La venganza de la derecha peruana: sentencian a Pedro Castillo
Mariana Álvarez Orellana
La Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. A diferencia de Alberto Fujimori, quien aplicó la misma fórmula en 1992, el maestro-presidente no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía. Por este caso también fueron sentenciados sus exministros Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México, y Aníbal Torres.
Castillo es el primer exmandatario electo en el Perú que es condenado por el delito de conspiración para la rebelión tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema le impuso 11 años, cinco meses y 15 días de prisión
Castillo es el quinto expresidente condenado en Perú, luego de Alberto Fujimori —sentenciado a 25 años por violación de derechos humanos y corrupción, quien falleció en 2024—, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra. Este último fue enviado a prisión –la misma en la que se encuentra recluido Castillo– esta semana, tras ser sentenciado a 15 años por cohecho pasivo impropio en primera instancia.
El fallo también inhabilita a Castillo de participar en los comicios generales de 2026 con Juntos por el Perú, partido político que lo invitó a liderar la lista de candidatos a la Cámara de Senadores del Congreso. La Constitución prohíbe que ciudadanos condenados en primera instancia aspiren a cargos de elección popular. En paralelo a este juicio, el 25 de noviembre pasado, la Comisión Permanente aprobó el informe final de una acusación constitucional por el intento de golpe, que recomienda inhabilitarlo 10 años para ejercer la función pública.
Además, el expresidente tiene siete investigaciones en su contra. Estas son por los ascensos que hubo en el Ejército durante su mandato, por presunto plagio para obtener el grado académico de magíster en la Universidad César Vallejo (UCV) y los casos Puente Tarata, Petroperú, Anguía, Sada Goray y Gabinete en la Sombra.
Pedro Castillo fue procesado y condenado por el intento de golpe, a diferencia del autogolpe que impuso Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. La diferencia operativa es que Fujimori sí contó con el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para instaurar un régimen autoritario y cerrar todos los otros poderes del Estado. A pesar de este quebrantamiento constitucional, Fujimori no fue procesado judicialmente.
Por este hecho, en 2007, la Corte Suprema solo sentenció a 10 años de prisión a su exministro del Interior Juan Briones y a cuatro años de prisión suspendida a los exministros Jaime Yoshiyama, Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Víctor Joy Way, Óscar de la Puente, Jaime Sobero, Alfredo Ross, Víctor Paredes y Augusto Antonioli.
El juicio contra el expresidente Pedro Castillo comenzó en marzo de este año. En principio, el fiscal Edward Casaverde, de la Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, pidió 34 años de prisión en su contra por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. La Sala Penal Especial le propuso incluir el delito de conspiración para la rebelión.
Un editorial del diario Perú21 deja en claro el odio de la derecha al expresidente: “Once años y cinco meses de cárcel es poco para la afrenta que Pedro Castillo y sus secuaces cometieron contra el Perú aquel 7 de diciembre de 2022. Un golpe de Estado merece un castigo mayor, con la democracia no se juega; ya deberíamos tenerlo aprendido”, señaló.
Agregó que “una asonada golpista que no por fallida, casi hasta lo grotesco, constituyó un atentado contra nuestra Constitución y contra la institucionalidad que los peruanos reconstruimos trabajosamente desde principios de este siglo”. Lacónicamente, finaliza señalando que “a pesar de que la pena es escasa, la democracia peruana ha sentado un sólido precedente”. Seguramente se trata de que en Perú sigue mandando el fujimorismo y sus herederos.
El 7 de diciembre de 2022, al mediodía, Castillo leyó un Mensaje a la Nación para anunciar el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones congresales, el cambio de la Constitución Política y la reorganización del sistema judicial., horas antes de que el Parlamento discuta una moción de vacancia en su contra con la excusa de actos de presunta corrupción de su gobierno.
La expremier Betssy Chávez Chino convocó a los integrantes del gabinete ministerial a Palacio de Gobierno para presenciar este discurso y a un equipo de TV Perú para la emisión del mensaje, según el Ministerio Público. Durante el juicio, el tribunal sostuvo que, luego del discurso de Castillo, la exministra le mencionó a la periodista Cynthia Malpartida y a su camarógrafo su intención de publicar un Decreto Supremo para convocar a las elecciones congresales y concretar las reformas anunciadas.
El mensaje a la nación de Castillo Terrones no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía ni, con excepción de Chávez Chino y Huerta Olivas, de los ministros de Estado, quienes renunciaron luego del discurso. Al quedarse solo, el expresidente abandonó Palacio de Gobierno junto a su familia, rumbo a la embajada de México para buscar refugio. Sin embargo, fue detenido en el camino. La fiscal Benavides Vargas pidió una prisión preventiva en su contra. Así, desde diciembre de 2022, el exjefe de Estado se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo.
Una vez detenido, el Congreso aprobó su vacancia “por incapacidad moral permanente” con 103 votos a favor y Dina Boluarte asumió la presidencia de la república. Esta transición de poder provocó una ola de protestas en todo el país. La violenta represión policial y militar ocasionó la muerte de 49 personas, la mayoría por disparos de armas de fuego.
Algunos acusados de ser parte del supuesto complot de Castillo fueron absueltos. La sentencia sí incluyó penas para sus más cercanos colaboradores: la hoy asilada Betssy Chávez (en la embajada de México), el abogado Aníbal Torres y el entonces ministro Willy Huerta.
*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)