Las 40 horas laborables en Chile: de las conquistas a la letra chica

(Xinhua/Jorge Villegas)
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Gerardo Szalkowicz | 

Días después de haber sancionado una ley que le dio más atributos a las fuerzas de seguridad, el Congreso chileno aprobó esta iniciativa que reduce la jornada semanal. Los beneficios de la nueva normativa y las advertencias de algunos sindicatos.

Gabriel Boric pudo lucir su primer trofeo. Este viernes, el presidente chileno promulgó la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, proyecto aprobado unos días entes en el Congreso después de largos siete años de trámite legislativo.

Se trata de una iniciativa emblemática que impulsó la joven dirigencia hoy en el gobierno, principalmente el ala del Partido Comunista, motorizada por la diputada Karol Cariola y por Camila Vallejo, hoy vocera de la Presidencia. Un triunfo que emerge también como una suerte de salvavidas para un Ejecutivo que luce muy desgastado y que, a poco más de un año de asumir, arrastra más frustraciones y promesas incumplidas que logros o reformas sustanciales para ostentar.

De qué va la nueva ley

Con 127 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas convirtió en ley el proyecto que modifica el artículo 22 del Código de Trabajo y reduce gradualmente las horas de trabajo en un plazo de cinco años. Salvo la ultraderecha, todo el arco político dio luz verde a la propuesta, que había sido aprobada por unanimidad en el Senado. La reducción de la jornada laboral se aplicará con la fórmula 1-2-2, o sea que durante el primer año se reducirá una hora, al tercer año dos horas más y al quinto años las dos restantes, para llegar en 2028 a las 40 horas semanales, que es lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ley permite también la distribución horaria semanal en cuatro días de trabajo por tres de descanso, sobre todo en sectores como la pesca, el turismo o la minería (la legislación actual obliga a un mínimo de cinco días laborales). Además, contempla bandas de dos horas para que madres, padres y cuidadores de menores de 12 años puedan anticipar o retrasar el inicio y/o salida del trabajo, y la posibilidad de hacer un máximo de cinco horas extras por semana (hoy se permiten hasta 12).Según la normativa, los empleadores no podrán recortar las remuneraciones de sus trabajadores y trabajadoras.

Los peros

Pese a ser considerada, en términos generales, una legislación progresiva, algunos sectores también alertaron de los peligros de la letra chica.

Mediante una declaración conjunta, un grupo de sindicatos advirtió que la ley “encubre severos retrocesos” e incluye “medidas de flexibilidad laboral que no se encontraban en el proyecto original”.

Denuncian que el gran empresariado consiguió, como moneda de cambio, que la jornada laboral ya no sea computada de forma semanal sino en un promedio de 40 horas semanales sumadas de forma mensual. Quien determinará la cantidad de horas de cada semana será el empleador, que bajo el supuesto “mutuo acuerdo” podrá imponer una distribución que podría perjudicar al empleado, con la posibilidad de que “en ciertas semanas se deban trabajar hasta 52 horas con el fin de ahorrarse el pago de horas extras”.

Para el economista Gonzalo Durán, la ley puede ser también “una puerta a la ultra flexibilidad laboral”. Plantea que podría favorecer los despidos masivos ya que muchas empresas apuntarán a reemplazar a sus trabajadores de tiempo completo por trabajadores de tiempo parcial, «lo que generaría situaciones de mayor precariedad y fomentaría formas de trabajo transitorias de pocas horas». Otra arista a tener en cuenta es que la normativa no abarcará al universo del trabajo informal, que en Chile se estima mayor al 27%.

El panorama en América Latina

Con esta ley, Chile se convierte –junto a Ecuador y Venezuela– en el tercer país latinoamericano con una carga laboral de 40 horas semanales. En Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, la semana de trabajo es de 48 horas. Mientras que Brasil, El Salvador y Guatemala tienen una semana laboral de entre 42 y 45 horas, según datos de la OIT.