La prisión de Collor enciende las alarmas del bolsonarismo

Juraima Almeida

La prisión del expresidente Fernando Collor de Mello(1990-1992), el viernes pasado detenido por orden del Supremo Tribunal Federa para cumplir ocho años por un caso de corrupción, causó preocupación en el hospital donde permanece internado Jair Bolsonaro, el capitán retirado y exprresidente ultraderechista, convaleciente de una cirugía.

Los bolsobaristas temen que el arresto de Collor puede ser el preludio y precedente de una eventual prisión de Bolsonaro, contra quien el Supremo Tribunal Federal abrió un proceso por cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado e intento de abolición violenta del estado democrático de derecho. Cabe recordar que Bolsonaro y Collor se aliaron en las elecciones de 2022.

El Tribunal Supremo ordenó el arresto de Collor después de rechazar una nueva apelación de sus abogados para retrasar la aplicación de una sentencia a ocho años y diez meses de prisión. El exmandatario fue trasnferido a una cárcdel en la ciudad de Maceió, donde reside. Para los bolsonaristas, ese gesto indicaría que la Corte no permitirá recursos para retrasar el proceso contra los involucrados en el intento de golpe de 2023 para derrocar y asesinar al mandatario  Luiz Inácio Lula da Silva.

Collor de Mello fue condenado por el máximo tribunal en 2023 a una pena de ocho años y diez meses por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero aguardaba en libertad el fallo del último de sus recursos. Este jueves, el magistrado De Moraes rechazó el último recurso de Collor de Mello y ordenó el “inicio inmediato de la sentencia condenatoria”.

Según De Moraes, el recurso fue negado por su carácter “meramente dilatorio”, con el que, de acuerdo con el juez, se buscaba evitar el desenlace definitivo del caso.El fallo del juez se someterá ahora al escrutinio del pleno del Supremo, compuesto por 11 jueces

En el equipo de abogados contratados por Bolsonaro, a la cabeza del cual está el prestigioso Celso Berardi, se fijaron como prioridad postergar el proceso mediante una catarata de apelaciones y la nominación de testigos que demoren su comparecencia ante los jueces. Junto a esas maniobras jurídicas fueron montadas acciones de impacto mediático y movilizaciones en reclamo de una amnistía, que garantizaría la impunidad de los golpistas.

Con ello se busca demorar hasta 2026 – año de elecciones presidenciales – una probable condena y una posible prisión del exmilitar internado , sin previsión de alta, en un hospital de Brasilia. Siguiendo ese plan dilatorio, Bolsonaro increpó a una oficial de justicia que el miércoles pasado se presentó en el hospital DF Star para requerirle que firme el acta donde fue notificado del inicio del procesamiento por golpe de Estado.

Fueron once minutos en los que el militar retirado hizo alegaciones inusitadas delante de la empleada del Supremo. El paciente, con una sonda en la nariz, llegó a comparar a la funcionaria con los agentes al servicio de “Hitler” encargados de enviar prisioneros a las “cámaras de gas”. La perorata fue filmada por tres cámaras estratégicamente ubicadas por el equipo de propaganda bolsonarista dentro de la sala de terapia intensiva.

Una versión editada de la conversación entre Bolsonaro y la representante del Supremo fue reproducida simultánea y coordinadamente en decenas de perfiles de extrema derecha en la noche del miércoles pasado. Junto a las imágenes fueron posteados textos sobre el fin de la democracia en Brasil donde imperaría un sistema totalitario controlado por la Corte y el “comunista” Lula da Silva.

El momento en que Bolsonaro recurre a otro teatro hospitalario, otro reallity show,  remite al 6 de septiembre de 2018, fecha del incierto episodio del apuñalamiento, que hasta el día de hoy tiene muchos cabos sueltos y ninguna explicación plausible.  Los medios de comunicación comerciales han comprado completamente yh sin ningún sentido crítico la versión bolsonarista de los hechos de Juiz de Fora.

Vale la pena destacar el contexto político-electoral de la época: el 11 de setiembre de 2018, cinco días después del apiñalamiento, el Partido de los Trabajadores (PT) anunció la candidatura de Fernando Haddad (hoy ministro de Economía) para reemplazar a Lula, quien  lideraba las encuestas pese a estar preso,  como candidato. Psro su candidatura fue impugnada por el Tribunal Electoral, Casi siete años más tarde, analistas aseguran que sin el apuñalamiento, Bolsonaro no habría sido elegido y Haddad habría ganado esas elecciones.

La comunicación desde el sanatorio, muestra una y otra vez al ex presidente con el vientre desnudo atravesado por cicatrices. Todo lo cual busca victimizar al enfermo aumentando la presión en favor de una amnistía que lo blinde a él y sus cómplices. Esos videos tributan a una “estética del grotesco” , según la observación del doctor en comunicación social, Leandro Aguiar. Son imágenes destinadas a causar “horror, asco, sorpresa” en el gran público .Al mismo tiempo que tienden a incendiar los ánimos del aún numeroso electorado bolsonarista.

