La presencia militar de EEUU en Venezuela alcanza también al sector energético

El New York Times anunció recientemente que Washington busca firmar con Venezuela un acuerdo que siente las bases jurídicas para una presencia militar estadounidense de largo plazo en el país. El instrumento propuesto sería un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, conocido por sus siglas en inglés como SOFA. La iniciativa se inscribe en el proceso iniciado con la intervención militar del 3 de enero y las condiciones políticas y económicas impuestas desde entonces.

La intervención militar del 3 de enero no fue un hecho aislado, sino el inicio de una escalada. Trump anunció de inmediato que Washington asumiría el control de Venezuela. Después se sucedieron nuevas acciones militares: el ejercicio de respuesta rápida en la capital, en mayo; el bombardeo de Las Claritas, en el estado Bolívar, en junio; y el ataque con drones en Apure, el 30 de octubre. Ahora, los funcionarios de Washington buscan convertir en acuerdo diplomático lo que los soldados ya han impuesto como un hecho.

La fórmula de un acuerdo militar debe analizarse junto con las condiciones económicas impuestas a Venezuela después de la intervención. El acuerdo petrolero suscrito con Washington le otorga a Estados Unidos el control sobre 65 mil millones de barriles de reservas probadas. A ello se añade el manejo, por parte del Tesoro estadounidense, de los ingresos derivados de las ventas de petróleo venezolano. El acuerdo militar extendería esa dependencia al ámbito de la defensa.

La presencia militar estadounidense en Venezuela alcanza también al sector energético. La participación del Pentágono en la actividad petrolera, a través de Nabep, vincula los intereses militares de Estados Unidos, incluidos los asociados a los conflictos en los que está involucrado, con un sector determinante de la economía venezolana.

¿Qué es realmente un SOFA? Es un acuerdo que establece las condiciones jurídicas bajo las cuales las fuerzas armadas de un país pueden permanecer y actuar en el territorio de otro. Los privilegios y las inmunidades que acompañan a estos acuerdos configuran un régimen de excepción para las fuerzas extranjeras. Bajo la apariencia de cooperación, se establece una relación de poder que restringe la capacidad del Estado anfitrión para ejercer plenamente su autoridad sobre el territorio. Una suerte de Estado dentro del Estado.

Frente a esta situación, el derecho internacional y la Constitución venezolana establecen límites que no pueden ignorarse. El artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone que es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido mediante la amenaza o el uso de la fuerza. Por su parte, la Constitución venezolana establece que el territorio nacional no puede ser cedido, ni siquiera temporal o parcialmente, y prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras o instalaciones que tengan propósitos militares.

La seguridad nacional no se externaliza. No se subcontrata ni se delega en una potencia hegemónica cuyos intereses históricamente han chocado con la independencia de América Latina. El historial estadounidense en el hemisferio no es el de un garante de la paz, sino el de una potencia que ha intervenido militarmente y desestabilizado gobiernos en numerosas oportunidades.

Las decisiones que comprometen el destino de una nación no pueden tomarse “por arriba”, en despachos cerrados entre diplomáticos y generales, bajo la amenaza de un bombardeo. Deben someterse al debate público y a la deliberación democrática. Lo que revela el reportaje del New York Times es la formalización de una estrategia que comenzó con la intervención militar del 3 de enero. Venezuela fue intervenida y sometida a la presencia de fuerzas extranjeras antes de que se planteara formalizar un acuerdo militar.

Los venezolanos, más allá de las disputas internas que deben resolverse democráticamente, tienen derecho a conocer los términos y alcances de ese acuerdo. La seguridad no surge de la sumisión formalizada bajo amenaza militar, sino de la defensa de la independencia. Venezuela tiene hoy ante sí una decisión que trasciende a cualquier gobierno de turno: aceptar un protectorado o defender su soberanía nacional.

* Politólogo y analista político venezolano. Cofundador del Movimiento al Socialismo, fue ministro de Trabajo