que “frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Washington, especialmente en el campo militar”.
En cualquier caso, ninguno de los tres gobiernos del Triángulo Norte han ido más allá de las declaraciones y, hasta la fecha, se han limitado a anunciar planes de ayuda a los retornados, sin cuestionar el papel de la Casa Blanca. En este sentido, Trump se ha mostrado tajante y amenaza con imponer aranceles de hasta el 50% a los países que se nieguen a recibir a sus ciudadanos deportados. El caso de Colombia y el enfrentamiento twittero con Gustavo Petro ha sido el ejemplo más sonado.
Los datos que el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) facilitó a Descifrando la Guerra confirman que la política de mano dura con la “inmigración irregular” se ha consolidado en las dos últimas administraciones estadounidenses, tanto con el primer gobierno de Donald Trump como con Joe Biden. “En total, en el año 2023, el Estado guatemalteco recibió 55.302 ciudadanos deportados de Estados Unidos, un 35% más que en 2022. En 2024 la cifra fue mayor incluso, de 58.365”, señalan a este medio.
Trump ya ha introducido cambios legales para acelerar los procesos de deportación. En solo una semana de gobierno, al menos tres aviones militares C-17 estadounidenses han aterrizado en Guatemala con dos centenares de migrantes chapines. Según Reuters, en tan solo siete días, el Pentágono habría planificado decenas de vuelos con los que podría haber deportado a al menos 5.000 migrantes. A esa cifra hay que sumar las devoluciones terrestres que practican en la frontera con México.
Estas deportaciones en Estados Unidos se traducen en una mengua de las divisas, ingresos que se transforman casi automáticamente en “consumo interno dentro de Guatemala”. Divisa dura en circulación que evita que miles de familias se encuentren bajo el umbral de la pobreza o, al menos, eviten el de pobreza máxima. “Hablamos de un impacto directo muy significativo en nuestra economía”, sentencian desde el IGM.
La mano dura contra la inmigración es un elemento clave en el discurso político de Trump; sus bases han sido movilizadas en torno a soflamas nativistas y racistas. Ahora, conseguida su reelección en la Casa Blanca, el presidente debe decidir si aplica el conjunto de su agenda o modera los aspectos que puedan ser más “lesivos” para la economía. Del otro lado de la frontera, los migrantes siguen huyendo de las condiciones estructurales de pobreza y miseria de sus países. Mientras, los gobiernos centroamericanos aguardan cautelosos los próximos movimientos de Washington.
*Analista de Descifrando La Guerra