A pesar de ser sometida a once minutos de amenazas más o menos explícitas, la empleada del Poder Judicial permaneció al lado de la cama ortopédica hasta que el imputado estampó su firma al acta en cuestión poco antes del mediodía del 23 de abril, fecha a partir de la cual tendrá cinco días hábiles para entregar su defensa. El analista Darío Pignotti señala que con esta actuación Bolsonaro logró impacto en las redes y gracias a la internación dio un paso en su intención de dar de demoras a la causa.

Retrasó doce días el plazo para que comience formalmente el proceso en su contra, ya que los otros siete acusados firmaron sus respectivas notificaciones judiciales a partir del 11 de abril.

Por el destrato contra la servidora pública, el Sindicato Nacional de Oficiales de la Justicia Federal “repudió” la conducta de Bolsonaro y exigió que se procese al capitán retirado por una serie de razones, como el intento de no acatar una orden del Supremo.El sindicato criticó la grabación “indebida” de la conversación con la funcionaria y su posterior divulgación de forma “sensacionalista” en las redes.

La espectacularización de la internación del paciente de setenta años en una habitación de tratamientos intensivos en uno de los hospitales más caros del país también preocupa a al Consejo Regional de Medicina de Brasilia.

La entidad envió un oficio al hospital DF Star para recordarle que el ingreso de personas a ese tipo de habitaciones debe ser restringido al máximo. En el oficio, el Consejo Regional anuncia la apertura de una investigación que puede derivar en algún tipo de sanción al centro médico privado cuya sala de terapia intensiva fungió de estudio televisivo entre el lunes y viernes pasados.

Allí Bolsonaro concedió una entrevista al canal SBT, fue la estrella de una transmisión en vivo de más de dos horas en las redes sociales con sus hijos y el excampeón de Fórmula Uno, Nelson Piquet y se reunió con el presidente de su partido, Valdemar da Costa Neto. Por fin el viernes acompañó desde su lecho, con el rostro exhausto (acaso sobreactuando su padecimiento) una declaración del pastor Silas Malafaia.

Entre soportes para fluidos intravenosos y un electrocardiógrafo el predicador evangélico maldijo al Supremo y deslizó sus habituales amenazas sobre un alzamiento popular derechista. Tanto Malafia como Bolsonaro no desistieron, hasta la fecha, de lanzar otro zarpazo golpista tras el fracaso del perpetrado hace dos años.

La operación de casi doce horas a la que fue sometido Bolsonaro el domingo 13 de abril en Brasilia estuvo a cargo del cirujano Claudio Birolini. Por decisión de su esposa, Michelle Bolsonaro, Birolini desplazó al médico Antonio Luiz Macedo, responsable de las cirugías realizadas al político desde setiembre de 2018 cuando, faltando un mes para las elecciones, fue víctima de una puñalada durante un acto proselitista.

Sorprendido, Macedo, que operó cinco veces a Bolsonaro en San Pablo, declaró aceptar las determinación de “doña Michelle” de quien dijo no haber recibido explicaciones sobre su remoción.

Algunos analistas calificaron como un golpe de Estado de la ambiciosa exprimera dama Michelle, quien figura entre las potenciales candidatas a presidente en 2026, si se mantiene la inhabilitación de su esposo, a quien ya condenó la justicia electoral. Ahota, Michelle asumió el comando de la situación en el centro médico de Brasilia, donde el recién llegado doctor Birolini parece ser bastante dócil a sus sugerencias y caprichos.

Michelle controla la agenda de visitas en la sala de terapia intensiva, organiza plegarias evangélicas en la puerta del hospital y aparece en la mayoría de los videos grabados por su esposo.

Collor y Bolsonaro

Desde el bolsonarismo hay una simpatía histórica hacia el recién encarcelado. Bolsonaro y Collor hicieron alianza en las elecciones de 2022 contra la candidatura del a la postre presidente electo Lula, de quien son enemigos jurados.

En su discurso insurreccional, divulgado a través de videos o posteos de texto, Michelle Bolsonaro sumó a los hijos del exmandatario (el senador Flavio, el diputado Eduardo y el concejal Carlos) y varios congresistas ultras, envueltos en la intentona golpista de 2023 cuando fueron depredados los palacios de la Presidencia, el Supremo y el Parlamento.

Todos ellos repudiaron a coro la prisión de Fernando Collor de Mello en la madrugada del viernes pasado y el posterior traslado a una prisión de Maceió, en el nordestino estado de Alagoas, donde pasó este fin de semana. El argumento es el mismo: Collor es un preso político contra el cual se ensaña una Corte cuya próxima víctima será Bolsonaro.

Lula , por su parte, evitó hablar sobre el encarcelamentio del ex jefe de Estado entre 1990 y 1992, tema que delegó en su ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffman. Contra Collor y contra Bolsonaro no hay persecusión, “hay pruebas” de los delitos cometido, resumió Hoffmann.

*Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)