La principal ONG de derechos humanos, obligada a abandonar El Salvador

Néstor Prieto

Tras 25 años de trabajo ininterrumpido en El Salvador, la destacada organización de derechos humanos Cristosal clausura sus oficinas en el país y parte al exilio en un clima de acoso, criminalización y riesgo de cárcel. “No servimos de nada en la cárcel, asumimos un riesgo constante y por eso hemos decidido reubicarnos”, afirma Noah Bullock, director de la organización.

El exilio de Cristosal es el último de una larga lista de jueces, fiscales, periodistas y activistas que han abandonado el país desde que Nayib Bukele (San Salvador, 1981) asumió la presidencia del país centroamericano en 2019.

El pasado 20 de mayo, la monocolor Asamblea Legislativa salvadoreña ─donde Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele, tiene 54 de 60 escaños─ aprobó la Ley de Agentes de Extranjeros. Una norma que institucionaliza la persecución a organizaciones civiles, tildándolas de ser “agentes desestabilizadores financiados por otros países”. En palabras de Bullock, con la nueva ley “no hay la más mínima posibilidad de operar, a cada rato nos podrían sancionar”.

En los últimos meses, la represión en El Salvador se ha intensificado de manera alarmante. Diversos informes de organizaciones locales coinciden en que cerca de un centenar de periodistas, abogados, académicos, ambientalistas y defensores de derechos humanos han optado por el exilio tras conocer la existencia de una “lista negra” con sus nombres, que los sitúa directamente en el punto de mira del Ejecutivo.

Con el actual marco legal, creen desde Cristosal, se “busca controlar las actividades de la ciudadanía y perseguir a organizaciones como la nuestra”. En su opinión, “con esta ley los derechos a la libertad de asociación y expresión se convierten en privilegios otorgados por el régimen con la condición de que la ciudadanía se limite a actividades que no le incomoden. Tiene una pistola en la cabeza de toda la sociedad y eso es gravísimo”.

El 2,6% de la población detenida  

Bukele llegó al poder con el 53% de los votos en las elecciones presidenciales de febrero de 2019. Apenas un año después, el 9 de febrero de 2020, el mandatario irrumpió en la Asamblea Legislativa flanqueado por militares, con el fin de forzar la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para su Plan de Control Territorial. Una iniciativa calificada de “intento de golpe” por la oposición  ─entonces con mayoría en el Parlamento─ con el que el Gobierno buscaba militarizar la vida del país y combatir a las pandillas con “mano dura”.

La tasa de violencia disminuyó significativamente durante sus tres primeros años de gobierno. Sin embargo, esta reducción no se atribuía únicamente a las políticas del Ejecutivo, sino a pactos secretos con las principales pandillas del país. Así lo publicó el periódico salvadoreño El Faro, hostigado por el Gobierno y también exiliado.

La paz social con las pandillas duró hasta marzo de 2022, cuando los acuerdos colapsaron con más de 130 asesinatos en tres días, la peor cifra desde el fin de la guerra civil salvadoreña. Desde entonces, Bukele abrazó por completo la estrategia de “mano dura”: proclamó un régimen de excepción que continúa vigente, lanzó una campaña de detenciones masivas y mandó construir la mega cárcel “contra el terrorismo” CECOT, la más grande de América Latina con capacidad para 40.000 reos.

“En el marco del estado de excepción se ha capturado a 86.000 personas sin órdenes judiciales, se les ha desaparecido en centros penales sin acceso a sus familias o a sus defensores”, asegura Bullock. La ONG cristiana Cristosal, que se instaló en el país en 2001, ha trabajado durante un cuarto de siglo en la denuncia de vulneraciones de derechos humanos, la asistencia a presos políticos y el acompañamiento a víctimas de la violencia. Su posición crítica frente a las políticas de Bukele los situó en el punto de mira del Ejecutivo.

“Hemos documentado patrones sistemáticos de tortura que han provocado la muerte verificada de, por lo menos, 400 personas. Aunque creemos que son muchas más, esas son las que hemos verificado hasta la fecha” afirma. El Salvador, con 6.300.000 habitantes y 86.000 reos, ha encarcelado a más del 2,6% de su población adulta. La tasa de población reclusa más alta del mundo.

“El Salvador merece algo mejor que dictadura o pandillas”  

Las denuncias de Cristosal le han costado amenazas, espionaje y cárcel. El 18 de mayo  ─dos días antes de la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros─ , la abogada Ruth González, directora de anticorrupción de Cristosal, fue detenida. “¡No me van a callar, quiero un juicio público!”, clamaba mientras era escoltada con grilletes a la audiencia judicial.

Esta secuencia precipitó el exilio de decenas de salvadoreños. “Nos dimos cuenta de que no servimos de nada a nuestra gente, a los presos políticos y a las víctimas, si nosotros también estamos en la cárcel. Teníamos que adaptarnos a las circunstancias para defender a la gente presa y continuar acompañando a las víctimas”, justifica el director de la organización.

