La violencia de la desigualdad

En 2023, el producto interno bruto mundial alcanzó los 109 billones de dólares estadounidenses (trillones en la nomenclatura castellana), una cifra que representa un incremento de más de tres billones con respecto a 2021. Eso supone más de 13 mil dólares anuales, per cápita, para los 8 mil millones de habitantes.  Adecuado a la Argentina, implicaría un ingreso de 15 millones de pesos anuales. Sin embargo, casi siete de cada diez argentinos no llegaron a contar con ingresos superiores a los cinco millones de pesos anuales. Es decir, una tercera parte del ingreso promedio mundial.

El 23 de septiembre, la organización internacional Oxfam, dedicada a investigar problemáticas ligadas a la inequidad global, difundió un estudio sobre la ampliación de la brecha entre los sectores más desposeídos y los más privilegiados de la población mundial. La razón fundamental de esa inequidad, según Oxfam, es que las grandes corporaciones, los multimillonarios y sus serviles empleados continúan estableciendo reglas que los benefician y que, al mismo tiempo, condenan a miles de millones de habitantes del planeta a la pobreza, la indigencia y el hambre.

El uno por ciento más rico posee más riqueza que el 95% de la humanidad. Las 3 mil familias más opulentas ostentan el 13 por ciento del Producto Bruto Global, una suma equivalente a 14 billones de dólares. Hace cuatro décadas, esas mismas 3 mil familias controlaban el 3 por ciento del Producto Bruto. Gracias a las normativas estatales que lo ha beneficiado, ese pequeño grupo de multimillonarios supera ampliamente en riqueza al 99.99 por ciento restante. Mientas esa rapacidad se lleva a cabo, casi la mitad de la población mundial se ubica debajo de la línea de pobreza, sobreviviendo apenas con siete dólares diarios. En términos de patrimonio, el uno por ciento más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo junto. La brecha, lejos de acortarse, se ha ampliado en forma sistemática desde el inicio de la Gran Recesión de 2008 debido a normativas institucionales que lo han permitido y viabilizado. Más del 70 por ciento de la población mundial (unos 2500 millones de personas) posee apenas el 3 por ciento de la riqueza.

Desde el año 2020 hasta la fecha, la fortuna conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se duplicó. En ese mismo periodo de cuatro años de duración, la riqueza del 62 por ciento de la población global (5 mil millones de personas) declinó de forma continua, exacerbando la desigualdad.

Para alcanzar esta brecha, sus máximos beneficiarios han contado con la inestimable ayuda de gobiernos de cuño neoliberal: las oligarquías internacionalizadas –los actores centrales del mercado financiero, las grandes corporaciones de plataforma y las transnacionales– negociaron prerrogativas normativas y tributarias ventajosas para hurtarle recursos a los más humildes. Para exacerbar la inequidad, se otorgó ventajas a los grupos concentrados y se les permitió la evasión impositiva mediante el recurso de “los precios de transferencia”, la contabilidad creativa y la habilitación de guaridas fiscales.

También se los facultó para apropiarse de empresas públicas, en el marco de escandalosos procesos de privatización. Se los autorizó, además, a profundizar las prácticas de precarización laboral, apelando a la desocupación como amenaza. El conjunto de políticas aplicadas permitió exacerbar la explotación de miles de millones de trabajadores, maximizando la plusvalía y ampliando la brecha entre potentados y menesterosos.

Las familias más opulentas logran movilizar sus inmensas fortunas a centros financieros que les ofrecen quitas tributarias, consolidando lo que se da en llamar la “fuga de capitales”. Esta práctica supone, para el sur Global, una pérdida de ingresos estimada en 47 mil millones de dólares anuales. En ese mismo conjunto de países, vive el 79 por ciento de la población mundial y se concentra apenas el 31 por ciento de la riqueza global. Los intentos para limitar la avaricia de los multimillonarios –y su cohorte de CEOs y periodistas ensobrados– vienen fracasando, a pesar de ser propuestos por instituciones pulcras como la OCDE en 2021.

El Marco Inclusivo orientado a regular la fiscalidad global, denominado como Base Imponible para el Traslado de Beneficios (EBTB, por sus siglas en inglés), proponía un impuesto mínimo a las grandes empresas, limitando sus posibilidades de  elusión y evasión. Como era de esperar, grandes lobbies corporativos se encargaron de socavar la cooperación necesaria para aplicar el EBTB.

El empobrecimiento de los trabajadores a nivel global es el resultado de normativas y reglas extorsivas impuestas por las corporaciones y los grandes millonarios que se suman a la guerra cognitiva para persuadir a sus víctimas acerca de la inconveniencia de cuestionar la mano invisible del mercado, cada vez más visible detrás de sus operaciones mediáticas, políticas y bélicas.

Las reglas globales que aseguran la creciente acumulación de capital en pocas manos están justamente modeladas por sus beneficiarios, a expensas de los intereses de los desposeídos. A la evasión y la elusión fiscal se le suma el  sistemático endeudamiento, que también reenvía recursos hacia los centros financieros, ampliando la pauperización de sus sociedades. Una gran parte de los Estados que han visto aumentar la brecha de inequidad, dedican entre un 30 y un 40 por ciento de sus presupuestos anuales al pago de capital e intereses de deudas, restringiendo la inversión en educación, salud o protección social.

Las consecuencias del endeudamiento, la financiarización, el privilegio de las producciones extractivistas y la destrucción del mercado interno pueden observarse en los periodos en que el neoliberalismo asumió la conducción económica del Estado: Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei. En Argentina, el diez por ciento más rico (de los 46 millones), tiene 14 veces más ingresos que el decil más empobrecido. Esa realidad explica, también, la evolución de la pobreza y la indigencia, incrementada de forma escandalosa por el actual gobierno.

• Cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno la pobreza era del 62 por ciento. Cuando culminó su mandato la había bajado al 37 por ciento.
• Cristina la bajó aún más al momento de abandonar la primera magistratura: la tasa llegó al 33 por ciento.
• Como era de esperar –en el marco de la política neoliberal y financierista de Mauricio Macri, el número volvió a aumentar al 38 por ciento.
• Alberto Fernández, al rebelarse a las políticas sugeridas por CFK, dejó el porcentaje en un 40 por ciento.
• En nueve meses de gobierno Milei logró incrementar la pobreza al 52,9 por ciento.

Lo que sucede a nivel doméstico también se hace explícito a nivel global: el Occidente otantista –al que Milei rinde pleitesía– justifica la distancia entre el sur global y el G7 en que estos últimos han sido capaces de incrementar la innovación gracias a la Revolución Industrial, la ilustración y la configuración de los Estados nacionales.

A este desacople respecto al Sur Global lo denomina la Gran divergencia, eludiendo los costos originarios del colonialismo, la esclavización, la expoliación de los pueblos originarios, la usurpación de tierras y el usufructo de los recursos naturales. Esa coerción que fundó la modernidad, y que se postula como la “cuna de la civilización” busca etiquetar a las regiones y países como bárbaros, responsables de su atraso y su pobreza.

Esa misma lógica es la que oculta el debate respecto a la riqueza: las sugerencias e las grandes propaladoras del sentido común insisten en silenciar aquello que remite a la acumulación originaria de los países colonizadores, los mecanismos de atraco a los pueblos originarios y los latrocinios ambientales que impulsaron. La desigualdad ha sido programada para extraer la riqueza de quienes trabajan. No ha sido el resultado de ninguna mano invisible. En la medida que se empieza discutir esta rapiña institucionalizada, se podrá entrever modelos alternativos de organización social, capaces de brindar oportunidades de vida digna a los habitantes de este planeta.