La pataleta de Trump contra el Tribunal Penal Internacional
Juan Carlos Ruiz
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que impone sanciones al Tribunal por las investigaciones a Israel, estrecho aliado de Estados Unidos. Ambos países no son miembros del Tribunal y tampoco lo reconocen
La orden firmada por Donald Trump acusa al Tribunal Penal Internacional de participar en «acciones ilegítimas e infundadas dirigidas contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado Israel» y de abusar de su poder al emitir «órdenes de arresto infundadas» contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
«La CPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel», señala la orden, que añade que el tribunal ha sentado un «peligroso precedente» con sus acciones contra ambos países.
La medida de Trump se produjo mientras Netanyahu visitaba Washington. Él y Trump mantuvieron conversaciones el martes en la Casa Blanca, y Netanyahu pasó parte del jueves reunido con legisladores en el Capitolio.
La orden dice que Estados Unidos impondrá «consecuencias tangibles y significativas» a los responsables de las «transgresiones» de la CPI. Las acciones pueden incluir el bloqueo de propiedades y bienes y no permitir la entrada en Estados Unidos de funcionarios, empleados y familiares del TPI.
Los activistas de derechos humanos dijeron que sancionar a los funcionarios del tribunal tendría un efecto amedrentador y sería contrario a los intereses de Estados Unidos en otras zonas de conflicto donde el tribunal está investigando.
«Las víctimas de abusos contra los derechos humanos en todo el mundo recurren a la Corte Penal Internacional cuando no tienen otro lugar a donde ir, y la orden ejecutiva del presidente Trump hará que sea más difícil para ellos encontrar justicia», dijo Charlie Hogle, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles.
«La orden también plantea serias preocupaciones sobre la Primera Enmienda porque pone a las personas en los Estados Unidos en riesgo de duras sanciones por ayudar a la corte a identificar e investigar atrocidades cometidas en cualquier lugar, por cualquier persona». Hogle dijo que la orden «es un ataque tanto a la rendición de cuentas como a la libertad de expresión».
Al igual que Israel, Estados Unidos no se encuentra entre los 124 miembros del tribunal y desde hace tiempo alberga sospechas de que un «Tribunal Global» de jueces no elegidos pueda procesar arbitrariamente a funcionarios estadounidenses. Una ley de 2002 autoriza al Pentágono a liberar a cualquier estadounidense o aliado de Estados Unidos detenido por el tribunal. En 2020, Trump sancionó a la predecesora del fiscal jefe Karim Khan, Fatou Bensouda, por su decisión de abrir una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por todas las partes, incluido Estados Unidos, en Afganistán.
Sin embargo, esas sanciones se levantaron bajo la presidencia de Joe Biden, y Estados Unidos comenzó a cooperar tibiamente con el tribunal, especialmente después de que Khan acusara en 2023 al presidente ruso Vladímir Putin de crímenes de guerra en Ucrania.
Cualquier sanción podría paralizar el tribunal al dificultar los viajes de sus investigadores y poner en peligro la tecnología desarrollada por Estados Unidos para salvaguardar las pruebas. El año pasado, el Tribunal sufrió un grave ciberataque que impidió a sus empleados acceder a los archivos durante semanas.
Algunos países europeos están reaccionando. Los Países Bajos, en una declaración a finales del año pasado, pidieron a otros miembros de la CPI «que cooperen para mitigar los riesgos de estas posibles sanciones, de modo que el Tribunal pueda seguir realizando su trabajo y cumpliendo su mandato».
*Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información. Publicado en Diario16