Poco después de la detención de González también fue aprehendido el abogado Enrique Anaya, que calificó a Bukele de “dictador”. Una definición que el mandatario adoptó en tono burlesco durante su discurso anual el pasado mes de junio, afirmando ser el “dictador más cool del mundo”. “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador, prefiero eso a que maten salvadoreños en la calle”, afirmó en un extenso discurso de 80 minutos donde cargó contra las voces críticas dentro y fuera del país. Bukele goza además del beneplácito de Donald Trump, que ha encontrado en El Salvador a un gran aliado para frenar la migración.

Ciertamente, la “guerra contra las pandillas” de Bukele ha dado sus frutos. Según datos del Gobierno salvadoreño, la tasa de homicidios ha caído hasta 1,8 por cada 100.000 habitantes en 2024 frente a los 38 por cada 100.000 que tenían lugar en 2019. El precio, según Cristosal: detenciones masivas que “afectan a inocentes” y una “grave vulneración de derechos humanos”. “Se está intentando mitigar los peores instintos de la gente. Pero es un error, cuando un gobierno decide violar los derechos de un grupo, por muy detestable que sea, ha decidido violar los derechos de toda la población” advierten.

“El Salvador se merece algo mejor que ser sometido al terror de las pandillas o al terror de una dictadura”, opina el director de la ONG. “Todo lo que no está alineado con el presidente es considerado una amenaza al Gobierno. Está claro que la democracia se cayó, hemos vuelto al modelo autoritario donde grupos y familias de la élite concentran el poder y se apropian de los recursos de la nación sin límites, sin controles, sin rendición de cuentas y por supuesto sin dialogo con nadie”.

En un país lastrado por décadas de violencia y gobiernos corruptos, la mano dura de Bukele se ha traducido en una popularidad del 81%, según elInstituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), la aprobación más alta entre los actuales presidentes de América Latina. No obstante, ese apoyo descansa sobre la base del terror. Según el mismo IUDOP, realizado en junio de 2025, el 57,9% de la población salvadoreña cree que es “algo o muy probable” que una persona o institución sufra consecuencias negativas por criticar al presidente. Y de ese total, un 48,3% piensa que la consecuencia más probable es ser encarcelado.

“La población dice que apoya al presidente, pero tendría miedo a decir que no si fuera el caso. Ya no podemos hablar de una sociedad libre y abierta porque no hay acceso a información pública; las redes y los medios son controlados por el régimen, no hay alternativas políticas y estamos casi en un sistema de partido único. Las encuestas que se hacen en El Salvador son el reflejo de un contexto autoritario, no de una sociedad libre”, creen desde Cristosal.

Un exilio que no cesa  

Antes de que Cristosal abandonase el país, ya lo habían hecho otras organizaciones, jueces, políticos y activistas. En 2021, ya con mayoría absoluta, la Asamblea Legislativa controlada por Bukele destituyó de un solo golpe a los cinco magistrados titulares y a sus cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de laCorte Suprema de Justicia, así como al fiscal general de la República, Raúl Melara; la acción forzó el exilio de al menos un magistrado titular —Rodolfo González— y del exfiscal anticorrupción Gerson Martínez Arriaza, quien investigaba al presidente por los presuntos pactos entre el Ejecutivo y las pandillas. Dos años después, otros seis funcionarios judiciales que investigaban al Gobierno abandonaron el país.

El Faro, periódico de investigación de referencia en el país, ha sufrido un exilio por goteo. “Antes de publicar una serie de entrevistas a dos líderes pandilleros que pactaron con Nayib Bukele, cuatro periodistas de El Faro salieron del país como medida de precaución. Luego tres más; luego diez más; y, con las semanas, por diferentes circunstancias, 25 colegas más de otros medios. En junio ocurrió el gran éxodo del periodismo salvadoreño independiente y de decenas de activistas por los derechos humanos y ambientales”, se puede leer en el último número de su revista  ─publicado el 1 de julio─. El primero difundido completamente desde el exilio.

Ingrid Escobar, diagnosticada de cáncer y líder del grupo legal de derechos humanos Socorro Jurídico, que asesora a los presos de Bukele, también abandonó El Salvador en junio junto a sus dos hijos. “Me hice una sola pregunta: Si yo me quedo, ¿voy a morir?“, aseguraba en declaraciones a Associated Press.

“Primero fue la oposición política de los partidos tradicionales; y al principio como uno no confía mucho en ellos no decíamos nada. Después fue el golpe contra la justicia que forzó el exilio de varios jueces y fiscales que estaban investigando la corrupción y los pactos con las pandillas de Bukele. También se ha criminalizado a los líderes contra la minería y a los veteranos que organizaban marchas”, enumeran desde Cristosal. “Han ido atacando a estos sectores para lanzar un mensaje a toda la población, no se va a tolerar que la gente disienta”, advierten.

“Queda claro que el Gobierno puede detener a quien quiera y no hay ninguna institución que pueda intervenir para proteger sus derechos. Una vez detenidos van a ser desaparecidos en las cárceles, sin acceso a su familia, por tiempos indefinidos y sometidos a prácticas de tortura. Esto es un escenario que provoca terror a cualquiera, no es una detención de unos pocos defensores, es un aparato de terror que produce exilios“, sentencia Bullock.

*Politólogo y analista internacional y Geopolítica en @descifraguerra.