Marcela Heredia |

La orden ejecutiva 13.692 firmada por Barack Obama el 8 de marzo de 2015, que fuera ratificada por Donald Trump y ahora por Joe Biden, ha sido el aval sobre el que se sostienen 6 años de todo tipo de agresión contra el pueblo venezolano.

Hasta la fecha, ese documento ha sido el justificativo para bloquear las cuentas bancarias del Estado venezolano en el exterior, secuestrar los activos como Citgo, Monómeros y el oro depositados en el Banco de Inglaterra, valorados en unos 40 billones de dólares y que pertenecen a todos los venezolanos, entre otras acciones que no solo han atentado contra la soberanía del país, sino que también han impactado la vida cotidiana y la salud de cada ciudadano.

En días recientes el presidente de la República, Nicolás Maduro denunció al Banco de Inglaterra por la retención de 300 millones de dólares (14 toneladas de oro) que serían destinados a la compra de vacunas contra la Covid-19 y aclaró que la nación está al día con los trámites legales para que sean liberados los recursos económicos y entregados a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según la Organización No Gubernamental Sures, desde el 2014 en el contexto del bloqueo, Estados Unidos ha dictado 58 acciones entre actos administrativos, órdenes ejecutivas y la ley aprobada por el Congreso estadounidense que aplican alguna restricción a personas, entidades, aeronaves y buques que impiden transar o hacer negocios con Venezuela.

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Desde el inicio de estas medidas en diciembre de 2014 hasta marzo de 2020, Sures registró a ciento cuarenta personas como “Nacional Designado Especial”, SDN por sus siglas en inglés, un término con el cual la Oficina de Control de Activos en el Extranjero veta a personas naturales, entidades financieras, bancarias y petroleras a operar libremente con Venezuela.

Hasta ahora, se han aplicado medidas coercitivas contra cincuenta y dos buques (la mayoría son de propiedad de Pdvsa utilizado para el transporte de hidrocarburos), cincuenta y seis aviones (en su mayoría de Conviasa), así como a ciento dieciocho empresas privadas y públicas.

La deshumanización en cifras

El impacto que ha generado la orden 13.692 prorrogada por Biden se traduce en enormes sufrimientos al pueblo venezolano según lo atestiguan los informes de los expertos independientes de la ONU, Alfred de Zayas y Alena Douhan. Según el gobierno nacional venezolano, las pérdidas en ingresos brutos ascienden a $102,5 mil millones de dólares.

De Zayas fue quien dijo que para 2018 “el profesor Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia de los Estados Unidos, estimó en 40 mil las muertes directas ocasionadas por las sanciones impuestas a Venezuela por parte de los Estados Unidos”, en febrero de 2020. De Zayas aseguró que esas muertes deben sobrepasar las 100.000 personas.

¿Cómo funciona el negocio de los derechos humanos que fagocita divisas mientras un pueblo sufre?

  1. La producción petrolera venezolana pasó de generar dos millones de barriles diarios previo a las sanciones a un mínimo histórico de 350 mil barriles en octubre pasado.
  2. Sin ingresos petroleros, se produjo la caída de ingresos fiscales que pasaron de 65 mil 607 millones de dólares en 2018 a tan sólo 743 millones de dólares en 2020.
  3. El robo de Citgo le ha costado al país 11 mil millones de dólares en pérdidas por los dividendos congelados, además de siete mil millones de dólares por la apropiación ilegal de los activos de la filial petrolera. Citgo también era responsable de costear tratamientos e intervenciones quirúrgicas costosas, principalmente a niños y niñas venezolanos fuera del país, que requerían trasplante de médula ósea. Sus tratamientos debieron ser suspendidos.
  4. Más de 7 mil millones de dólares de Venezuela han sido bloqueados desde 2014, en 40 bancos internacionales.
  5. Esa situación impacta en todos los ámbitos de la vida del venezolano. Como ejemplo, según la relatora Douhan, el Hospital Cardiológico Infantil enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales entre 2010-2014 se pasó a 162 en 2020). Los cargos de personal médico en hospitales públicos están vacantes en un 50%-70%. Actualmente solo funciona el 20% del equipamiento médico.
  6. Según la misma fuente, se reporta que las líneas eléctricas trabajan a menos de 20% de su capacidad en el país.
  7. Cantv como muestra de un servicio público es un ejemplo que vale ser citado. El año pasado fue sancionada y esto le impide acceder a fibra óptica, nodos, suiches y tarjetas electrónicas, entre otros materiales para el sustento del servicio. Sin internet ni telefonía, millones de niños no pueden estudiar. Tampoco millones de adultos pueden quedarse en casa y hacer teletrabajo lo que implosiona canales productivos.
  8. Además, según la Ministra Jiménez, el bloqueo imperial le ha impedido a Venezuela adquirir filamentos de tungsteno para unos microscopios electrónicos de la Universidad Central de Venezuela. Sin ellos, no pueden operarse equipos destinados a procesos de investigación de impacto social y de docencia.
  9. “En los últimos tres años la pobreza multi-dimensional creció 10 puntos y en 2018 alcanzó a la mitad de los hogares (51%), mientras 80% de los hogares presenta riesgo de inseguridad alimentaria, debido a que 90% de la población no tiene ingresos suficientes para comprar alimentos”, dijo la directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB y coordinadora de la Encovi, Anitza Freitez, el 27 de febrero pasado cuando mostró a la prensa los resultados del sondeo. Encovi es un proyecto conjunto de las Universidades Central, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar.

La urgencia histórica

A esta altura de lo transcurrido, ¿alguien cree que “la situación en Venezuela continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”?. Este decreto Obama-Trump-Biden, contrario al derecho internacional, es una afrenta al sistema multilateral. Ante la interrogante de si las sanciones son la causa del colapso económico en Venezuela Douhan respondió: “la situación ya presentaba muchos desafíos antes, pero al mismo tiempo no es posible negar el hecho de que las sanciones exacerbaron la situación lo cual aumentó la crisis humanitaria que Venezuela está enfrentando hoy”.

La destrucción de una nación rica, una nación con más reservas de petróleo que cualquier otro país en el mundo (frase pronunciada por Mike Pompeo a la cadena televisiva Fox News) nos pone frente a una urgencia histórica: la de hacer procesos judiciales completos que pongan fin a la impunidad. Desde lo cotidiano hasta lo más urgente, el país entero está afectado por una espiral de crisis que en este 2021 tras la renovación del Decreto Genocida, ratifica que Estados Unidos, sea quien sea el inquilino de la Casa Blanca, no cesará en su hostigamiento.